El agua no se va sola: décadas de abandono y negocios privados

Por Isabelino Montes

Las averías constantes continúan dejando sin servicio de agua a gran parte de la zona metropolitana de Puerto Rico. La situación resulta desesperante para la población en plena temporada de verano, cuando las temperaturas alcanzan los 100 grados. Los problemas se concentran en el llamado "supertubo" o superacueducto, una infraestructura que lleva años evidenciando fallas asociadas a la falta de mantenimiento.

Aunque la gobernadora Jennifer González insiste en que la situación está bajo control y hasta protagonizó un espectáculo mediático presentándose en la zona afectada con vestimenta de ingeniera, ampliamente difundido por las redes oficiales del gobierno colonial, el pueblo desconfía. La población sabe que esta crisis forma parte del deterioro generalizado de los servicios esenciales que durante décadas han sido abandonados por el bipartidismo.

Las experiencias acumuladas demuestran que situaciones como esta no son simplemente una cuestión técnica. Forman parte de un deterioro colonial que refleja la profundización de la crisis en Puerto Rico. El superacueducto es apenas la manifestación más reciente de una descomposición más amplia. Los problemas en el servicio de agua se extienden por toda la isla, mientras los intentos de colocar la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en manos privadas continúan apareciendo como una alternativa promovida por sectores que ven en ella uno de los pocos activos públicos capaces de generar rentabilidad inmediata para el capital.

Mientras tanto, el país presencia otro espectáculo político. El alcalde Miguel Romero intenta posicionarse como líder dentro del PNP reclamando acciones al gobierno central; la gobernadora minimiza la situación reduciéndola a una falla técnica bajo control; y el Partido Popular Democrático moviliza a sus comisarios de barrio para encabezar protestas y proyectarse como supuesto defensor de la clase trabajadora y de los sectores más empobrecidos. Ese es precisamente el panorama que la clase trabajadora consciente debe aspirar a superar.

La realidad de Puerto Rico como archipiélago caribeño exige la garantía de un sistema de agua capaz no solamente de responder a averías, sino de asegurar un servicio esencial con el menor nivel posible de interrupciones. Sin embargo, la administración colonial es incapaz de concebir una planificación de esa naturaleza, del mismo modo que fue incapaz de hacerlo con la Autoridad de Energía Eléctrica.

Su crisis es política, pero también ideológica. Incapaces de formular proyectos de desarrollo avanzados para el país, los administradores coloniales se han limitado a favorecer a determinados sectores capitalistas locales con las migajas que llegan desde Estados Unidos. En la conexión entre el capital financiero estadounidense y la burguesía colonial que concentra sus representantes en ambos partidos tradicionales, la AAA ha permanecido permanentemente asediada por intereses privados que buscan contratos tras contratos en reparaciones, mantenimiento y áreas técnicas, preparando el terreno para una eventual privatización.

La privatización ya fracasó: la historia que quieren que olvidemos

No sería la primera vez.

La AAA ya fue privatizada durante dos periodos consecutivos entre 1995 y 2004. En ambos intentos el gobierno entregó la gestión de la corporación pública a consorcios privados, pero los contratos fracasaron debido a deficiencias operacionales, disputas financieras y multas ambientales.

Las intenciones privatizadoras nunca desaparecieron. Frente a una crisis capitalista que exige nuevas áreas de inversión capaces de producir ganancias rápidas y mantener activo el aparato financiero estadounidense, no debería sorprender que la mirada vuelva a dirigirse hacia los servicios esenciales.

Y si todavía alguien necesita ejemplos de las consecuencias de la privatización, además de observar el desastre eléctrico bajo LUMA Energy y Genera PR, basta con revisar la propia historia de la AAA.

Bajo la administración de Pedro Rosselló se otorgó un contrato de privatización total a la Compañía de Aguas, subsidiaria de la multinacional francesa Vivendi/Professional Services Group. El resultado fue una acumulación de querellas por mal servicio, mantenimiento deficiente de plantas de filtración, multas millonarias impuestas por agencias ambientales federales y un severo déficit fiscal que obligó al gobierno a cancelar el contrato.

Y si alguien pretende argumentar que aquel fracaso fue exclusivo de un partido, basta observar lo ocurrido bajo la administración de Sila María Calderón. Su gobierno impulsó un segundo modelo privatizador mediante la empresa Ondeo, subsidiaria de la multinacional francesa Suez, mediante un contrato de más de 4 mil millones de dólares por diez años. Sin embargo, la empresa abandonó el acuerdo apenas dieciocho meses después de iniciado, exigiendo cientos de millones de dólares adicionales para cubrir costos operacionales imprevistos y las fallas crónicas de la infraestructura. ¿Suena familiar?

Las evidencias históricas y recientes sobran. La gobernadora seguramente reclamará el crédito político cuando finalmente se repare la avería actual, pero la clase trabajadora tiene la responsabilidad de mirar más allá del evento inmediato. Debemos desconfiar de quienes administran la colonia y comenzar a construir una fuerza política capaz de enfrentar las raíces del problema.

El agua no debe ser una fuente de enriquecimiento privado ni un negocio sostenido mediante subcontrataciones interminables. Debe ser un servicio público eficiente orientado a satisfacer una necesidad fundamental de la población. Mientras los servicios esenciales permanezcan subordinados a la obtención de ganancias privadas, el problema jamás será exclusivamente técnico.

El propio superacueducto es un ejemplo de ello. Su construcción priorizó las ganancias inmediatas y la imagen de modernización por encima de los costos de mantenimiento a largo plazo. La megatubería fue construida hace aproximadamente veinticinco años mediante un consorcio integrado por el gobierno, la empresa británica Thames Water y Puerto Rico Water Company, con una inversión superior a los 585 millones de dólares. Su objetivo era transportar agua desde Arecibo hacia la zona metropolitana y municipios del este.

Desde sus inicios, el proyecto enfrentó problemas operacionales. Surgió como respuesta a la severa sequía de 1994-1995, cuando el gobierno de Pedro Rosselló lo presentó como una solución permanente. Sin embargo, las averías han acompañado al sistema durante toda su existencia. En octubre de 2025 una rotura afectó a quince municipios, antecedente directo de la crisis que vive actualmente el país.

La clase trabajadora sabe que el problema no es meramente técnico. Tampoco existe claridad sobre el destino de los fondos destinados a mejorar la infraestructura hídrica y fortalecer la capacidad operacional de la AAA. Durante años se anunciaron asignaciones federales, reestructuraciones financieras y nuevas fuentes de financiamiento. Sin embargo, los resultados concretos han sido limitados.

Obstáculos burocráticos, problemas administrativos, dificultades para acceder a fondos y lentitud en la ejecución de proyectos han sido constantes. Incluso durante 2025 y 2026 continuaban anunciándose nuevas asignaciones para modernizar el sistema mientras la crisis persistía.

Lo que se evidencia es el abandono sistemático de la infraestructura pública. Los administradores coloniales han utilizado las corporaciones públicas como mecanismos para favorecer intereses privados y abrir espacios a financiamientos vinculados a Wall Street. Mientras el capital financiero obtiene beneficios mediante la deuda y la inversión especulativa, el bipartidismo se alimenta de una cadena interminable de subcontrataciones que benefician a sus círculos empresariales.

Luego atribuyen el desastre a las catástrofes naturales, cuando la realidad muestra décadas de desinversión acumulada. El sistema de servicio de agua llegó debilitado al huracán María. Después dependió de fondos federales que no siempre se transformaron en obras concretas debido a problemas de administración, planificación y capacidad de ejecución.

Mientras el gobierno entretiene al país con discusiones sobre quién administra mejor los fondos federales, son las comunidades obreras quienes enfrentan las consecuencias. La situación se agrava cuando los partidos utilizan el malestar popular para reposicionarse electoralmente. Tanto Romero como el PPD intentan capitalizar la indignación legítima de la población para fortalecer sus aspiraciones políticas.

Sin embargo, la clase trabajadora no puede aislarse de las luchas obreras porque determinados partidos intenten aprovecharlas.

La crisis del agua exige organización de la clase trabajadora

El reclamo es legítimo. La necesidad es real. El problema radica en permitir que ese vacío político continúe siendo ocupado por quienes buscan administrar la colonia y gestionar los intereses capitalistas desde las cómodas butacas del Capitolio.

El rechazo debe dirigirse hacia esos partidos y sus proyectos agotados, no hacia la organización política en sí misma. Por el contrario, la crisis del agua vuelve a demostrar la necesidad urgente de construir una organización política propia de la clase trabajadora.

Nosotros y nosotras tenemos la necesidad de transformar la democracia capitalista desde nuestra propia realidad inmediata como trabajadores y trabajadoras. Debemos construir organización política en los centros de trabajo, en los barrios y en las comunidades donde vivimos quienes producimos la riqueza de este país. Esa tarea no puede seguir esperando por salvadores individuales, ni por figuras como Eliezer Molina, ni por alianzas electorales, ni mucho menos por los partidos tradicionales responsables de la crisis.

La construcción inmediata de comités de trabajadores y comités de barrio puede comenzar hoy mismo aprovechando los reclamos genuinos que ya se expresan en las calles. No para mendigar migajas ni alimentar el paternalismo político, sino para desarrollar nuestro propio programa político y nuestras propias formas democráticas de decisión.

Tenemos ese derecho no solamente porque somos la mayoría de la sociedad, sino porque somos quienes producimos la riqueza mediante nuestro trabajo. Sin embargo, bajo el capitalismo somos también quienes cargamos con el mayor peso de las crisis que genera un sistema orientado al enriquecimiento de una minoría.

Por eso, cuando hablamos de la crisis del agua en Puerto Rico, no hablamos solamente de una avería. Hablamos de décadas de abandono, privatización encubierta, desinversión, oportunismo político y subordinación de los servicios esenciales a los intereses del capital. El problema del agua no es únicamente técnico. Es profundamente político.