Estrangular a Cuba: la nueva ofensiva imperial de EE.UU.

Por Isabelino Montes

La situación que atraviesa Cuba ante un nuevo ataque imperialista por parte de Estados Unidos debería preocuparle al mundo entero y, con mayor razón, a los países del Caribe como Puerto Rico, especialmente a nuestra clase trabajadora. EE.UU. ha elevado su bloqueo económico contra Cuba a un plano superior, colocando mayor presión sobre los países que aún venden petróleo a la isla, más allá de las imposiciones tradicionales establecidas desde 1960. Este nuevo ataque ha provocado una escasez profunda de combustible que impacta directamente el sistema eléctrico con el aumento de apagones, el sistema de transporte en su conjunto y severos recortes en distintos servicios esenciales debido a la falta de combustible.

Como hemos analizado en NRM, el problema de los apagones responde a una situación compleja que atraviesan las islas del Caribe por su dependencia de los monopolios energéticos que dominan el mercado mundial. Tanto Puerto Rico como Cuba y otros países caribeños no están exentos de ese dominio del capital, aunque sus realidades políticas sean distintas. Lo que cambia, en términos generales, es cómo responden sus gobiernos ante estas realidades energéticas que nos afectan. En Cuba, durante 2024 y 2025 se registraron apagones masivos, y en 2024 la red eléctrica llegó a quedarse sin combustible. Para 2025–2026 el problema se extendió al combustible de aviación, lo que representa una escalada aún mayor. Desde febrero de 2026 las autoridades avisaron a las aerolíneas que no habría combustible para aviones entre el 10 de febrero y el 11 de marzo, obligando a suspender o reconfigurar vuelos.

Ante el bloqueo económico que Cuba experimenta desde 1960, la respuesta del gobierno ha sido priorizar el uso del recurso energético según las necesidades más básicas del país. Ha adoptado medidas de emergencia como racionamiento de combustible, reducción de jornadas laborales y escolares, y limitación del transporte entre provincias. Cuba ha buscado acuerdos políticos y económicos con países como Venezuela y México. Venezuela llegó a ser su principal proveedor: en 2020 enviaba alrededor de 80,000 barriles diarios; en 2023 esa cifra bajó a 55,000 barriles diarios, más de un 30% menos. En 2023 México comenzó a destacarse como proveedor y ese año se reportó un récord de envíos mexicanos. Rusia anunció un acuerdo para suministrar 1.64 millones de toneladas de petróleo y derivados anuales. Para 2025, México se convirtió en el principal proveedor de crudo de Cuba con 12,284 barriles diarios (44% de las importaciones), mientras Venezuela aportaba 9,528 barriles diarios (34%). Sin embargo, ya en 2025 comenzó el descenso provocado por la presión estadounidense: México redujo sus envíos a unos 5,000 barriles diarios y Venezuela a 27,400 barriles diarios, provocando una caída total de las importaciones del 35%, pasando de 69,400 a 45,400 barriles diarios.

Ante estos envíos de petróleo desde Rusia, Venezuela y México, sectores de la clase trabajadora en distintas partes del mundo cuestionan si realmente existe un bloqueo cuando observan barcos llegar a la isla. Sin embargo, el bloqueo es una realidad desde 1960. Para comprender su impacto puede compararse, en cierta medida, con lo que ha implicado la reciente guerra arancelaria entre naciones, que ha generado problemas económicos incluso en EE.UU. tras la reducción de importaciones desde China, Canadá y México. Si tales medidas generan efectos severos en economías poderosas, puede entenderse la magnitud de restricciones similares impuestas durante más de seis décadas a una isla como Cuba.

El bloqueo prohíbe casi todas las exportaciones estadounidenses a la isla —salvo excepciones como alimentos y medicinas— y limita fuertemente el comercio y las finanzas bilaterales. Con el tiempo ha sido reforzado mediante un marco jurídico imperialista como la Ley Torricelli de 1992, que prohíbe que barcos que comercien con Cuba entren a puertos estadounidenses en 180 días, encareciendo el comercio con la isla. La Ley Helms-Burton de 1996 codificó el bloqueo y lo hizo extraterritorial. Su Título III permite que ciudadanos estadounidenses demanden a empresas extranjeras que “trafiquen” con propiedades nacionalizadas en Cuba, y el Título IV permite negar visas a ejecutivos de empresas extranjeras que inviertan en esas propiedades.

La burguesía insiste en llamarlo “embargo”, presentándolo como sanción legítima por las nacionalizaciones de los años 60. Sin embargo, el término bloqueo refleja mejor la intención deliberada de aislar a Cuba del mercado mundial. Cuba nacionalizó empresas en ejercicio de su soberanía y ofreció compensaciones en bonos a 20 años basados en los libros contables declarados por las propias empresas. Países como España, Francia y Reino Unido aceptaron acuerdos bilaterales. EE.UU. exigió pagos inmediatos y rechazó la negociación, pese a que la Resolución 1803 de la ONU reconoce el derecho de los Estados a nacionalizar con compensación adecuada.

Actualmente el bloqueo ha sido reforzado por las políticas arancelarias de la administración Trump, que creó un marco de tarifas dirigido a países que suministren petróleo a Cuba, incluso sin vínculo económico directo con EE.UU. Esto añade riesgo legal, comercial, financiero y de seguros, dificultando aún más el acceso de Cuba al mercado mundial de combustibles.

El objetivo es doblegar a Cuba para provocar cambios internos. Esta ofensiva responde a una versión moderna de la Doctrina Monroe y a compromisos políticos con figuras como Marco Rubio, quien ha impulsado la activación agresiva del Título III de la Helms-Burton. Análisis como los de Brookings señalan que Trump considera que ganó Florida gracias a su alianza con Rubio y el exilio cubano más duro, lo que influye en su línea hacia Cuba.

Cuba no representa una amenaza económica ni militar para EE.UU. Más bien, estas acciones reflejan debilidad estructural y la necesidad de reforzar alianzas electorales en EE.UU. La narrativa de que estas intervenciones benefician a la clase trabajadora estadounidense o a Puerto Rico es falsa. El capital que se mueve hoy es esencialmente parasitario, orientado a la circulación financiera en Wall Street. En Venezuela se observa cómo EE.UU. busca administrar tajadas comerciales sin invertir en infraestructura, mientras se evidencia la corrupción y el carácter capitalista de su estructura productiva del gobierno bolivariano bajo el llamado Socialismo del Siglo XXI. Venezuela no es Cuba. Cuba ha resistido con limitaciones materiales propias de su condición insular, apoyada por acuerdos internacionales, pero sin la capacidad productiva de otras economías petroleras.

Oponerse a la nueva estrangulación de Cuba es una tarea de la clase obrera contra la burguesía de su propio país en EE.UU. La dependencia del saqueo imperialista como supuesto motor de desarrollo es una irracionalidad económica que genera crisis permanentes y alimenta la militarización.

En Puerto Rico, la gobernadora Jennifer González plantea que las inversiones militares son beneficiosas, cuando en realidad nos convierten en bastión de operaciones imperialistas en el Caribe.

Defender a Cuba del bloqueo no implica negar sus contradicciones internas. Recientemente el gobierno encarceló funcionarios por corrupción prolongada, y existen desigualdades visibles que no pueden ocultarse. Reconocer estas realidades no es atacar la revolución, sino analizar críticamente sus límites y lecciones. Cuba fue referente de planificación económica cuando contó con apoyo internacional suficiente. Hoy su experiencia debe servir para reflexionar sobre la necesidad de unidad obrera regional, particularmente en el sector energético del Caribe.

La lucha por el socialismo no es espera pasiva; es lucha inmediata contra la propia burguesía de cada país, articulada con perspectiva internacional. Sin la resistencia cubana no tendríamos base para discutir alternativas al capitalismo en la región. Pero tampoco podemos idealizar sin análisis objetivo. La unidad energética caribeña ya es pensada por capitalistas mediante cables submarinos entre República Dominicana y Puerto Rico, mientras sectores de izquierda aún la imaginan en poesía. Es momento de convertir esa visión en programa político concreto.

No al bloqueo de Cuba ni a la nueva estrangulación que pretende imponer EE.UU. Son crímenes económicos que la clase trabajadora tiene el deber de rechazar en Puerto Rico, en Estados Unidos y en todas partes del mundo.