Alianza de País 2026: la discusión ideológica no se debe esquivar

Por Nexo Revolucionario Media

La discusión sobre la continuidad de la Alianza de País entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿qué proyecto político necesita la clase trabajadora para enfrentar la crisis económica y colonial de Puerto Rico?

La experiencia electoral de 2024 demostró que ambas organizaciones pueden establecer acuerdos para desafiar el dominio del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD). Sin embargo, la posibilidad de reconstruir esa unidad de cara al próximo ciclo electoral exige discutir algo más que candidaturas, estrategias y acuerdos entre partidos. Es necesario examinar el carácter de clase de esa alianza, sus límites políticos y las posibilidades de intervenir en ella desde los intereses independientes de los trabajadores y las trabajadoras.

Las alianzas electorales tienen una larga trayectoria en Puerto Rico. Desde los pactos políticos de principios del siglo XX hasta las coaliciones que precedieron la consolidación del bipartidismo, distintas fuerzas han unido esfuerzos para disputar el poder. La Alianza de País representa una nueva expresión de esa tradición, pero surge en condiciones económicas y sociales particularmente críticas.

La deuda pública, la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal mediante PROMESA, las políticas de austeridad, la privatización de servicios y el deterioro de las condiciones laborales han profundizado la subordinación económica del país. El huracán María expuso en 2017 la fragilidad de nuestra infraestructura y la precariedad de amplios sectores de la población. Las movilizaciones de 2019, que culminaron con la salida de Ricardo Rosselló, evidenciaron el rechazo popular a un sistema político incapaz de responder a esas condiciones.

El surgimiento de distintas alternativas electorales, desde Unión Soberanista y Puertorriqueños por Puerto Rico hasta el Partido Puertorriqueños de Trabajadores, el MVC y las candidaturas independientes, forma parte de ese cuestionamiento al bipartidismo. Pero el rechazo a los partidos tradicionales no significa, por sí mismo, que exista un proyecto político capaz de transformar las relaciones económicas que producen la crisis.

Es ahí donde se encuentra el muro de contención de la Alianza de País.

El PIP y el MVC han logrado desarrollar una unidad ideológica y política alrededor de determinadas propuestas. No se trata de negar esa coincidencia ni de reducir el análisis a sus diferencias sobre el estatus, la composición de sus organizaciones o sus acuerdos electorales. La discusión debe dirigirse al contenido de clase de esa unidad y al tipo de transformación que propone.

Desde nuestra perspectiva, la Alianza expresa una orientación política pequeño burguesa. Su horizonte se mantiene fundamentalmente dentro de la representación electoral de la clase trabajadora, las reformas institucionales y la administración colonial. Aunque sus propuestas puedan atender problemas concretos de la población y representar una alternativa frente al bipartidismo, no colocan como eje estratégico la organización de la clase trabajadora como fuerza política independiente y dirigente de las transformaciones económicas y sociales.

Esta es la cuestión que debemos llevar al debate: los trabajadores y las trabajadoras no pueden aparecer únicamente como electores, sectores que necesitan representación o beneficiarios de las políticas públicas. Deben organizarse como una fuerza capaz de elaborar su propio programa, intervenir en las decisiones y disputar el control de la economía. De lo contrario, la representación política de nuestra clase continuará dependiendo de proyectos dirigidos por la burguesía y la pequeña burguesía del país.

La experiencia anterior de la Alianza dejó abiertas varias discusiones ideológicas. Patria Nueva fue el programa del PIP, no el programa común de la Alianza. Su propuesta de soberanía e independencia coexistió con posiciones diversas dentro del MVC y con la defensa de determinados fondos federales. Esto produjo interrogantes sobre el proyecto económico y político que ambas organizaciones estaban dispuestas a sostener en común.

El problema no consiste en negar que los fondos federales deban distribuirse correctamente o que la población tenga derecho a recibirlos. La contradicción está en presentar su administración como un horizonte de desarrollo sin discutir la dependencia económica y política que mantiene a Puerto Rico subordinado a Estados Unidos. Una mejor distribución de recursos no transforma por sí misma las relaciones de propiedad y producción ni elimina el control que ejerce el capital sobre los sectores fundamentales de la economía.

Tampoco podemos reducir la discusión a las diferencias sobre el estatus político. La independencia y la soberanía tienen que examinarse en relación con las condiciones materiales del país: quién controla los recursos, quién dirige la producción y qué intereses de clase determinan las decisiones económicas. La crisis de Puerto Rico no responde exclusivamente a la corrupción o a la incapacidad administrativa de sus gobiernos. Está vinculada a una estructura colonial y capitalista que mantiene la riqueza y los medios de producción bajo el control de una minoría, mientras la mayoría depende de vender su fuerza de trabajo por un salario.

Los problemas de la energía eléctrica, la educación, la salud, la deuda y la precariedad laboral tienen esa base económica común. Por eso, cualquier proyecto que pretenda transformar el país debe ir más allá de proponer una administración gubernamental más eficiente. Tiene que cuestionar las relaciones de explotación, la subordinación al capital privado y los mecanismos mediante los cuales el imperialismo estadounidense mantiene su dominio económico y político sobre Puerto Rico.

La crisis y las contradicciones que atraviesa Estados Unidos también forman parte de este escenario. No podemos proyectar el futuro del país sobre una dependencia permanente de los recursos y las decisiones de una potencia que atraviesa profundas tensiones económicas y políticas. La Alianza debe discutir qué posición tendrá ante esa realidad y qué alternativas propone para desarrollar la capacidad productiva de Puerto Rico. Evitar esa discusión para conservar acuerdos electorales o ampliar los votos limita el alcance de cualquier proyecto que pretenda diferenciarse del bipartidismo.

Ahora bien, reconocer el carácter pequeño burgués de la Alianza no significa que debamos descartar automáticamente la posibilidad de insertarnos como clase trabajadora en ella. Por el contrario, puede existir una oportunidad para intervenir activamente en sus debates, movilizaciones y espacios de discusión, impulsar reivindicaciones obreras y presionar para que sean incorporadas a sus propuestas. La participación puede servir para disputar el contenido político de esa unidad y llevar a la discusión pública los intereses de nuestra clase.

Pero esa intervención requiere independencia. No podemos subordinar nuestra organización, nuestro programa ni nuestra actividad política a las necesidades electorales del PIP y el MVC. Tampoco podemos esperar que esas organizaciones construyan por nosotros los instrumentos de lucha y dirección política de la clase trabajadora. Podemos coincidir en determinadas iniciativas, respaldar propuestas concretas y participar en una alianza electoral sin convertirnos en una fuerza dependiente de sus decisiones.

Nuestra condición como trabajadores y trabajadoras constituye la base material de nuestros intereses comunes. Vivimos de vender nuestra fuerza de trabajo por un salario para obtener los medios necesarios para subsistir. Esa realidad nos coloca frente a problemas compartidos, más allá de las diferencias partidistas o electorales. De ahí debe partir la construcción de una organización política propia, capaz de expresar nuestras necesidades y desarrollar una alternativa independiente.

Por eso, la tarea inmediata es constituir comités de trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo y las comunidades. Estos organismos pueden organizar reivindicaciones, identificar necesidades, coordinar luchas y desarrollar mecanismos de participación y decisión colectiva. Su función no puede limitarse a respaldar candidaturas o alianzas electorales. Deben ser estructuras permanentes de organización política que permitan a la clase obrera intervenir en la realidad económica y social del país antes, durante y después de cada proceso electoral.

Las manifestaciones y convocatorias populares que se desarrollen alrededor de esta discusión pueden convertirse en espacios para comenzar esa organización. Es necesario impulsar comités en los barrios y trasladar ese trabajo a los centros laborales, donde los trabajadores puedan organizarse desde sus propias condiciones materiales. La construcción de estos organismos permitirá participar en la discusión política sin depender de las estructuras partidistas existentes.

Desde esa posición, el eventual respaldo de los comités a una Alianza electoral puede convertirse en una herramienta de presión política. Los organismos obreros podrían presentar propuestas, participar en debates, exigir compromisos y movilizarse para que se atiendan sus reivindicaciones. Pero cualquier respaldo debe responder a decisiones tomadas por los propios trabajadores y mantenerse sujeto a su programa independiente.

Para darle contenido a esa intervención, puede establecerse un dialógo en base a siete pilares programáticos para formar parte de la discusión política y convertirse o sumarse a reivindicaciones concretas de la clase trabajadora:

1. Reconocimiento gubernamental de los comités de trabajadores y trabajadoras. Establecer el reconocimiento formal de los comités obreros en los centros de trabajo y las comunidades como organismos políticos independientes de la clase trabajadora, con mecanismos de participación en las decisiones políticas, económicas, laborales y sociales que afectan a la población.

2. Corporación pública de energía eléctrica bajo administración obrera y comunitaria. Impulsar la creación de una corporación pública de energía eléctrica administrada por los comités de trabajadores de la energía eléctrica y las comunidades obreras, capaz de generar empleos masivos con salarios dignos y garantizar la energía como un servicio esencial para el desarrollo del país.

3. Impuestos progresivos y desarrollo de empresas estatales. Establecer impuestos progresivos a las empresas según sus niveles de ganancias y utilizar esos recursos para desarrollar fábricas y empresas estatales dirigidas con participación de los comités de trabajadores y las comunidades, ampliando la capacidad productiva de Puerto Rico.

4. Relaciones internacionales y cooperación productiva. Establecer vínculos con trabajadores y trabajadoras del Caribe y sectores obreros de Estados Unidos para impulsar una alianza de cooperación productiva. También desarrollar relaciones económicas con países que han avanzado en distintos sectores productivos, como China, para ampliar las capacidades económicas del país.

5. Inventarios de necesidades y planificación de la producción. Elaborar inventarios desde los centros de trabajo y las comunidades para identificar las necesidades de producción y los medios de subsistencia de la clase trabajadora y sus sectores más empobrecidos. Esta información debe permitir planificar la producción, generar empleos y establecer salarios adecuados para cubrir las necesidades determinadas por los propios trabajadores y los requerimientos productivos del país.

6. Rendición de cuentas y destitución de representantes por incumplimiento y corrupción. Establecer mecanismos para fiscalizar a los representantes y exigir su destitución inmediata cuando incumplan los acuerdos políticos impulsados por la clase trabajadora. Los casos de corrupción e irregularidades económicas desde posiciones de poder deben investigarse y conllevar responsabilidades políticas y legales, incluyendo los mecanismos de juicio político correspondientes.

7. Salarios de legisladores y alcaldes equiparados al salario promedio obrero. Reducir los salarios de legisladores y alcaldes para equipararlos al salario promedio de un trabajador, evitando que los cargos públicos se conviertan en espacios de privilegio económico separados de las condiciones materiales de la mayoría.

Estos pilares no deben quedarse en una lista de propuestas para incorporar a una plataforma electoral. Su desarrollo requiere organismos obreros capaces de discutirlos, defenderlos y convertirlos en reivindicaciones políticas. También exige que los trabajadores y trabajadoras tengan la fuerza organizativa para fiscalizar a quienes ocupen cargos públicos y exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.

La discusión sobre la Nueva Alianza de País debe servir para impulsar esa perspectiva. Podemos intervenir como clase en sus debates, participar en sus movilizaciones y presionar para que sus propuestas respondan a las necesidades de la mayoría trabajadora. Pero nuestra participación debe fortalecer la organización independiente de clase, no sustituirla ni subordinarla a los objetivos electorales de otras fuerzas políticas burguesa y pequeño burguesas.

La tarea de las fuerzas revolucionarias es contribuir a construir esos organismos propios, desarrollar un programa independiente y convertir la clase trabajadora en una fuerza política organizada. La Alianza puede ser un espacio de intervención y presión, pero no puede ocupar el lugar de esa construcción.

El desafío es construir una clase trabajadora organizada políticamente, con organismos propios, un programa independiente y la capacidad de intervenir en cualquier alianza para defender sus intereses sin someterse a ella.

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