Por Isabelino Montes
Un nuevo proyecto legislativo vuelve a poner de manifiesto la relación contradictoria entre el trabajo asalariado y el capital. El Proyecto de la Cámara 1505 (PC 1505), autorizado por el representante Roberto López Román, propone enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 379 del 15 de mayo de 1948, conocida como la Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico.
La medida propone establecer jornadas de hasta 10 horas antes de que comience a aplicar el pago de horas extras. De esta manera, el pago adicional por el tiempo trabajado después de las ocho horas dejaría de estar garantizado en los términos actuales y quedaría sujeto a acuerdos previos entre trabajadores y patronos. En otras palabras, si un empresario decide pagar las horas adicionales entre la octava y la décima hora, dependerá de lo que haya acordado previamente con sus empleados. El proyecto busca que el pago de horas extras comience después de las 10 horas de trabajo, ampliando así el margen de decisión de los patronos sobre la jornada laboral.
La lógica económica detrás de esta propuesta no debe sorprendernos. Responde a la necesidad permanente del capital de reducir sus costos de producción y aumentar sus ganancias privadas, sin considerar las consecuencias que esto representa para quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario.
Los propios trabajadores y trabajadoras hemos visto cómo las horas extras se han ido incorporando a la vida laboral como si fueran un beneficio adicional y no una extensión de nuestra jornada. Incluso, en ocasiones, la posibilidad de trabajar horas extras ha terminado sustituyendo las expectativas de aumentos salariales y otros beneficios. Se ha normalizado trabajar durante los días libres o extender la jornada más allá de las ocho horas. Muchas veces se acepta porque el salario no alcanza para cubrir las necesidades cotidianas. Ahora, además de depender de esas horas adicionales para completar los ingresos, se pretende reducir la garantía de recibir una compensación por ellas.
Los capitalistas no encuentran límites en su necesidad de aumentar las ganancias. Mientras tanto, los administradores coloniales en la Legislatura cumplen su función de representantes de los intereses económicos que sostienen este modelo. Para justificar la medida, se habla de ofrecer flexibilidad ante la crisis demográfica, la baja participación laboral y los retos de competitividad económica. Sin embargo, estos argumentos también exponen las contradicciones de un sistema incapaz de desarrollar una planificación económica que coloque las necesidades de nuestra clase trabajadora por encima de la obtención de ganancias privadas.
Si hemos llegado a una realidad en la que la clase trabajadora tiene que trasladarse hacia los lugares donde se concentra la producción y la riqueza, es precisamente porque este modelo de producción no logra satisfacer las necesidades de las mayorías trabajadoras. La organización económica existente subordina la vida de la población a las exigencias de la acumulación de capital.
Recientemente, en otro escrito de Nexo Revolucionario Media sobre las manifestaciones del magisterio, abordábamos cómo los servicios sociales, entre ellos la educación, fundamentales para la reproducción de la sociedad y de la propia fuerza de trabajo, están montados sobre una estructura económica que los reduce progresivamente. En esa dinámica, el sistema recorta servicios esenciales, alarga jornadas, disminuye la fuerza laboral y reduce otros beneficios. No son asuntos separados, sino manifestaciones de una misma relación económica que atraviesa al conjunto de la clase trabajadora.
De ahí surge la necesidad de reconocernos como una sola clase. El trabajo intelectual y el trabajo físico o técnico forman parte de un mismo proceso de producción social y no pueden entenderse como intereses separados. Sin embargo, bajo el capitalismo, esa interdependencia se organiza para reproducir la explotación y las condiciones de miseria que afectan al conjunto de quienes vivimos de nuestro trabajo.
El PC 1505 es otra expresión de esa relación contradictoria entre el trabajo asalariado y el capital. También demuestra las limitaciones de una democracia institucional dirigida por representantes de los intereses económicos capitalistas para producir transformaciones favorables a las mayorías trabajadoras. Ante este estancamiento, es necesario examinar nuevamente el papel y los límites de las organizaciones sindicales.
Los sindicatos son necesarios. Constituyen espacios fundamentales para organizar a los trabajadores y trabajadoras en defensa de sus derechos inmediatos y sus condiciones de vida. Sin embargo, su capacidad de lucha resulta insuficiente cuando no logra elevarse hacia un plano político que permita comprender y enfrentar la contradicción histórica entre el trabajo asalariado y el capital. Defender derechos mediante la negociación colectiva, las movilizaciones o las reclamaciones legislativas es indispensable, pero no resuelve por sí mismo la relación social que reproduce la explotación.
La realidad que presenta este proyecto coloca nuevamente ante nosotros la necesidad de construir una organización política de la clase trabajadora que trascienda el proceso electoral. Los resultados de las elecciones en Estados Unidos pueden representar un momento importante frente al avance de las fuerzas fascistas. Sin embargo, como también señalamos en otro escrito de Nexo Revolucionario Media, cuando esos avances quedan subordinados a cargar las maletas del Partido Demócrata, permanecen sujetos a los límites de una relación social capitalista que buscará constantemente reducir los costos de producción para aumentar sus ganancias. Esta contradicción no es un invento ni un capricho de los trabajadores y trabajadoras revolucionarios. Es una dinámica histórica que la propia clase obrera ha experimentado en sus condiciones de vida y trabajo.
El capital, como estructura social que necesita organizar todas las esferas de la sociedad para reproducirse, también encuentra en sus instituciones los mecanismos para canalizar y contener las expresiones de oposición. En ese escenario, los sindicatos defienden intereses inmediatos, conquistan derechos legítimos y pueden incluso conseguir espacios para presentar sus reclamos ante la Legislatura mediante vistas públicas. Todas estas acciones son necesarias, pero continúan desarrollándose dentro de un marco institucional en el que los trabajadores dependen de ser escuchados por los representantes del capital y de que sus instituciones reconozcan sus demandas mediante las leyes que administran.
Ese límite político es precisamente el que necesitamos trascender, sin abandonar ni debilitar la organización sindical ni sus luchas inmediatas. Una posibilidad concreta es que los propios sindicatos impulsen la formación de comités permanentes de trabajadores y trabajadoras en sus respectivos centros de trabajo y sectores.
Estos comités pueden convertirse en espacios de discusión y organización democrática, donde los trabajadores construyan acciones conjuntas y desarrollen un programa político propio. No se trata de esperar por la formación de nuevos frentes electorales ni por las próximas elecciones, sino de comenzar desde ahora a desarrollar experiencias de organización que permitan articular los intereses comunes de nuestra clase y disputar el poder político al capital.
La discusión sobre la jornada laboral, el pago de horas extras y la reducción de beneficios nos devuelve a una contradicción fundamental: mientras el capital organiza la producción para aumentar sus ganancias, la clase trabajadora necesita organizarse para defender sus condiciones de existencia y transformar las relaciones económicas y políticas que las determinan.
Sin una organización política independiente y permanente, seguiremos dependiendo de los ciclos electorales, de las promesas de los partidos y de los representantes que se alternan en las instituciones. Seguiremos escuchando consignas contra cada político corrupto durante cuatro años, mientras nuevos representantes del capital, tanto del bipartidismo como de otras fuerzas en espera de ocupar esos espacios, continúan administrando las mismas relaciones sociales.
La tarea dificil pero necesaria es comenzar a construir una fuerza política propia de la clase trabajadora, capaz de pasar de la defensa de sus derechos inmediatos a una lucha consciente por transformar las condiciones que producen su subordinación.
