El “Dubái del Caribe”: el andamiaje legal de permisos para borrar a Puerto Rico

por Nexo Revolucionario Media

El llamado “modelo Dubái” no es otra cosa que una forma específica de desarrollo capitalista basada en el turismo de lujo, los bienes raíces especulativos, las finanzas globales y la atracción masiva de capital extranjero. Dubái se presenta como un símbolo de modernidad y riqueza, pero su estructura revela otra realidad: una ciudad donde la mayoría de quienes viven allí no son nacionales ni nacieron en ese territorio, sino trabajadores migrantes y expatriados, mientras una élite global, en gran medida proveniente de Estados Unidos y Europa, concentra la riqueza y el consumo. Es, en esencia, un enclave construido sobre una división de clases profundamente desigual, donde una minoría vive del lujo mientras una mayoría sostiene ese modelo en condiciones de subordinación. Ese es el verdadero contenido del llamado “éxito” de Dubái.

Ese es precisamente el modelo que sectores del poder político y económico quieren imponer en Puerto Rico: convertir la isla en el “Dubái del Caribe”. No es una metáfora inocente. Ya lo dijeron sin rodeos en el chat de Ricky Rosselló: “un Puerto Rico sin puertorriqueños”. La apuesta es clara. Desplazar comunidades, sustituir la economía local y rediseñar el país como un espacio de consumo y residencia permanente para inversionistas extranjeros y élites globales. No se trata de desarrollo para el pueblo, sino de reemplazo social bajo la lógica del capital. Más allá de una lucha ambiental o contra el desplazamiento, esto es una lucha abierta de clases. De un lado están las comunidades de la clase trabajadora en Puerto Rico y los pequeños comerciantes que sostienen la economía local. Del otro, una clase capitalista transnacional que busca apropiarse del territorio para su propio beneficio. En esa confrontación, figuras como los Reuben Brothers y Yan Katsnelson representan intereses de acumulación global, mientras los partidos de la burguesía como el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático operan como facilitadores políticos de ese despojo.

Para avanzar ese proyecto, el gobierno de Jenniffer González actúa como administrador subordinado a esos intereses. En sintonía con la agenda “America First” impulsada por Donald Trump, se promueve un paquete de reformas dirigidas a eliminar obstáculos a la inversión. La flexibilización de permisos, el debilitamiento ambiental y la apertura del territorio a megaproyectos turísticos y residenciales forman parte de esa ofensiva. Pero este proceso no ocurre de cara al país. Políticos electos por el pueblo se reúnen a puerta cerrada con capitalistas beneficiarios de la Ley 60 y negocian el futuro del territorio sin participación democrática real, acordando en la práctica el desplazamiento y la desaparición de las comunidades a las que supuestamente representan.

Para que ese proyecto se materialice, no basta con la inversión privada. Requiere un andamiaje legal que lo haga posible. Ese andamiaje ya está en marcha. Los proyectos de ley PS 1173, PS 1183, PC 25 y PC 310 forman parte de una ofensiva legislativa presentada en abril de 2026 para agilizar permisos y destrabar grandes inversiones como los desarrollos de Ora World y proyectos como Esencia.

El PS 1173, impulsado por Thomas Rivera Schatz, limita evaluaciones ambientales a proyectos con “impacto significativo” y sustituye el Permiso Único por un “Registro de Uso”, convirtiendo el proceso en una notificación con fiscalización posterior. El PS 1183, promovido por Jenniffer González, centraliza permisos en una Oficina Central y transfiere funciones ambientales al Departamento de Desarollo Económico, subordinando la evaluación al desarrollo económico. El PC 25, presentado por Johny Méndez, reduce la zona marítimo-terrestre protegida, abriendo las costas a la construcción. El PC 310, impulsado por Jorge “Georgie” Navarro, acelera permisos para proyectos de alto impacto bajo esquemas público-privados.

Estas medidas ya entraron en vistas públicas desde el 23 de abril de 2026, con participación del DDEC, la Junta de Planificación y sectores de la construcción, generando críticas por riesgos ambientales y gentrificación. Pero lo que se presenta como “agilización” es en realidad una reconfiguración del Estado y sus leyes al servicio del capital.

La búsqueda de simplificar la política en el sistema capitalista es una necesidad estructural para reproducirse. El capital requiere expandir continuamente sus mecanismos de acumulación, ya sea en la producción o en los servicios. Y para ello necesita algo clave: leyes, reglamentos y permisos que despejen el camino. Cuando los políticos hablan de “ley y orden”, lo hacen en apariencia desde una posición de responsabilidad institucional, pero la realidad es otra. Las leyes que rigen la sociedad están atravesadas por lo que pueden llamarse las leyes de hierro del capital: la necesidad constante de inversión para mantener en movimiento el ciclo donde el dinero se transforma en capital mediante la producción y la circulación de mercancías.

En Puerto Rico, esta dinámica adquiere una dimensión colonial. Las leyes que podrían operar como protección ambiental se flexibilizan o se incumplen para facilitar la inversión. El resultado es claro: la ley no limita al capital, lo facilita. Por eso la reforma a la Ley de Permisos no busca eficiencia administrativa. Busca despejar el camino para la acumulación.

Por eso hay que nombrar responsables. Thomas Rivera Schatz, Jenniffer González, Johny Méndez y Georgie Navarro son operadores políticos de este proceso. Su rol en la lucha de clases es concreto: facilitar el despojo.

Y la supuesta oposición tampoco rompe con este modelo. El Partido Popular Democrático no lo enfrenta. El propio Pablo José Hernández Rivera expresó apoyo al proyecto Esencia condicionado a cumplimiento ambiental. Pero ese argumento ignora que esas mismas leyes están siendo rediseñadas para permitir estos proyectos. Así, la oposición institucional se convierte en cómplice pasivo del mismo proceso.

Ese proceso se concreta en proyectos como Esencia en Cabo Rojo, impulsado por los Reuben Brothers. Un desarrollo de más de 2,000 cuerdas de terreno con más de mil residencias, hoteles, campos de golf y un aeropuerto privado. No es turismo. Es un enclave residencial permanente para ricos. No vienen a visitar. Vienen a vivir. Y eso implica desplazamiento.

Lo mismo ocurre con Ora World. Yan Katsnelson impulsa 12 megaproyectos en 2,500 acres y 24 millones de pies cuadrados con residencias, clubes privados, spas, golf y centros médicos de lujo. Bajo la Ley 60, estas inversiones convierten a Puerto Rico en un espacio de asentamiento de capital extranjero. No integran. Sustituyen.

Esta dinámica está directamente conectada con la agenda de desregulación impulsada en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Figuras como Lee Zeldin, director de la EPA, han liderado la eliminación de controles ambientales, reduciendo la capacidad del Estado para intervenir en favor del interés público. Lo que ocurre en Puerto Rico es una extensión de esa política, aplicada en un contexto donde la capacidad de resistencia institucional es aún más limitada.

Aquí emerge una realidad central. Si separamos lo jurídico de lo económico caemos en una ilusión reformista. Mientras el aparato legal esté subordinado al capital, la fiscalización por sí sola no transforma la estructura. Puede visibilizar abusos, pero no detenerlos. La experiencia lo demuestra. Figuras como Eliezer Molina han evidenciado los límites de la fiscalización individual, mientras organizaciones como el Partido Independentista Puertorriqueño han quedado atrapadas en una lógica de denuncia sin capacidad de alterar la relación de fuerzas. El problema no es la intención. Es la estructura de poder en la que operan.

Superar ese límite implica reconocer que lo que está en juego no es un conflicto administrativo ni ambiental aislado, sino una lucha de clases por el control de las tierras. Implica pasar de la fiscalización a la organización. Implica que la clase trabajadora deje de ser objeto de decisiones y se convierta en sujeto de poder. Llevar la discusión a los centros de trabajo y a las comunidades no es un gesto simbólico, es el único camino para construir una fuerza capaz de confrontar al capital.

Esto también implica algo concreto. La discusión de estos megaproyectos turísticos y residenciales, así como de las llamadas reformas a la Ley de Permisos diseñadas a favor del capital, tiene que salir de las salas del Capitolio y ser llevada directamente a las comunidades. Las manifestaciones contra Esencia no pueden limitarse a la denuncia. Tienen que levantar exigencias claras. Que esas supuestas vistas públicas se den de cara al pueblo, en el pueblo mismo. Que se realicen al aire libre en Cabo Rojo, donde la comunidad directamente afectada pueda cuestionar, confrontar y exigir respuestas. Que figuras como Thomas Rivera Schatz, Jenniffer González, Carlos “Johny”Méndez Núñez y Jorge “Georgie” Navarro Suárez, así como Pablo José Hernández y Eliezer Molina, los capitalistas hermanos Reuben Brothers y Yan Katsnelson, y todos los facilitadores de estos proyectos, tengan que rendir cuentas fuera de la comodidad institucional, frente al calor y la presión del pueblo.

Desde ahí, se abre una propuesta organizativa concreta. Que estas vistas no sean meros trámites, sino procesos reales de consulta popular vinculados a asambleas comunitarias. Que en Cabo Rojo, por ejemplo, se convoque una asamblea donde el pueblo pueda hacer preguntas directas a los proponentes del proyecto y exigir explicaciones a los dueños del capital. Que la comunidad se organice previamente en comités, llegue con preguntas claras, con denuncias y con propuestas concretas, y que ese espacio deje de ser una simulación democrática para convertirse en un ejercicio real de poder popular.

Estas asambleas no deben quedarse aisladas. Deben extenderse a toda la isla, especialmente en aquellas comunidades donde ya hay proyectos propuestos o en desarrollo. Que la discusión de estas leyes de permisos y sus reformas, diseñadas para facilitar la acumulación del capital, se dé directamente en los barrios, en los centros de trabajo y en los espacios comunitarios. Que sea el propio pueblo quien las evalúe, las cuestione y las confronte desde su realidad concreta. Que se articulen comités de trabajadores y comunidades capaces de coordinarse, debatir y tomar posiciones colectivas frente a estos proyectos.

Y que ese proceso desemboque en algo mayor. Una gran vista de pueblo frente al Capitolio, no como espectáculo, sino como acto de fiscalización real. Un espacio donde las comunidades organizadas puedan señalar directamente a quienes no representan sus intereses y ejercer una forma de voto político simbólico desde abajo. Un evento donde la clase trabajadora no solo denuncie, sino que comience a ejercer en la práctica su capacidad de decidir.

Porque en última instancia, el llamado “modelo Dubái del Caribe” no es un proyecto de desarrollo.

Es un proyecto de clase.

Y solo puede ser enfrentado con otro proyecto de clase : organización de la clase trabajadora en Puerto Rico.