En Puerto Rico, la violencia contra la niñez no se limita a los asesinatos en las calles. También se manifiesta en la pobreza, el hambre, el cierre de escuelas, la destrucción de la educación pública y la falta de oportunidades para la juventud. Mientras miles de niños y niñas crecen en condiciones de precariedad, el gobierno colonial y la Junta de Control Fiscal continúan imponiendo austeridad y recortes en favor de los intereses de Wall Street, profundizando una crisis social que expulsa a la juventud de sus comunidades y les niega un futuro digno.

El primero de mayo no es una simple conmemoración, sino una herramienta política para la organización de la clase trabajadora en un contexto donde el capitalismo profundiza sus contradicciones y ya no responde a las necesidades de las mayorías. Frente a un sistema que concentra riqueza, reproduce la explotación y limita las alternativas a reformas dentro de sus propios márgenes, la tarea urgente es construir una organización política independiente que supere el electoralismo y apunte hacia una transformación real basada en la unidad y el poder de la clase obrera.

La crisis de la Universidad de Puerto Rico no es administrativa, es estructural. Tras años de recortes impulsados por gobiernos del PNP y PPD en función del pago a bonistas y bajo la imposición de la Junta de Control Fiscal, la universidad pública enfrenta un deterioro profundo que hoy estalla en paros, huelgas y movilización multisectorial. Mientras se habla de “sostenibilidad”, lo que avanza es un modelo que subordina la educación al mercado. Frente a esto, la lucha estudiantil y obrera plantea una disyuntiva clara: o se administra la crisis, o se organiza el poder desde abajo para transformar la universidad y el país.

El narcotráfico no es un fenómeno aislado ni una simple falla moral del sistema: es una expresión directa de la lógica capitalista que convierte territorios, cuerpos y vidas en mercancía. Desde el Caribe hasta Estados Unidos, miles de millones de dólares circulan a través de rutas ilegales que luego se integran al mismo sistema financiero “formal”, mientras la juventud obrera queda atrapada entre la economía del punto de droga y el complejo carcelario. Este artículo examina cómo el capitalismo no solo convive con el narcotráfico, sino que lo reproduce estructuralmente, y plantea la necesidad de una respuesta organizada desde la clase trabajadora.

Mientras más de 1.2 millones de puertorriqueños enfrentan hambre por la suspensión de los fondos del PAN, la gobernadora Jennifer González viaja por el mundo con lujos pagados, dejando la crisis energética y de agua en manos de corporaciones privadas como LUMA y Genera PR. Apagones, tarifas altas y tuberías remendadas son la realidad de la clase trabajadora, mientras quienes gobiernan protegen los intereses del capital.

Millones de familias en EE. UU. y Puerto Rico pasan hambre por los recortes al SNAP y al PAN, mientras Trump vive en lujo, construye un salón de baile de 300 millones y protege los intereses de los billonarios. Su “edad dorada” es para los capitalistas, no para la clase trabajadora.

El enfrentamiento entre Ricardo Santos, líder obrero de la UTIER, y los analistas del programa Jugando Pelota Dura expuso el profundo sesgo de los medios comerciales en Puerto Rico. Bajo la apariencia de debate, el programa sirvió de plataforma para atacar las voces obreras y proteger los intereses de las empresas privatizadoras. Mientras Santos denunciaba la corrupción y el saqueo del sistema energético por parte del bipartidismo y Wall Street, la producción respondió con cinismo y desdén, dejando claro que el verdadero “guion” de Jugando Pelota Dura es el de la burguesía colonial, no el del pueblo trabajador.

En su participación en Jugando Pelota Dura, Ricardo Santos, líder sindical de la UTIER, confrontó a Ferdinand Pérez y desmanteló el discurso que culpa a los trabajadores por el colapso energético del país. Santos expuso cómo LUMA y las políticas privatizadoras del gobierno son las verdaderas responsables del desastre. 

La presencia naval de Estados Unidos en el Caribe, usando a Puerto Rico como plataforma militar, confirma el carácter colonial de la isla y el papel del imperio en la represión regional bajo la excusa del “combate al narcotráfico”.

En Puerto Rico, el turismo no es progreso, es negocio para el gran capital. Proyectos como “Esencia” y la Ley 60 blindan un modelo que entrega recursos y tierras a inversionistas, mientras los trabajadores reciben empleos precarios y la pobreza se profundiza. El “patriotismo” turístico es solo una fachada para vender el país al mejor postor.

El arte tomó la calle en Puerto Rico, no como espectáculo, sino como trinchera de lucha. Artistas y trabajadores del sector cultural se unieron para denunciar el colapso del sistema eléctrico bajo LUMA y Genera, evidenciando que la privatización no es modernización, sino una condena a la precariedad y la muerte. Esta manifestación es más que protesta: es una exigencia de control obrero sobre la energía, de organización política desde abajo y de justicia para la clase trabajadora.

La Ley 60 no es solo un mecanismo colonial, es una herramienta del capitalismo global para despojar a la clase trabajadora puertorriqueña. Mientras los inversionistas extranjeros gozan de exenciones contributivas y acumulan propiedades, miles de familias son desplazadas, empobrecidas y obligadas a emigrar. Derogar esta ley no basta: necesitamos organización política obrera para enfrentar un sistema que nos explota, nos expulsa y nos condena a administrar nuestra propia miseria.