Del imperialismo global al Estado policial: EE. UU. en su fase represiva

Por Bianca Morales

El despliegue del aparato represivo del imperialismo es una expresión directa de la descomposición histórica de Estados Unidos. Cada una de las políticas que, vistas a distancia, parecen irracionales —los atentados contra Venezuela, el bloqueo permanente contra Cuba o incluso las amenazas abiertas a Groenlandia— ponen en evidencia hasta qué punto la democracia burguesa es incapaz, en este momento histórico, de proteger a la humanidad.

El gobierno de Donald Trump no solo actúa con total arbitrariedad en el escenario internacional, sino también dentro de sus propias fronteras.

El pasado 7 de enero de 2026, un agente de ICE disparó y mató a Renee Nicole Good, de 37 años, mientras se encontraba dentro de su vehículo en el sur de Minneapolis, durante un amplio operativo migratorio federal. Según reportes recientes, este caso constituye al menos el noveno tiroteo de agentes de inmigración contra personas dentro de vehículos en los últimos cuatro meses, con al menos otra persona muerta recientemente en un operativo cerca de Chicago. La pregunta es inevitable: ¿es este el país “democrático” que alguna vez mostró avances como república burguesa frente a otros Estados capitalistas?

Para responder, es necesario colocar el carácter “democrático” de Estados Unidos en su justa perspectiva histórica: siempre ha estado subordinado a los intereses del capital en cada etapa del desarrollo. Cuando el capitalismo estadounidense necesitó fuerza de trabajo, el país abrió sus puertas al mundo para atraer mano de obra y comprar fuerza de trabajo a niveles masivos. Sin embargo, cuando la lucha entre el capital y el trabajo asalariado se contrae cíclicamente, se genera un excedente de fuerza de trabajo que hoy resulta incómodo y prescindible.

Tras la pandemia, Estados Unidos vivió este fenómeno con crudeza. Los capitalistas alzaron la voz, no porque aspiren a reindustrializar el país en beneficio de las mayorías, sino porque se les hace poco rentable sostener una fuerza laboral amplia en una economía cada vez más parasitaria. Hoy domina el capital financiero, y la rentabilidad de la acumulación capitalista se genera principalmente mediante la circulación de dinero en Wall Street y en los mercados finacieros globales. A Estados Unidos no le interesa reorganizar la producción según las necesidades de la clase obrera; lo que busca es mantener intacta la rueda del capital transnacional y asegurar el control geopolítico de las zonas que considera estratégicas.

Ese control comienza, inevitablemente, por su propio territorio. Como no pueden sostenerlo mediante desarrollo económico real y productivo, lo imponen por la fuerza. De esa descomposición de la anarquía económica capitalista se desprende la brutalidad de las persecuciones contra inmigrantes. Esta brutalidad se materializa no solo en tiroteos callejeros, sino también en los centros de detención, donde 2025 registró al menos 31 muertes bajo custodia de ICE —el año más letal en dos décadas—, por negligencia médica, suicidios y enfermedades evitables como tuberculosis. Tres hombres fallecieron en enero de 2026 por síndrome de abstinencia tras arrestos recientes, evidenciando centros privatizados donde el lucro capitalista prima sobre vidas humanas.

El gobierno de Trump sostiene una defensa escalofriante de la represión y despliega un férreo control ideológico para justificar la violencia estatal, alegando que los tiroteos de ICE son actos de “defensa propia” y llegando incluso a calificar acciones como la de Renee Nicole Good como “terrorismo doméstico”. Mientras tanto, gobiernos locales y organizaciones de derechos civiles señalan estos hechos como consecuencias directas de una política migratoria abiertamente agresiva.

Todo proceso democrático ha sido postergado por la desesperación del capital estadounidense en su búsqueda de mayores tasas de ganancia para la burguesía nacional. Apostaron a los aranceles y fracasaron. Buscan ahora inversiones en inteligencia artificial y producción de chips, pero el costo de desarrollarlas en territorio estadounidense resulta demasiado alto para los capitalistas. Además, la automatización y mecanización de la producción se encuentran en un atraso significativo frente a la capacidad productiva china. Ante este panorama, la desesperación se profundiza y la guerra emerge como herramienta central: como mecanismo de control de masas, como eje de circulación del capital y como represión interna.

Estas acciones buscan asegurar condiciones más favorables para la acumulación y enviar un mensaje claro a las masas: cualquiera que se levante contra la imposición del orden social capitalista, en medio de la crisis económica y política que atraviesa Estados Unidos, será perseguido, reprimido y, si es necesario, eliminado. El Estado se arroga el derecho de disparar, desaparecer y criminalizar la protesta.

La descomposición de la lógica capitalista ha llevado al extremo el discurso de “salvar a América” y “volver a lo que era antes”. En ese camino, el gobierno ha incorporado a grupos vinculados a la extrema derecha para engrosar las filas del ICE.

Informes recientes describen una estrategia de “reclutamiento de guerra”, con más de 100 millones de dólares invertidos en anuncios dirigidos a seguidores de podcasts “patrióticos”, eventos de UFC, contenido de armas y equipo táctico. Paralelamente, se han reducido requisitos de edad y educación para atraer perfiles fuertemente militarizados.

Investigaciones académicas y de derechos civiles advierten sobre la infiltración o afinidad de sectores del ICE y de la CBP con grupos ultraderechistas como los Proud Boys y milicias fronterizas, facilitada por el debilitamiento de los filtros de antecedentes y los mecanismos de supervisión interna.

En el plano externo, el intento de aumentar el presupuesto militar a cifras que superan los trillones no resulta absurdo dentro de la lógica de protección del orden capitalista estadounidense.

La desquicia que caracteriza a Donald Trump y su administración es inseparable de su posición de clase, profundamente ajena a la forma en que la mayoría de la población se gana la vida. Pero, más allá de su figura individual, Trump representa la personificación política de un sistema que busca desesperadamente reproducir y acumular capital. Esa necesidad choca frontalmente con la valorización de la fuerza de trabajo: cuando una aumenta, la otra disminuye, y en ningún momento histórico han logrado equilibrarse.

De ese desequilibrio nace la brutalidad.

Para alcanzar nuevas tasas de acumulación, el capital necesita reducir el valor de la fuerza de trabajo. La directriz es clara: imponer un orden represivo que advierta a las masas trabajadoras que cualquier intento de obstaculizar la acumulación capitalista será catalogado como terrorismo, tanto a nivel interno como externo. Ese es el precio que hoy paga la clase trabajadora.

Un precio que nos empuja peligrosamente a normalizar y hasta aplaudir la arremetida de un líder como Donald Trump: un convicto, responsable de un ataque al Congreso donde murieron personas inocentes, investigado por vínculos con un pedófilo, acusado de chantaje político, defensor del genocidio en Gaza y responsable de ataques contra Venezuela basados en mentiras sobre un supuesto cartel inexistente que costaron vidas inocentes.

Este es el escenario que enfrentamos. Y solo la clase trabajadora organizada, en unidad, podrá superarlo.

El imperialismo no es un modelo de desarrollo favorable para las masas trabajadoras de Estados Unidos; es, por el contrario, una amenaza directa a su bienestar. El dinero producido por la clase obrera ya no se destina únicamente a agredir a otros pueblos, sino a financiar un Estado represivo que, en medio de su crisis, dirige las armas contra su propia población.

Por ello, la solidaridad internacional de la clase obrera no es un gesto simbólico ni un capricho ideológico, sino una necesidad inmediata para el bienestar del pueblo estadounidense y del mundo. Preocupa profundamente el silencio del movimiento obrero en Estados Unidos, coartado por el control que el bipartidismo ejerce sobre sindicatos y gremios.

Las organizaciones obreras serán la pieza clave para elevar la movilización en las calles y detener la ofensiva represiva de la administración Trump, que actúa sin límites contra inmigrantes, comunidades marginadas, trabajadores y trabajadoras que se identifiquen como socialistas o comunistas, y contra todo aquel que decida luchar por la justicia, un principio fundamental recogido tanto en la Constitución de Estados Unidos como en los derechos humanos internacionales.

Trump y su administración actúan con impunidad porque las leyes burguesas los favorecen. Pero esas mismas leyes también pueden ser transformadas por la clase obrera, con mayor convicción y urgencia, porque somos la mayoría y porque no estamos obligados a seguir tolerando las atrocidades de esta falsa democracia diseñada para servir a una minoría capitalista.

No queremos más migajas, ni económicas ni democráticas. Queremos un mundo regido por la solidaridad obrera y no por las guerras imperialistas. Y como clase trabajadora, avanzar hacia ese horizonte, bajo las condiciones que exige este momento histórico, implica organizarnos políticamente de forma independiente y separada del bipartidismo burgués en Estados Unidos.