Enfrentar temas difíciles: Venezuela más allá de la excarcelación de Maduro

Por Isabelino Montes

La invasión criminal de Venezuela y la detención ilegal de su presidente no solo desataron una crisis inmediata, sino que ejercen una presión política, social y económica que va mucho más allá de la excarcelación de Nicolás Maduro. Lo ocurrido desnuda contradicciones profundas que la clase trabajadora no puede seguir evadiendo si de verdad se quiere defender un proceso revolucionario bajo asedio del imperialismo estadounidense.

Construir una revolución no es fácil cuando se enfrenta a la principal potencia imperialista del planeta. Esa es una realidad objetiva e innegable, y la clase obrera debe asumirla sin ingenuidad. Pero las realidades no son absolutas: son dinámicas. Dentro de esa dinámica es posible —y necesario— evaluar críticamente los procesos, sin negar la brutalidad del enemigo, pero tampoco ocultando los retrocesos propios. Defender un proceso revolucionario exige solidaridad internacional, pero también claridad política y un balance honesto.

Hay puntos clave que durante años se han postergado y que hoy explican cómo el imperialismo logra revertir procesos con relativa facilidad. No se puede seguir evitando la discusión sobre dónde hemos quedado petrificados. Hoy, con los intereses claramente definidos —y con los errores del propio imperialismo estadounidense dejando al descubierto sus motivaciones— queda confirmado que el eje central del conflicto siempre fue el petróleo.

El petróleo es un recurso estratégico para la producción mundial de mercancías, del cual se derivan las decisiones políticas y militares que hoy golpean a Venezuela.

En ese terreno se evidencian las limitaciones del reformismo burgués: aunque adoptó caminos distintos para impulsar el bienestar popular, no logró romper de manera significativa con la lógica capitalista. No habrá revolución obrera sin una elevación real de la lucha por las condiciones materiales de la clase trabajadora: salarios dignos, condiciones de vida justas y la transformación de las relaciones de propiedad siguen siendo tareas pendientes. Tras más de veinte años de gobierno bolivariano, amplios sectores obreros, campesinos y pobres continúan regidos por la propiedad privada.

La extensión de reformas burguesas es una característica de los Estados capitalistas, incluso cuando son administradas por gobiernos que se presentan como progresistas. Estas reformas, aunque puedan parecer simpáticas para el pueblo, deben analizarse en el contexto del deterioro del capital y del vacío político de cada momento histórico. América Latina y el Caribe ofrecen múltiples ejemplos de reformas que administran el capitalismo, frente a procesos que intentaron superarlo pero chocaron con límites estructurales y sus leyes de hierro.

Enfrentarse a la burguesía no es “cáscara de coco”, y menos aún cuando se opta por negociar con ella en lugar de romper con la coexistencia de clases. Esa decisión política explica por qué políticas progresistas han sido revertidas con tanta facilidad en todo el continente, y por qué hoy esa dinámica alcanza su expresión más atroz: la actuación criminal del imperialismo estadounidense, que se tradujo en ataques militares directos contra Venezuela.

En sus primeras etapas, la Revolución Bolivariana golpeó intereses estratégicos de los monopolios petroleros de Estados Unidos. Antes de Chávez, la industria petrolera venezolana funcionaba bajo una lógica semiprivatizada y subordinada al capital transnacional: PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A) operaba alineada con Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y Shell, quienes pagaban regalías mínimas, controlaban niveles de producción, promovían la sobreproducción para beneficio exclusivo de EE. UU. y dominaban prácticamente todo el mercado petrolero venezolano.

El giro impulsado por Chávez fue un golpe reformista progresivo que sacudió a Washington: se elevaron las regalías del 1% al 16–30%, aumentaron los impuestos sobre las ganancias y se reafirmó el papel del Estado como propietario de la producción. El impacto mayor fue la reactivación y fortalecimiento de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) , incluyendo países considerados enemigos históricos de Estados Unidos, como Irán e Irak. Esta política combatió la sobreproducción favorable a Washington y reguló los precios del petróleo, impidiendo su monopolización.

Paradójicamente, Chávez introdujo un principio capitalista fundamental: la competencia real en el mercado petrolero, trastocando el control estadounidense.

Los monopolios reaccionaron con furia. ExxonMobil y ConocoPhillips se negaron a aceptar ese nuevo escenario, y el gobierno bolivariano los doblegó parcialmente. Se nacionalizaron proyectos estratégicos como los de la Faja del Orinoco, lo que derivó en sanciones y forzó a Venezuela a asociarse con países enemigos de EE. UU.

Desde entonces, la hostilidad intervencionista ha sido constante, y hoy esa disputa por la renta petrolera se materializó en bombardeos sobre Caracas. El conflicto, en esencia, ha sido una pelea por la renta petrolera: los ataques actuales buscan presionar a Venezuela para que alcance mejores acuerdos con Estados Unidos y desplace a otros polos imperialistas que intentan posicionarse en la región.

Las reformas de nacionalización y regulación del mercado fueron importantes, pero tuvieron límites claros: no se elevaron a un plano revolucionario capaz de garantizar mejoras sostenidas para la clase trabajadora. Los avances obtenidos se convirtieron en castillos de arena ante la permanencia de la dependencia petrolera y la orientación a vender crudo a los capitalistas.

Tras más de dos décadas, Venezuela quedó atrapada como el “jamón del sándwich” entre potencias que monopolizan la producción mundial. No se desarrolló un proceso real de emancipación del mercado subordinado a los países ricos.

Bajo esas condiciones, tras el bombardeo, se impone la negociación. Se tuvo que llegar a la muerte de personas para terminar negociando, porque la presión fue extrema. Falta ver cómo reaccionarán los otros polos de poder petrolero, que difícilmente quedarán al margen de este reacomodo. Lo que sí es claro es que, pese a las confrontaciones, Estados Unidos nunca salió completamente del circuito económico venezolano. Se replegó, se adaptó y operó indirectamente mediante los mecanismos legales, financieros y estructurales del capitalismo.

Durante el chavismo se firmaron acuerdos millonarios de venta debido a las características del crudo venezolano. Se creó CITGO, propiedad de PDVSA, integrada al mercado estadounidense bajo reglas capitalistas. Con Maduro, CITGO fue confiscada, pero el negocio petrolero continuó. Las relaciones persistieron mediante servicios de ingeniería, tecnologías patentadas en EE. UU., subcontrataciones y, sobre todo, el dominio financiero: transacciones, seguros marítimos y certificaciones controladas por bancos estadounidenses.

Mientras tanto, capitalistas venezolanos mantuvieron negocios en importación de alimentos, fármacos, seguros y comunicaciones.

A mediados de los años 2000, el gobierno venezolano impulsó una “migración” de los viejos convenios operativos de empresas privadas a empresas mixtas donde PDVSA tendría la mayoría accionaria. En 2007 se promulgó un decreto para convertir 32 convenios operativos en joint ventures con participación mayoritaria del Estado, bajo la lógica de recuperar el control soberano de la industria petrolera tras décadas de apertura neoliberal.

Sin embargo, los grupos privados de EE. UU. y Europa no desaparecieron del todo: compañías como Chevron mantuvieron participaciones significativas como socias minoritarias, especialmente en la Faja Petrolífera del Orinoco, operando crudo pesado y exportaciones.

Reportajes recientes muestran cómo esta relación persistió incluso bajo sanciones internacionales. Por ejemplo, Reuters reportó que Chevron sigue siendo uno de los pocos grandes socios extranjeros activos en Venezuela, con participación en múltiples joint ventures con PDVSA, autorizado por EE. UU. para operar en condiciones restringidas. Esto le permitió recibir petróleo como pago de deudas y exportarlo a refinerías en el Golfo de México.

Otras multinacionales occidentales como Repsol y ENI también mantuvieron actividad en la industria venezolana bajo esquemas de participación minoritaria.

La burguesía nacional actuó como correa de transmisión del capital estadounidense. Desde el inicio de las reformas del gobierno bolivariano, la burguesía venezolana funcionó como puente del capital extranjero, especialmente en el sector petrolero. La conversión de convenios operativos en empresas mixtas con mayoría estatal no transformó la dependencia de la renta petrolera. Hoy, artículos en The Guardian muestran que Washington considera a Chevron clave para asegurar el flujo petrolero venezolano al mercado estadounidense, mostrando cómo sectores locales siguieron articulados a intereses transnacionales.

Incluso recientemente, en una entrevista con Molusco, un periodista venezolano cercano al chavismo confirmó la existencia de esa relación de negocios petroleros con EE. UU., destacando que estas relaciones siempre han existido. En el podcast Molusco Cara a Cara, Luis Hugas enfatizó la continuidad histórica de las operaciones petroleras entre Venezuela y EE. UU., incluyendo envíos a refinerías en Texas por empresas como Chevron, persistiendo durante casi 27 años de chavismo a pesar de los cambios políticos.

Esta admisión resalta el pragmatismo económico del gobierno bolivariano, que ha mantenido estos lazos ininterrumpidamente.

Negar estas dinámicas entre el capital y las relaciones de clase que de ellas se derivan resulta insostenible ante la atrocidad cometida por EE. UU. con la invasión del 3 de enero de 2026. No se trata de sostener la fantasía de no negociar con países capitalistas, sino de denunciar bajo qué condiciones se ha negociado: condiciones favorables a la clase capitalista y no a la clase obrera venezolana, que sigue luchando por aumentos salariales y mejores condiciones materiales de vida. No se puede negociar con el imperialismo mientras la clase trabajadora vive en miseria, expuesta a la subordinación y al chantaje.

¿Cómo hablar de ofensiva antiimperialista cuando la clase obrera sobrevive con migajas?

Callar estas verdades no fortalece a la clase trabajadora. El pueblo no es ciego ni vive de cuentos de hadas sobre una burguesía supuestamente antiimperialista. Tampoco China ni Rusia defenderán a los pueblos latinoamericanos más allá de sus propios intereses; han participado durante años en el mercado petrolero venezolano y, cuando actúan, lo hacen bajo lógicas de subordinación.

La verdadera solidaridad internacional debe ser de clase, y enraizarse entre la clase trabajadora de Venezuela y de Estados Unidos. La clase trabajadora estadounidense debe comprender que el imperialismo tampoco la beneficia: profundiza la desigualdad interna, la inestabilidad global y el uso de la riqueza producida por los trabajadores/as para sostener un sistema injusto.

La clase trabajadora venezolana, por su parte, continúa oponiéndose a la invasión criminal y a la detención ilegal de Maduro, mientras sectores revolucionarios apoyan las manifestaciones y llaman a fortalecer la organización revolucionaria en los centros de trabajo y comunidades para enfrentar el autoritarismo burgués del madurismo.

La lucha debe ir más allá de la excarcelación de Maduro.

Se trata de transformar la democracia para que responda a los intereses de la mayoría que produce la riqueza. Hoy, las calles, la organización obrera, la paralización de sectores clave, la lucha contra el genocidio en Gaza, las atrocidades del ICE en EE. UU., la militarización de Puerto Rico y todas las represiones imperialistas son parte de una misma condición histórica: la necesidad urgente de la unificación obrera revolucionaria a escala mundial.