Puerto Rico abierto para Wall Street, pero en crisis para la clase trabajadora

Por Nexo Revolucionario Media

El deterioro colonial alcanza una de sus expresiones más evidentes cuando Puerto Rico atraviesa una crisis de agua potable, apagones eléctricos, calor extremo, sequía e infraestructura deteriorada, en medio de protestas ciudadanas, mientras la gobernadora Jenniffer González Colón toca la campana de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York y presenta al país bajo el lema "Open for Business".

La imagen difícilmente podría ser más contradictoria. Mientras las comunidades reclaman agua, electricidad y servicios públicos confiables, el gobierno colonial viaja a Wall Street a decirle al capital financiero que Puerto Rico está abierto para hacer negocios. Mientras las familias trabajadoras reorganizan sus vidas alrededor de los racionamientos y los apagones, la prioridad política parece ser convencer a los inversionistas de que la colonia sigue disponible para sus negocios.

¿Abierto para quién?

Puerto Rico necesita agua, electricidad, infraestructura, vivienda, salud, educación y empleos dignos. Necesita control democrático sobre sus servicios esenciales. Sin embargo, la respuesta del gobierno vuelve a mirar hacia Wall Street, que no aparece aquí como un actor neutral que viene a rescatar al país: durante décadas, los mercados financieros participaron en el financiamiento de la deuda puertorriqueña. Esa crisis fiscal terminó desembocando en la Junta de Control Fiscal, creada bajo PROMESA, con amplios poderes sobre presupuestos, planes fiscales, deuda y prioridades financieras del gobierno.

La Junta fue presentada como el mecanismo para encaminar las finanzas públicas. Sin embargo, para amplios sectores de la población trabajadora, sus años de intervención han estado acompañados de austeridad, reestructuración de deuda, privatización de servicios esenciales, presión sobre los derechos laborales y un deterioro que sigue siendo evidente en las corporaciones públicas y en la infraestructura. En medio de todo esto, la gobernadora vuelve a tocar la misma campana.

El problema no es solamente la imagen de Jenniffer González en Wall Street, sino lo que esa imagen representa: un modelo político que, con descaro, presenta al capital financiero como solución después de décadas en las que la deuda, las políticas de austeridad y las decisiones tomadas desde las estructuras de poder han profundizado las condiciones que hoy enfrenta el pueblo trabajador.

La crisis del agua, la crisis energética, la sequía, el calor extremo, el deterioro de la infraestructura, la deuda pública y la contratación gubernamental no son problemas separados. Están conectados por una estructura económica y política que coloca las necesidades sociales por debajo de determinadas prioridades financieras y empresariales. Bajo el orden social capitalista, esas mismas crisis se convierten en oportunidades para ciertos sectores del capital: cuando la infraestructura falla, aparecen contratos de emergencia; cuando los servicios públicos se deterioran, aumenta el espacio para la privatización; cuando una corporación pública es presentada como incapaz de responder, aparecen empresas privadas dispuestas a ocupar ese espacio.

El caso reciente de la generación eléctrica temporera es ilustrativo. Un contrato de aproximadamente $5.9 mil millones ha estado rodeado de cuestionamientos relacionados con Power Expectations, Enchanted Rock y 3PPO —sobre el proceso de contratación, la transparencia, la fiscalización y alegaciones de uso no autorizado de firmas, además de referidos a las autoridades correspondientes—. Y, aun así, vuelve a repetirse el mismo mensaje: "Puerto Rico está abierto para hacer negocios".

Cabe entonces preguntarse: ¿cómo puede existir tanta urgencia para aprobar contratos de miles de millones de dólares y tan poca urgencia para garantizar agua y electricidad confiables para la población? Aquí entra necesariamente el problema de la corrupción, que no puede reducirse a la imagen de un funcionario actuando individualmente. Cuando se pierden fondos públicos o se destinan recursos a contratos cuestionados, y cuando disminuye la capacidad del Estado para atender necesidades sociales, las consecuencias son materiales y las paga la clase trabajadora. Por eso no basta con denunciar la corrupción como un problema moral: también es un problema de clase.

Podemos cuestionar la incompetencia de un funcionario. Podemos denunciar las decisiones del PNP y del PPD. Podemos exigir investigaciones, auditorías y responsabilidades —todo eso es necesario—, pero si nos detenemos ahí dejamos sin responder una pregunta fundamental: ¿por qué los mismos problemas continúan reproduciéndose sin importar quién administre el gobierno?

Cambiar de gobernador, sustituir a un contratista, renegociar un contrato, crear una comisión o esperar una nueva administración puede modificar ciertas decisiones, pero ninguna de esas medidas, por sí sola, transforma las condiciones estructurales que permiten que las mismas contradicciones reaparezcan. Ahí está el límite de reducir toda la discusión al bipartidismo. El PNP y el PPD son responsables de sus propias administraciones y deben responder por sus decisiones, pero también hay que preguntarse qué estructura económica permite que gobiernos distintos terminen enfrentando y reproduciendo los mismos problemas.

El capitalismo no funciona únicamente a través de individuos: funciona como una estructura basada en la propiedad privada de los principales medios de producción y en una relación social en la que una mayoría trabajadora produce riqueza mientras una minoría propietaria controla la parte decisiva de los recursos y las decisiones económicas. Por eso, cuando alguien cuestiona esta estructura, de inmediato aparecen quienes intentan convertir la discusión en una acusación ideológica: "son socialistas", "son comunistas". Pero ¿por qué debería un trabajador o una trabajadora tener miedo de organizarse políticamente para defender sus propias necesidades? ¿Acaso no pueden existir obreros y obreras socialistas o comunistas? ¿Acaso quienes trabajan, pagan impuestos, producen riqueza y sufren los apagones no tienen derecho a discutir cómo debe organizarse la sociedad?

Mientras se repite que no hay suficiente dinero para garantizar servicios esenciales, millones de dólares públicos permanecen sin recuperar, y grandes cantidades de recursos terminan dirigidas hacia empresas privadas vinculadas a servicios que deberían responder a las necesidades de la población. Mientras tanto, la familia trabajadora compra agua, la almacena y reorganiza sus horarios en torno al racionamiento; paga tarifas eléctricas elevadas; compra equipos para enfrentar los apagones; pierde alimentos; sufre daños en sus enseres; pierde horas de trabajo. Quien tiene menos recursos tiene también menos capacidad para protegerse frente a la crisis: ahí aparece con claridad la cuestión de clase.

La deuda y la corrupción no son conceptos abstractos: se traducen en menor capacidad pública, austeridad, recortes y un alto costo de vida, y quienes menos participan en las decisiones son quienes terminan pagando las consecuencias. Por eso podemos invertir el mensaje que la gobernadora llevó a Wall Street: Puerto Rico está "Open for Business", pero cerrado por el racionamiento de agua, cerrado por los apagones constantes, cerrado por el alto costo de vida, cerrado por la austeridad, cerrado por el deterioro de la infraestructura, cerrado por el control colonial.

La respuesta de la clase trabajadora no puede limitarse a esperar las próximas elecciones. Las protestas por el agua, las luchas contra los proyectos que amenazan a las comunidades, las movilizaciones por la electricidad y las luchas por la independencia no son fenómenos distanciados entre sí: pueden convertirse en espacios donde distintos sectores de la población trabajadora empiecen a reconocerse como parte de una misma realidad. El desafío es transformar la protesta en organización. Los servicios esenciales deben estar bajo control público y democrático —no bajo una burocracia estatal subordinada a los intereses de empresas privadas—, y la población trabajadora y sus comunidades deben tener participación real en las decisiones que determinan sus condiciones de vida.

Por eso no basta con sustituir administradores ni con denunciar contratistas: hace falta construir fuerza política desde las comunidades y los centros de trabajo. Las luchas que ya existen pueden convertirse en puntos de partida para organizar comités de trabajadores y de barrios, comités que nazcan de las necesidades concretas de cada comunidad y centro de trabajo, que se coordinen entre sí y comiencen a construir un programa político común: agua, electricidad, vivienda, salud, educación, empleos dignos, derechos laborales, infraestructura, servicios públicos y una discusión seria sobre la deuda y el control democrático de los recursos del país.

La clase trabajadora no debe limitarse a escoger quién administrará las mismas estructuras; tiene que empezar a discutir cómo construir sus propias herramientas políticas. Una protesta puede detener una calle; una organización puede cambiar la relación de fuerzas. Frente al mensaje de Jenniffer González en Wall Street —"Puerto Rico está abierto para hacer negocios"—, la respuesta desde las comunidades y los centros de trabajo debe ser otra: Puerto Rico debe estar abierto para satisfacer las necesidades de su pueblo, no subordinado a las necesidades del capital.

Desde esas protestas pueden surgir los comités de trabajadores y de barrios capaces de construir una fuerza organizada, elaborar un programa político de la clase trabajadora y poner a prueba, en la práctica, quiénes están realmente dispuestos a defender sus intereses. Porque el problema no es solamente quién toca la campana en Wall Street: la pregunta de fondo es qué clase social tiene el poder de decidir sobre el agua, la luz, la deuda, los servicios públicos y el futuro de quienes producen la riqueza de Puerto Rico. Y esa discusión ya no puede seguir esperando.