Por Bianca Morales
Las proyecciones de GeneraPR apuntan a que Puerto Rico tendrá que seguir enfrentando tasas de averías por encima de los objetivos establecidos, al menos hasta 2030. Mientras el pueblo continúa experimentando apagones e inestabilidad en el servicio eléctrico, los administradores coloniales permanecen sin ofrecer una solución que responda a las necesidades de la mayoría trabajadora. Después de recibir millones de dólares en fondos públicos estatales y federales, la empresa reconoce que no alcanzará las metas de estabilidad que había promovido para 2025.
Cuando GeneraPR llegó a Puerto Rico, utilizó como argumento la promesa de contribuir a estabilizar el sistema eléctrico. Sin embargo, conocía las condiciones de deterioro de la infraestructura y las dificultades que implicaría su operación. Nada de esto impidió que la empresa y sus intereses económicos entraran en un negocio sostenido por enormes desembolsos de dinero público. Tampoco detuvo al bipartidismo colonial del PNP y el PPD, que durante años ha impulsado políticas de privatización bajo esas mismas condiciones.
El contrato de GeneraPR permite observar con claridad cómo funciona este modelo. La empresa administra los activos de la antigua Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sin asumir una inversión de capital propio proporcional a la infraestructura que opera. Las plantas eléctricas continúan perteneciendo a la AEE. GeneraPR no las compró cuando obtuvo la alianza público-privada (APP) por diez años, firmada en enero de 2023. Su función es operarlas y administrar recursos cuya propiedad sigue siendo pública.
A cambio, recibe un pago fijo de $22.5 millones anuales durante los primeros cinco años, cantidad que puede reducirse hasta un mínimo de $5 millones conforme se retiren plantas del sistema. También puede recibir hasta $15 millones por el período de transición. A esto se suman incentivos de hasta $100 millones anuales por ahorros operacionales, que se comparten en una proporción de 50/50 con la AEE. Durante su primer año contractual, GeneraPR reclamó $32.48 millones en incentivos por concepto de «optimización de combustible», además de otros $15.7 millones adicionales.
Es importante detenernos en estos números porque GeneraPR es subsidiaria de New Fortress Energy, un monopolio vinculado al negocio del gas natural. Desde el propio diseño de la privatización se observa cómo una empresa privada puede apropiarse de ingresos provenientes de fondos públicos, alimentados por los impuestos y el trabajo de millones de trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico y Estados Unidos.
La operación del sistema no exige que GeneraPR financie por cuenta propia las principales inversiones de modernización. El grueso de los gastos de combustible, mantenimiento y reconstrucción se sostiene mediante tarifas eléctricas y fondos públicos. Mientras tanto, la empresa asegura ingresos contractuales por administrar esos recursos.
En 2025, Genera anunció $258 millones en nuevos fondos federales: $187 millones provenientes del Departamento de Energía de Estados Unidos y $71 millones de CDBG-DR para el pareo estatal de proyectos de FEMA. Estos fondos permiten sustituir gastos que, de otro modo, podrían terminar recuperándose de los contribuyentes mediante la tarifa eléctrica. FEMA, además, tiene comprometidos aproximadamente $11 mil millones para el sector energético de Puerto Rico.
Los principales proyectos de capital administrados o ejecutados por Genera también dependen fundamentalmente de dinero público. Entre ellos figuran los proyectos de unidades de generación de respaldo, conocidos como peakers, en Costa Sur, con $446.2 millones en fondos federales; un sistema de baterías con $72.8 millones; y un proyecto de $767 millones financiado íntegramente por FEMA para seis centrales entre 2025 y 2027.
La contradicción es evidente: la reconstrucción y modernización del sistema eléctrico se financia con dinero público, pero una empresa privada administra esos recursos y recibe pagos por hacerlo. La infraestructura sigue siendo pública, los fondos provienen de distintas fuentes gubernamentales y el pueblo continúa cargando con las consecuencias de un servicio deficiente.
El negocio adquiere otra dimensión cuando examinamos el control del combustible. GeneraPR administra los contratos de combustible de la AEE, mientras su empresa matriz, New Fortress Energy, es la que suple casi la totalidad del combustible utilizado por la corporación pública. En la práctica, la operadora administra compras en las que su propia casa matriz participa como suplidora. Estamos ante una estructura de intereses económicos que concentra un enorme poder sobre el funcionamiento del sistema energético. Y, aun con ese control y los recursos disponibles, las proyecciones de averías se extienden hasta 2030.
Lo que estamos viendo no es una contradicción accidental ni una simple falla administrativa. Es la expresión de una lógica económica en la que las empresas capitalistas buscan ampliar sus ganancias mediante el control de recursos indispensables para la sociedad. GeneraPR no está fuera de esa lógica: está operando dentro de ella. Su cálculo económico funciona perfectamente desde la perspectiva de la reproducción y acumulación del capital, aunque los resultados estén lejos de satisfacer las necesidades de la población.
La mayoría del pueblo puertorriqueño quiere un sistema eléctrico que funcione, independientemente de que su operación sea pública o privada. Se exige un servicio estable, accesible y de calidad. Pero para comprender por qué seguimos enfrentando este problema hay que mirar más allá del nombre de la compañía que administra las plantas.
La producción energética tiene una importancia estratégica para el funcionamiento de la economía. Es indispensable para la producción de mercancías, el funcionamiento de las empresas y la reproducción de la vida social. Precisamente por ese valor económico, los grandes capitales buscan controlar sus fuentes de producción, distribución y suministro. En Puerto Rico podemos sustituir una empresa privada por otra, pero mientras permanezca intacta la lógica de apropiación privada de las riquezas, seguirá existiendo la presión para obtener las mayores ganancias con el menor costo posible.
Esto también explica por qué el problema no se limita a las empresas que administran directamente el sistema. Los combustibles fósiles, las tecnologías de almacenamiento mediante baterías, los componentes industriales y buena parte de los insumos necesarios para desarrollar fuentes renovables continúan vinculados a cadenas de producción y monopolios privados. La dependencia del capital atraviesa el sector energético a escala internacional.
Desde esa perspectiva, restablecer la corporación pública constituye una posición política inmediata y progresiva frente a la privatización. Cancelar los contratos de LUMA Energy y GeneraPR y recuperar la operación pública del sistema son pasos necesarios para romper con el modelo actual. Sin embargo, hacerlo bajo la dirección de los mismos sectores políticos que entregaron la AEE a los intereses privados podría reproducir las contradicciones que nos trajeron hasta aquí.
Sin una fuerza política organizada de la clase trabajadora, la recuperación de la corporación pública podría quedar nuevamente subordinada a los representantes del bipartidismo colonial y a los intereses del capital. El problema no se resuelve únicamente cambiando la titularidad de la administración. También hay que discutir quién toma las decisiones, quién controla los medios de producción y en función de qué intereses se organiza el servicio energético.
Por eso debemos comenzar a evaluar la posibilidad de reinstalar una corporación pública bajo la administración democrática de la clase trabajadora.
¿Qué significa hablar de administración obrera?
Significa discutir una nueva relación de fuerza política en la que los trabajadores y las trabajadoras dejen de estar subordinados a representantes elegidos cada cuatro años, cuya actuación responde históricamente a los intereses de las minorías burguesas. Significa reconocernos como la clase que produce las riquezas mediante nuestro trabajo y que, por tanto, tiene intereses comunes en decidir cómo se organizan los recursos indispensables para nuestra existencia.
Una corporación pública bajo dirección de la clase trabajadora y las comunidades obreras podría comenzar a construirse mediante un diálogo político honesto entre quienes dependen diariamente de la energía eléctrica y quienes conocen directamente el funcionamiento del sistema. La energía debe discutirse desde la importancia que tiene para la vida humana, la producción y el bienestar colectivo.
Ese diálogo debe incluir la posibilidad de generar masivamente empleos dignos en la producción, distribución y mantenimiento energético, con trabajadores y trabajadoras capacitados para ofrecer un servicio de excelencia al pueblo. También debe contemplar vínculos de formación entre las escuelas vocacionales, las instituciones educativas privadas y los centros de capacitación técnica, de manera que jóvenes y otras personas puedan completar sus estudios, desarrollar sus capacidades y acceder a empleos dignos dentro de la corporación pública y las actividades económicas que esta genere.
Las comunidades también deben tener una participación directa en la administración. Esto implica desarrollar mecanismos democráticos para identificar las necesidades energéticas de cada zona, establecer inventarios de recursos y planificar una transición escalonada desde la dependencia de combustibles fósiles hacia fuentes renovables. La participación comunitaria sería fundamental para garantizar la transparencia, la fiscalización y el control democrático de una corporación pública recuperada de los intereses privados.
Esta discusión tampoco puede limitarse a las fronteras de Puerto Rico. La dependencia energética es un problema regional y caribeño. Una corporación pública administrada por trabajadores y trabajadoras podría impulsar vínculos de unidad obrera con los trabajadores del sector energético de México, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica y Panamá, entre otros países. La cooperación entre los pueblos y sus trabajadores energéticos permitiría discutir necesidades compartidas, experiencias de administración y alternativas frente al dominio de los grandes monopolios.
Esta propuesta va mucho más allá de la figura del representante del consumidor que ya existe y de la participación limitada que se atribuye al pueblo dentro de la Junta de Gobierno. Se trata de construir una fuerza política organizada capaz de ejercer dirección y fiscalización sobre el sistema energético.
Para comenzar, esa administración podría organizarse mediante comités de trabajadores energéticos en los distintos centros laborales. Celadores, ingenieros, contables del sector energético, técnicos de distribución y servicios, podadores y demás trabajadores que formaron parte de la AEE, junto con los trabajadores de GeneraPR y LUMA Energy, tendrían que formar parte de ese proceso.
Estos comités podrían elegir democráticamente a sus representantes entre los propios trabajadores, establecer programas de trabajo y someter sus decisiones a la fiscalización permanente de las masas trabajadoras y las comunidades. Su responsabilidad sería garantizar que los acuerdos políticos y administrativos respondan a las necesidades colectivas de la clase obrera y no a los intereses particulares de quienes controlan el capital.
No tenemos que esperar a que exista una nueva crisis para comenzar esta organización. Los trabajadores y trabajadoras del sector energético ya coinciden en manifestaciones y movilizaciones contra LUMA y GeneraPR. Esas experiencias de lucha pueden convertirse en un punto de partida para construir organismos políticos permanentes de la clase obrera. La consigna de luchar en la calle debe avanzar hacia una dirección concreta: la organización independiente de los trabajadores y su capacidad de intervenir directamente en las decisiones que afectan al país.
No podemos aceptar que las averías se prolonguen hasta 2030 mientras GeneraPR continúa administrando fondos públicos y cobrando por una operación que no ha conseguido garantizar la estabilidad prometida. Tampoco podemos conformarnos con un plan de recuperación que mantenga intactas las relaciones de poder que sostienen este negocio.
Los miles de millones destinados al sistema energético pueden estar al servicio de las necesidades del pueblo y bajo control democrático de quienes producen sus riquezas. Para conseguirlo, hace falta romper con la subordinación política al bipartidismo colonial y construir una fuerza organizada de la clase trabajadora capaz de disputar la dirección de la producción energética.
La recuperación de la energía eléctrica tiene que comenzar por recuperar nuestra capacidad colectiva de decidir sobre ella. Esa discusión no puede seguir aplazándose.
