Ortega en Nicaragua limita el desarrollo político de la clase obrera

Por Isabelino Montes

En Nexo Revolucionario Media hemos insistido en que el capitalismo atraviesa una profunda crisis democrática. El deterioro de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras no solo expresa el agotamiento económico del sistema, sino también el estrechamiento de los espacios políticos desde donde la clase obrera puede organizarse y disputar el poder.

Mientras los capitalistas encuentran cada vez menos mecanismos para sostener el orden social sin recurrir a métodos autoritarios, las necesidades de la clase trabajadora apuntan precisamente en la dirección contraria: ampliar su participación en la toma de decisiones para elevar sus condiciones de vida y construir un futuro más justo. Una clase obrera aislada de la política está condenada al estancamiento y a la subordinación permanente.

Ese fenómeno volvió a manifestarse recientemente en Nicaragua. Durante los actos del 19 de julio de 2026, con motivo del aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente Daniel Ortega declaró que en el país "no volverán a haber elecciones". Según explicó, la medida busca impedir el regreso de partidos que, a su juicio, responden a los intereses de Estados Unidos.

No debe caber la menor duda sobre la histórica intervención del imperialismo estadounidense en Nicaragua y en toda América Latina. Washington organizó, financió y sostuvo durante décadas el aparato militar de la dictadura de Anastasio Somoza, desde la década de 1930 hasta prácticamente el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Tampoco puede ignorarse que la renovada Doctrina Monroe impulsada por la administración de Donald Trump mantiene la pretensión hegemónica estadounidense sobre la región, como se ha evidenciado en distintos procesos políticos ocurridos en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Venezuela.

Sin embargo, reconocer el carácter imperialista de la política exterior estadounidense no obliga a justificar las expresiones profundamente antidemocráticas del gobierno de Ortega. Por el contrario, la clase trabajadora internacional debe repudiarlas. Ese rechazo no implica respaldar a los partidos burgueses nicaragüenses ni mucho menos alinearse con el régimen de Trump o con las demás cúpulas imperialistas del Partido Demócrata, igualmente responsables del saqueo económico sobre América Latina. Se trata de comprender que toda medida que cierre los espacios de participación política de las masas trabajadoras constituye un retroceso para el desarrollo de su conciencia y de su organización política independiente.

La burguesía estadounidense utilizará las declaraciones de Ortega para presentarse nuevamente como defensora de la democracia. Lo hace con una hipocresía ampliamente demostrada por su propia historia de intervenciones militares, golpes de Estado y respaldo a dictaduras en todo el continente. Pero precisamente por esa manipulación ideológica resulta indispensable que la clase obrera dirija su análisis hacia el problema central: la defensa de la democracia como terreno de lucha para desarrollar su propia organización política.

No deja de ser una amarga contradicción histórica que el gobierno encabezado hoy por Daniel Ortega tenga su origen en un movimiento que nació precisamente para destruir una de las dictaduras más brutales de América Latina. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) surgió como un amplio frente político donde confluyeron sectores de la burguesía nacionalista y corrientes revolucionarias vinculadas al movimiento obrero y campesino. Aquella alianza tuvo como objetivo derrotar el régimen autoritario de Somoza, sostenido durante décadas por el imperialismo estadounidense. No obstante, en el desarrollo de ese frente reformista, el sector revolucionario obrero-campesino terminó siendo desplazado por las posiciones encabezadas por Ortega.

La posibilidad de construir una democracia cada vez más amplia para las masas trabajadoras quedó subordinada a un proyecto nacionalista burgués que terminó defendiendo los intereses de una nueva élite económica antes que los intereses políticos de la clase obrera.

La experiencia nicaragüense demuestra una de las principales limitaciones de los frentes nacionalistas. En determinadas circunstancias históricas, como ocurrió bajo la feroz represión de Somoza, la clase trabajadora puede verse obligada a construir alianzas amplias para conquistar libertades democráticas básicas. Esa lucha por una democracia liberal representaba entonces un avance frente al autoritarismo existente, porque ampliaba el terreno desde el cual los trabajadores/as podían organizarse, elevar su conciencia política y disputar el poder.

Pero la emancipación de la clase obrera nunca podía reducirse a sustituir a una figura política por otra dentro del mismo aparato estatal.

La tarea histórica consistía en avanzar más allá de los límites de la democracia burguesa, transformando las propias relaciones de clase que sostienen al Estado y desarrollando una organización política independiente de todos los sectores de la burguesía. Nuestra propia organización política obrera.

La trayectoria del FSLN bajo la dirección de Ortega constituye una nueva demostración de cómo los proyectos donde predomina el nacionalismo burgués terminan utilizando el discurso antiimperialista para fortalecer a una burguesía nacional rezagada dentro de sus propias disputas con otras fracciones del capital. Por eso, el problema de fondo en las declaraciones de Ortega no reside únicamente en su enfrentamiento con sectores vinculados a Washington. Lo verdaderamente grave es que plantea eliminar la competencia electoral y prohibir la existencia de una oposición política para garantizar su permanencia en el poder.

Los partidos señalados por Ortega —entre ellos la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino, el Partido Liberal Constitucionalista, el Partido de Restauración Democrática, Fuerza Democrática de Nicaragua y YATAMA— representan, en gran medida, otros sectores de la burguesía nicaragüense históricamente vinculados a la vieja oligarquía somocista y a intereses estadounidenses.

La clase trabajadora no tiene por qué depositar confianza política en esos partidos. Pero tampoco puede aceptar que la respuesta sea clausurar toda posibilidad de organización política y de alternancia. Cuando un gobierno elimina la competencia electoral, lo que finalmente restringe no es solamente la actividad de otras fracciones burguesas, sino también las posibilidades de que las masas trabajadoras desarrollen su propia intervención independiente en la vida política del país.

La prensa burguesa de Estados Unidos y Puerto Rico ha reaccionado a las declaraciones de Daniel Ortega denunciando la pérdida de libertades democráticas en Nicaragua. Sin embargo, conviene preguntarse: ¿qué tipo de oposición política existe realmente dentro del propio sistema estadounidense? ¿Qué democracia puede proclamarse como modelo cuando el acceso al poder depende, en gran medida, del dinero aportado por multimillonarios y grandes corporaciones? ¿Qué democracia plena puede existir cuando ni siquiera la presidencia es decidida directamente por el voto mayoritario de la población, sino por un sistema de Colegio Electoral que en más de una ocasión ha permitido que gobierne quien obtuvo menos votos populares?

Las manipulaciones ideológicas de la prensa burguesa obligan a la clase trabajadora a ir más allá de la propaganda. Estados Unidos se presenta como el gran defensor de las libertades mientras acusa a otros gobiernos de autoritarios, pero guarda silencio sobre las profundas limitaciones democráticas existentes dentro de su propio régimen político.

El análisis no puede quedarse en escoger entre Washington u Ortega. Debe partir de las confrontaciones entre clases y de cómo, bajo distintas formas, las burguesías van estrechando los espacios democráticos conforme se profundiza la crisis del capitalismo. En unos casos mediante la eliminación abierta de elecciones; en otros, restringiendo el derecho al voto, fortaleciendo mecanismos institucionales para perpetuarse en el poder o limitando la participación política de sectores populares.

Daniel Ortega no es el único dirigente que empuja ese camino antidemocrático.

En Estados Unidos también observamos cómo la administración de Donald Trump y sectores del Partido Republicano impulsan políticas orientadas a restringir el acceso al sufragio. Entre ellas destacan la limitación del voto por correo y el fortalecimiento del control federal sobre los registros electorales, medidas presentadas como mecanismos de seguridad electoral, pero que diversos sectores consideran capaces de dificultar el acceso al voto de amplios sectores de la población. Ese endurecimiento institucional se acompaña, además, de una ofensiva ideológica ultraconservadora que pretende devolver a la mujer a un papel subordinado dentro de la familia, promoviendo concepciones reaccionarias sobre su función social y política.

Al mismo tiempo, otros gobiernos latinoamericanos muestran tendencias similares. En El Salvador, Nayib Bukele logró que el Congreso aprobara reformas que permiten la reelección presidencial indefinida y amplían el tiempo de permanencia en el cargo, modificando profundamente el equilibrio institucional. En Argentina, Javier Milei ya plantea la necesidad de prolongar su proyecto político y mantenerse en el poder más allá de un solo mandato.

Se trata de expresiones distintas de un mismo impulso autoritario: debilitar los contrapesos institucionales, controlar las reglas del juego político y reducir las posibilidades reales de alternancia cuando la crisis del capital amenaza la estabilidad de las clases dominantes. No obstante, es importante distinguir entre fenómenos diferentes.

No es exactamente lo mismo restringir el derecho al voto que modificar una Constitución para permitir la reelección indefinida, ni es igual aspirar a una nueva elección respetando las reglas existentes que eliminar completamente la competencia electoral. Cada proceso posee características propias y responde a condiciones históricas distintas. Sin embargo, todos ellos comparten un mismo resultado cuando fortalecen la concentración del poder en manos de minorías dominantes: reducen la capacidad de las mayorías trabajadoras para influir sobre las decisiones fundamentales del Estado. En el caso de Nicaragua, la eliminación o el vaciamiento de las elecciones representa una ruptura mucho más abierta con cualquier posibilidad de alternancia política. No solamente limita las opciones de otras organizaciones burguesas, sino que consolida una estructura de poder cerrada sobre sí misma, donde las masas populares quedan subordinadas a una dirección política permanente.

En Estados Unidos, las restricciones al voto por correo y otras medidas de control electoral operan dentro de un sistema que ya se encuentra profundamente condicionado por el poder económico. Los llamados Super PAC, las donaciones multimillonarias y la influencia directa de los grandes capitales convierten la competencia electoral en un terreno donde el dinero determina buena parte de las posibilidades reales de acceder al gobierno.

En El Salvador, la reelección indefinida erosiona otro de los límites democráticos construidos históricamente para impedir la concentración permanente del poder.

Aunque cada proceso adopte formas distintas, todos terminan reduciendo las posibilidades de intervención política de las grandes mayorías trabajadoras.

Desde una perspectiva de clase, toda política que cierre los espacios democráticos conquistados mediante décadas de luchas constituye un retroceso político. No porque la democracia liberal represente la emancipación definitiva de la clase obrera, sino porque incluso ese terreno limitado continúa siendo un espacio desde el cual los trabajadores/as pueden organizarse, elevar su conciencia política y disputar mayores cuotas de poder.

Precisamente ahí reside una de las contradicciones fundamentales del capitalismo contemporáneo. La democracia liberal también ha comenzado a mostrar sus propios límites para las masas trabajadoras. El discurso estadounidense sobre las libertades políticas resulta cada vez más difícil de sostener cuando la realidad evidencia que tanto republicanos como demócratas administran un mismo Estado construido para preservar el dominio de la burguesía.

Ambos partidos mantienen diferencias reales sobre asuntos específicos, pero ninguno cuestiona las bases del sistema capitalista. La disputa ocurre dentro de un mismo poder de clase, donde las decisiones fundamentales continúan subordinadas a los intereses de una minoría propietaria.

Los grandes donantes, las estructuras internas del Partido Demócrata y el peso del financiamiento privado dificultan constantemente el avance de candidaturas identificadas con posiciones progresistas o de izquierda. Los casos de Bernie Sanders en 2016 y 2020 constituyen quizá el ejemplo más conocido de cómo el establishment demócrata cerró filas alrededor de candidatos más cercanos al centro político para impedir que una corriente más crítica del capitalismo alcanzara la nominación presidencial. Procesos similares pueden observarse también en disputas locales recientes, como las protagonizadas por Zohran Mamdani y otros sectores de la izquierda demócrata en Nueva York.

En Chicago ocurrió un episodio que ilustra esa misma lógica. Jesús "Chuy" García anunció su retiro después de la fecha límite de inscripción, dejando a Patty García como única candidata demócrata en la papeleta, mientras dirigentes progresistas como Byron Sigcho-Lopez y Mayra Macías tuvieron que competir como candidatos independientes. Estos acontecimientos muestran cómo el Partido Demócrata puede absorber parte del descontento popular mientras mantiene bajo control la traducción de esas demandas en poder político efectivo. Al igual que el Partido Republicano, continúa siendo una maquinaria profundamente condicionada por los intereses de los grandes capitalistas, quienes bloquean cualquier proyecto que cuestione seriamente el dominio de la burguesía.

Desde una perspectiva de clase, la llamada democracia estadounidense continúa funcionando como una república burguesa donde, en esencia, las principales fuerzas políticas representan distintas fracciones del mismo capital. Las diferencias existen porque también existen disputas entre sectores de la propia burguesía, cada uno con sus representantes políticos y sus intereses particulares. Esa es precisamente la base sobre la que descansa la democracia burguesa. Por eso resulta profundamente hipócrita que Washington pretenda presentarse como juez universal de la democracia mientras oculta las limitaciones estructurales de su propio sistema político.

Sin embargo, la hipocresía de la prensa burguesa no termina al denunciar el autoritarismo de Ortega. Mientras dedica amplios titulares a las restricciones democráticas en Nicaragua, guarda un silencio casi absoluto sobre la relación económica que durante años ha existido entre el gobierno nicaragüense, el capital estadounidense y las grandes corporaciones mineras internacionales.

Desde 2007, el grupo político encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado una estructura de poder que funciona como una nueva élite política y económica. Lejos de romper con el capitalismo internacional, esa élite ha mantenido relaciones permanentes con empresas privadas, inversionistas extranjeros y sectores del capital estadounidense, particularmente alrededor de la explotación minera.

La prensa presenta el conflicto entre Washington y Managua como si se tratara exclusivamente de una confrontación entre imperialismo y soberanía nacional. Sin embargo, la realidad de las relaciones económicas muestra un panorama mucho más complejo.

Ortega representa una variante del antiimperialismo burgués. Su discurso confronta políticamente a Estados Unidos cuando conviene a la consolidación de su proyecto nacionalista, pero al mismo tiempo mantiene abiertos importantes espacios de acumulación para el capital transnacional. El Estado actúa como garante del orden político interno y como administrador de un modelo económico donde continúan participando empresas privadas nacionales y extranjeras.

La minería constituye uno de los mejores ejemplos de esa contradicción.

Estados Unidos ha sido durante años el principal destino del oro extraído en Nicaragua. Según datos recopilados por el Oakland Institute, únicamente durante 2021 las exportaciones de oro hacia el mercado estadounidense alcanzaron aproximadamente 744 millones de dólares, representando cerca del 79 % del total de las exportaciones auríferas del país.

La tendencia continuó en 2023. Entre enero y julio de ese año, Estados Unidos siguió siendo el mayor comprador del oro nicaragüense, importando alrededor de 465 millones de dólares, equivalentes a cerca del 73 % de todas las exportaciones de ese mineral. Estos datos permiten comprender que, detrás del enfrentamiento diplomático, continúa existiendo una relación económica de enorme importancia para ambas burguesías.

La estructura minera nicaragüense tampoco responde a un modelo socialista de producción. Las empresas privadas —nacionales y extranjeras— operan mediante concesiones otorgadas por el Estado y, en numerosos casos, mediante asociaciones con la empresa estatal ENIMINAS. La participación estatal no elimina la lógica capitalista de acumulación; por el contrario, organiza jurídicamente la extracción de los recursos naturales mientras facilita la circulación de beneficios hacia operadores privados y redes políticas vinculadas al poder.

Por ello, las nacionalizaciones parciales impulsadas por Ortega no pueden interpretarse como una transformación socialista de la economía. Se trata de un esquema donde el Estado interviene para garantizar la continuidad de la acumulación capitalista, regulando la actividad minera y administrando la relación entre capitales nacionales, inversionistas extranjeros y la burocracia gobernante.

En ese sentido, la disputa entre Washington y Managua no elimina los vínculos económicos existentes entre ambos. Mientras las condiciones de acumulación permanezcan relativamente favorables para los grandes intereses empresariales, la llamada defensa de la democracia suele ocupar un lugar secundario dentro de la política exterior estadounidense. Solo cuando determinados conflictos afectan directamente la rentabilidad del capital o modifican el equilibrio de fuerzas entre distintos grupos económicos comienzan a aparecer las sanciones, las presiones diplomáticas o los discursos sobre derechos humanos.

Ese comportamiento puede observarse claramente en el sector aurífero.

Washington sancionó a ENIMINAS en 2022 y posteriormente amplió las medidas contra otras empresas relacionadas con la minería nicaragüense en 2026. Sin embargo, dichas sanciones no expresan un rechazo general al funcionamiento del capitalismo en Nicaragua, sino instrumentos utilizados para disciplinar el mercado cuando determinados intereses estadounidenses consideran afectados sus propios espacios de acumulación. La contradicción resulta evidente.

El mismo país que durante años compró la mayor parte del oro nicaragüense aplica sanciones cuando considera que la competencia, la reorganización del mercado o determinadas decisiones del gobierno de Ortega perjudican sus intereses estratégicos. Las supuestas reglas del libre comercio desaparecen tan pronto dejan de favorecer a la potencia dominante. Estados Unidos no duda en intervenir mediante sanciones económicas, restricciones financieras o mecanismos regulatorios cuando el funcionamiento del mercado deja de beneficiar a sus propios capitalistas.

La defensa del libre mercado termina subordinada, una vez más, a los intereses concretos del imperialismo. Pero las contradicciones no terminan ahí.

Diversos inversionistas y fondos financieros vinculados al mercado estadounidense mantienen participación directa o indirecta en compañías mineras que operan en Nicaragua. Entre ellos figuran grandes administradores de activos como BlackRock, VanEck Associates, Invesco y ASA Gold and Precious Metals, además de empresas mineras con fuerte presencia de capital estadounidense y canadiense como B2Gold y Agnico Eagle Mines. La existencia de estos vínculos económicos demuestra que el enfrentamiento político entre Washington y Ortega no ha impedido la continuidad de importantes relaciones de negocios entre sectores de ambas burguesías.

Mientras la acumulación del capital pueda seguir desarrollándose, las diferencias políticas encuentran mecanismos de negociación. Solo cuando esos intereses se ven amenazados aparecen con mayor intensidad los discursos sobre democracia, sanciones o defensa de los derechos humanos.

Por eso resulta insuficiente interpretar el conflicto únicamente como una confrontación entre imperialismo y soberanía nacional. La burguesía estadounidense defiende sus intereses internacionales. La oligarquía gobernante en Nicaragua defiende los suyos.

Y entre ambas continúan existiendo múltiples espacios de cooperación económica que desmienten la imagen de una ruptura absoluta entre los dos gobiernos.

Desde una perspectiva de clase, el problema central no consiste únicamente en denunciar la injerencia estadounidense ni tampoco en respaldar acríticamente al gobierno de Ortega por su retórica antiimperialista. El verdadero problema es que ambos proyectos permanecen dentro de la lógica de reproducción del capitalismo. Uno representa los intereses del imperialismo dominante. El otro administra una variante de capitalismo nacional donde el Estado sirve de mediador entre la burguesía local y el capital transnacional.

En ninguno de los dos casos la riqueza generada por el trabajo de las masas obreras pasa a estar bajo control democrático de la propia clase trabajadora.

Por eso la lucha por la democracia no puede reducirse a escoger entre dos burguesías enfrentadas. Debe orientarse hacia la construcción de una organización política independiente de la clase obrera, capaz de combatir simultáneamente el imperialismo, el autoritarismo y todas las formas de dominación del capital, vengan de Washington o de Managua.

Toda esta realidad demuestra que la lucha por la democracia, mientras permanezca subordinada a los intereses del capital, jamás podrá satisfacer las necesidades políticas de las mayorías trabajadoras.

Ese ha sido uno de los errores históricos de amplios sectores de la izquierda. Cuando el combate al imperialismo se desarrolla sin un análisis de clase, termina convirtiéndose en una defensa de proyectos nacionalistas burgueses que, tarde o temprano, traicionan a las masas trabajadoras.

Eso fue precisamente lo ocurrido con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Nadie puede negar que, durante sus primeros años, la Revolución Sandinista impulsó importantes reformas sociales que beneficiaron a amplios sectores del pueblo nicaragüense. La derrota de la dictadura somocista representó un enorme avance histórico frente a uno de los regímenes más represivos del continente. Pero aquellas conquistas nunca significaron la emancipación política independiente de la clase obrera.

El desarrollo posterior del FSLN terminó subordinando los intereses de los trabajadores a un proyecto nacionalista encabezado por una nueva élite gobernante que, con el paso del tiempo, consolidó sus propios intereses económicos y políticos.

Hoy Daniel Ortega se presenta como enemigo del imperialismo estadounidense mientras mantiene relaciones permanentes con sectores del capital transnacional que continúan controlando importantes áreas de la economía nicaragüense. Habla contra el imperialismo, pero mantiene abiertos los canales de acumulación para inversionistas del capital extranjeros. Denuncia la injerencia estadounidense, pero preserva una estructura económica donde los principales recursos nacionales siguen articulados al mercado capitalista internacional. Y, al mismo tiempo, elimina la competencia política, restringe la oposición y concentra cada vez más el poder estatal alrededor de su propia dirección. Por eso el rechazo de la clase trabajadora no debe limitarse únicamente a la prohibición de determinados partidos burgueses.

La crítica debe dirigirse al conjunto de estructuras políticas que continúan reproduciendo formas cada vez más estrechas de democracia al servicio de distintas oligarquías nacionales.

El fraude electoral, la manipulación institucional, la concentración del poder, las restricciones al sufragio y los proyectos orientados a perpetuar gobiernos durante décadas responden a una misma lógica: impedir que las mayorías trabajadoras puedan desarrollar una participación política cada vez más amplia e independiente.

La democracia liberal posee límites evidentes. Se encuentra condicionada por el poder económico de la burguesía, por la propiedad privada de los grandes medios de producción y por un aparato estatal diseñado para preservar ese orden social.

Pero precisamente porque esos límites existen, la tarea de la clase obrera no consiste en destruir los espacios democráticos conquistados, sino en ampliarlos y superarlos mediante formas superiores de participación política obrera.

La emancipación obrera no puede reducirse a elegir un presidente cada cuatro o cinco años. La verdadera democracia exige que las grandes decisiones económicas, políticas y sociales pasen progresivamente al control directo de quienes producen la riqueza.

Eso supone fortalecer la organización permanente de los trabajadores en sus centros de trabajo, en las comunidades, en sindicatos, consejos, asambleas de trabajadores y otras formas de deliberación colectiva capaces de intervenir constantemente en la administración del orden social.

Los representantes políticos deben responder permanentemente a quienes los eligieron. No basta con votar una vez y esperar el próximo proceso electoral.

La propia clase trabajadora debe conservar el derecho efectivo de fiscalizar, corregir y, cuando sea necesario, destituir inmediatamente a cualquier representante que traicione los acuerdos colectivos o coloque sus intereses personales por encima de los intereses de las mayorías.

La democracia deja entonces de ser un simple mecanismo electoral para convertirse en un ejercicio cotidiano de participación constante de la clase obrera.

No se trata de sustituir una élite por otra.

Se trata de avanzar hacia una sociedad donde las decisiones fundamentales sean tomadas por las propias mayorías trabajadoras organizadas politicamente.

Desde esa perspectiva, la experiencia del gobierno de Ortega constituye una advertencia para toda la izquierda latinoamericana. El antiimperialismo, por sí solo, no convierte a un gobierno en representante de la clase trabajadora. Cuando ese discurso termina subordinado a los intereses de una burguesía nacional, deja de ser un instrumento de emancipación para convertirse en una justificación de nuevas formas de dominación de clase. El deber histórico de la clase obrera nicaragüense no consiste en escoger entre la oligarquía ligada al imperialismo estadounidense y la oligarquía representada por Ortega.

Su tarea consiste en construir una alternativa política independiente de ambas.

Solo una organización obrera autónoma, libre de toda subordinación a las distintas fracciones de la burguesía, podrá desarrollar un proyecto capaz de llevar la democracia mucho más allá de los estrechos límites del capitalismo.

Porque la verdadera democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones. Se mide por el grado real de poder que poseen las mayorías trabajadoras para decidir sobre la producción, la distribución de la riqueza, el funcionamiento del Estado y el rumbo general de la sociedad.

Toda política que reduzca esa capacidad constituye un retroceso. Toda política que amplíe el poder efectivo de las masas representa un avance.

Por eso Daniel Ortega debe ser criticado desde una perspectiva de clase. No solamente porque prohíba la oposición política o vacíe de contenido las elecciones, sino porque su proyecto terminó impidiendo el desarrollo político independiente de la clase obrera nicaragüense. El gobierno que alguna vez surgió prometiendo derrotar el autoritarismo terminó reproduciendo nuevas formas de concentración del poder.

Y esa constituye una de las principales lecciones históricas que deja el proceso nicaragüense: ninguna revolución puede considerarse verdaderamente emancipadora si las masas trabajadoras dejan de ser las protagonistas permanentes de las decisiones políticas y económicas de su propio país.

La democracia dejará de ser una herramienta de dominación únicamente cuando las trabajadoras y los trabajadores organizados ejerzan directamente el poder sobre el Estado, la producción y la vida social. Ese continúa siendo el horizonte histórico de la emancipación obrera.