Apagón en Cuba: cuando el bloqueo energético se convierte en guerra contra un pueblo

Por Isabelino Montes

“Cuba es una isla hermosa. Gran clima. Tendré el honor de tomar Cuba. Ya sea que la libere o la tome. Creo que puedo hacer lo que quiera con ella, si quieres saber la verdad”, Presidente estadounidense Donald Trump

Estas palabras resumen con claridad la lógica imperialisa con la que Estados Unidos ha mirado históricamente a la isla caribeña: como un territorio sobre el cual cree tener derecho a decidir su destino. Esa mentalidad no se queda en el terreno de las palabras. Se traduce en una política concreta que durante décadas ha intentado someter a Cuba mediante presión económica, financiera y energética.

El instrumento central de esa política ha sido el bloqueo económico, comercial y financiero que Washington mantiene contra la isla desde hace más de seis décadas. En ese contexto ocurrió el más reciente episodio de la crisis energética cubana. Este lunes el país volvió a quedar prácticamente a oscuras tras la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, según confirmaron autoridades del Ministerio de Energía y Minas. El colapso dejó sin electricidad a un país de más de once millones de personas y obligó a activar protocolos de emergencia para intentar restablecer gradualmente el sistema, comenzando por pequeñas fuentes de generación antes de sincronizar nuevamente las grandes termoeléctricas.

Se trata del sexto apagón nacional en los últimos dieciocho meses, un dato que revela la gravedad de la situación energética que enfrenta la isla. Sin embargo, reducir estos apagones a un simple problema técnico sería ocultar la raíz política del problema. El colapso del sistema eléctrico no puede separarse de los 67 años de bloqueo económico que Estados Unidos mantiene contra Cuba. Las sanciones limitan el acceso a financiamiento internacional, restringen la compra de tecnología y obstaculizan el comercio energético, generando una presión constante sobre el funcionamiento de la economía cubana.

Durante los últimos años esa presión se ha intensificado. Bajo la administración de Donald Trump se ampliaron las sanciones y se reforzó la persecución financiera contra empresas y países que comercian con la isla. Washington ha llegado incluso a amenazar con aranceles y sanciones a cualquier nación que venda combustible a Cuba, una medida que apunta directamente al corazón del sistema energético del país. El objetivo político de esa estrategia ha sido expresado abiertamente por funcionarios estadounidenses. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 28 de enero de 2026, el senador Marco Rubio declaró sin rodeos: “Cambio de régimen. Oh, creo que nos gustaría ver que el régimen allí cambie”. Días después, el propio Donald Trump afirmaba públicamente: “Cuba va a caer dentro de poco”.

Estas declaraciones evidencian que la presión económica forma parte de una estrategia orientada a provocar un colapso interno mediante la asfixia económica. Uno de los mecanismos centrales de esa presión es la crisis de combustible. Las sanciones y amenazas estadounidenses contra países exportadores de petróleo han reducido los suministros energéticos hacia la isla. Cuba lleva más de tres meses sin recibir cargamentos de petróleo, una situación crítica para un sistema eléctrico que depende en gran medida de combustibles fósiles. La isla produce aproximadamente el 40% de su propio crudo, pero esa producción no alcanza para cubrir la demanda energética nacional.

En la práctica, el bloqueo funciona como un mecanismo de coerción directa sobre el Estado cubano. La escasez de electricidad, combustible y recursos esenciales empuja decisiones internas bajo condiciones de presión externa. La asfixia económica coloca al gobierno cubano frente a un dilema permanente: resistir el cerco o adoptar reformas económicas bajo condiciones impuestas por la crisis.

En ese contexto han surgido aperturas recientes dentro de la economía cubana. Autoridades de la isla han señalado que “Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses y también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes”. Algunas de estas medidas permiten inversión y propiedad de negocios por cubanos en el exterior. Sin embargo, estas transformaciones no emergen de un escenario de plena soberanía económica, sino de una situación donde el país opera bajo una presión constante generada por el bloqueo. La orientación de estas aperturas tiende a favorecer capital proveniente de Miami, intereses financieros externos e inversión privada internacional, un fenómeno que refleja la estrategia clásica del imperialismo: presionar económicamente, generar crisis interna y empujar reformas favorables al capital.

Mientras tanto, la crisis energética se profundiza. Cuba ha intentado avanzar en una transición hacia energías renovables, incrementando su capacidad solar y recibiendo apoyo tecnológico de China para ampliar su generación eléctrica. Sin embargo, esa expansión aún no logra compensar la falta de combustible provocada por el bloqueo energético. El sistema eléctrico cubano continúa dependiendo en gran medida de plantas termoeléctricas, gas natural y una capacidad solar todavía limitada. Cuando el combustible escasea, la generación eléctrica cae abruptamente y la red nacional entra en una situación de extrema fragilidad.

Las consecuencias de esa fragilidad se concentran directamente en la vida cotidiana del pueblo cubano. Hospitales han tenido que limitarse a atender emergencias mientras cirugías programadas se posponen por falta de electricidad. Escuelas reducen su jornada. El transporte público funciona con enormes dificultades. La distribución de alimentos se encarece debido a los problemas de transporte y refrigeración. El bloqueo termina traduciéndose en una forma de castigo colectivo contra la población civil, donde electricidad, salud, transporte y alimentación quedan atrapados dentro de una política imperialista diseñada para aniquilar la economía de un país entero.

Todo esto ocurre mientras Washington mantiene un discurso internacional sobre “democracia” y “derechos humanos”. La contradicción resulta evidente: el mismo gobierno que afirma defender derechos fundamentales impide al mismo tiempo el acceso a combustible y recursos energéticos esenciales para la vida cotidiana de millones de personas.

El reciente apagón en Cuba no puede entenderse aislado de esta realidad. Esto es el resultado visible de una política de presión imperialista que busca intervenir en el destino político de la isla. Denunciar esa política es una responsabilidad internacional. Porque cuando un país entero queda a oscuras por falta de combustible, la crisis energética deja de ser únicamente un problema técnico y se convierte en una cuestión de soberanía.

La solidaridad con el pueblo cubano frente al bloqueo no es solo un gesto político. Es una necesidad para todos los pueblos que enfrentan la misma lógica de dominación imperialista. Mientras el cerco económico continúe, cada apagón en la isla seguirá recordando que la lucha por la energía, por la soberanía y por el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sigue abierta en el Caribe y en el mundo.

Nos corresponde una solidaridad de clase a nivel internacional para enfrentar el escenario actual de acorralamiento imperialista en Cuba, donde la figura de Donald Trump reaparece como expresión grotesca de una época marcada por la descomposición del capitalismo. Trump no solo encarna los valores más despiadados y repulsivos de su clase burguesa; también representa la lógica general de un sistema que, al entrar en crisis, recurre a figuras autoritarias para intentar sostener lo que se derrumba.

Cuando el orden imperialista comienza a resquebrajarse, el capital necesita dirigentes agresivos, cínicos y patanes capaces de defender por la fuerza los intereses de una potencia que percibe su propio declive histórico. Pero esta crisis del sistema no se expresa únicamente en Washington. También atraviesa la realidad interna de Cuba. Dentro de la isla se abren polos de tensión que se manifiestan en protestas, reclamos y presiones dirigidas tanto al gobierno cubano como al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas. El propio pueblo cubano reconoce que existen aspectos de su sistema político y económico que requieren transformaciones profundas.

Las dificultades materiales, agravadas por el bloqueo económico que Washington mantiene, han creado tensiones reales dentro de la sociedad. Sin embargo, el futuro de Cuba no puede ser dictado por la supremacía de clase representada por sectores de la política estadounidense ni por los intereses del capital transnacional que durante décadas ha intentado recolonizar la isla. Desde hace años, el pueblo cubano exige el fin del bloqueo, una política que incluso ha sido condenada repetidamente por la Asamblea General de la ONU con votaciones casi unánimes.

En esa larga y frustrante lucha contra el imperialismo, en la que Cuba se encuentra en clara desventaja material, también existe una realidad que no puede ocultarse: dentro de la sociedad cubana hay divisiones de clase y contradicciones internas. En ese terreno se ha venido acumulando un descontento social que el gobierno de Estados Unidos, junto con los grupos contrarrevolucionarios asentados principalmente en Miami, intenta explotar para desestabilizar la isla desde adentro.

Recientemente, algunos de estos grupos incendiaron una sede del Partido Comunista de Cuba. Son sectores que actúan como carne de cañón para los intereses del imperialismo estadounidense. Dentro de sus consignas aparece incluso el llamado abierto a una intervención de Estados Unidos en Cuba, una postura que revela un atraso político profundo.

La desesperación social puede ser asfixiante, pero caer en la trampa de Estados Unidos, un país que atraviesa su propia crisis económica y política, significaría entregar la isla a un poder dispuesto a reorganizar la economía según los intereses de la burguesía imperialista.

En esta confrontación, la relación entre el Partido Comunista y las masas trabajadoras tendrá necesariamente que transformarse de manera revolucionaria. La lucha contra el bloqueo no puede limitarse a una consigna diplomática. Debe afirmarse como una lucha de clase.

Por eso, frente a la crisis energética que hoy se manifiesta en los apagones, la respuesta estratégica no puede limitarse a soluciones nacionales aisladas. La situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de impulsar la unidad de los trabajadores y trabajadoras del sector energético en el Caribe como parte de un proceso más amplio de articulación obrera regional.

La pregunta que queda abierta es profunda: si el Partido Comunista de Cuba no logra dotar a la crisis energética de un carácter claramente de clase, qué dirección estratégica tendrá la clase trabajadora del Caribe ante el vacío político existente.

Porque cada apagón en la isla no solo revela una crisis energética. También ilumina una tarea histórica pendiente: la construcción de una fuerza obrera caribeña capaz de disputar el control de la energía, la producción y el futuro de toda la región.