Marcha por la independencia: entre la legitimidad del reclamo nacional y la necesidad de una alternativa obrera

Por Isabelino Montes

La marcha por la independencia en Puerto Rico se da en un contexto que abre diversas puertas para un análisis serio por parte de la clase trabajadora. Diferentes organizaciones asumen la responsabilidad de exigir el derecho a la soberanía que poseen la mayoría de los países del mundo. Esto representa no solo un intento legítimo dentro de la democracia burguesa, sino también un proceso que obliga a explicar al pueblo de Puerto Rico los pros y los contras de proclamar una República de Puerto Rico bajo las condiciones actuales del capital.

Dentro de esa legitimidad se encuentra el principal reclamo de las organizaciones independentistas: denunciar un sistema de 128 años de usurpación, abuso y subordinación colonial sobre el territorio nacional, cuya expresión más concreta es la imposición de una Junta de Control Fiscal. En ese reclamo legítimo la clase trabajadora puede unirse más allá de las manifestaciones convocadas por estas organizaciones, pues se denuncia una realidad innegable: mientras Estados Unidos mantenga el control político y económico del país, cualquier decisión tomada por los representantes políticos de la colonia queda subordinada a un poder superior.

Las urnas, por tanto, aparecen estériles frente a una Junta de Control Fiscal que decide el presupuesto del país por encima de las personas escogidas por el pueblo. De forma más clara y precisa difícilmente puede quedar al descubierto el carácter antidemocrático del actual estatus colonial. Es un escenario que exige una respuesta política organizada de la clase trabajadora.

A ello se suma el entramado económico de dependencia hacia los intereses del capital estadounidense. Esa dependencia no puede entenderse como un sistema de "ayudas", como frecuentemente se presenta, sino como un negocio histórico del capitalismo. Un mecanismo que envolvió a la colonia en una gigantesca deuda pública y que forma parte de la propia lógica de acumulación del capital financiero, la cual reproduce el endeudamiento de países independientemente de su condición colonial. De ahí surgen las profundas disparidades económicas y políticas entre naciones.

La existencia de numerosos países soberanos con niveles de endeudamiento incluso mayores que Puerto Rico demuestra que el problema colonial, aun siendo una limitación concreta y profunda, no constituye por sí solo el origen de todos los males. El colonialismo expresa una forma particularmente atrasada de subordinación que limita la inserción del país en un capitalismo mundial que hoy opera bajo dinámicas distintas a las que históricamente moldearon la colonia.

Sin embargo, la clase trabajadora no es ingenua. Plantearle que la independencia resolverá automáticamente los problemas nacionales sin desarrollar un proceso democrático de discusión sobre qué tipo de independencia beneficiaría realmente a la mayoría trabajadora es un asunto que no admite más aplazamientos.

Es precisamente ahí donde numerosos sectores independentistas terminan cayendo en una demagogia similar a la del bipartidismo tradicional. Durante décadas se prometió el progreso bajo el Estado Libre Asociado y luego bajo la estadidad. Hoy resulta cada vez más difícil sostener esas promesas cuando la realidad demuestra cómo unas pocas naciones concentran la producción y subordinan económicamente a otras que sobreviven dependiendo del financiamiento externo.

Esa lógica no desaparece simplemente mediante un proceso de descolonización que mantenga intactas las estructuras capitalistas que dominan el mundo. Por ello resulta oportunista que cualquier partido o movimiento político evite confrontar seriamente con la clase trabajadora la pregunta fundamental: ¿cómo beneficiaría concretamente una independencia a quienes producimos toda la riqueza?

Con frecuencia, para evitar esa discusión, se acusa de ignorancia a quienes observan cómo numerosos países soberanos también atraviesan procesos de deterioro económico y social. Una independencia orientada únicamente a favorecer a sectores profesionales privilegiados o a crear una nueva burguesía nacional dejaría intacta la subordinación y la pobreza que afecta a la inmensa mayoría trabajadora. Más aún cuando el propio capitalismo acelera la automatización de la producción y los servicios con el objetivo de maximizar las ganancias y reducir el costo del trabajo humano. Frente a esa realidad ya visible, la clase trabajadora tiene razones para preguntarse: ¿cómo la independencia que plantean los grupos independentistas —especialmente aquellos que aspiran a gobernar el país, como la ex Alianza y uno de sus principales líderes, Juan Dalmau— garantizaría salarios dignos y una mejor calidad de vida para las masas trabajadoras?

Son preguntas legítimas que numerosos trabajadores/as se hacen mientras observan que el Partido Independentista Puertorriqueño continúa concentrando buena parte de sus esfuerzos en defender el derecho internacional a la autodeterminación.

Ello ocurre cuando las propias instituciones internacionales, incluyendo la ONU, han demostrado reiteradamente su incapacidad para hacer valer esos principios frente a las grandes potencias. Invasiones militares, bloqueos económicos, persecuciones contra inmigrantes y el genocidio que Israel ejecuta en Palestina con el respaldo político y militar de Estados Unidos muestran cómo el imperialismo opera muchas veces con la permisividad de los organismos internacionales. En semejante escenario, resulta comprensible que la clase trabajadora también pregunte cómo podría declararse una independencia efectiva bajo esas condiciones.

En lugar de depositar sus principales expectativas en instituciones diseñadas para preservar la institucionalidad del capital, Juan Dalmau podría dedicar mayores esfuerzos a obtener la aprobación consciente de la clase trabajadora mediante debates abiertos, públicos y directos, donde sea posible discutir cara a cara cómo construir una República basada en los intereses de quienes producen la riqueza social.

Eso sería comenzar a hablar de una verdadera democracia. Ello implica ir mucho más allá del proceso electoral. La interrogante es inevitable: ¿al PIP, a Dalmau y a las restantes organizaciones independentistas realmente les interesa desarrollar ese proceso democrático de construcción popular o simplemente administrar los restos de la colonia mientras esperan un eventual proceso de descolonización autorizado por el propio imperialismo?

Se trata de una discusión impostergable que puede comenzar desde ahora.

Hablar principalmente ante auditorios universitarios o viajar a Chicago para reunirse con figuras del Partido Demócrata estadounidense, como Luis Gutiérrez, representa una estrategia que difícilmente rompe con la lógica institucional del imperialismo, aunque se presente bajo un rostro más amable. Esa orientación termina revelando que el objetivo central continúa siendo el proceso electoral.

Naturalmente, ello debe entenderse considerando que el PIP es un partido electoral. Pero precisamente por esa condición también resulta necesario señalar que las elecciones no pueden reducirse simplemente a adelantar candidaturas y posicionar figuras públicas.

Esa práctica lleva décadas desarrollándose y, sin embargo, la clase trabajadora puertorriqueña continúa acumulando más dudas que certezas respecto al proyecto independentista.

El PIP ha tenido oportunidades históricas para impulsar reformas que permitieran demostrar, de manera concreta, cómo una independencia beneficiaría a las mayorías obreras.

En su programa Patria Nueva, por ejemplo, no queda claramente establecido si la propuesta de "abrirnos al mundo" mediante una mayor apertura al capital transnacional implicaría o no una desvalorización de la fuerza de trabajo; es decir, una reducción relativa del valor de los salarios como mecanismo para atraer inversión. Esa explicación continúa pendiente pese a las numerosas campañas electorales y pese a que el propio pueblo ha permitido repetidamente que el partido conserve su inscripción electoral.

Frente a todas estas interrogantes legítimas, corresponde también que la propia clase trabajadora se formule una pregunta decisiva: ¿qué tipo de independencia y qué tipo de soberanía desea construir? No hace falta esperar por salvadores externos. La clase trabajadora posee la capacidad de organizarse políticamente, debatir ideas y convertirlas en luchas concretas mediante la elaboración de un programa político nacido desde los centros de trabajo y las comunidades obreras.

Porque si la competencia dentro del capitalismo mundial exige abaratar permanentemente el costo de la fuerza laboral, entonces también ha llegado el momento de comenzar a discutir la necesidad de una República Obrera y no simplemente de una República Burguesa.

Una República que coloque en primer lugar los intereses de quienes trabajamos y no los intereses de quienes poseen el capital.

Si Puerto Rico no quiere continuar vaciándose de trabajadores y trabajadoras mientras permanecen únicamente los grandes millonarios, algunos sectores profesionales privilegiados y una enorme población obligada a sobrevivir con migajas, resulta imprescindible comenzar a pensar una República Obrera construida desde las condiciones materiales del presente.

Desde esa perspectiva también surge la posibilidad de impulsar formas permanentes de organización política mediante la creación de Comités de Trabajadores y Trabajadoras en cada centro laboral y en cada comunidad. Comités independientes de los partidos burgueses que permitan debatir colectivamente una república que no se limite únicamente a cambiar de administrador, sino que transforme el poder político desde sus cimientos.

Entre las tareas inmediatas podrían discutirse las siguientes:

• Constituir comités de trabajadores y trabajadoras en todo Puerto Rico y en sectores estratégicos de la diáspora.

• Impulsar un programa político acordado democráticamente por la mayoría trabajadora.

• Impulsar administrar directamente instituciones estratégicas, como las escuelas y la Autoridad de Energía Eléctrica, bajo control obrero.

• Impulsar representantes escogidos por los propios comités para ocupar espacios institucionales, como las asambleas municipales, con la facultad de remover inmediatamente a cualquier delegado que incumpla el mandato colectivo y garantizando que dichos cargos no reciban un salario superior al de un obrero/a calificado.

• Establecer de manera inmediata los vínculos necesarios para construir una alianza política internacional entre comités de trabajadores y trabajadoras del Caribe y de Estados Unidos.

Una discusión abierta sobre estas cuestiones permitirá que la independencia deje de ser únicamente un reclamo nacional para convertirse también en un proyecto de emancipación social construido por quienes sostenemos el país con nuestro trabajo cotidiano.