Por Bianca Morales
Los 80 años del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) constituyen una trayectoria de lucha por la independencia de Puerto Rico que la clase obrera debe reconocer y celebrar. La conmemoración, realizada en el municipio de Ponce, estuvo acompañada de diversos discursos que destacaron las posiciones de su actual líder, Juan Dalmau, quien abordó temas como la justicia social, la ampliación de la Alianza, el bipartidismo y las visitas a las comunidades. Sin embargo, la celebración de esta historia también permite examinar las contradicciones del movimiento independentista y la necesidad de que la clase trabajadora desarrolle una organización política propia, capaz de ir más allá de las limitaciones de la lucha electoral.
La historia del PIP está vinculada a causas justas y a la participación de miles de trabajadores y trabajadoras que han sostenido la lucha por la autodeterminación nacional. La clase obrera no debe descartar ningún método de lucha para alcanzar ese objetivo. No obstante, la realidad material de Puerto Rico como colonia tradicional plantea la subordinación nacional que se combina con la incapacidad del modo de producción capitalista para satisfacer las necesidades de las mayorías trabajadoras. El estancamiento económico, la dependencia y la subordinación de una nación por otra más poderosa forman parte de una realidad en la que los intereses del capital limitan las posibilidades de desarrollo de los pueblos. Esta relación no es exclusiva de Puerto Rico, sino que responde a un sistema internacional en el que el imperialismo ejerce su poder sobre las naciones subordinadas.
Es en esta realidad donde se encuentran las razones materiales que llevan a sectores de la clase trabajadora a asumir posiciones independentistas. Por eso, los trabajadores y trabajadoras que militan en el PIP celebran con orgullo sus 80 años de historia y las luchas que el partido ha sostenido por la independencia. Reconocer esa trayectoria no significa pasar por alto sus limitaciones políticas, sino comprender que la lucha por la liberación nacional reúne a sectores sociales con intereses y perspectivas diferentes sobre el futuro de Puerto Rico.
Fundado en 1946 por Gilberto Concepción de Gracia, el PIP surgió como un proyecto de liberación nacional dirigido predominantemente por sectores profesionales y pequeñoburgueses, con participación de las masas obreras y de corrientes socialistas en su interior, pero sin llegar a consolidarse como un partido de poder obrero. Desde sus orígenes, su base ha reunido a comunistas, socialistas, personas procedentes del Partido Popular Democrático (PPD) que han votado de manera mixta, independentistas sin afiliación particular y otros sectores comprometidos con la independencia.
La formación del PIP estuvo relacionada con el rechazo del PPD al Congreso Pro Independencia y a la Confederación General de Trabajadores, circunstancias que contribuyeron a abrir el espacio político para su creación y propiciaron que sectores procedentes del PPD comenzaran a militar en sus filas. Este proceso ocurrió en un momento en que el imperialismo estadounidense impulsaba la expansión de su poder económico sobre Puerto Rico mediante la semiindustrialización y las exenciones contributivas de la Operación Manos a la Obra. Las transformaciones económicas derivadas de ese proyecto generaron contradicciones entre determinados sectores de la burguesía, la pequeña burguesía y la clase obrera, dentro de las cuales se desarrolló el proyecto independentista del PIP.
Desde sus orígenes, la orientación política del partido estuvo vinculada a sectores pequeñoburgueses y profesionales que apostaron por alcanzar la liberación nacional mediante los métodos electorales. Esta característica permite comprender la crítica que Nexo Revolucionario Media ha planteado sobre la relación del PIP con los intereses socialistas. La crítica no niega la presencia de trabajadores y trabajadoras socialistas dentro de su militancia, ni desconoce que numerosos independentistas han visto en el partido una fuerza capaz de enfrentarse al colonialismo. La diferencia reside en que para el PIP combatir la subordinación colonial no equivale necesariamente a sustituir el capitalismo por el poder político de la clase trabajadora.
Por eso, caracterizar al PIP como una fuerza de orientación pequeñoburguesa patriótica no significa rechazar su historia ni oponerse a la celebración de sus luchas por la independencia. Significa distinguir entre la composición social de su militancia y la orientación política de su proyecto. Dentro de un mismo partido pueden coincidir trabajadores con aspiraciones socialistas y sectores que consideran posible alcanzar la liberación nacional sin transformar las relaciones capitalistas de producción. Reconocer esta contradicción permite celebrar las luchas independentistas sin abandonar el análisis de clase.
Precisamente, los 80 años del PIP deben servir para establecer las diferencias políticas necesarias para que cualquier alianza futura no termine subordinando a la clase trabajadora a los partidos burgueses y pequeñoburgueses. La convergencia en reivindicaciones concretas puede ser necesaria, pero no debe sustituir la construcción de una organización obrera independiente. Esta organización debe contar con su propio programa, sus propios organismos y una capacidad de intervención política que no dependa exclusivamente de la representación electoral de una alianza.
Desde esta perspectiva, el problema de la Alianza no se resuelve simplemente proponiendo su ampliación. El discurso de Dalmau en la celebración abordó la necesidad de continuar y extender ese proyecto, pero, a estas alturas, cerca de 2027, resulta necesario realizar una autocrítica seria sobre la ausencia de una unidad ideológica y política que le dé continuidad más allá de las elecciones. No se trata de exigir que se hagan públicas todas las tácticas políticas, sino de reconocer que la experiencia electoral no se tradujo en una alianza permanente con un programa compartido y una organización capaz de sostenerla.
La ausencia de esa continuidad debe examinarse también a la luz del debilitamiento de la confianza depositada en la Alianza y de la recuperación de espacio político por parte del PPD. Según el análisis que aquí se plantea, sectores que habían depositado sus expectativas en la Alianza han vuelto a dirigir su confianza hacia un partido que atravesaba un periodo de considerable desgaste. Esta situación demuestra la necesidad de discutir qué condiciones políticas permiten convertir una experiencia electoral en una fuerza organizada y duradera, en lugar de dejar que las expectativas de cambio regresen al mismo circuito de alternancia partidista.
Esto no impide reconocer las coincidencias que pueden existir con parte del discurso de Dalmau. La justicia social, la salud, la educación, la cancelación del contrato de LUMA, la eliminación de la Junta de Control Fiscal (JCF), una asamblea de estatus y el desarrollo económico son asuntos que afectan directamente a la población y sobre los cuales la clase trabajadora puede coincidir con el PIP y sus aliados. Sin embargo, estas propuestas necesitan vincularse con la cuestión material que determina la vida cotidiana de las mayorías: la venta de nuestra fuerza de trabajo y las condiciones bajo las cuales vivimos de nuestro salario.
¿Cómo se propone la llamada Patria Nueva elevar los salarios para garantizar una vida digna? ¿Cómo se desarrollarán las fuerzas productivas para que la riqueza generada se traduzca en mejores condiciones de vida para quienes trabajan? ¿Qué medidas permitirán distribuir esa riqueza de manera equitativa y evitar que los beneficios del desarrollo económico permanezcan concentrados en manos de quienes controlan el capital? Estas cuestiones quedaron sin desarrollar suficientemente en el discurso conmemorativo, a pesar de que constituyen una base indispensable para evaluar el alcance de cualquier proyecto de transformación social.
El desarrollo económico no puede medirse únicamente por el crecimiento de la producción, la inversión o la actividad empresarial. Para la clase obrera, su valor concreto depende de que permita elevar los salarios, mejorar las condiciones laborales y garantizar el acceso a los bienes y servicios necesarios para una vida digna. También exige explicar cómo se pretende sostener una alianza política permanente, más allá de las elecciones, y cómo se organizará a la población trabajadora para defender esas transformaciones.
La cuestión salarial conecta las demandas inmediatas con el problema del poder político. En Puerto Rico, la subordinación colonial y las relaciones capitalistas de producción condicionan las posibilidades de satisfacer las necesidades de la mayoría. Por eso, cambiar la administración de la colonia no garantiza, por sí mismo, una transformación de las condiciones materiales de la clase trabajadora. Si no existe un plan concreto para elevar los salarios y distribuir la riqueza de manera equitativa, las promesas de una Patria Nueva corren el riesgo de quedar reducidas a aspiraciones sin una base material que las sostenga.
Esto afecta tanto a quienes permanecen en Puerto Rico como a quienes contemplan regresar porque mantienen la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida. Una propuesta política que aspire a transformar el país tiene que explicar cómo garantizará que quienes trabajan puedan vivir dignamente de su trabajo. Sin salarios suficientes y sin una distribución equitativa de la riqueza, los demás objetivos quedan expuestos a las mismas contradicciones que históricamente han frustrado las expectativas de amplios sectores populares. Hablar de independencia y justicia social requiere abordar estas condiciones materiales y explicar cómo se transformarán las relaciones económicas que las producen.
De ahí que la organización política independiente de la clase obrera no pueda quedar supeditada a las alianzas electorales. Estas tienen límites propios: sus acuerdos y movimientos pueden quedar expuestos a las fuerzas del bipartidismo, que pueden utilizarlos para organizar campañas de miedo y desacreditar cualquier alternativa. Pero una organización obrera independiente no necesita esperar a que otros partidos la representen ni limitar su actividad a los tiempos y las prioridades de una campaña electoral. Su tarea es construir una fuerza política desde los intereses de su propia clase, desarrollar un programa y organizar a los trabajadores para intervenir directamente en la realidad del país.
Esa tarea puede comenzar de inmediato. Los líderes sindicales del magisterio, los trabajadores del sector energético y de la construcción, y la clase trabajadora en general pueden impulsar comités de trabajadores y de barrios que permitan discutir las necesidades concretas de cada sector y articularlas en un programa político común. Las comunidades que se encuentran en lucha, como las de Cabo Rojo, tampoco tienen que esperar a que se constituya un nuevo frente electoral para organizarse políticamente. Desde sus propias experiencias y reivindicaciones pueden surgir organismos capaces de vincular las luchas locales con los intereses generales de la clase trabajadora.
Esta organización desde el seno de la clase trabajadora ofrece una vía para superar la dependencia de las alianzas electorales y el ciclo de fiscalizaciones sucesivas que se produce cuando las expectativas de transformación quedan depositadas exclusivamente en la representación institucional de la burguesía. No se trata de descartar la participación electoral ni las coincidencias con otras fuerzas políticas, sino de evitar que ambas se conviertan en sustitutos de la organización independiente de los trabajadores y trabajadoras. La clase obrera necesita organismos propios que puedan actuar antes, durante y después de las elecciones, defender sus reivindicaciones y desarrollar una fuerza política que no desaparezca cuando termina una campaña.
La construcción de esos organismos también permitiría que el programa político surgiera de las condiciones concretas de vida de quienes trabajan. En lugar de limitarse a esperar que una alianza represente sus intereses, los trabajadores podrían discutir y establecer colectivamente sus prioridades, desde los salarios y las condiciones laborales hasta la salud, la educación, la vivienda y el control de los recursos económicos del país. Esta es una forma de participación democrática que coloca a la clase trabajadora en el centro de su propia organización política y le permite intervenir desde una posición independiente frente a las estructuras de poder que condicionan sus posibilidades de transformación.
Celebrar los 80 años del Partido Independentista Puertorriqueño significa reconocer una historia de lucha por la independencia y, al mismo tiempo, examinar las tareas que siguen pendientes. La liberación nacional no puede separarse de las condiciones materiales en las que vive la mayoría trabajadora, ni la lucha contra el colonialismo debe conducir a que la organización obrera quede subordinada a proyectos políticos que no se proponen transformar las relaciones capitalistas de producción. La experiencia del PIP ofrece un espacio para reconocer coincidencias, establecer diferencias y discutir cómo avanzar hacia una fuerza política capaz de responder a las necesidades de nuestra clase.
La decisión de votar corresponde a cada persona, y cada cual determinará el análisis de su contradicción y si desea ejercer ese derecho. Claro qué no es decirle a los trabajadores qué apoyen al bipartidismo en las elecciones pero la organización política independiente de la clase obrera no puede seguir postergándose, ni por las promesas del bipartidismo ni por las expectativas depositadas exclusivamente en las alianzas electorales. La lucha por la autodeterminación nacional y por una vida digna exige construir una fuerza organizada que represente los intereses de quienes viven de su trabajo, que intervenga en la realidad política desde una posición propia y que luche por poner la riqueza producida por la sociedad al servicio de las mayorías.
Desde esa perspectiva, celebramos los 80 años del PIP: reconociendo su trayectoria independentista y afirmando que la clase trabajadora necesita construir su propia organización política para conquistar su emancipación nacional y social.
