Shutdown del gobierno federal: la salud del pueblo como rehén del bipartidismo gringo
Por Bianca Morales
Como si fuese poco el deterioro del orden social en Estados Unidos, ante la creciente resistencia del bipartidismo en rescatar una posición imperialista en franco declive, ahora se suma un cierre de gobierno que entró en vigor el martes 1 de octubre de 2025.
El tira y jala entre republicanos y demócratas gira en torno al sistema de salud. Ninguno de los partidos logra un acuerdo sobre el aumento de los subsidios de Obamacare, y ambos bloques se empeñan en no asumir la responsabilidad del colapso.
El Partido Republicano, desde los tiempos en que Elon Musk y el llamado grupo de Eficiencia Gubernamental ocupaban espacios de poder en la Casa Blanca, mantiene una agenda clara: recortar beneficios estatales como Medicaid y los subsidios federales de salud. Hoy, esa política se materializa en la presión republicana por reducir el gasto público en programas de salud, bajo el argumento de que es “insostenible” y de que debe limitarse la expansión de beneficios federales.
El Partido Demócrata, en cambio, rechaza frontalmente tales recortes. Sus dirigentes defienden la necesidad de ampliar el acceso al cuidado médico, aumentar el financiamiento a Medicaid y mejorar los subsidios para personas de bajos ingresos, insistiendo en que nadie debe quedar sin cobertura por falta de recursos.
Los republicanos, sin embargo, utilizan tácticas de manipulación: mezclan los recortes en Medicaid con la financiación de clínicas de salud reproductiva o con programas para la niñez, ocultando que el grueso de su embestida está dirigido al corazón mismo de la cobertura de salud pública. Para los demócratas, estas medidas constituyen un ataque directo contra los sectores más vulnerables.
Una crisis que golpea a la clase trabajadora
Mientras la “papa caliente” pasa de mano en mano entre republicanos y demócratas, el pueblo trabajador carga con las consecuencias. Más de 750,000 empleos se verán afectados directamente por el cierre, junto con los servicios esenciales que esos empleos sostienen. Varias agencias y organizaciones que atienden a las capas más pobres de la clase obrera ya han reducido sus horarios laborales ante la paralización de fondos.
Como siempre, la culpa queda huérfana cuando se trata de garantizar servicios básicos. Los congresistas, políticos de carrera enriquecidos por décadas de servir a los capitalistas y levantar sus propios negocios, continuarán cobrando y acumulando capital aun con el cierre de gobierno. La clase trabajadora, en cambio, se enfrenta a la precarización inmediata.
Ajuste de cuentas con la competencia mundial
Estos mecanismos de recorte no son hechos aislados: forman parte del plan del capital estadounidense para reducir costos de producción y redirigir fondos hacia la automatización de la producción de mercancías. La estrategia, empujada bajo la administración Trump y continuada en distintas formas, busca posicionar a EE.UU. en la competencia con China, país que ya lleva ventaja por sus bajos costos operacionales y su capacidad industrial automatizada.
Mientras discuten recortes a Medicaid y subsidios de salud, el Congreso no tiene reparo en aprobar un presupuesto federal para 2025 que asigna aproximadamente 849.8 mil millones de dólares al Departamento de Defensa, incluyendo operaciones militares y personal, mientras que para la salud pública federal, que abarca agencias como el HHS (que administra Medicare, Medicaid y servicios sociales), el NIH (investigación médica) y los CDC (prevención y control de enfermedades), apenas se destinan 93.8 mil millones de dólares, con recortes adicionales propuestos de hasta 26.2%. Estos recortes ya golpean de lleno: más de 700 hospitales rurales están en riesgo de cierre o reducción de servicios debido a recortes en Medicaid, lo que amenaza la cobertura de 1.8 millones de residentes rurales y deja comunidades enteras sin acceso a salas de emergencia ni servicios básicos de salud. Para la burguesía, hay dinero de sobra para armas, pero no para hospitales.
La lógica capitalista es clara: apropiarse de las riquezas generadas por el trabajo de las mayorías asalariadas, recortando todo gasto social que no sirva directamente a la reproducción de las ganancias.
El absurdo de la democracia burguesa
En una economía planificada para atender las necesidades del pueblo, no se darían cierres de gobierno ni chantajes sobre programas de salud. Solo la democracia burguesa, anclada en la anarquía de la producción capitalista, puede llegar al absurdo de paralizar servicios esenciales mientras defiende los intereses de aseguradoras privadas y capital financiero.
Resulta insultante que se cierren clínicas y programas de salud por “falta de fondos” cuando en el mismo presupuesto se destinan casi 850 mil millones de dólares al gasto militar, es decir, más de nueve veces lo que se invierte en salud pública. El cierre del gobierno no es falta de recursos: es una decisión consciente de priorizar la ganancia capitalista y el complejo militar sobre la vida del pueblo.
El debate ni siquiera toca lo más obvio: un sistema de salud universal, subsidiado por el Estado y financiado por las riquezas que produce la clase trabajadora. En lugar de eso, se enfrentan partidos que discuten cómo ajustar los privilegios de los capitalistas, mientras nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras se colocan en entredicho.
La tarea de la clase trabajadora
Aquí surge la pregunta ineludible: ¿Debemos seguir dejando que estas estructuras burguesas decidan sobre nuestro destino? ¿O debemos, como clase trabajadora, comenzar a discutir y decidir sobre nuestros propios asuntos?
La respuesta no puede esperar. La creación de comités de trabajadores y trabajadoras es una necesidad histórica. Estos comités deben asumir el debate sobre cómo redistribuir las riquezas producidas por nuestras manos, construir un sistema de salud público sin aseguradoras privadas y organizar un verdadero poder obrero que sustituya la parálisis del bipartidismo.
Hoy, los gremios obreros permanecen ausentes, atrapados en burocracias que funcionan como brazo extendido del capital. Por eso, el reto es superar esas cúpulas y dar paso a una organización independiente de la clase trabajadora: un poder ejecutivo y representativo de la economía y la política obrera en EE.UU. y Puerto Rico.
Porque solo cuando la clase trabajadora tome en sus manos la democracia y el control de las riquezas que produce, será posible garantizar salud, trabajo y vida digna para todos y todas.
