Guerra imperialista de EE.UU.: aumenta el diésel, la gasolina y el costo de vida de la clase trabajadora

Por Nexo Revolucionario Media

La guerra imperialista no solamente se mide en las vidas que se pierden en el campo de batalla, en su mayoría hijos e hijas de la clase trabajadora, mientras los hijos de los capitalistas rara vez son quienes cargan con ese sacrificio. También se mide en las víctimas civiles, como las 164 niñas que fueron asesinadas durante los bombardeos de Estados Unidos contra Irán. Pero la guerra tiene otro costo que comienza a sentirse lejos del campo de batalla: llenar el tanque de gasolina, transportar una mercancía, trabajar una jornada completa o comprar alimentos en el supermercado. Mientras Estados Unidos destina miles de millones de dólares a sostener su aparato militar y los capitalistas del complejo militar-industrial acumulan contratos y ganancias, la clase trabajadora enfrenta el aumento del diésel, la gasolina, el transporte y los alimentos. La guerra tiene costos humanos y materiales, y ambos recaen de manera desigual sobre las clases sociales.

La relación entre la guerra y el aumento del costo de vida no es abstracta. Cuando una guerra amenaza zonas productoras de petróleo, rutas de suministro, refinerías o mercados estratégicos de energía, aumenta la presión y la incertidumbre sobre el suministro mundial. Esa presión puede contribuir al aumento del precio del petróleo; el aumento del petróleo se transmite al precio del diésel y la gasolina; y esos costos terminan incorporándose al transporte, la producción y las mercancías. La secuencia importa porque permite entender cómo una guerra decidida desde arriba puede terminar afectando directamente el bolsillo de quienes trabajan.

Eso es precisamente lo que comienza a sentirse con el aumento del precio del petróleo y sus efectos sobre la gasolina y el diésel en Estados Unidos y, por consecuencia, en su colonia de Puerto Rico. Uno de los sectores que puede verse particularmente afectado es la producción agrícola. En Estados Unidos, los agricultores enfrentan precios récord del diésel precisamente durante la temporada de cosecha. Cuando producir alimentos cuesta más, ese aumento no desaparece: se traslada a las distintas etapas de la cadena de suministro, desde la maquinaria utilizada en las fincas hasta los camiones que transportan las mercancías hacia los centros de distribución y los supermercados.

Una parte fundamental de los alimentos depende del transporte por camiones y estos, a su vez, dependen del diésel. Por eso el problema ya está siendo reclamado por los propios camioneros. El aumento del diésel no se queda en la maquinaria agrícola ni en las carreteras. Se mueve por toda la cadena de producción y distribución hasta llegar al consumidor.

El problema tiene una consecuencia todavía más grave para Puerto Rico. Si aumenta el costo de producir y transportar alimentos en Estados Unidos, ese aumento termina llegando también a la colonia. Puerto Rico importa más del 80% de lo que consume y una parte fundamental de esas mercancías llega por mar. Esas barcazas y embarcaciones también utilizan derivados del petróleo para transportar las mercancías hasta Puerto Rico. Por eso, un aumento del petróleo, del diésel y de los costos de transporte en Estados Unidos no se queda allá: atraviesa las cadenas de suministro y termina incorporándose al precio de lo que compramos aquí. La clase trabajadora puertorriqueña puede terminar pagando más por alimentos y mercancías que ni siquiera se producen en la colonia.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, junto con los ataques ucranianos contra refinerías rusas, la escalada de los hutíes contra Arabia Saudita y el cierre del estrecho de Ormuz, ha afectado el suministro y la circulación mundial de petróleo y derivados. Esa interrupción se traduce directamente en aumentos en el precio del petróleo, el diésel y la gasolina, elevando los costos de transporte y producción y, con ello, presionando el precio de los alimentos y otros bienes esenciales.

El precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzó esta semana los $6.29 por galón, un 68% más que los $3.74 registrados hace un año. La gasolina, por su parte, ha alcanzado alrededor de $4.47 por galón. El aumento ya golpea directamente a las familias trabajadoras, mientras continúa aumentando el costo de vida y Estados Unidos sigue destinando miles de millones de dólares a la guerra.

No se trata de afirmar que cada aumento de la gasolina sea causado exclusivamente por una sola decisión militar. Los precios del petróleo responden a múltiples factores. Pero cuando una guerra amenaza rutas de suministro, refinerías, productores y mercados estratégicos de energía, aumenta la incertidumbre y la presión sobre el precio del petróleo. Ese aumento se transmite posteriormente al diésel y la gasolina y, desde ahí, al transporte, la producción y las mercancías. La guerra tiene costos materiales y esos costos terminan recayendo fuertemente sobre la clase trabajadora.

Durante décadas se ha repetido el discurso de que la guerra puede servir para estimular la economía. Pero una cosa es observar el crecimiento de determinados sectores vinculados al gasto militar y otra muy distinta es preguntar quién paga ese crecimiento y quién recibe sus beneficios. Mientras millones de trabajadores y trabajadoras tienen que pagar más para llenar el tanque de gasolina, transportar mercancías o comprar alimentos, los capitalistas vinculados al complejo militar-industrial reciben contratos, ganancias, dividendos y valorización de sus inversiones.

Esta contradicción ya había sido denunciada en Nexo Revolucionario Media. En “La edad dorada de Trump” examinamos el vínculo entre Trump, los grandes capitales tecnológicos, la inteligencia artificial y la expansión del complejo militar-industrial. La llamada “edad dorada” podía ser una edad dorada para los billonarios, pero no para las masas obreras. Lo que estamos viendo ahora vuelve a colocar esa contradicción frente a nosotros: mientras se destinan cantidades enormes de recursos públicos a la preparación y ejecución de guerras, el costo de vivir aumenta para quienes dependen de su salario.

La llamada “edad dorada” no es la misma para todas las clases. Para los capitalistas del complejo militar-industrial, la expansión de la guerra significa contratos y nuevas oportunidades de acumulación. Para la clase trabajadora, puede significar pagar más por gasolina, transporte, alimentos y servicios mientras continúa produciendo la riqueza que sostiene toda la economía.

Esto tampoco comenzó con Trump. El aparato militar estadounidense responde a una estructura imperialista mucho más amplia y ha sido sostenido durante décadas por el bipartidismo. Los demócratas también tienen responsabilidad histórica en el mantenimiento de esa estructura. Las guerras de Afganistán e Irak, la expansión de la llamada “guerra contra el terror”, la intervención en Libia y otras operaciones militares del siglo XXI muestran que la continuidad del poder militar estadounidense no pertenece exclusivamente al Partido Republicano. Republicanos y demócratas han administrado, con diferencias políticas importantes, un Estado que mantiene una enorme capacidad militar para defender los intereses globales del capital estadounidense.

Ahí aparece una contradicción fundamental. Los trabajadores y trabajadoras no decidimos cuándo comienza una guerra, pero sí terminamos pagando parte de sus costos. Mientras tanto, sectores capitalistas vinculados al petróleo, las finanzas y la industria militar tienen intereses materiales en la expansión y protección de determinadas posiciones económicas y estratégicas. La guerra reorganiza mercados, energía, transporte, presupuestos públicos y cadenas de suministro, y esas transformaciones tienen consecuencias concretas para quienes vivimos de nuestro trabajo.

La diferencia de clase también puede observarse en el gasto militar. Entre los años fiscales 2001 y 2020, los cinco grandes contratistas militares —Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon y Northrop Grumman— recibieron más de $2.1 trillones en contratos federales relacionados con defensa. Solamente durante 2020, Lockheed Martin recibió alrededor de $75,000 millones en contratos. Entre 2020 y 2025, los principales contratistas militares destinaron aproximadamente $110,000 millones a recompras de acciones y dividendos, más del doble de lo destinado a inversión de capital, incluyendo investigación y desarrollo, plantas y capacidad productiva. El dinero público entra por contratos; una parte termina convertida en ganancias, dividendos y valorización para los propietarios del capital.

Mientras tanto, el costo de esas políticas se distribuye mucho más ampliamente. Las guerras posteriores al 11 de septiembre han representado costos de varios trillones de dólares para la sociedad estadounidense. Esos recursos no aparecen de la nada. Son financiados mediante impuestos, deuda pública y la riqueza producida por millones de trabajadores y trabajadoras. Mientras se destinan cantidades gigantescas a sostener la maquinaria militar, continúan existiendo necesidades sociales sin resolver.

La defensa de una nación puede plantearse dentro de una sociedad organizada racionalmente de acuerdo con los intereses de las mayorías trabajadoras. No se trata de un rechazo abstracto a toda forma de conflicto armado ni de ignorar la necesidad de que los pueblos puedan defenderse. La cuestión es otra: ¿quién controla la riqueza producida por la mayoría y para qué se utiliza? Si la riqueza social termina subordinada a los intereses de una minoría capitalista, entonces la guerra puede convertirse en una herramienta para defender esos intereses mientras sus costos son trasladados a la población.

Las naciones tienen que defenderse. Pero si una nación está obligada a defender principalmente los intereses de una minoría capitalista, entonces surge una pregunta fundamental: ¿se está defendiendo realmente a la nación o se están defendiendo los intereses económicos de quienes controlan la riqueza?

La defensa de una nación también implica preguntarnos quién posee la riqueza producida por la mayoría y quién se apropia de ella. En las guerras imperialistas, desde esta perspectiva, la bandera termina siguiendo al dinero. Y ese dinero tiene propietarios.

Esta misma relación fue examinada anteriormente en “La parada militar de Trump: narcisismo, negocios bélicos y represión”, donde se analizó la dimensión económica del aparato militar estadounidense. El problema no es solamente cuánto dinero se gasta en armas. Es quién recibe ese dinero, quién controla las empresas que producen esas armas y quién termina pagando los costos de mantener semejante estructura militar.

En años recientes, entre el 25% y el 33% de los contratos del Pentágono han ido solamente a cinco grandes contratistas: Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon y Northrop Grumman. Es un negocio bélico de enormes proporciones. Mientras el Estado capitalista canaliza recursos públicos hacia estas corporaciones, la clase trabajadora enfrenta el costo de financiar una estructura militar que no controla y cuyas guerras tampoco decide.

Pero las contradicciones no existen solamente entre los grandes capitalistas y la clase trabajadora. También existen sectores capitalistas que sufren las consecuencias económicas de la guerra. Una empresa de transporte puede protestar porque el precio del diésel destruye sus márgenes de ganancia. Un pequeño propietario de una compañía de transporte puede enfrentar pérdidas reales. Sin embargo, una cosa es coincidir temporalmente en una demanda económica y otra muy distinta es compartir los mismos intereses históricos de clase.

Por eso la lucha de los camioneros frente al aumento del diésel debe ser apoyada por la clase trabajadora, pero no puede quedarse limitada a quienes poseen pequeñas empresas de transporte o trabajan de manera independiente. La fuerza potencial está también en quienes hacen funcionar los grandes sistemas de distribución de mercancías: los trabajadores y trabajadoras de FedEx, UPS, DHL, Amazon y el Servicio Postal.

Ahí existe una fuerza obrera enorme. Son trabajadores y trabajadoras que cargan, descargan, clasifican, almacenan, transportan y distribuyen las mercancías que mantienen funcionando la economía. Las grandes corporaciones dependen de esa fuerza de trabajo para mover sus productos. Una movilización coordinada entre camioneros y trabajadores de distribución podría convertir una protesta económica contra el aumento del diésel en una lucha mucho más amplia contra las condiciones que están encareciendo la vida.

El paro de los camioneros puede tener un efecto concreto. Pero mantenerlo aislado también deja espacio para que el capital encuentre formas de trasladar, absorber o compensar el impacto una vez termine la coyuntura. La lucha corre entonces el riesgo de permanecer limitada a una reivindicación inmediata sin construir una fuerza organizada capaz de enfrentar las causas más profundas del problema.

La coyuntura puede convertirse en otra cosa. Puede utilizarse para elevar una protesta económica inmediata hacia la organización política de la clase obrera. Puede servir para unir a quienes conducen los camiones con quienes trabajan en almacenes y centros de distribución, con quienes cargan y descargan mercancías y con quienes producen los bienes que después son transportados y vendidos.

Por eso resulta fundamental plantear la construcción de un comité de trabajadores y trabajadoras del transporte y distribución de mercancías, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Un espacio desde donde camioneros, trabajadores de almacenes, distribución y logística puedan discutir sus condiciones de trabajo, organizarse y elaborar un programa desde sus propios intereses de clase.

El objetivo no puede ser simplemente lograr que el precio del diésel vuelva a bajar. El problema es mucho más grande. Las guerras reorganizan mercados, energía, transporte, presupuestos públicos, cadenas de suministro y prioridades industriales. La clase trabajadora necesita prepararse para enfrentar esas consecuencias y, al mismo tiempo, cuestionar quién tiene el poder para decidir qué se produce, cuánto se produce y para quién se produce.

En Estados Unidos y Puerto Rico, la pregunta es qué hará la clase trabajadora frente a una economía que puede exigirle pagar cada vez más para sostener guerras que ella misma no decide. El tanque de gasolina es apenas el punto donde comienza a sentirse una contradicción mucho más grande. La misma clase que produce los alimentos, conduce los camiones, trabaja en los almacenes, mueve las mercancías y mantiene funcionando la economía no puede quedar reducida a pagar la factura de las decisiones tomadas por el capital.

Detrás del precio del diésel está el transporte. Detrás del transporte está la producción. Detrás de la producción está el trabajo. Y detrás de las decisiones sobre qué producir, cuánto producir y para quién producir, se encuentra la disputa por el control de la riqueza social.

La clase trabajadora produce esa riqueza. Organizarse para decidir cómo se utiliza es parte de la lucha.