Por Nexo Revolucionario Media
Las elecciones de medio término en Estados Unidos se perfilan como un posible tsunami demócrata, según pronostican encuestas y analistas políticos, en medio del creciente rechazo a las políticas económicas de Donald Trump, la guerra contra Irán y la ofensiva de su administración contra la población inmigrante. El descontento con el costo de la vida, las consecuencias de la guerra y la política migratoria amenaza con convertirse en un castigo electoral contra Trump, el Partido Republicano y el movimiento MAGA. Pero derrotar electoralmente a Trump no equivale, por sí solo, a derrotar los intereses económicos que sostienen y condicionan el poder político en Estados Unidos.
Esa es la contradicción central de estas elecciones: millones de trabajadores y trabajadoras pueden utilizar el voto para rechazar a un gobierno que agrava sus condiciones de vida, pero la alternancia entre republicanos y demócratas no elimina el dominio político del capital. Ambos partidos compiten por gobernar dentro de un sistema en el que las grandes fortunas, las corporaciones y las industrias con mayores recursos pueden financiar campañas, presionar a los legisladores e influir en las reglas que protegen sus ganancias. Mientras la mayoría enfrenta el encarecimiento de la vivienda, los alimentos, la electricidad y otros servicios esenciales, una minoría económica dispone de instrumentos para convertir su riqueza en influencia política.
Por eso, el problema no se reduce a determinar qué partido ganará las elecciones de medio término. La cuestión de fondo es quién tiene el poder material para definir las alternativas políticas, orientar las decisiones del Estado y defender sus intereses después de cada jornada electoral. El posible avance demócrata puede expresar un rechazo legítimo a Trump y al proyecto MAGA, pero no garantiza que las necesidades de la clase trabajadora se impongan sobre las prioridades del capital. El espejismo democrático consiste en presentar el voto y la alternancia partidista como si fueran suficientes para distribuir el poder, mientras las condiciones económicas permiten que una minoría siga ejerciendo una influencia desproporcionada sobre la vida política.
Los capitalistas compran poder político
Para comprender quién ejerce realmente el poder en Estados Unidos, basta observar la relación entre las grandes fortunas y el financiamiento electoral. Elon Musk, el hombre más rico del mundo y el primer trillonario, representa la concentración extraordinaria de riqueza que permite a una sola persona ejercer una influencia política que la mayoría de la población trabajadora jamás podrá alcanzar. Su capacidad para financiar organizaciones, respaldar candidatos y promover determinadas agendas demuestra cómo la acumulación privada de riqueza puede convertirse en poder político.
Texas: Musk y el poder del capital en la contienda electoral
El caso de Texas también evidencia esta relación entre riqueza y poder. Ken Paxton, fiscal general republicano, cuenta con el respaldo de Elon Musk, quien ha movilizado millones de dólares a través de organizaciones políticas para fortalecer su posición electoral y defender el control republicano del Senado. Musk aportó $158 millones al Senate Leadership Fund, que canalizó recursos hacia Texas PAC para respaldar a Paxton, y otros $10 millones a Lone Star Liberty PAC. Estas aportaciones muestran cómo una de las mayores fortunas del país puede movilizar recursos extraordinarios para intervenir en una contienda electoral y proteger sus intereses políticos.
La contienda senatorial de Texas añade otra dimensión a esta disputa. James Talarico, candidato demócrata, representa la posibilidad de que su partido conquiste un escaño en un estado que los republicanos han dominado electoralmente durante décadas. Esta posibilidad amenaza la continuidad del control republicano y ha convertido la elección en un terreno de disputa para los grandes intereses económicos. Elon Musk ha movilizado enormes recursos financieros a través de organizaciones políticas republicanas para respaldar a Paxton y combatir la candidatura de Talarico. La inversión busca frenar un posible cambio en el equilibrio político y preservar el poder de las fuerzas que defienden los intereses del capital.
La importancia de esta contienda va más allá de quién ocupe el escaño. Cuando existe la posibilidad de que cambie el control político, las grandes fortunas pueden convertir su riqueza en una maquinaria electoral para defender sus intereses. Mientras millones de trabajadores participan mediante el voto, un multimillonario dispone de recursos para financiar organizaciones, saturar el espacio publicitario e intervenir decisivamente en la competencia. Esta es una expresión concreta de la desigualdad política que produce el capitalismo: el poder de decisión formalmente pertenece al pueblo, pero los recursos para influir en el resultado están concentrados en manos de una minoría.
Estos recursos no son una expresión abstracta de participación ciudadana. Constituyen una demostración de cómo el dinero organizado puede sostener figuras políticas, intervenir en disputas internas y defender intereses económicos concretos. Mientras la mayoría de los trabajadores lucha por cubrir sus necesidades básicas, los sectores más ricos disponen de recursos para convertir sus preferencias políticas en campañas, organizaciones y redes de influencia.
Una competencia electoral profundamente desigual
El problema no se limita a las contribuciones directas a los candidatos. Las campañas electorales estadounidenses movilizan cantidades extraordinarias de dinero mediante anuncios, comités políticos, organizaciones externas y operaciones de comunicación. Las cifras de gasto publicitario electoral reflejan una competencia en la que las fuerzas con mayor respaldo financiero cuentan con una ventaja estructural para difundir sus mensajes, imponer temas en el debate público y moldear la percepción del electorado.
La desigualdad no consiste simplemente en que unos candidatos tengan más recursos que otros. Consiste en que las grandes corporaciones, los multimillonarios y las industrias con intereses económicos definidos pueden invertir para influir en las condiciones mismas de la competencia política. Los trabajadores participan con su voto, mientras los grandes intereses económicos participan con dinero, redes de cabildeo, publicidad y acceso privilegiado a quienes toman las decisiones.
A esto se suma el peso de las industrias emergentes. En 2024, el sector de las criptomonedas destinó más de $245 millones a actividades políticas, según las cifras utilizadas en este análisis. No se trata de una inversión desinteresada en el funcionamiento democrático. Estas contribuciones buscan influir en la regulación de los mercados, las obligaciones de las empresas y las condiciones que determinan la rentabilidad de sus negocios.
Las reglas también protegen el poder del capital
La influencia del dinero no depende únicamente de las contribuciones electorales. También está arraigada en las reglas que organizan las elecciones y delimitan la representación política. La manipulación de los distritos electorales, conocida como gerrymandering, permite trazar fronteras para favorecer a determinados partidos y reducir la capacidad de comunidades enteras de convertir su peso demográfico en representación efectiva.
Estas prácticas pueden diluir la influencia electoral de comunidades afroamericanas y latinas, dividir sectores populares entre distintos distritos y proteger a representantes frente a la competencia política. De esta manera, la desigualdad económica se combina con mecanismos institucionales que limitan la capacidad de las mayorías trabajadoras para transformar sus necesidades en poder político.
Las decisiones judiciales Citizens United v. FEC y SpeechNow.org v. FEC también contribuyeron a ampliar el papel del gasto político independiente y de los comités de acción política conocidos como super PACs. Bajo este marco, las grandes fortunas y corporaciones pueden canalizar enormes cantidades de dinero hacia actividades electorales independientes de las campañas oficiales. La participación política queda así atravesada por una desigualdad material que el propio sistema institucional permite reproducir.
El resultado es una democracia en la que el pueblo conserva el voto, pero el capital dispone de mecanismos para influir de manera desproporcionada en las alternativas políticas, la agenda pública y las decisiones legislativas. No basta con proclamar que cada ciudadano tiene un voto cuando el poder económico puede multiplicar su influencia mediante estructuras que están fuera del alcance de la mayoría.
Criptomonedas, inteligencia artificial y apuestas digitales: nuevas fronteras del poder económico
La influencia del capital sobre la política no se limita a las grandes fortunas que financian candidatos ni a las corporaciones que buscan conservar el control de las instituciones. También se extiende a los sectores emergentes que compiten por abrir mercados, moldear las regulaciones y asegurar condiciones favorables para sus negocios. Las criptomonedas, la inteligencia artificial y las apuestas digitales representan nuevas fronteras de acumulación de capital. Aunque operan en industrias diferentes, comparten una necesidad fundamental: influir en las decisiones del Estado para proteger sus inversiones, ampliar sus operaciones y convertir su poder económico en ventajas políticas.
La industria de las criptomonedas ilustra esta dinámica. Sus empresas y grupos de interés han invertido millones para respaldar candidatos y organizaciones políticas favorables a sus posiciones. Buscan influir en las reglas que gobiernan los activos digitales, limitar obstáculos regulatorios y consolidar un marco legal que permita expandir sus operaciones. La aprobación en 2025 de la ley GENIUS, que estableció un marco federal para las monedas estables de pago, muestra que estas disputas tienen consecuencias concretas: las decisiones políticas contribuyen a determinar cómo operan estos mercados, quién puede beneficiarse de ellos y bajo qué condiciones se acumulan las ganancias.
La misma disputa se desarrolla en la industria de la inteligencia artificial. Empresas como OpenAI, Microsoft, Google, Meta, Amazon y Anthropic compiten por dominar un sector que exige inversiones multimillonarias y que puede transformar la producción, el empleo y la infraestructura. Su interés no se limita al desarrollo tecnológico: también buscan influir en las políticas públicas sobre regulación, energía, infraestructura y expansión comercial. El cabildeo empresarial se convierte así en un instrumento para intervenir en las reglas que condicionan la competencia y proteger la posición de las grandes compañías en un mercado estratégico.
En 2025, Meta destinó aproximadamente $26.3 millones al cabildeo federal, Google alrededor de $13.1 millones y Amazon unos $17.8 millones. Estas cantidades corresponden al cabildeo general de las empresas, no exclusivamente a sus actividades relacionadas con la inteligencia artificial. Aun así, ilustran la magnitud de los recursos que las grandes corporaciones pueden emplear para influir en las decisiones del Estado. Mientras los trabajadores tienen que organizarse para defender sus salarios, sus empleos y sus comunidades, estas compañías disponen de estructuras profesionales para intervenir directamente en las discusiones que afectan sus intereses.
El poder de esta industria también se expresa en el territorio. La construcción de centros de datos en Texas, Virginia, Georgia, Ohio, Indiana y Pensilvania ha generado disputas por el consumo de electricidad y agua, el uso del suelo y el costo de ampliar la infraestructura. Las empresas necesitan recursos naturales, redes eléctricas y capacidad de generación para sostener su expansión; las comunidades, por su parte, deben afrontar las consecuencias de esa demanda y cuestionar quién paga los costos y quién recibe los beneficios. La carrera por desarrollar inteligencia artificial no ocurre al margen de las relaciones de clase: sus costos materiales pueden recaer sobre la población mientras las ganancias se concentran en manos privadas.
Una lógica semejante aparece en las apuestas digitales y los llamados mercados de predicción. Plataformas como Polymarket y Kalshi, junto con empresas de apuestas deportivas como DraftKings y FanDuel, buscan ampliar sus mercados y consolidar su presencia en el espacio público. Para hacerlo, necesitan publicidad masiva, acceso a consumidores y regulaciones que permitan expandir sus operaciones. Por eso, la disputa por las ganancias se extiende también al terreno político, donde estas empresas buscan influir en las reglas que determinan el alcance y las condiciones de sus negocios.
El financiamiento político de estas industrias revela que la competencia entre empresas no termina en el mercado: también se libra en las instituciones. Las compañías de apuestas deportivas han destinado millones de dólares a actividades políticas, mientras actores vinculados a los mercados de predicción han contribuido a organizaciones republicanas y demócratas. De este modo, la influencia económica se traduce en presión política para defender intereses regulatorios y abrir nuevas oportunidades de acumulación.
Esta dinámica conecta directamente los sectores emergentes con la disputa electoral nacional. En las elecciones de 2024, candidatos de ambos partidos recibieron apoyo de sectores vinculados a las criptomonedas. En Ohio, el republicano Bernie Moreno derrotó al demócrata Sherrod Brown; en Arizona y Michigan, los demócratas Ruben Gallego y Elissa Slotkin ganaron sus respectivas contiendas al Senado. Estos resultados muestran que el capital puede respaldar a fuerzas partidistas diferentes cuando considera que están en juego sus intereses económicos. No necesita comprometerse exclusivamente con un partido si puede apoyar a distintos candidatos y ampliar sus posibilidades de influir en las decisiones del Estado.
Los vínculos empresariales y políticos alrededor de los mercados de predicción también plantean interrogantes sobre los conflictos de intereses. Donald Trump Jr. mantiene relaciones comerciales con plataformas como Kalshi y Polymarket, mientras los intereses empresariales de la familia Trump se cruzan con este sector. La convergencia entre negocios, política y apuestas digitales muestra cómo las fronteras entre el poder económico y el poder gubernamental pueden volverse difusas cuando las mismas redes empresariales participan en mercados que dependen de decisiones regulatorias.
No se trata de afirmar que todos los partidos o candidatos actúan de la misma manera, ni de borrar las diferencias entre sus programas. Se trata de reconocer que el capital puede respaldar fuerzas políticas distintas cuando considera que sus inversiones, mercados y ganancias están en juego. Las criptomonedas, la inteligencia artificial y las apuestas digitales no son fenómenos separados de la lucha política: son sectores en los que se manifiesta la disputa por controlar recursos, influir en las reglas y orientar las decisiones públicas. La competencia partidista no elimina los intereses de clase que atraviesan el sistema; con frecuencia, constituye uno de los terrenos donde esos intereses buscan garantizar su continuidad.
La democracia que necesitamos no puede depender del capital
El financiamiento electoral, el cabildeo corporativo, la manipulación de los distritos y la influencia de las grandes fortunas forman parte de una estructura en la que el poder económico se transforma en capacidad de intervención política. El sistema puede ofrecer una competencia entre candidatos y partidos, pero esa competencia ocurre dentro de condiciones profundamente desiguales, donde las clases propietarias cuentan con recursos para defender sus intereses y preservar su dominio.
Frente a esta realidad, la respuesta de la clase trabajadora no puede limitarse a escoger entre las opciones que el dinero organiza y financia. Tampoco basta con denunciar la corrupción de individuos particulares si se dejan intactas las relaciones económicas que permiten a las grandes fortunas ejercer una influencia desproporcionada sobre el Estado. El problema es estructural: una sociedad organizada alrededor de la acumulación privada concentra tanto la riqueza como una parte decisiva del poder político.
La clase trabajadora necesita construir su propia fuerza organizada, independiente de los intereses del capital y de las estructuras partidistas que subordinan sus necesidades a las prioridades empresariales. Esa independencia requiere organización colectiva, conciencia de clase y una estrategia política capaz de enfrentar las condiciones materiales que reproducen la explotación y la desigualdad.
Nosotros producimos la riqueza; ellos la acumulan. Nosotros enfrentamos el encarecimiento de la vida; ellos financian las campañas con las que buscan preservar su poder. Nosotros ponemos el trabajo; ellos convierten la riqueza acumulada en influencia política.
No podemos permitir que quienes se enriquecen con nuestro trabajo también determinen los límites de nuestra lucha. Nuestra fuerza no puede reducirse a un voto ni quedar atrapada entre las opciones que nos ofrece el poder económico.
La tarea consiste en transformar nuestra fuerza colectiva en organización, conciencia de clase e independencia política. Una lucha inmediata que debemos asumir como clase trabajadora es la formación de comités de trabajadores y trabajadoras donde podamos discutir y trazar líneas políticas que establezcan un programa propio, independiente de los intereses de la burguesía. En ese programa, el desmantelamiento del actual sistema electoral puede poner límites a las exorbitantes cantidades de dinero que se destinan a financiar los partidos burgueses y, al mismo tiempo, abrir paso a formas de participación política directa y constante desde los centros de trabajo y las comunidades. Seríamos los propios trabajadores y trabajadoras quienes escogeríamos a nuestros representantes en función de sus méritos, su compromiso con el programa acordado y su desempeño, conservando la capacidad de destituirlos de inmediato si incumplen con los compromisos asumidos.
La clase trabajadora puede tomar las decisiones políticas más importantes mediante asambleas nacionales, sin depender de campañas electorales que requieren sumas exorbitantes de dinero para promover la imagen de un representante. Cuando quienes asumen responsabilidades de dirección están sometidos al escrutinio constante de los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo y las comunidades, sus méritos como representantes se demuestran en la práctica. Son las propias masas trabajadoras quienes pueden evaluar su desempeño, su compromiso y su capacidad para defender los acuerdos colectivos. Bajo estas condiciones, invertir enormes cantidades de dinero en campañas para promover figuras individuales se vuelve superfluo, especialmente cuando las decisiones fundamentales pueden tomarse mediante la participación amplia y directa de la mayoría que compone nuestra sociedad: la clase trabajadora.
Para avanzar hacia esa transformación política, es imprescindible construir una organización propia desde las bases, comenzando por la formación de comités de trabajadores y trabajadoras independientes de los partidos burgueses. Estos comités deben convertirse en espacios de discusión, organización y elaboración de un programa político de clase que permita desarrollar nuestra fuerza colectiva y establecer mecanismos de participación, fiscalización y control directo sobre nuestros representantes. La independencia política de la clase trabajadora no puede limitarse a sustituir unos representantes por otros; requiere construir las condiciones organizativas para que seamos nosotros mismos quienes discutamos, decidamos y dirijamos nuestro propio proyecto político.
