¿Acuerdo histórico?: Traición histórica al pueblo venezolano

Por Isabelino Montes

Lo que el gobierno bolivariano presenta como un «acuerdo histórico» constituye una de las mayores demostraciones de la contradicción entre el discurso antiimperialista del PSUV y la realidad económica de Venezuela: la entrega de la riqueza petrolera del país al capital estadounidense.

Mientras Nicolás Maduro y la dirección del PSUV han construido durante años un discurso de resistencia frente al imperialismo, ahora esa misma dirección aparece negociando con la administración de Donald Trump el futuro de la principal riqueza natural venezolana.

El acuerdo contempla la entrega de 17 campos petroleros a empresas estadounidenses, con reservas que superarían los 65,000 millones de barriles. La negociación habría sido realizada a puertas cerradas por los hermanos Rodríguez y bajo la custodia política de figuras centrales de la administración estadounidense, entre ellas el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth. El pueblo venezolano no fue consultado.

Lo que se presenta como una negociación económica es, desde nuestra perspectiva, una transferencia del principal activo económico de Venezuela hacia el capital estadounidense. Si Washington obtiene derechos de propiedad, explotación o una participación mayoritaria en empresas conjuntas, incluyendo una participación del 55% de la producción, el problema deja de ser simplemente cuánto petróleo se vende y pasa a ser quién controla la producción social y quién se apropia del excedente generado por ella.

El petróleo no es una mercancía cualquiera. Es la principal riqueza natural de Venezuela. Por eso, su transferencia al capital extranjero tiene una dimensión política que no puede esconderse detrás de la palabra «acuerdo».

Trump celebra esta negociación. Y no es difícil comprender por qué. El saqueo de la riqueza venezolana puede convertirse en una vía para fortalecer las reservas y la capacidad petrolera estadounidense, precisamente cuando Estados Unidos enfrenta enormes gastos económicos derivados de la guerra con Irán y dificultades dentro de su propia industria petrolera. Venezuela terminaría, de esta manera, aportando sus recursos a las necesidades del imperialismo estadounidense en medio de la disputa mundial por el control económico.

Entonces tenemos que formular una pregunta que incomoda a quienes durante años han defendido al gobierno bolivariano como una experiencia socialista: ¿todavía existe alguna razón para llamar a esto una revolución obrera y socialista?

La clase trabajadora revolucionaria lleva mucho tiempo señalando el fortalecimiento de las capas burguesas dentro del PSUV y del gobierno bolivariano. Por eso, para quienes desde posiciones revolucionarias habían advertido sobre estas contradicciones, lo ocurrido no constituye una sorpresa. Durante años, quienes denunciaron la política del PSUV y su alejamiento de los intereses de la clase obrera fueron señalados por Diosdado Cabello y otros dirigentes como «traidores». Pero ahora la pregunta debe devolverse con mayor fuerza: ¿quiénes son realmente los traidores a la clase trabajadora venezolana?

El llamado «acuerdo histórico» no aparece de la nada. Es el resultado de un proceso mucho más largo. Luego de la invasión de Estados Unidos a Venezuela, del todavía complicado arresto de Nicolás Maduro, de la entrega del oro venezolano a Estados Unidos por parte de la dirección del PSUV encabezada por los hermanos Rodríguez, de las negociaciones económicas con sectores sionistas y de los incumplimientos constitucionales y soberanos, aparece ahora una nueva prueba del verdadero carácter de ese supuesto antiimperialismo. Si el aparato productivo petrolero venezolano pasa a estar dominado por una empresa conjunta donde Washington controla la mayoría o recibe el 55% de la producción, estamos ante una forma concreta de control de clase sobre una parte fundamental de la producción social venezolana. Mientras el pueblo venezolano continúa asumiendo los costos ambientales, laborales y territoriales, el control decisivo y una parte sustancial del excedente quedarían en manos de empresas capitalistas estadounidenses.

Como hemos señalado en otros escritos de Nexo Revolucionario Media, la cúpula capitalista del PSUV lleva años viviendo de los excedentes generados por la riqueza petrolera venezolana dentro del mercado capitalista internacional.

No comenzó ahora.

Las modificaciones a las políticas contenidas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos para flexibilizar la entrada del capital estadounidense forman parte de una trayectoria. Pero tampoco debemos olvidar que la industria petrolera venezolana permaneció vinculada al mercado capitalista internacional desde otros sectores que controlaban partes importantes de la economía y que contribuyeron al enriquecimiento de capitalistas locales posteriormente insertados en las estructuras del PSUV.

El modelo económico del chavismo logró inicialmente restringir la presencia de determinados sectores del mercado capitalista, particularmente estadounidenses, pero dependió estrictamente de vender petróleo a los principales centros capitalistas del mundo para obtener dólares.

Estados Unidos fue durante años uno de sus principales clientes.

Ahí se encuentra una de las grandes contradicciones del proceso. Sectores capitalistas vinculados al PSUV terminaron concentrando el control sobre los dólares generados por la producción petrolera. Mediante el control cambiario de CADIVI y posteriormente CENCOEX, implementado bajo Hugo Chávez y continuado durante el gobierno de Nicolás Maduro, el Estado asignaba dólares a tasas preferenciales a funcionarios y empresarios aliados bajo el argumento de financiar importaciones de alimentos, medicinas y otros productos.

El mecanismo permitía adquirir dólares baratos y posteriormente revenderlos en el mercado negro a precios enormemente superiores. De esta forma podían multiplicarse fortunas en poco tiempo utilizando los ingresos derivados de la riqueza petrolera nacional. La riqueza producida por millones de trabajadores terminaba alimentando procesos de acumulación privada. De estas contradicciones surgieron sectores revolucionarios que comenzaron a denunciar la llamada «dolarización de facto». Ya se estaba desarrollando una apropiación creciente de la riqueza por parte de capitalistas locales mientras los salarios permanecían estancados y las inversiones necesarias para desarrollar las fuerzas productivas venezolanas y avanzar realmente hacia una economía socialista podían alcanzar los niveles necesarios bajo estás dinámicas contradictorias.

Estados Unidos conocía estas dinámicas. El imperialismo no necesitaba inventar las contradicciones venezolanas. Las conocía porque esos sectores capitalistas del PSUV operaban dentro del mismo mercado mundial que Washington domina. Precisamente por eso pudo identificar las vulnerabilidades de esa burguesía y utilizar las sanciones, las presiones económicas y los mecanismos financieros para acorralarla. Mientras el gobierno bolivariano se llenaba la boca hablando de antiimperialismo, buscaba simultáneamente mecanismos para colocar su petróleo en el mercado internacional y evadir las restricciones financieras impuestas por Washington.

Tras las sanciones directas de Estados Unidos contra PDVSA, Venezuela comenzó a vender su crudo mediante intermediarios en mercados asiáticos, principalmente China e India, ofreciendo descuentos agresivos de hasta 30% o 40% sobre el precio internacional.

Se desarrolló una red de intermediarios capitalistas, corporaciones fantasma y empresarios privados aliados, incluyendo operadores como Alex Saab y otros actores financieros.

Estas redes cobraban millonarias comisiones por triangular pagos, mover dinero mediante paraísos fiscales y transportar petróleo mediante la llamada «flota fantasma», utilizando buques con banderas de conveniencia y, en algunos casos, sistemas de rastreo satelital apagados.

Todo esto era conocido por Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque no se trataba de dos sistemas económicos completamente enfrentados. Los actores involucrados continuaban operando dentro de las relaciones capitalistas internacionales. El discurso podía ser antiimperialista, pero las relaciones económicas permitían el enriquecimiento de una burguesía vinculada al poder político venezolano.

El dinero obtenido mediante estas operaciones petroleras tampoco necesariamente permanecía dentro de Venezuela. Investigaciones judiciales internacionales han documentado fondos vinculados a estas redes en bancos suizos, propiedades de lujo en Miami y Madrid y cuentas en distintos puntos del Caribe.

Mientras todo esto sucedía, buena parte de la izquierda mundial continuaba creyendo en el «socialismo del siglo XXI» y en los discursos antiimperialistas de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez.

Fue una estafa política en la que muchos cayeron. Y debemos ser autocríticos. También debemos mirar los incumplimientos constitucionales.

¿Cómo pueden realizarse negociaciones de esta magnitud cuando la Constitución venezolana establece la soberanía del Estado sobre la industria petrolera, la inalienabilidad de los yacimientos y restricciones a la cesión de territorio o competencias estratégicas a potencias extranjeras? Para nosotros, como clase trabajadora, los principios democráticos no pueden ser negociables cuando un gobierno afirma ser revolucionario. Un acuerdo económico de semejante magnitud debería estar sometido a controles institucionales claros, publicación de contratos, revisión legislativa y mecanismos verificables de rendición de cuentas.

Nada de esto ocurrió con la transparencia que una decisión de semejante magnitud exige. Y aquí debemos detenernos en Puerto Rico.

Nosotros y nosotras, la clase trabajadora puertorriqueña, vivimos una situación colonial compleja. Precisamente por nuestra condición colonial, en ocasiones podemos tener dificultades para distinguir determinados fenómenos políticos. Podemos aceptar gato por liebre. Podemos terminar identificando como revolucionario cualquier proceso que se enfrente verbalmente a Estados Unidos.

El apoyo que el gobierno venezolano haya brindado a la independencia de Puerto Rico es una cuestión distinta de nuestra capacidad para analizar críticamente el proceso de la llamada revolución bolivariana. No existe ninguna ley de gravedad política que nos obligue a dejar de ser críticos con cada paso de un proceso particular.

Venezuela tuvo reformas que, ante nuestros ojos, representaron avances. Eso debe reconocerse. Pero también debemos analizar cuándo comenzaron a manifestarse sus contradicciones.

Las masas trabajadoras tuvieron que enfrentar el deterioro de sus condiciones de vida y millones de venezolanos terminaron abandonando el país. Los salarios permanecieron estancados y el desarrollo de las fuerzas productivas no alcanzó los niveles necesarios para avanzar hacia una verdadera emancipación de las relaciones de producción capitalistas.

Fueron años de un proceso complejo en el que determinadas reformas fueron destacadas sin ser evaluadas desde una perspectiva verdaderamente crítica.

En Puerto Rico, muchas veces fueron interpretadas desde una visión idealista del proceso venezolano. Aquellas organizaciones que cuestionaban al gobierno bolivariano, su política económica o su doble vara en el discurso antiimperialista eran colocadas inmediatamente en la lista de enemigos de la izquierda. La experiencia venezolana debe obligarnos a romper con esa lógica.

Así como debemos defender la independencia de Puerto Rico frente al colonialismo estadounidense, también tenemos que discutir qué tipo de sociedad queremos construir después de conquistarla.

Definitivamente, no aspiramos a un socialismo burgués como el de Venezuela.

Mucho menos aspiramos a una independencia y soberanía tan frágiles que terminen arrodillándose ante los pies del imperialismo mediante acuerdos económicos presentados como «históricos». Una independencia de esas características sería una independencia a imagen y semejanza de las repúblicas burguesas del mundo. Nosotros, como clase trabajadora, debemos aspirar a una República Obrera.

Cuando afirmamos esto, algunos responden que primero hay que conquistar la independencia. Otros nos colocan inmediatamente como enemigos porque hablamos de la toma del poder por la clase trabajadora. Pero Venezuela constituye otro ejemplo de por qué ambas cuestiones no pueden separarse de una discusión fundamental: ¿qué clase controla el poder político y económico? Venezuela no es cualquier ejemplo.

Fue uno de los referentes más importantes para quienes defendían la construcción del socialismo en nuestra región. Poseía enormes recursos naturales y condiciones materiales que pudieron haber permitido convertir el proceso en una amenaza verdadera para el capitalismo latinoamericano y mundial. Sin embargo, el reformismo de los socialistas burgueses, aquellos que evitan hablar de la toma del poder por la clase obrera o que solamente recuerdan esa consigna cada 1.º de Mayo, vuelve a demostrar sus límites históricos.

La experiencia venezolana nos obliga a sacar una conclusión: necesitamos construir un organismo político permanente de la clase trabajadora, independiente y separado de los partidos de la burguesía. Si en Puerto Rico sustituimos esa tarea por simples frentes electorales, sin haber construido previamente un organismo político de la clase trabajadora y sin desarrollar un programa político establecido desde nuestros propios intereses de clase, terminaremos reproduciendo el mismo problema que hemos visto en tantas experiencias alrededor del mundo.

Podremos conquistar reformas. Podremos obtener determinadas medidas sociales. Podremos elegir gobiernos que se presenten como progresistas, soberanistas o antiimperialistas.

Pero mientras esas conquistas permanezcan sujetas a las mismas estructuras políticas y económicas capitalistas, sus límites estarán determinados por el propio sistema.

La experiencia venezolana debe servirnos para mirar hacia adelante y no para repetir consignas del pasado. Debe enseñarnos que el antiimperialismo de palabra no sustituye la independencia de clase. Que las reformas no sustituyen la transformación revolucionaria. Y que ningún discurso socialista puede sustituir el poder político organizado de la clase trabajadora.

Por eso, ante este llamado «acuerdo histórico», la pregunta fundamental no es quién dice ser revolucionario.

La pregunta es mucho más concreta:

¿Quién controla la riqueza?

¿Quién controla el Estado?

¿Quién decide sobre la producción?

¿Y para quién se produce la riqueza social?

Porque cuando la principal riqueza de un país termina colocándose bajo el control del capital extranjero o local, mientras la clase trabajadora permanece sin poder efectivo sobre la producción y las decisiones políticas, no estamos ante una revolución obrera.

Estamos ante una lección histórica.

Y esa lección también nos pertenece a nosotros, los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico.