Impactante el peso de los aranceles en Puerto Rico
Por Isabelino Montes
Los datos revelados semanas atrás por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico dejan con la boca abierta a cualquiera. La carga arancelaria sobre las importaciones en Puerto Rico durante 2025 alcanzó los $919.7 millones, un aumento de 288.66% en comparación con 2024, cuando se cobraron $236.6 millones.
La cifra resulta impactante por sí sola, pero adquiere una dimensión aún mayor cuando se analiza dentro del contexto histórico de la crisis del capital y de la condición colonial de Puerto Rico. La realidad es que la isla ha servido durante más de un siglo como instrumento para proteger los intereses económicos de Estados Unidos, y es precisamente ahí donde se encuentra una de las expresiones más absurdas de la subordinación colonial.
La dependencia económica de Puerto Rico no surgió de la nada. Forma parte de una trayectoria histórica que convirtió a la isla en consumidora de las mercancías que produce Estados Unidos y de aquellas que el imperio decide permitir que lleguen a nuestro mercado. Sin embargo, mientras abundan las consignas patrióticas y culturales, pocas veces se aborda con la seriedad necesaria esta dependencia económica que constituye uno de los pilares de la crisis que enfrenta el país.
Durante las pasadas elecciones, sectores independentistas celebraron consignas como “Puerto Rico está bien cabrón”, pero dejaron en un segundo plano la discusión sobre la dependencia económica y comercial de la isla. Optaron por alinearse políticamente con figuras como Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez, representantes del Partido Demócrata que, aunque desde una dirección distinta a los republicanos, continúan formando parte del entramado político que sostiene la dominación imperialista sobre Puerto Rico.
Para la clase trabajadora, estos asuntos no pueden seguir siendo pospuestos por intereses electorales. Son temas fundamentales que merecen discusión inmediata y profunda. Somos perfectamente capaces de analizarlos, comprenderlos y planificar alternativas para un futuro distinto.
Precisamente, los aranceles fueron uno de los puntos de partida de la imposición colonial estadounidense sobre Puerto Rico. Tras la invasión militar de 1898 se desarrollaron extensos debates en el Congreso de Estados Unidos sobre el futuro económico de la isla. Aquellas discusiones no fueron secundarias. Definieron las bases de la relación colonial que continúa vigente hasta hoy.
Los economistas en Puerto Rico advierten sobre la gravedad del actual aumento arancelario, pero el asunto adquiere aún más relevancia cuando se examina su trascendencia histórica. Mientras el general Nelson Miles tomaba posesión militar de Puerto Rico en 1898, en Washington se discutía cómo integrar la isla a los intereses económicos estadounidenses.
En ese contexto surgió la Ley Foraker, piedra angular del colonialismo estadounidense en Puerto Rico. La ley creó un gobierno civil bajo control de Estados Unidos sin otorgar soberanía real al pueblo puertorriqueño. En lugar de reconocer autonomía plena o integrar la isla como estado, estableció una estructura subordinada que consolidó la autoridad de Washington y limitó la participación democrática local.
Pero la Ley Foraker significó mucho más que una reorganización política. Dio inicio a un régimen colonial moderno diseñado para facilitar la expansión capitalista estadounidense. Se estableció una administración civil, pero el poder decisivo permaneció en manos de la metrópoli. Puerto Rico quedó convertido en una posesión dependiente que hoy enfrenta las consecuencias de la crisis del imperialismo estadounidense y de las dificultades de sostenibilidad del sistema capitalista a escala global.
Desde aquellos años, cuando el capitalismo estadounidense se encontraba en pleno ascenso, surgieron diferencias entre republicanos y demócratas sobre la mejor manera de administrar la colonia. Sin embargo, las discrepancias no giraban en torno a la soberanía de Puerto Rico, sino a cuál mecanismo resultaba más efectivo para garantizar la expansión y estabilidad del capitalismo estadounidense.
Los republicanos defendían aranceles elevados para proteger los intereses comerciales de Estados Unidos y mantener a Puerto Rico subordinado a la economía metropolitana. Los demócratas favorecían una política basada en préstamos e inversiones que integrara la isla al circuito capitalista estadounidense mediante la dependencia financiera.
No eran posiciones opuestas. Eran dos estrategias distintas para sostener el mismo dominio colonial. Una mediante el control comercial y otra mediante la subordinación financiera. Ambas respondían a las necesidades del expansionismo capitalista estadounidense.
Por eso Puerto Rico nunca ha estado aislado de las dinámicas generales del capital. Ha sido una pieza integrada a los intereses del capital estadounidense durante más de un siglo.
Hoy, cuando el sector republicano regresa al poder bajo la consigna de “Make America Great Again”, la imposición de nuevos aranceles a nivel internacional demuestra no solo lo fantasioso del discurso de reconstruir una gran potencia industrial, sino también la realidad de que Puerto Rico jamás fue desarrollado como una economía autosostenible, contrario a lo que afirman los defensores del colonialismo.
El aumento de los aranceles forma parte de una crisis más amplia derivada de las contradicciones de la economía capitalista. Mientras gran parte de la producción mundial se concentra en Asia, la circulación financiera continúa dominada por centros como Wall Street. Ese patrón histórico ha permitido enormes acumulaciones de riqueza que se mueven según las necesidades del capital y no según las necesidades de la población.
Las consecuencias son crisis cíclicas, desigualdades crecientes y una dependencia cada vez mayor. Incluso dentro de Estados Unidos estas contradicciones son evidentes.
En Puerto Rico la situación se agrava porque la colonia depende masivamente de las importaciones. Más del 80% de los bienes consumidos o utilizados en la isla provienen del exterior. Por eso cualquier aumento arancelario se traduce rápidamente en precios más altos para las familias trabajadoras.
Los incrementos afectan particularmente bienes relacionados con la construcción y la manufactura, incluyendo hierro, acero, aluminio, maquinaria, plásticos y fertilizantes. El resultado es un encarecimiento de la vivienda, las reparaciones, el transporte y la producción local.
Para la clase trabajadora esto significa rentas más elevadas, viviendas más costosas, alimentos más caros, aumentos en la energía eléctrica, los servicios de agua y otros servicios esenciales. En términos concretos, los aranceles representan una reducción significativa del salario real, aunque políticos y economistas rara vez lo planteen de esa manera.
La carga arancelaria funciona como un impuesto indirecto regresivo que golpea con mayor fuerza a los hogares obreros y de bajos ingresos, precisamente porque destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo de bienes esenciales.
Mientras esto ocurre, la gobernadora Jennifer González continúa suplicando la anexión a Estados Unidos, aun cuando la isla enfrenta una dependencia externa extrema y un costo de vida cada vez más difícil de sostener. El resultado concreto es menos poder adquisitivo y mayores dificultades para satisfacer necesidades básicas.
Las denuncias contra esta dependencia colonial y la necesidad de impulsar una verdadera autosostenibilidad económica pueden convertirse en consignas políticas dentro de las múltiples manifestaciones que se desarrollan actualmente en Puerto Rico. La lógica de subordinación colonial siempre chocará con la necesidad de una planificación económica basada en los intereses de quienes producen la riqueza.
Puerto Rico sufre una doble dependencia. No solo depende de las importaciones, sino que además posee una estructura económica mucho menos diversificada que la estadounidense.
Mientras tanto, distintos sectores empresariales locales buscan vincularse al capital transnacional para convertir la isla en el llamado “Dubái del Caribe”.
Esa visión contrasta con la necesidad de una planificación económica orientada a satisfacer las necesidades de la clase trabajadora.
La discusión sobre una transformación económica profunda ya no puede seguir posponiéndose. Hoy dependemos de mercancías producidas en China y otras regiones de Oriente. ¿Cuál es el miedo a discutir relaciones comerciales directas con esos países si esa dependencia ya existe? La diferencia es que actualmente está subordinada a los intereses del capital estadounidense.
Sin embargo, la discusión fundamental no debe centrarse en sustituir una dependencia capitalista por otra. No se trata de depender de Washington o de Pekín. Se trata de organizar la producción y el intercambio económico en función de los intereses de la clase trabajadora.
Las importaciones y exportaciones dentro del capitalismo se sostienen precisamente sobre relaciones de dependencia. Por eso resulta más democrático que las decisiones sobre el intercambio de mercancías sean tomadas por quienes producen la riqueza mediante su trabajo y no por quienes viven de apropiarse de ella.
De ahí la necesidad de impulsar una producción basada en las necesidades de nuestra clase. A medida que se fortalezca una economía orientada a satisfacer esas necesidades, disminuirá la dependencia de importar bienes esenciales y los aranceles perderán importancia como mecanismo para transferir riqueza hacia sectores capitalistas.
Estas son discusiones que pueden comenzar desde ahora en espacios organizativos como los comités de trabajadores/as. Comités que pueden surgir en centros de trabajo y comunidades para debatir problemas concretos, elaborar propuestas y transformarlas en programas políticos propios de la clase trabajadora.
La creación de estos espacios permitiría no solo intercambiar ideas, sino también ponerlas en práctica y comenzar a construir vínculos con otros sectores obreros del Caribe. Porque resulta imposible hablar seriamente de una producción organizada en beneficio de los trabajadores sin pensar también en una alianza regional entre los/as trabajadores/as del Caribe.
Las islas caribeñas no tienen por qué continuar atrapadas en la competencia y rivalidad capitalista. Pueden avanzar hacia formas de cooperación productiva que permitan planificar la producción y distribución de bienes de acuerdo con las necesidades de la población.
Frente a una realidad donde los aranceles sirven para enriquecer a una minoría que vive del trabajo ajeno, la alternativa consiste en construir una economía orientada a las necesidades de la mayoría trabajadora que, con su esfuerzo cotidiano, sostiene y mueve el mundo.
