Apagones para el pueblo, millones para el capital: lo que revela el caso Power Expectations
Por Bianca Morales
Puerto Rico vuelve a quedarse a oscuras mientras las familias trabajadoras pagan cada vez más para sobrevivir a una crisis eléctrica que no provocaron. Mientras Genera PR no garantiza una generación estable y LUMA Energy continúa enfrentando cuestionamientos por la distribución del servicio, miles de familias tienen que recurrir a plantas eléctricas, placas solares, baterías y otros equipos para mantener funcionando sus hogares. En medio de esta crisis apareció un contrato de generación temporera que podía alcanzar los $5,887 millones durante diez años. El acuerdo contemplaba inicialmente 400 megavatios de generación temporera en Aguirre.
El caso de Power Expectations ha provocado investigaciones federales y estatales, referidos al Departamento de Justicia, vistas legislativas y cuestionamientos sobre el proceso de contratación. Josué Colón Ortiz, conocido como el zar de Energía, también fue entrevistado por las autoridades federales en relación con las pesquisas. Pero reducir el caso a una investigación criminal sería insuficiente.
La pregunta fundamental no es solamente quién pudo haber cometido un delito o quién debe responder por una irregularidad administrativa. La pregunta es cómo un sistema que mantiene a la población enfrentando apagones puede, al mismo tiempo, generar contratos multimillonarios capaces de movilizar capital privado y producir expectativas de ganancias. Power Expectations permite observar una contradicción mucho más profunda: mientras la clase trabajadora carga con las consecuencias de la crisis energética, el sistema de privatización convierte la necesidad de electricidad en una oportunidad de negocios.
La controversia alrededor de Power Expectations también revela una contradicción entre el discurso de los administradores del gobierno y la realidad de las estructuras que ellos mismos han construido. La gobernadora Jenniffer González ha cuestionado públicamente a LUMA Energy y ha señalado responsabilidades de otros actores del sistema eléctrico. Al mismo tiempo, el debate público se ha concentrado en determinar quién sabía qué, quién recibió determinados mensajes y quién actuó o dejó de actuar ante las alegaciones relacionadas con el contrato.
El problema no comenzó con Power Expectations. La privatización de la infraestructura eléctrica creó las condiciones para que diferentes empresas privadas, contratistas, inversionistas y organismos gubernamentales participaran en la administración de un servicio indispensable. La crisis se fragmenta entre múltiples instituciones. Cada organismo posee determinadas responsabilidades y competencias, pero para la población trabajadora el resultado es mucho más sencillo: la electricidad sigue fallando y el costo de la crisis continúa llegando a sus bolsillos.
La Junta de Supervisión Fiscal constituye un ejemplo de esta contradicción. En mayo de 2026 aprobó inicialmente el contrato de Power Expectations bajo determinadas condiciones. Posteriormente, el contrato recibió aprobación final con las revisiones requeridas. Sin embargo, cuando surgieron alegaciones sobre irregularidades y falsas representaciones relacionadas con el proceso de contratación, la propia Junta terminó retirando su aval y la AEE canceló el contrato.
Esta secuencia demuestra que no estamos frente a una simple falla administrativa aislada. Estamos frente a un sistema en el que diferentes organismos intervienen en distintos momentos de una operación multimillonaria, mientras las responsabilidades se distribuyen entre múltiples oficinas. La burocracia técnica puede dividir funciones, pero también puede dificultar que la población identifique con claridad quién toma las decisiones y quién responde por sus consecuencias.
La privatización ha creado las condiciones para que los recursos destinados a resolver una necesidad social puedan transformarse en oportunidades de inversión. El contrato con Power Expectations no constituye únicamente un acuerdo para comprar electricidad. Es también una promesa de ingresos futuros respaldada por un contrato gubernamental. Esa diferencia resulta fundamental para comprender lo que está detrás del negocio.
El contrato contemplaba la instalación, operación y mantenimiento de generación temporera en Aguirre. Pero los documentos de la Junta habían señalado preocupaciones sobre la capacidad financiera y la experiencia de Power Expectations para ejecutar un proyecto de esa magnitud. Ahí aparece una pregunta que va mucho más allá del escándalo político: ¿cómo una empresa relativamente pequeña podía convertirse en protagonista de un proyecto cuyo valor contractual alcanzaba miles de millones de dólares?
La respuesta nos conduce directamente al funcionamiento del capital financiero. Una empresa no necesita poseer por sí misma todo el capital necesario para desarrollar un proyecto si puede presentar ante inversionistas y prestamistas una expectativa de ingresos respaldada por un contrato público. El contrato modifica las condiciones económicas de la empresa porque convierte una promesa de pagos futuros del Estado en un elemento que puede utilizarse para atraer financiamiento.
En otras palabras, el valor de la operación no depende únicamente de lo que Power Expectations posee actualmente. Depende también de lo que el contrato promete generar en el futuro. Una empresa puede acudir entonces a instituciones financieras y presentar una operación respaldada por ingresos contractuales. El argumento es sencillo: existe un comprador público, existe un contrato de largo plazo y existen pagos futuros que pueden utilizarse para sostener la inversión.
Aquí adquiere importancia la presencia de grandes actores financieros asociados al proyecto. Los documentos de evaluación de la Junta examinaron la estructura financiera y la participación de inversionistas externos, mientras que el proceso involucró nombres como Apollo y BlackRock. La propia Junta había señalado que la información financiera era necesaria para evaluar la viabilidad de la estructura de financiamiento del contrato.
La lógica es fundamental para comprender el negocio. Una empresa pequeña puede intentar movilizar grandes cantidades de capital cuando posee un contrato público que promete ingresos durante años. El contrato se convierte así en algo más que un acuerdo de suministro eléctrico: puede funcionar como respaldo económico para obtener financiamiento. Los inversionistas aportan capital esperando una rentabilidad futura, la empresa desarrolla el proyecto y el Estado se compromete a pagar por la energía bajo las condiciones acordadas.
De esta manera, parte del riesgo que normalmente tendría una empresa privada puede desplazarse hacia una estructura sostenida por recursos públicos. El dinero utilizado para pagar el servicio eléctrico proviene, directa o indirectamente, de una combinación de recursos gubernamentales y de las tarifas que pagan los consumidores. El negocio privado puede entonces construirse alrededor de una necesidad que la población no puede dejar de satisfacer.
Esta es una de las contradicciones fundamentales del capitalismo aplicado a los servicios esenciales: la población necesita electricidad para vivir, pero esa misma necesidad se convierte en una fuente de rentabilidad para empresas e instituciones financieras. La electricidad deja de organizarse exclusivamente alrededor de las necesidades sociales y pasa a organizarse también alrededor de contratos, inversiones, financiamiento, deuda y ganancias.
La Junta de Supervisión Fiscal debe observarse dentro de esa estructura. Presentada como un organismo encargado de garantizar la disciplina fiscal de Puerto Rico, su participación en contratos de infraestructura también demuestra el enorme peso que tienen las decisiones financieras sobre la organización de los servicios públicos. La Junta revisa contratos, cuestiona estructuras financieras y exige condiciones económicas, pero el marco general de privatización permanece intacto.
Por eso el problema no puede resolverse simplemente sustituyendo un funcionario por otro o cambiando el nombre de una empresa contratista. Tampoco basta con descubrir si una persona mintió, falsificó documentos o intervino indebidamente en un proceso. Si existieron delitos, corresponde a las instituciones competentes investigarlos y determinar responsabilidades. Pero incluso una investigación criminal completa dejaría intacta una pregunta económica mucho más amplia: ¿por qué la generación eléctrica, una necesidad fundamental de toda la población, está organizada como un espacio para la acumulación privada de capital?
La pelea política alrededor del contrato ayuda a ocultar esta contradicción. Jenniffer González contra LUMA. Thomas Rivera Schatz contra la Junta. Funcionarios contra otros funcionarios. Partidos y facciones que se acusan mutuamente mientras intentan presentarse como los verdaderos defensores del pueblo. Los protagonistas cambian, pero el modelo económico permanece.
La misma lógica obliga a observar críticamente a figuras que aparecen como fiscalizadores independientes o como posibles alternativas frente al aparato político tradicional. Ninguna persona individual puede sustituir la organización colectiva de quienes producen y sostienen la sociedad. El problema no consiste simplemente en encontrar al funcionario correcto que administre mejor el mismo sistema. Consiste en preguntarnos quién debe tener el poder para decidir cómo se producen y distribuyen los recursos esenciales.
La clase trabajadora no puede depositar su futuro en ninguna de las facciones que disputan el control del aparato político. Tampoco puede asumir que una investigación criminal, una elección o el reemplazo de determinados funcionarios resolverán por sí mismos una crisis que tiene raíces económicas mucho más profundas.
La alternativa comienza con la organización de quienes sostienen el sistema eléctrico y de las comunidades que sufren directamente sus consecuencias. Los trabajadores y trabajadoras de la generación, distribución, mantenimiento, construcción y reparación de infraestructura energética poseen un conocimiento que ningún burócrata puede sustituir. Su experiencia debe convertirse en una fuerza organizada capaz de discutir cómo debe funcionar el sistema eléctrico y para quién debe producirse la energía.
Esa organización puede comenzar en los propios centros de trabajo mediante comités de trabajadores y trabajadoras, vinculando al personal del sector energético público y privado con las comunidades afectadas por los apagones y el deterioro de la infraestructura. La educación política, la solidaridad entre trabajadores, la denuncia de contratos perjudiciales y la movilización colectiva pueden convertirse en herramientas para enfrentar las consecuencias inmediatas de la crisis mientras se construye una fuerza capaz de disputar el control sobre las decisiones económicas.
Las demandas inmediatas deben estar vinculadas a esa organización: transparencia completa en los contratos energéticos, acceso público a la información financiera, fiscalización efectiva de las empresas privadas, protección de los consumidores afectados por el deterioro del servicio y una infraestructura energética orientada a las necesidades sociales. Pero estas demandas no deben convertirse en un sustituto de la transformación estructural. Deben servir para organizar a quienes enfrentan diariamente las consecuencias del sistema.
La experiencia de Power Expectations demuestra precisamente por qué esa organización es necesaria. Una disputa sobre un contrato puede comenzar con un mensaje de texto y terminar revelando una red mucho más amplia de empresas, instituciones públicas, inversionistas y organismos financieros. La clase trabajadora necesita desarrollar su propia capacidad para investigar, comprender y enfrentar esas estructuras.
El caso Power Expectations no es solamente una historia sobre un contrato de $5,887 millones, un mensaje enviado antes de una firma o una investigación del FBI. Es una ventana hacia un sistema en el que una necesidad básica de la población puede convertirse en una oportunidad de acumulación privada. Mientras las familias pagan para protegerse de los apagones, distintos sectores económicos disputan contratos, financiamiento y posiciones dentro del negocio energético.
Por eso la pregunta fundamental no debe ser únicamente quién firmó, quién mintió o quién cometió un delito. Esas preguntas deben investigarse y responderse. Pero la clase trabajadora tiene que formular una pregunta todavía más profunda: ¿quién controla la energía y quién se apropia de la riqueza que produce?
La respuesta no puede limitarse a cambiar administradores dentro del mismo modelo. Necesitamos construir el poder colectivo de quienes trabajan, producen y sostienen la sociedad para disputar democráticamente el control de los recursos esenciales y organizar la producción energética de acuerdo con las necesidades de la población, no con las expectativas de ganancias del capital.
¡Que la energía sirva al pueblo, no al capital!
