Schatz y Molina: política al servicio del capital

Por Bianca Morales

La aprobación en el Senado del proyecto sustitutivo de los Proyectos del Senado 1173 y 1183 marca un avance en los esfuerzos del gobierno por reestructurar el sistema de permisos y facilitar las inversiones privadas en Puerto Rico. Impulsada por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y respaldada por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), la medida busca agilizar los procedimientos administrativos y concentrar mayores facultades en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), reduciendo obstáculos para la construcción y el desarrollo de proyectos privados. En medio de las advertencias de organizaciones ambientalistas sobre sus consecuencias para los recursos naturales, las costas y las comunidades, el Senado dio paso a una reforma que coloca nuevamente en el centro del debate los intereses económicos que orientan la planificación del país. La controversia trasciende las diferencias entre funcionarios y las protestas frente al Capitolio: lo fundamental es determinar a quién beneficia esta reorganización del aparato gubernamental y qué condiciones crea para la acumulación de capital.

En esta disputa, la actuación del senador independiente Eliezer Molina merece un examen particular. Su negociación con el PNP, la presentación de enmiendas y el protagonismo público que les concedió proyectaron la imagen de una intervención capaz de modificar el rumbo de la medida. Sin embargo, el problema fundamental es que esas enmiendas no alteraban sustancialmente el propósito económico de la reforma. El espectáculo político alrededor de los ajustes terminó ocupando un espacio desproporcionado frente a la cuestión de fondo: una legislación que busca facilitar las inversiones privadas y reorganizar el sistema de permisos en beneficio de los intereses económicos que impulsan su aprobación.

La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando, después de negociar y enmendar el proyecto, Molina termina votando en contra. Si las enmiendas no cambiaban el contenido fundamental de la legislación, el despliegue político para destacarlas no podía presentarse como una transformación real de la medida. Si, por el contrario, las diferencias eran suficientes para justificar el rechazo, correspondía explicar con claridad qué cambiaba cada enmienda, cuáles problemas resolvía y por qué el resultado final seguía siendo inaceptable. El voto en contra, por sí solo, no demuestra que la intervención previa haya sido inútil, pero tampoco convierte automáticamente las enmiendas en una victoria política. El oportunismo de Molina está en construir un espectáculo alrededor de modificaciones secundarias mientras el debate principal continúa siendo la aprobación de una reforma favorable a la inversión privada.

Esta actuación también obliga a examinar el discurso de Molina contra los partidos políticos y su insistencia en presentarse desde una posición ajena a las ideologías. Esa pretensión parte de una concepción equivocada de la política. Ningún político ni ninguna persona que intervenga en los asuntos públicos actúa desde un vacío ideológico. Toda posición sobre la economía, el Estado, la propiedad, los recursos naturales, los derechos laborales o la distribución de la riqueza expresa una determinada visión política, aunque quien la sostenga no la reconozca o prefiera no identificarla como tal. Negar la propia ideología no elimina sus efectos ni convierte a nadie en una figura neutral.

La cuestión no consiste en declararse independiente de los partidos, sino en examinar los intereses sociales que orientan las decisiones y las consecuencias concretas de cada actuación. Un político puede carecer de afiliación partidista y, aun así, defender posiciones compatibles con los intereses de determinados sectores económicos. Del mismo modo, atacar a los partidos tradicionales no constituye por sí mismo una ruptura con el orden político que estos administran. Cuando esa crítica se utiliza para construir una imagen personal de superioridad frente al resto de los políticos, sin explicar con claridad qué intereses de clase se defienden ni qué alternativa económica se propone, el discurso contra los partidos puede convertirse en un recurso oportunista para ganar respaldo popular.

La independencia política no se demuestra mediante declaraciones personales ni a través de confrontaciones públicas con otros funcionarios. Se demuestra con posiciones coherentes, objetivos definidos y una práctica que permita identificar a quién beneficia una propuesta y a quién perjudica. En el caso de la reforma de permisos, el criterio fundamental no puede ser quién protagoniza la negociación, quién presenta más enmiendas o quién termina votando en contra para marcar distancia con la mayoría. Lo decisivo es determinar si las acciones políticas contribuyen a detener una legislación que favorece al capital o si, por el contrario, ayudan a desplazar la atención pública hacia disputas secundarias que dejan intacto su propósito económico.

La reforma también amenaza con debilitar las funciones fiscalizadoras del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y de la Junta de Planificación, reducir la protección de la zona marítimo-terrestre y facilitar proyectos controvertidos, como Esencia, el megaproyecto turístico e inmobiliario de lujo en Cabo Rojo. Organizaciones como Sierra Club Puerto Rico, Amigos del Mar, Ciudadanos del Karso y PR No Se Vende han denunciado que estos cambios pueden poner en riesgo bienes públicos y costeros, los acuíferos de la zona kárstica y el suministro de agua de las comunidades. Sus reclamos adquieren mayor relevancia ante la aprobación senatorial, pues el debate ya no se limita a advertir sobre una propuesta gubernamental, sino que exige examinar las consecuencias de una decisión legislativa que puede ampliar las condiciones favorables para el capital privado.

Estos reclamos expresan una preocupación que trasciende la protección ambiental inmediata. El deterioro de los recursos naturales forma parte de una crisis económica y social que lleva años profundizándose bajo las políticas de desarrollo impulsadas por los gobiernos coloniales. Las promesas de crecimiento económico, inversión y creación de empleos no han impedido el deterioro de la infraestructura, la precarización de las condiciones de vida ni la pérdida de recursos indispensables para la población. Si las inversiones capitalistas hubiesen representado un desarrollo sostenido para las mayorías trabajadoras, la realidad que enfrenta hoy Puerto Rico no reflejaría una crisis estructural de semejante magnitud.

El gobierno defiende la reforma con el argumento de que es necesario modernizar el sistema de permisos, agilizar las inversiones y eliminar la burocracia que supuestamente mantiene paralizada la actividad económica. Bajo esa justificación se aprobó en el Senado el nuevo Código de Planificación y Permisos de Puerto Rico, destinado a facilitar las inversiones de capital mediante la consolidación de disposiciones dispersas en más de 50 leyes y 46 instrumentos legales y administrativos. La medida fusiona dos propuestas: una presentada por la gobernadora Jenniffer González Colón y otra impulsada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Más allá de las diferencias entre los sectores empresariales y políticos que cada cual representa, ambas iniciativas convergen en un mismo objetivo: reestructurar el sistema de concesión de permisos para facilitar el desarrollo de inversiones privadas.

Esta convergencia revela la unidad política que el Partido Nuevo Progresista (PNP) puede alcanzar cuando se trata de crear condiciones favorables para la acumulación de capital. Las disputas entre representantes de distintos sectores de la burguesía local no impiden que sus intereses coincidan en la búsqueda de inversiones transnacionales. Al contrario, la llegada de ese capital abre oportunidades para que sectores empresariales locales obtengan beneficios mediante asesorías, compraventa de terrenos, contratos y otros negocios vinculados a la gestión burocrática del desarrollo. En una economía colonial dependiente, estos mecanismos permiten que determinados sectores empresariales se beneficien de la inversión externa sin que ello garantice una transformación productiva que responda a las necesidades de las mayorías asalariadas.

La aprobación del proyecto por el Senado representa un avance legislativo para los capitalistas qué promueven esta reestructuración. En medio de los reclamos ambientalistas, la negociación de Eliezer Molina con el PNP y la incorporación de enmiendas que no modificaban sustancialmente el propósito económico de la reforma evidencian los límites de una intervención política concentrada en el protagonismo individual. Su posterior voto en contra no borra la contradicción entre el espectáculo montado alrededor de las enmiendas y la incapacidad de estas para cambiar el rumbo fundamental de la medida. La oposición a un proyecto debe evaluarse por sus resultados políticos y materiales, no por la atención pública que consigue quien pretende encabezarla.

El problema central permanece: crear las condiciones administrativas y jurídicas para que el capital privado acelere sus proyectos y encuentre menos obstáculos para invertir y apropiarse de los beneficios económicos. La controversia no se resuelve con ajustes que sigan la disputa política con la gobernadora mientras dejan intacta la estructura económica que favorece a los inversionistas. Tampoco se resuelve mediante ataques generales a los partidos, como si la crítica a las organizaciones políticas tradicionales bastara para demostrar una posición contraria a los intereses que estas representan.

La flexibilidad que persigue la reforma también supone modificar la función fiscalizadora del Estado. El modelo propuesto busca que el gobierno intervenga principalmente después de que los negocios comiencen a operar, verificando posteriormente el cumplimiento de los requisitos, en lugar de mantener controles previos que, según sus promotores, retrasan la apertura de comercios y la construcción de infraestructura. Para los defensores de la medida, el sistema vigente está colapsado, es ineficiente y ahuyenta la inversión. Presentan el nuevo código como una herramienta indispensable para acelerar la obra pública y privada, reducir los atrasos y facilitar los trámites de ciudadanos, ingenieros y empresarios.

Sin embargo, detrás del discurso de eficiencia se encuentra una cuestión fundamental: a quién debe servir la planificación económica y qué intereses deben determinar el uso de los recursos naturales. La reducción de obstáculos administrativos puede beneficiar a las empresas que buscan acelerar sus proyectos, pero no garantiza por sí misma empleos estables, salarios dignos, viviendas accesibles ni servicios públicos adecuados. Tampoco asegura que las comunidades conserven el acceso al agua y a los espacios costeros. La rapidez con que se concede un permiso no puede utilizarse como medida del bienestar de una sociedad, especialmente cuando las consecuencias de una construcción pueden afectar durante décadas los recursos de los que depende la población.

En esta disputa, la clase trabajadora enfrenta una contradicción concreta. Por un lado, observa cómo se deterioran los recursos naturales y cómo los proyectos privados amenazan espacios que deberían servir al conjunto de la sociedad. Por otro, vive la necesidad inmediata de conseguir empleo y sostener a sus familias. Cuando el gobierno presenta una inversión como una oportunidad de trabajo, esa promesa adquiere un peso material para quienes dependen de vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. La defensa del ambiente que ignore esta realidad corre el riesgo de quedarse aislada de amplios sectores obreros que, ante la falta de alternativas económicas, pueden terminar respaldando proyectos cuyas consecuencias también les perjudican.

Por eso, la lucha ambiental necesita incorporar una perspectiva de clase. La defensa de los recursos naturales no puede reducirse a preservar determinados espacios mientras las mayorías trabajadoras continúan sometidas a empleos precarios, bajos salarios y una economía incapaz de garantizar condiciones dignas de vida. La protección ambiental debe vincularse con la transformación de las condiciones materiales de la población y con la discusión sobre qué clase social controla la producción, cómo se distribuye la riqueza y cuáles son las prioridades de la planificación económica.

Esto también obliga a examinar críticamente las instituciones encargadas de proteger el ambiente. Los manifestantes cuando se aprobó el proyecto denunciaron, con razón, la pérdida de facultades fiscalizadoras del DRNA y de la Junta de Planificación. Sin embargo, defender las competencias de estas instituciones no resuelve por sí solo el problema de quién determina sus políticas ni a qué intereses responden. La burocracia estatal puede convertirse en un mecanismo que favorezca a los sectores empresariales cuando las decisiones se toman lejos de las comunidades y de quienes producimos la riqueza social con nuestra fuerza de trabajo. Si los proyectos de inversión ofrecen empleos mientras las alternativas de desarrollo permanecen ausentes, la clase trabajadora seguirá enfrentándose a la disyuntiva entre aceptar las condiciones impuestas por el capital o perder oportunidades inmediatas de subsistencia.

Frente a esta realidad, resulta necesario discutir formas de participación directa de las comunidades y de los trabajadores en la administración de los recursos naturales. Por qué no plantear que los trabajadores y trabajadoras del propio Departamento de Recursos Naturales administren la institución junto con las comunidades. Una propuesta de esta naturaleza permitiría trasladar la discusión más allá de la defensa abstracta de una agencia gubernamental y colocar sobre la mesa el problema del poder efectivo en la toma de decisiones. No se trata únicamente de conservar facultades administrativas, sino de determinar qué clase decide cómo se utilizan los recursos y quién responde por las consecuencias de esas decisiones.

La falta de debate público que denunciaron los grupos ambientalistas constituye otra dimensión importante de esta disputa. La participación democrática puede ampliar la intervención de las comunidades y de los trabajadores en las decisiones que afectan sus condiciones de vida, pero esa participación pierde alcance cuando queda subordinada a los procedimientos burocráticos establecidos por las mismas instituciones cuestionadas. Las vistas públicas pueden convertirse en espacios limitados si las decisiones fundamentales ya están encaminadas y si la clase trabajadora tiene que depender de representantes políticos, sectores académicos o portavoces institucionales para hacer escuchar sus necesidades.

La consigna de los manifestantes, “los cabros velando las lechugas”, resume esa contradicción: quienes tienen intereses vinculados a las decisiones gubernamentales terminan ocupando posiciones desde las cuales supuestamente deben fiscalizarse unos a otros. Cuando los debates se limitan a funcionarios, políticos y representantes de los sectores empresariales, mientras las comunidades y los trabajadores quedan relegados a intervenciones aisladas, la participación popular no alcanza a transformar las relaciones de poder que determinan el rumbo económico del país.

Un debate verdaderamente democrático debe permitir que la clase trabajadora intervenga directamente en la definición de las prioridades económicas y ambientales. Eso implica discutir no solamente los permisos, los acuíferos o la protección de la costa, sino también el modelo de producción que determina el uso de la tierra, la explotación de los recursos y la distribución de la riqueza. Las mayorías trabajadoras son quienes, mediante su fuerza de trabajo, producen la riqueza social, pero siguen teniendo una participación limitada en las decisiones sobre cómo se organiza esa producción y a qué intereses responde.

Mientras la promesa de una sociedad ambientalmente justa no esté vinculada a una transformación de las condiciones de vida de las masas asalariadas, políticos como Thomas Rivera Schatz podrán presentarse como defensores de los trabajadores al promover proyectos de inversión. Su declaración de que “Puerto Rico no puede ser rehén de los vagos” condensa esa estrategia discursiva. Al caracterizar de esa manera a quienes cuestionan las políticas gubernamentales, desplaza la discusión sobre los efectos de la reforma y coloca la controversia en el terreno de quién supuestamente quiere trabajar y quién se opone al desarrollo.

La frase puede funcionar como una provocación contra los ambientalistas, pero también encuentra terreno en una realidad social marcada por la necesidad de conseguir empleo. Para una persona que necesita vender su fuerza de trabajo, la promesa de nuevas oportunidades laborales puede resultar más inmediata que una advertencia sobre la pérdida futura de recursos naturales. Esto no significa que los trabajadores sean incapaces de comprender los problemas ambientales ni que apoyen estas iniciativas por desconocimiento. Significa que las decisiones económicas se toman bajo condiciones materiales concretas y que la ausencia de alternativas organizadas facilita que los sectores políticos tradicionales ocupen el espacio de representación de esas necesidades.

En Puerto Rico, donde la falta de oportunidades y las condiciones laborales empujan a numerosas personas a buscar trabajo fuera de la isla, el discurso de la inversión adquiere una fuerza particular. Los gobiernos presentan cada nuevo proyecto como una oportunidad para reactivar la economía, mientras persisten las dificultades para garantizar empleos bien remunerados y condiciones de vida estables. Así se reproduce una contradicción: las mayorías trabajadoras necesitan empleo, pero las inversiones que se les presentan como solución no necesariamente responden a sus intereses a largo plazo ni garantizan que los beneficios económicos permanezcan en el país.

La clase trabajadora necesita examinar críticamente las políticas impulsadas por el bipartidismo colonial y evaluar sus resultados concretos. Las promesas de desarrollo deben medirse por sus efectos sobre los salarios, la vivienda, los servicios públicos, el acceso al agua y la conservación de los recursos naturales, no solamente por la cantidad de capital que logra entrar a la isla. Del mismo modo, la crítica a los partidos tradicionales debe extenderse a cualquier proyecto político que, aunque se presente como una alternativa, mantenga a los trabajadores subordinados a decisiones tomadas por sectores ajenos a sus necesidades.

La actuación de Molina demuestra por qué la política no puede evaluarse a partir de la imagen de independencia que proyecta un dirigente. Las enmiendas, las negociaciones, las declaraciones contra los partidos y el voto final son elementos que deben analizarse en conjunto. Presentarse como una figura sin ideología mientras se busca respaldo mediante el enfrentamiento con los partidos no constituye una alternativa política definida. Una alternativa exige explicar qué intereses defiende, qué transformaciones propone y cómo pretende modificar las relaciones económicas que reproducen la desigualdad. De lo contrario, la crítica partidista puede terminar siendo una estrategia de posicionamiento personal dentro del mismo escenario político.

Apoyar las manifestaciones ambientalistas no significa aceptar ciegamente todas sus posiciones ni renunciar a una discusión sobre el carácter de clase de esta lucha. Significa reconocer que los recursos naturales son indispensables para la vida colectiva y que su deterioro afecta directamente las posibilidades de construir mejores condiciones materiales para las mayorías. La defensa del ambiente debe formar parte de un programa económico que coloque la producción y la planificación al servicio de las necesidades sociales, en lugar de subordinarlas a la rentabilidad de los inversionistas.

Por eso, la respuesta a proyectos como esta reforma de permisos no puede limitarse a rechazar una medida particular y esperar que las instituciones existentes resuelvan el problema. La coyuntura debe servir para fortalecer la organización política de los trabajadores, crear comités en los centros de trabajo y en los barrios y establecer vínculos permanentes entre las comunidades, los trabajadores y quienes luchan por proteger el ambiente. Esa organización necesita mantener su independencia de los partidos burgueses, tanto de los tradicionales como de las alianzas electorales que pretendan representar las demandas populares sin alterar las relaciones de poder existentes.

La construcción de una organización política obrera independiente permitiría elaborar un programa propio de desarrollo económico: empleos estables y bien remunerados, viviendas dignas, fortalecimiento de las fuerzas productivas, servicios públicos adecuados y protección de los recursos naturales. Estos objetivos deben concebirse de manera conjunta, porque no puede existir un desarrollo ambientalmente sostenible si las mayorías continúan condenadas a la precariedad económica ni puede hablarse de bienestar social cuando la actividad productiva destruye los recursos indispensables para la vida.

La alternativa no consiste en sustituir a unos sectores empresariales por otros que se presenten como más progresistas mientras las decisiones fundamentales siguen en manos del capital. Se trata de transformar las relaciones sociales de producción qué determinan qué clase social dirige la economía, quién se apropia de la riqueza y quién decide el destino de los recursos naturales. Una sociedad ambientalmente justa requiere que quienes sostienen la producción mediante su fuerza de trabajo tengan también capacidad efectiva para decidir cómo se organiza y para qué se produce.

Ante las amenazas que enfrentan los recursos naturales de Puerto Rico, la lucha ambiental y la lucha obrera tienen motivos concretos para encontrarse. La protección del agua, las costas y los terrenos no puede separarse de la necesidad de garantizar trabajo digno, vivienda y servicios esenciales. Frente a un modelo que mide el desarrollo por las facilidades que se conceden al capital, la clase trabajadora necesita organizarse políticamente para defender una planificación económica basada en sus propias necesidades y en la conservación de los recursos que pertenecen al conjunto de la sociedad y no al capital.