Por Isabelino Montes
La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro vuelve a colocar a Brasil en el centro de una disputa política que trasciende la competencia entre 2 candidatos. La remontada de Lula, quien obtuvo más del 51.79 % de los votos válidos, refleja la movilización de amplios sectores del electorado ante la posibilidad de un nuevo Gobierno encabezado por la derecha bolsonarista. La participación en la segunda vuelta alcanzó el 80.78 % de un electorado de aproximadamente 159 millones de personas, con una abstención del 19.22 %, inferior a la registrada en la primera vuelta.
El resultado representa una derrota electoral para el bolsonarismo y abre un nuevo escenario para la lucha política en Brasil. Sin embargo, para la clase trabajadora, la importancia de esta victoria no puede medirse únicamente por quién ocupa la presidencia. Es necesario examinar las condiciones en que se produjo, los intereses económicos que intervienen en la disputa por el Estado y las limitaciones de un proyecto político que, después de más de 2 décadas de presencia del Partido de los Trabajadores (PT) en las estructuras de poder, todavía no ha transformado las relaciones fundamentales de propiedad y producción del capitalismo brasileño.
La contienda electoral estuvo marcada, además, por denuncias sobre la intervención de intereses estadounidenses en la política brasileña. Investigaciones periodísticas señalaron que el Gobierno de Donald Trump utilizó fondos superiores al millón de dólares administrados por el Departamento de Estado para financiar iniciativas dirigidas a candidatos reaccionarios en el extranjero, entre ellas un proyecto relacionado con Brasil. Estos señalamientos sitúan las elecciones dentro de una disputa más amplia por la influencia política y económica de Estados Unidos en América Latina, una región estratégica para sus intereses imperialistas.
A las denuncias sobre la intervención extranjera se sumaron señalamientos relacionados con el uso de herramientas digitales durante la campaña de Flávio Bolsonaro. Según los reportes citados, su campaña transfirió 600,000 reales, equivalentes aproximadamente a entre $118,000 y $120,000, a la empresa estadounidense de ciberseguridad Elytron. También trascendieron reportes internos atribuidos a empleados de Meta que apuntaban a posibles restricciones artificiales del alcance de cuentas favorables a Lula. Paralelamente, se denunciaron ventajas para perfiles bolsonaristas en los resultados de búsqueda de la plataforma y facilidades para aprobar anuncios falsos y contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, incluidos deepfakes, financiados desde el extranjero.
Estas denuncias requieren distinguir entre los hechos documentados y las acusaciones que todavía necesitan corroboración independiente. No obstante, ponen sobre la mesa un problema político fundamental: la competencia electoral está condicionada por la distribución desigual de los recursos económicos, el acceso a los medios de comunicación y la capacidad de influir en la información que recibe la población. La igualdad formal del voto no elimina las diferencias materiales entre quienes poseen enormes recursos financieros y quienes dependen de su fuerza de trabajo para ganarse la vida.
Desde una perspectiva de clase, estas condiciones permiten cuestionar la idea de que el sistema electoral, por sí solo, garantiza una representación efectiva de los intereses populares. El dinero, las relaciones empresariales y la influencia sobre las instituciones pueden favorecer a determinados sectores de la burguesía y limitar las posibilidades de quienes carecen de esos recursos. La disputa electoral no ocurre al margen de las relaciones de poder existentes, sino dentro de una sociedad en la que la propiedad y el control de la riqueza continúan concentrados.
Sin embargo, esta crítica no debe llevarnos a ignorar el significado inmediato de la derrota de Bolsonaro. Para los trabajadores que enfrentan el deterioro de sus condiciones de vida y las políticas de la derecha, la victoria de Lula puede abrir espacio para defender derechos y evitar retrocesos. El problema surge cuando esa necesidad inmediata se convierte en una estrategia política permanente, en la que las expectativas de transformación quedan depositadas en el Gobierno y en las negociaciones entre los partidos, mientras la organización independiente de la clase trabajadora pierde fuerza.
Aquí se encuentra una de las contradicciones centrales del lulismo. Lula no representa una amenaza para la existencia del capitalismo brasileño como sistema, aunque sus políticas y alianzas puedan entrar en conflicto con determinados sectores del capital nacional y estadounidense. Su trayectoria gubernamental se ha basado en reformas graduales, transferencias de ingresos, políticas salariales y acuerdos con sectores empresariales. Este modelo permite introducir mejoras sociales sin modificar necesariamente las relaciones de propiedad que determinan quién controla la producción, la inversión y los recursos económicos.
Por eso, la victoria de Lula debe analizarse desde 2 dimensiones. En lo inmediato, constituye una derrota electoral para la derecha bolsonarista y puede abrir condiciones más favorables para defender determinadas conquistas sociales. En el plano estructural, plantea la necesidad de examinar por qué la presencia prolongada del PT en el Gobierno no ha conseguido eliminar las bases materiales de la desigualdad ni impedir que la derecha conserve una capacidad considerable para disputar el poder.
La respuesta exige examinar las condiciones de vida de la clase trabajadora brasileña. Durante los gobiernos del PT se aprobaron medidas que mejoraron los ingresos de sectores empobrecidos y ampliaron determinadas políticas sociales. Las transferencias monetarias, los aumentos del salario mínimo y las políticas de empleo contribuyeron a modificar parcialmente la distribución del ingreso. Reconocer estos avances es necesario para comprender por qué Lula conserva apoyo popular y por qué su victoria representa una alternativa electoral para quienes buscan frenar a la derecha.
Sin embargo, las mejoras en los ingresos no significan que hayan desaparecido las relaciones capitalistas que producen la desigualdad. Una parte de la riqueza puede redistribuirse mediante políticas sociales sin que los trabajadores adquieran el control de las grandes empresas, del crédito, de las inversiones o de los recursos productivos. El Estado puede atender necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, preservar las condiciones que permiten a los propietarios del capital mantener el control de la economía.
Esta contradicción se refleja en la estructura económica brasileña. Pese a su enorme capacidad productiva, el país continúa marcado por la precariedad laboral, la insuficiente creación de empleos de calidad, la dependencia de las exportaciones de materias primas y la concentración de la riqueza. La propiedad privada de grandes extensiones de tierra sigue favoreciendo a una oligarquía terrateniente cuya posición histórica está vinculada con la esclavitud y la concentración agraria. A su vez, los grandes grupos económicos mantienen una influencia decisiva sobre las inversiones y las prioridades productivas.
Los indicadores de desigualdad permiten dimensionar la persistencia de estas diferencias. En 2024, el ingreso medio del 10 % más rico de Brasil fue 13.4 veces superior al del 40 % más pobre, mientras que el ingreso del 1 % más rico equivalió a 36.2 veces el del mismo grupo de menores ingresos. Aunque se registraron mejoras en la distribución del ingreso respecto a periodos anteriores, la concentración económica continuó siendo profunda. Estas cifras muestran que los avances sociales alcanzados durante determinados gobiernos no han eliminado las diferencias materiales entre las clases.
Las desigualdades también se manifiestan en las condiciones para participar en la vida política. Las comunidades aisladas que deben recorrer largas distancias para votar enfrentan obstáculos materiales distintos a los de quienes tienen mayores recursos y acceso a servicios. El derecho al voto existe formalmente para todos, pero las condiciones concretas para ejercerlo no son iguales. Esta realidad permite comprender que la desigualdad no se limita al ingreso: también atraviesa el acceso a los derechos, los servicios y los espacios de decisión.
En ese contexto, la aprobación de una reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales constituye una reivindicación importante para los trabajadores brasileños. Después de años de jornadas extensas y salarios que no siempre alcanzan para cubrir las necesidades familiares, reducir el tiempo de trabajo puede representar una mejora concreta en las condiciones de vida. Sin embargo, la necesidad de conquistar este tipo de medidas también evidencia que importantes reivindicaciones laborales siguen pendientes después de largos periodos de gobiernos del PT.
La reducción de la jornada, al igual que los aumentos salariales y las transferencias sociales, demuestra que la lucha política puede producir resultados concretos dentro de las instituciones existentes. Pero también obliga a distinguir entre conquistar mejores condiciones de vida y transformar las relaciones económicas que permiten a una minoría controlar la producción social. Si los medios de producción continúan bajo propiedad privada y las decisiones de inversión responden fundamentalmente a la rentabilidad, las conquistas laborales permanecen expuestas a las crisis económicas, los ajustes fiscales y los cambios en la correlación de fuerzas políticas.
El capitalismo puede admitir reformas redistributivas sin renunciar a su estructura de propiedad. También necesita mantener una fuerza de trabajo disponible para incorporarse al mercado laboral, mientras una parte de la población permanece desempleada o subempleada. Desde esta perspectiva, las políticas sociales pueden aliviar necesidades reales sin eliminar las condiciones que reproducen la dependencia económica de los trabajadores.
La contradicción no consiste, por tanto, en que las reformas carezcan de valor, sino en que sus alcances están condicionados por la estructura económica en la que se aplican. Cuando el control de la producción, la tierra, el crédito y la inversión permanece en manos privadas, las mejoras en la distribución del ingreso no modifican necesariamente la capacidad de la burguesía para determinar el rumbo de la economía. El PT ha demostrado que es posible administrar el capitalismo mediante políticas sociales, pero su experiencia también muestra los límites de esa estrategia para transformar las bases materiales del poder económico.
Esta experiencia adquiere mayor relevancia cuando se examina la persistencia de la derecha bolsonarista. Después de años de presencia del PT en el Gobierno, Bolsonaro y sus aliados consiguieron mantener una base política capaz de disputar la presidencia. La victoria de Lula no elimina las condiciones que permiten a esas fuerzas movilizar apoyo ni garantiza que las conquistas sociales permanezcan protegidas frente a futuros cambios de Gobierno.
Las limitaciones del reformismo deben examinarse, entonces, en relación con las condiciones que permiten el resurgimiento de las corrientes reaccionarias. Cuando las necesidades de la población no encuentran una solución duradera y las reformas no transforman las bases materiales de la desigualdad, el descontento social puede ser aprovechado por sectores conservadores. En momentos de crisis, estos sectores recurren a discursos autoritarios, mecanismos de control ideológico y medidas represivas para defender sus intereses y debilitar la organización popular.
Por eso, frenar a la derecha requiere algo más que ganar elecciones. Exige fortalecer una fuerza social capaz de defender las conquistas alcanzadas y disputar las condiciones económicas que reproducen la desigualdad. La clase trabajadora necesita intervenir en la vida política con independencia, sin quedar subordinada a las prioridades electorales de los partidos que administran el Estado capitalista.
La correlación de fuerzas en el Congreso brasileño hace más evidente este problema. En las elecciones legislativas de octubre de 2026, el PT no perdió escaños, pero quedó lejos de alcanzar una mayoría propia. El Partido Liberal (PL), principal fuerza de la derecha bolsonarista, se consolidó como la bancada más numerosa de la Cámara de Diputados, mientras que las fuerzas agrupadas alrededor del PT quedaron en minoría. La victoria presidencial, por tanto, no se traduce automáticamente en el control de las instituciones legislativas.
Esta composición obliga al Gobierno de Lula a negociar con el Centrão y con sectores de centro y centroderecha para aprobar leyes, presupuestos y reformas. Las fuerzas empresariales, agroindustriales, conservadoras y religiosas mantienen una presencia importante en el Congreso, lo que limita la capacidad del Gobierno para impulsar determinadas medidas redistributivas. El resultado es una contradicción entre las expectativas sociales depositadas en Lula y la correlación de fuerzas que condiciona sus decisiones.
La derecha conserva así una capacidad de presión que no depende exclusivamente de ocupar la presidencia. Aunque el bolsonarismo haya sido derrotado electoralmente, sus representantes pueden obstaculizar iniciativas gubernamentales y defender intereses económicos contrarios a determinadas reivindicaciones laborales. Esta situación muestra que conquistar el Ejecutivo no equivale a controlar el conjunto del aparato estatal ni a transformar las relaciones de poder que sostienen el capitalismo brasileño.
Ante este escenario, el PT vuelve a recurrir a las alianzas parlamentarias como mecanismo de gobernabilidad. El problema para la clase trabajadora surge cuando esas negociaciones se convierten en el límite de su propia acción política. Si las organizaciones obreras dependen de los acuerdos establecidos por sus representantes, sus reivindicaciones pueden quedar subordinadas a las concesiones que estos estén dispuestos a negociar con sectores de la burguesía.
La experiencia del PT permite comprender cómo se desarrolló esta contradicción. El partido nació de una experiencia de organización obrera con un importante contenido democrático y anticapitalista. Sus raíces se encuentran en las huelgas del ABC paulista, en la movilización sindical y en las luchas populares que contribuyeron a debilitar la dictadura militar y abrir una nueva etapa política en Brasil. Para numerosos trabajadores, aquella organización representó la posibilidad de construir una fuerza propia capaz de disputar el poder y transformar la sociedad.
Sin embargo, con su consolidación como partido de gobierno, el PT fue desplazando progresivamente el centro de gravedad de su estrategia hacia la competencia electoral, la administración estatal y las alianzas con sectores empresariales. La organización obrera que contribuyó a su nacimiento quedó cada vez más condicionada por las necesidades de gobernabilidad y los compromisos establecidos para mantener su presencia en las instituciones.
Las asambleas y los mecanismos de democracia de base perdieron centralidad frente a las estructuras de dirección partidista y las negociaciones institucionales. El control obrero en los centros de trabajo fue relegado frente a estrategias centradas en la negociación salarial, la representación sindical formal y el apoyo electoral al PT. Aunque estas herramientas han permitido obtener conquistas concretas, no sustituyen la capacidad de los trabajadores para organizarse como una fuerza social autónoma.
De esta manera, una organización surgida de las luchas obreras terminó integrada en las estructuras del Estado capitalista. La conciencia de clase que impulsó las huelgas del ABC y la formación del partido no desapareció, pero quedó condicionada por una estrategia que priorizó la representación institucional sobre la construcción de un poder obrero independiente. La transformación del PT en partido de gobierno modificó así la relación entre la movilización de los trabajadores y las decisiones políticas que se toman en su nombre.
Esta trayectoria ayuda a comprender por qué la clase trabajadora brasileña continúa enfrentándose a una disyuntiva entre una derecha que amenaza sus conquistas y un reformismo que ofrece avances parciales sin transformar las bases económicas del sistema. La comparación entre ambas alternativas puede explicar el apoyo electoral a Lula, pero no debe llevar a los trabajadores a abandonar su propio programa histórico.
La alternativa no consiste en ignorar las diferencias entre los gobiernos ni en desconocer las consecuencias de una victoria de la derecha. Consiste en comprender que la defensa inmediata de los derechos laborales y sociales debe acompañarse de una estrategia capaz de superar la dependencia política respecto a quienes administran el capitalismo. La clase trabajadora necesita defender sus conquistas sin renunciar a transformar las relaciones de propiedad y poder que las hacen vulnerables.
Esa tarea exige recuperar la organización en los centros de trabajo y las comunidades, fortalecer las asambleas y desarrollar mecanismos de participación democrática que permitan a los trabajadores formular sus propias reivindicaciones. Las luchas por los salarios, la jornada laboral, la estabilidad en el empleo y los servicios públicos pueden convertirse en puntos de partida para articular un programa común que vincule las necesidades inmediatas con la transformación estructural de la sociedad.
Las huelgas de trabajadores petroleros, docentes y metalúrgicos durante los gobiernos de Lula muestran que la movilización obrera puede conservar una dinámica propia frente a las instituciones. Estas experiencias recuerdan que los trabajadores no tienen que limitarse a respaldar electoralmente a un Gobierno y esperar que sus representantes resuelvan sus necesidades. También pueden organizarse, ejercer presión directa y defender sus condiciones de vida desde una posición independiente.
La recuperación de esta capacidad organizativa es fundamental para que la victoria de Lula no termine reducida a una nueva etapa de expectativas electorales. Las organizaciones obreras deben poder respaldar las medidas que beneficien a los trabajadores, cuestionar aquellas que respondan a intereses empresariales y mantener una agenda política propia, independientemente de quién ocupe la presidencia.
Además, esta perspectiva debe superar los límites nacionales. Brasil posee una enorme capacidad productiva que podría contribuir al desarrollo económico de América Latina si sus recursos se orientaran a satisfacer necesidades sociales y no exclusivamente a la acumulación privada. Una planificación económica regional permitiría articular las fuerzas productivas, reducir determinadas dependencias externas y desarrollar mecanismos de cooperación que respondan a los intereses de los trabajadores.
Esta posibilidad requiere cuestionar la organización capitalista de la producción, la dependencia de las exportaciones de materias primas y el control privado de los principales recursos económicos. No se trata solamente de redistribuir una parte de la riqueza después de que ha sido producida, sino de disputar quién decide qué se produce, cómo se produce y a qué necesidades se destinan los recursos de la sociedad.
La construcción de una alternativa socialista exige, por tanto, una organización política independiente capaz de articular las luchas inmediatas con un programa de transformación económica. La propiedad social de los medios de producción y la planificación racional de las fuerzas productivas tendrían que responder a las necesidades colectivas, con la participación democrática de los trabajadores en las decisiones fundamentales. Esta perspectiva también requiere desarrollar vínculos entre las organizaciones obreras latinoamericanas para enfrentar de manera coordinada los intereses del capital nacional y transnacional.
La victoria de Lula constituye una oportunidad para frenar electoralmente a la derecha, defender determinadas conquistas sociales y abrir espacios para la movilización popular. Pero su trascendencia histórica dependerá también de la capacidad de la clase trabajadora para aprender de las contradicciones del lulismo y recuperar la iniciativa política que caracterizó las luchas obreras que dieron origen al PT.
La remontada que necesita Brasil no puede limitarse a la de Lula frente a Bolsonaro. Tiene que ser también la recuperación de la conciencia de clase, la organización independiente y la capacidad de los trabajadores para intervenir directamente en las decisiones económicas y políticas. La defensa de las conquistas sociales y la resistencia frente a la derecha deben convertirse en puntos de apoyo para superar los límites del reformismo, no en razones para perpetuar la subordinación de la clase obrera a la administración del capitalismo.
El desafío es transformar la esperanza electoral en organización permanente, la movilización en fuerza política independiente y las reivindicaciones inmediatas en un programa común de la clase trabajadora. Solo mediante esa construcción será posible disputar el control de los medios de producción, orientar las fuerzas productivas hacia las necesidades sociales y desarrollar una cooperación latinoamericana que contribuya a superar la dependencia y la desigualdad.
La victoria de Lula abre un nuevo capítulo de la disputa política brasileña, pero no resuelve por sí misma las contradicciones que atraviesan a la sociedad. La tarea histórica de la clase trabajadora sigue siendo construir una fuerza propia, capaz de defender sus conquistas sin renunciar a transformar las relaciones económicas que reproducen su explotación. El objetivo no es convertir al movimiento obrero en un brazo electoral del lulismo, sino recuperar su capacidad para disputar el poder económico y político y avanzar hacia la construcción del socialismo desde los intereses de la clase obrera brasileña e internacional.
