Cuando el agua tiene dueño: capitalismo e imperialismo en el Caribe
Por Isabelino Montes
Para comprender la crisis del agua en Puerto Rico hay que mirar más allá de la sequía. El problema que enfrentamos no comenzó con la falta de lluvia. La sequía puede agravar la situación, pero detrás de ella existe una crisis histórica de infraestructura envejecida, falta de mantenimiento, inversión insuficiente, mala planificación y desigualdad en el acceso al servicio. También existe una realidad política y económica que determina cómo se utilizan los recursos naturales y hacia dónde se dirige la inversión pública.
Esa realidad es el capitalismo y, en el caso del Caribe, su relación histórica con el colonialismo y el imperialismo.
Los sistemas de agua que se desarrollaron en nuestras sociedades no fueron construidos únicamente pensando en las necesidades de la población. Durante el período colonial, gran parte de la infraestructura estuvo relacionada con las necesidades de las plantaciones, los puertos, las ciudades y las actividades económicas controladas por empresas y capitales extranjeros. La construcción de represas, sistemas de riego y acueductos representó avances importantes en las fuerzas productivas, pero esos avances estuvieron vinculados principalmente a las necesidades de expansión económica de las clases dominantes y de las potencias que controlaban la región.
Con el crecimiento de las ciudades, la industria y el turismo, esa infraestructura fue quedando pequeña. Sin embargo, la inversión pública no siempre creció al mismo ritmo. El resultado es una contradicción evidente: nuestras sociedades producen cada vez más riqueza, pero no necesariamente reciben mejores servicios básicos.
Por eso resulta insuficiente explicar la crisis actual diciendo simplemente que "no hay agua". En muchos lugares sí existe el recurso. Lo que falla es el sistema que debe captarlo, almacenarlo, tratarlo y distribuirlo.
En Puerto Rico, esta contradicción es particularmente clara. Mientras el gobierno presenta la sequía como una de las principales explicaciones de la crisis, muchas comunidades llevan meses e incluso años denunciando interrupciones del servicio. Hay sectores que han tenido problemas de agua mucho antes de las condiciones actuales.
Entonces aparece una pregunta sencilla: ¿cómo se puede hablar de racionamiento cuando muchas comunidades ni siquiera reciben el servicio de manera regular?
Primero hay que garantizar el agua.
Después se puede hablar de racionamiento.
La crisis de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tampoco puede separarse de la crisis fiscal y del endeudamiento de Puerto Rico. Durante décadas, la AAA ha acumulado obligaciones financieras mientras su infraestructura continúa necesitando enormes inversiones. La deuda se convirtió en un negocio para el capital financiero, mientras la población continuaba recibiendo un servicio deficiente.
Las estimaciones de la American Society of Civil Engineers muestran la magnitud del problema al calcular que Puerto Rico necesita entre 1,300 y 2,300 millones de dólares adicionales anuales durante una década para actualizar su infraestructura.
Cabe otra pregunta inevitable: ¿cómo es posible que exista tanta deuda y, al mismo tiempo, tanta infraestructura deteriorada?
La respuesta requiere mirar hacia dónde se dirigieron los recursos y cuáles fueron las prioridades de los gobiernos que administraron la corporación pública. El deterioro de la infraestructura, además, puede terminar siendo utilizado como argumento para promover nuevas formas de privatización.
La experiencia de República Dominicana permite observar otra forma de esta misma contradicción.
República Dominicana se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del Caribe. El turismo genera empleos, inversión y divisas, pero también ha concentrado enormes recursos en determinadas zonas costeras y urbanas. La infraestructura de agua debe responder a las necesidades de hoteles, proyectos inmobiliarios y otras actividades vinculadas al turismo.
Una investigación regional estimó que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) perdía cerca de la mitad del agua que suministraba debido a problemas de infraestructura y desperdicio.
Mientras sectores económicos pueden recurrir a pozos privados, camiones cisterna y otras alternativas, las comunidades obreras enfrentan interrupciones prolongadas.
Aquí aparece una diferencia importante entre República Dominicana y Puerto Rico. En Dominicana, la presión del capital turístico tiene un peso particularmente fuerte sobre la distribución de los recursos. En Puerto Rico, además de esa presión turística, existe una estructura colonial y financiera que ha convertido la deuda pública en un importante mecanismo de negocio para el capital financiero.
Son manifestaciones distintas de un mismo problema: las necesidades económicas de sectores poderosos terminan teniendo mayor capacidad para determinar las prioridades de infraestructura.
La situación de Haití muestra el problema desde una dimensión todavía más grave. Allí millones de personas tienen dificultades para acceder incluso a servicios básicos de agua segura. La debilidad de la infraestructura ha permitido el crecimiento de mercados informales de agua. En Puerto Príncipe, ese mercado fue estimado en 66.3 millones de dólares en 2016. Pero Haití no puede analizarse sin tomar en cuenta su historia de colonialismo, intervenciones extranjeras, dictaduras y dependencia económica.
La destrucción de sus capacidades productivas y el debilitamiento de sus instituciones no fueron fenómenos aislados. Son también resultado de una larga historia de dominación.
Cuba presenta una realidad diferente. Su sistema económico no es igual al de los demás países mencionados, pero tampoco está fuera del mercado mundial. El bloqueo estadounidense ha limitado su acceso a financiamiento, tecnología y determinados mercados, mientras existen además problemas internos de burocratización, gestión y desigualdad.
A pesar de ello, Cuba mantiene un nivel de acceso al agua mucho mayor que Haití. Fuentes recientes señalan que aproximadamente el 94.7% de la población tenía acceso a una fuente básica de agua en 2022, aunque los cortes y la intermitencia continúan siendo problemas importantes.
También existe una presión particular relacionada con el turismo. La necesidad de obtener divisas para adquirir bienes, tecnología y otros recursos en el mercado internacional hace que el turismo tenga un peso importante en la economía cubana. Esto puede generar tensiones entre las necesidades de los centros turísticos y las necesidades residenciales.
Las cuatro experiencias no son iguales. No sería correcto decir que Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba enfrentan exactamente la misma crisis. Sus sistemas políticos, economías e historias son diferentes.
Lo que sí podemos encontrar es un patrón común: los recursos y la infraestructura no siempre se organizan de acuerdo con las necesidades sociales.
Eso es fundamental para entender cómo funciona el capital.
La apropiación de los recursos no significa solamente que una empresa privada sea propietaria de una fuente de agua. También puede ocurrir cuando los gobiernos distribuyen inversiones, reparaciones y servicios dando prioridad a zonas donde se concentra la actividad económica.
Un hotel, una urbanización de lujo, un puerto, una industria o un proyecto inmobiliario pueden tener mayor capacidad para obtener infraestructura que una comunidad pobre.
De esta manera, la desigualdad económica termina convirtiéndose también en desigualdad en el acceso al agua.
El turismo representa uno de los ejemplos más claros. Se presenta constantemente como motor de desarrollo, pero debemos preguntar cuánto de esa riqueza permanece en las comunidades y cuánto termina en manos de empresas y cadenas transnacionales.
Puerto Rico puede mirar la experiencia dominicana para entender lo que puede ocurrir cuando el desarrollo turístico comienza a ocupar un lugar central en la planificación territorial.
El proyecto Esencia en Cabo Rojo debe analizarse dentro de esta discusión. Más allá de la discusión particular sobre el proyecto, debemos preguntarnos qué ocurre cuando grandes inversiones privadas necesitan agua, energía, carreteras y otros servicios que también necesitan las comunidades.
¿Quién tiene prioridad?
¿El proyecto que genera ganancias o la población que necesita el servicio para vivir?
Esta pregunta nos lleva directamente al problema del control de las riquezas generadas por los países imperialistas.
Los países caribeños dependen en gran medida de capital extranjero, tecnología importada, financiamiento internacional y empresas transnacionales. Exportamos recursos naturales, servicios, mano de obra y productos, mientras importamos buena parte de la tecnología, energía, alimentos y financiamiento necesarios para mantener nuestras economías.
Esa relación limita nuestra capacidad para decidir sobre nuestros propios recursos.
En Puerto Rico, esa dependencia tiene una expresión colonial directa. En República Dominicana y Haití adquiere características de dependencia neocolonial. Cuba, por su parte, intenta sostener un modelo diferente dentro de un mercado mundial dominado por relaciones capitalistas y bajo el impacto del bloqueo estadounidense.
Las formas son diferentes, pero existe una condición común: nuestras sociedades no controlan plenamente las condiciones económicas y tecnológicas necesarias para desarrollar sus recursos de acuerdo con sus propias necesidades.
Puerto Rico ofrece un ejemplo particularmente importante con El Yunque. El bosque produce una parte considerable del agua de la isla y genera miles de millones de galones anualmente. Sin embargo, la estructura colonial limita la capacidad de Puerto Rico para decidir soberanamente sobre sus recursos naturales.
Por eso, la discusión del agua también es una discusión sobre poder.
¿Quién decide?
¿Quién controla los recursos?
¿Quién recibe la inversión?
¿Quién obtiene las ganancias?
Y finalmente, ¿quién paga cuando el sistema falla?
Pero existe otro elemento que no podemos ignorar: la respuesta de las comunidades.
En República Dominicana, comunidades de Rafey, en Santiago, han protestado después de pasar meses sin agua y verse obligadas a comprarla a camiones cisterna. En San Juan de la Maguana existen luchas contra proyectos mineros que las comunidades consideran una amenaza para las fuentes de agua y la agricultura. También se han producido movilizaciones en sectores como Los Mina Viejo y Los Alcarrizos por interrupciones prolongadas del servicio.
En Puerto Rico también se han producido reclamos y protestas en comunidades de San Juan, Carolina y Loíza por la falta de agua y el manejo gubernamental de la crisis.
En Haití, organizaciones comunitarias, iglesias y grupos de base luchan por garantizar acceso al agua en medio de condiciones extremadamente difíciles.
En Cuba, las formas de participación comunitaria son diferentes, pero existen experiencias de organización política local para enfrentar problemas relacionados con los servicios y la infraestructura.
Estas luchas pueden parecer pequeñas cuando se observan de manera separadas. Una comunidad reclama una tubería. Otra exige que llegue el agua. Otra protesta contra un proyecto que amenaza una fuente natural.
Pero juntas muestran algo importante: la población no está dispuesta a aceptar que un recurso indispensable para la vida sea administrado exclusivamente de acuerdo con las necesidades del capital.
Ahí existe una posibilidad política.
La crisis del agua puede convertirse en un punto de encuentro para la clase trabajadora caribeña.
Los trabajadores de Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba enfrentamos realidades diferentes, pero tenemos una necesidad común: garantizar servicios esenciales y defender los recursos naturales frente a cualquier forma de apropiación que coloque las ganancias por encima de la vida.
No se trata de ignorar las diferencias entre nuestros países. Se trata precisamente de estudiarlas para comprender mejor cómo funciona el sistema que compartimos y cuáles son las formas concretas que adopta en cada sociedad.
Tampoco debemos esperar a las elecciones para comenzar a organizarnos políticamente.
La lucha puede comenzar en los barrios, en las comunidades, en los centros de trabajo y en cada espacio donde los trabajadores/as defiendan sus condiciones de vida.
La defensa del agua puede ser el punto de partida para construir vínculos entre organizaciones políticas de trabajadores y trabajadoras del Caribe, desarrollar un programa común y luchar por una infraestructura pública que responda primero a las necesidades de la población.
Eso significa defender el agua como un derecho social, rechazar su subordinación a los intereses de grandes proyectos privados y exigir inversiones que permitan reconstruir los sistemas de distribución y almacenamiento.
Pero también significa discutir quién controla los medios necesarios para producir y garantizar esos servicios.
Porque el problema no es solamente cuánto agua tenemos.
El problema es quién decide qué hacer con ella. Tenemos recursos naturales. Tenemos trabajadores. Tenemos conocimiento. Tenemos capacidad productiva.
Lo que continúa faltando es que esas capacidades estén organizadas prioritariamente para satisfacer las necesidades de quienes producen la riqueza.
La crisis del agua nos está mostrando una contradicción que existe en todo el Caribe: sociedades capaces de generar riqueza, pero incapaces de garantizar de manera estable un servicio esencial para la vida.
Por eso no podemos aceptar que toda la responsabilidad sea colocada sobre la sequía. La sequía es un fenómeno natural.
La desigualdad en el acceso al agua es una decisión política y económica. Y si el capital puede organizar sus intereses más allá de las fronteras, los trabajadores del Caribe también tenemos que comenzar a organizar nuestras luchas más allá de ellas.
El agua es vida. Y la vida no puede estar subordinada a las ganancias del capital.
