9 años del huracán María: una recuperación desigual

Por Isabelino Montes

Nueve años después del paso del huracán María por Puerto Rico, todavía quedan familias esperando una solución definitiva para sus viviendas y comunidades que continúan enfrentando problemas fundamentales con la infraestructura eléctrica y los servicios públicos. El huracán golpeó el 20 de septiembre de 2017 y dejó una devastación que no puede medirse únicamente por los daños materiales provocados durante aquellos días. María expuso las condiciones de vulnerabilidad social y económica que ya existían en Puerto Rico, pero también mostró algo que suele quedar fuera de las narrativas oficiales sobre la recuperación: cuando las instituciones no pudieron responder con rapidez, fueron las propias comunidades trabajadoras las que tuvieron que organizarse para resolver necesidades básicas.

Una catástrofe que golpeó de manera desigual

El impacto humano fue particularmente desigual. El sistema eléctrico colapsó, amplias zonas quedaron sin agua y telecomunicaciones durante períodos prolongados y miles de familias sufrieron daños en sus viviendas. Un estudio realizado por investigadores de George Washington University y la Universidad de Puerto Rico estimó 2,975 muertes en exceso entre septiembre de 2017 y febrero de 2018, una cifra muy superior al conteo inicial informado por el gobierno. La investigación encontró además que las personas residentes en municipios con menor desarrollo socioeconómico enfrentaron un riesgo de mortalidad significativamente mayor. María no golpeó a una sociedad donde todas las personas contaban con las mismas condiciones para enfrentar una emergencia: sus efectos fueron más graves para quienes ya vivían bajo condiciones de mayor vulnerabilidad.

La controversia alrededor de las muertes se convirtió en uno de los símbolos de la respuesta gubernamental. La administración de Ricardo Rosselló inicialmente reportó una cifra muy inferior a las estimaciones posteriores, mientras la investigación de GW identificó deficiencias en los procesos de certificación de las defunciones y en la comunicación pública. A esto se sumaron problemas de coordinación en la distribución de suministros, la dependencia de estructuras federales y controversias alrededor de contratos de emergencia, incluyendo el otorgado a Whitefish para trabajos relacionados con la red eléctrica. La respuesta a María terminó mostrando las limitaciones de una estructura institucional fragmentada precisamente cuando la magnitud de la emergencia exigía coordinación y rapidez.

María encontró una crisis que ya existía

Estas limitaciones tampoco surgieron en un vacío. Puerto Rico ya atravesaba una crisis fiscal y una deuda pública que superaba los $70,000 millones cuando PROMESA creó en 2016 la Junta de Supervisión y Administración Financiera. La infraestructura eléctrica arrastraba problemas financieros y de mantenimiento, mientras el país enfrentaba décadas de deterioro de servicios públicos, emigración y desigualdad económica. María no creó esa crisis estructural; hizo visibles sus consecuencias y amplificó sus efectos sobre la población trabajadora.

La reconstrucción comenzó sobre ese mismo terreno y rápidamente adquirió una dimensión económica extraordinaria. Comenzaron a llegar recursos de FEMA, fondos CDBG-DR administrados por HUD, seguros, préstamos y otros programas destinados a vivienda, carreteras, energía, agua, infraestructura pública y mitigación. Para agosto de 2022, GAO reportaba aproximadamente $32,200 millones comprometidos por FEMA para proyectos de asistencia pública relacionados con los huracanes Irma y María en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, aunque una parte considerable de esos fondos todavía no había sido gastada. La magnitud de esos recursos convirtió la recuperación en uno de los mayores procesos de inversión pública de la historia reciente de Puerto Rico.

Miles de millones para reconstruir: ¿quién se beneficia?

Precisamente por esa magnitud, el análisis no puede limitarse a cuánto dinero llegó a Puerto Rico. También es necesario observar cómo se diseñó la recuperación, qué necesidades fueron atendidas primero y qué sectores económicos tuvieron capacidad para aprovechar las oportunidades creadas por esa inversión. Cuando el Estado reconstruye una carretera, una red eléctrica, un acueducto o un espacio urbano, no solamente restituye un servicio: también puede modificar las condiciones económicas de una zona, aumentar el valor de terrenos y propiedades y facilitar nuevas actividades comerciales. La inversión pública puede producir beneficios sociales indispensables y, al mismo tiempo, crear condiciones para la valorización privada de activos.

El turismo ofrece un ejemplo concreto. Los fondos CDBG-DR fueron diseñados para atender necesidades relacionadas con la recuperación, pero HUD autorizó excepcionalmente a Puerto Rico a utilizarlos para promoción turística y de negocios. El límite llegó a $25 millones y, dentro de ese programa, $16 millones fueron asignados a Discover Puerto Rico. Según documentación de HUD, la campaña de mercadeo lanzada en marzo de 2021 estuvo asociada con más de 300,000 reservaciones de hotel y $321 millones en ingresos de hospedaje, mientras las estadías fueron 45% más largas que el promedio anterior. Esto no significa que los fondos CDBG-DR hayan financiado directamente cada hotel o propiedad que se benefició del crecimiento turístico; sí demuestra que recursos públicos destinados a la recuperación fueron utilizados, mediante una autorización especial, para estimular la demanda turística y contribuir a la recuperación económica.

La pregunta que surge es quién captura finalmente el valor generado alrededor de la inversión pública. Si una zona recibe nuevas carreteras, infraestructura eléctrica, servicios de agua y otras inversiones, sus condiciones económicas pueden cambiar y determinados sectores pueden obtener mayores oportunidades de inversión. Por eso, analizar la recuperación exige observar quién tiene capacidad para aprovechar esas oportunidades y quién permanece esperando mientras se transforma el entorno económico.

Incentivos, reconstrucción y valorización privada

Aquí es necesario evitar una interpretación simplista sobre los incentivos contributivos. Las antiguas Leyes 20 y 22 no fueron creadas por María; ya existían antes del huracán y posteriormente fueron incorporadas al Código de Incentivos mediante la Ley 60-2019. El propio Servicio de Rentas Internas federal reconoce que la Ley 60 consolidó múltiples decretos e incentivos, incluyendo disposiciones asociadas con las antiguas Leyes 20 y 22. María, por tanto, no creó ese modelo de incentivos, pero coincidió con un momento de destrucción física masiva, emigración de población, necesidad de enormes inversiones públicas y transformación de determinados mercados inmobiliarios y comerciales.

Esa coincidencia produjo nuevas condiciones económicas. Una propiedad adquirida después del desastre podía beneficiarse posteriormente de la reconstrucción de infraestructura, de la recuperación del turismo y de la transformación económica de determinadas zonas. El dinero federal no tenía que aparecer directamente en la transacción inmobiliaria para formar parte del entorno económico que hacía posible una posterior valorización del activo. El punto central es analizar la relación entre inversión pública, valorización privada y necesidades sociales.

Nueve años después, la recuperación sigue siendo desigual

La desigualdad del proceso se hace evidente al observar las condiciones que permanecen nueve años después. En septiembre de 2026, alrededor de 500 estructuras todavía mantenían toldos azules, según información divulgada por el Departamento de la Vivienda. La propia agencia señaló que algunos casos continúan enfrentando dificultades relacionadas con documentación, titularidad, acceso a programas y comunicación con participantes.

La red eléctrica presenta otra dimensión del problema. En 2026, GAO reportó que FEMA, HUD y el Departamento de Energía habían comprometido aproximadamente $14,000 millones para su recuperación y modernización, pero alrededor del 75% de esos fondos todavía no había sido desembolsado. El informe también señaló que, hasta febrero de 2026, solamente alrededor de 400 de las 16,000 millas previstas para trabajos de despeje de vegetación habían sido atendidas mediante fondos federales. La existencia de miles de millones de dólares comprometidos y la permanencia de necesidades básicas plantean una cuestión que va más allá de la cantidad asignada: cómo se administran, distribuyen y convierten esos recursos en resultados concretos para la población.

Por eso, el balance de María no puede limitarse a contabilizar fondos. Hay que observar qué necesidades fueron atendidas, cuáles permanecen pendientes y qué sectores encontraron nuevas oportunidades durante la reconstrucción. Vivienda, infraestructura, energía, turismo e incentivos económicos formaron parte de un proceso donde convivieron necesidades urgentes de las comunidades con grandes contratos, intermediarios privados y mecanismos de inversión. Esa coexistencia no significa que cada programa tuviera como propósito beneficiar al capital, pero sí permite examinar las consecuencias diferenciadas de una reconstrucción donde las necesidades sociales y las oportunidades económicas no avanzan al mismo ritmo.

La emigración también forma parte de la recuperación

La emigración modificó profundamente la estructura demográfica y económica del país. El estudio de GW estimó que unas 241,251 personas habían salido de Puerto Rico entre poco antes del huracán y febrero de 2018, aproximadamente el 8% de la población, y tuvo que incorporar esa migración para calcular adecuadamente la mortalidad. La pérdida de población trabajadora y el desplazamiento de familias no son simples estadísticas demográficas: transforman comunidades, mercados laborales y economías locales, y afectan las condiciones en las que se desarrolla la recuperación.

Cuando las comunidades tuvieron que resolver

Reducir la historia de María a la distribución de recursos también sería incompleto. El huracán produjo otra experiencia fundamental: la organización desde abajo. Ante la ausencia o insuficiencia de respuestas institucionales, trabajadores y trabajadoras, vecinos, familias y organizaciones comunitarias se movilizaron para conseguir alimentos, agua, medicamentos, limpiar carreteras, reparar viviendas y atender a personas aisladas. Las comunidades no fueron solamente receptoras de asistencia; también identificaron necesidades, movilizaron recursos y resolvieron colectivamente problemas que las instituciones no atendían con la rapidez necesaria.

La cuestión es qué ocurrió con esa capacidad organizativa una vez que disminuyó la emergencia. Tras la crisis política que culminó con la renuncia de Ricardo Rosselló en 2019 surgieron asambleas del pueblo y distintos espacios de participación. Sin embargo, muchas de esas experiencias no consiguieron convertirse en estructuras permanentes capaces de intervenir de manera continua en los centros de trabajo y las comunidades. Parte de esa energía terminó canalizándose hacia la competencia electoral y las alianzas entre organizaciones políticas, mientras la organización cotidiana alrededor de las condiciones materiales de vida y trabajo perdió continuidad. Así aparece una contradicción central: la sociedad trabajadora demostró una enorme capacidad para organizarse durante la emergencia, pero esa fuerza no siempre consiguió convertirse en estructuras permanentes.

De la autogestión durante la crisis a la organización permanente

Esta experiencia plantea una tarea distinta a la de esperar la próxima emergencia. Si los trabajadores y las comunidades pudieron organizarse para responder a María, también pueden desarrollar formas permanentes de organización alrededor de los problemas que enfrentan diariamente. Los comités de trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo y las estructuras comunitarias en barrios y comunidades pueden servir para discutir problemas concretos, desarrollar educación política, coordinar acciones y construir solidaridad entre sectores que enfrentan consecuencias comunes. Vivienda, energía, agua, costo de vida y condiciones laborales pueden convertirse en puntos de encuentro para una organización capaz de intervenir de manera permanente.

La diferencia entre resolver una emergencia y transformar las condiciones que producen vulnerabilidad resulta fundamental. La autogestión comunitaria puede atender necesidades inmediatas, pero si no se convierte en organización estable, la población vuelve a depender de estructuras institucionales que ya demostraron sus limitaciones. Del mismo modo, una demanda concreta puede producir una solución parcial, pero la experiencia organizativa desarrollada alrededor de ella puede convertirse en una herramienta para enfrentar problemas futuros. El reto consiste en acumular esa experiencia y convertirla en capacidad colectiva permanente.

María nueve años después: una lección para la clase trabajadora

Nueve años después, María permanece como una experiencia contradictoria. El huracán dejó al descubierto la vulnerabilidad de la infraestructura, las limitaciones de la respuesta institucional y las desigualdades existentes antes y después del desastre. Al mismo tiempo, movilizó una cantidad extraordinaria de recursos públicos y demostró que las comunidades trabajadoras poseen capacidades de organización que aparecen con fuerza cuando las instituciones no responden. La recuperación, sin embargo, mostró que la existencia de enormes cantidades de dinero no garantiza que las necesidades sociales sean atendidas al mismo ritmo ni que las oportunidades económicas derivadas de la reconstrucción se distribuyan de manera uniforme.

Recordar a María nueve años después significa recordar a quienes perdieron sus vidas, a quienes todavía esperan una vivienda segura, a quienes tuvieron que abandonar Puerto Rico y a quienes reconstruyeron sus comunidades con sus propias manos. También significa preguntarnos qué modelo de recuperación se construyó, quién tuvo capacidad para aprovechar las oportunidades creadas por la inversión pública y por qué todavía existen familias esperando soluciones básicas después de nueve años.

La experiencia de María demuestra que la clase trabajadora y las comunidades no carecen de capacidad para organizarse. Lo pendiente es convertir esa capacidad que aparece durante las crisis en una organización permanente capaz de intervenir en los centros de trabajo, los barrios y las comunidades, conectar las luchas inmediatas y disputar las decisiones que afectan nuestra vida colectiva. La próxima emergencia no debería ser el momento en que descubramos nuevamente nuestra capacidad para organizarnos; esa capacidad debe construirse desde ahora.

Nueve años después de María, la reconstrucción sigue pendiente. Pero también permanece una lección: cuando las comunidades trabajadoras se organizan, dejan de ser únicamente las afectadas por las decisiones de otros y comienzan a construir la fuerza necesaria para intervenir sobre su propio futuro.