Junta de Control Fiscal: el poder imperial detrás del control energético en Puerto Rico
El caso Power Expectations expone mucho más que una controversia contractual. Revela cómo la deuda, la privatización y la supervisión fiscal colocan decisiones estratégicas sobre la energía bajo una estructura donde los intereses del capital tienen un peso decisivo.
La JCF puede enfrentarse al gobierno colonial en una disputa particular, pero ambas operan dentro de una estructura establecida bajo el dominio de Estados Unidos.
Por Isabelino Montes
El dominio de Estados Unidos sobre el Caribe no se sostiene únicamente con bases militares, sanciones o presión diplomática. También se ejerce controlando aquello que mantiene funcionando a una sociedad: la energía, sus fuentes de combustible, su infraestructura y los enormes negocios que se construyen alrededor de ellas. En Puerto Rico, ese poder adquiere una forma particular: no necesita imponerse desde afuera porque cuenta con mecanismos instalados dentro de la propia estructura colonial. La Junta de Control Fiscal es uno de ellos.
La controversia alrededor del contrato de Power Expectations permite observar esa relación de manera concreta. Lo que aparenta ser una disputa entre la Junta, el gobierno colonial y varias empresas por un contrato energético de miles de millones de dólares expone una cuestión más profunda: quién tiene capacidad real para decidir sobre un recurso estratégico de Puerto Rico y bajo qué intereses se organiza su producción.
En agosto, la Junta revocó su aprobación de un contrato de $5.9 mil millones y 10 años para producir 400 megavatios de generación temporera, después de que Enchanted Rock afirmara que no autorizó su participación en el acuerdo. Posteriormente, Robert Mujica confirmó que abogados de la Junta habían sostenido conversaciones con funcionarios federales relacionadas con la investigación del contrato.
La JCF insiste en que su papel consiste en verificar que determinados contratos sean compatibles con los planes fiscales y promuevan la competencia. Pero precisamente ahí aparece la contradicción: una función presentada como fiscal termina incidiendo directamente sobre decisiones relacionadas con uno de los sectores estratégicos de la economía puertorriqueña. PROMESA otorgó a la Junta amplias facultades sobre planes fiscales, presupuestos y determinados contratos, mientras sus miembros son designados por el presidente de Estados Unidos.
La Junta puede, por tanto, enfrentarse al gobierno colonial en una disputa particular sin dejar de formar parte del entramado mediante el cual Washington mantiene influencia sobre Puerto Rico. No son necesariamente intereses idénticos ni actúan siempre de manera coordinada. Existen contradicciones, competencia empresarial y disputas por contratos. Pero esas diferencias ocurren dentro de una estructura colonial que coloca decisiones económicas fundamentales bajo un marco establecido por Estados Unidos.
El sector energético hace visible esa estructura. La transformación del sistema eléctrico ha abierto espacios cada vez mayores para operadores privados y para empresas vinculadas a la generación y al suministro de combustible. La discusión sobre Power Expectations debe entenderse dentro de ese proceso más amplio: no solamente quién obtiene un contrato, sino quién termina controlando los activos, la infraestructura y los fondos que sostienen el sistema energético.
Ahí también aparece la particularidad de Puerto Rico frente al resto del Caribe. Cuba y Venezuela enfrentan sanciones, presión económica y confrontación geopolítica estadounidense mediante mecanismos diferentes. Puerto Rico, en cambio, permanece bajo jurisdicción estadounidense y la presión sobre sus estructuras económicas puede ejercerse mediante legislación, deuda, supervisión fiscal y privatización. Son realidades distintas, pero la energía ocupa en todas ellas un lugar estratégico dentro de la disputa por el poder económico y político en el Caribe.
Por eso, reducir el caso Power Expectations a una pelea entre la JCF y el gobierno colonial sería perder de vista lo esencial. La pregunta de fondo es quién controla la energía y para quién funciona ese control. Las empresas pueden competir entre ellas, las instituciones coloniales pueden enfrentarse y la Junta puede cuestionar determinados contratos. Pero mientras la reorganización del sistema energético continúe sometida a la lógica de la deuda, la privatización y la rentabilidad del capital, la población seguirá teniendo un papel subordinado en las decisiones sobre un recurso indispensable.
La energía puede ser, precisamente por eso, un punto de partida para una discusión común entre los trabajadores del Caribe. Las diferencias entre sus sistemas políticos no desaparecen, pero existe una realidad material que atraviesa la región: la necesidad de decidir colectivamente qué se produce, quién controla la infraestructura y hacia dónde se dirige la riqueza generada por la energía.
El problema deja entonces de ser solamente Power Expectations. Se convierte en una pregunta mucho más amplia: ¿quién debe tener el control de la energía del Caribe, los intereses del capital o las necesidades de quienes producen y sostienen la sociedad con su fuerza de trabajo?
