Aumento de la luz: dominio energético capitalista en Puerto Rico

Por Isabelino Montes

Entra en vigor un nuevo aumento en la factura de electricidad de los abonados en Puerto Rico. Nuevamente, el incremento se justifica a partir del alza en el precio del combustible y de las diferencias entre lo que se había proyectado y los costos finalmente asumidos por el sistema eléctrico. El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) identificó un déficit de $131.7 millones entre lo que costó el combustible utilizado entre junio y agosto y lo que había sido facturado durante ese periodo, obligando a establecer un recobro en las facturas siguientes. El cargo por combustible (FCA) aumenta de 11.4070 a 17.3576 centavos por kilovatio hora, mientras el cargo por compra de energía (PPCA) baja de 5.1748 a 4.5090 centavos. La reducción del PPCA no compensa el aumento del FCA y representa para un cliente residencial promedio un incremento de alrededor de $42 mensuales.

Detrás de esta cifra aparece nuevamente la realidad concreta de quienes vivimos de nuestro salario. Mientras la burguesía y sectores de la pequeña burguesía cuentan con mayores recursos para absorber el encarecimiento de los servicios esenciales, las masas trabajadoras dependen fundamentalmente de la venta de su fuerza de trabajo para reproducir su vida. Cada aumento en la electricidad, en los alimentos, en la vivienda o en el transporte significa una nueva presión sobre un salario que ya se encuentra condicionado por el costo de la vida. El nuevo aumento no constituye una anomalía del sistema energético puertorriqueño ni puede explicarse únicamente por el alza en el precio del combustible. Es una expresión de una estructura energética organizada alrededor de los intereses económicos dominantes, la dependencia de combustibles importados y la subordinación colonial de Puerto Rico. Mientras la electricidad continúe tratándose como una mercancía y su producción, generación y distribución permanezcan sometidas a relaciones de propiedad y contratación orientadas por la rentabilidad, los costos de esa estructura continuarán trasladándose a quienes dependen de su salario para sostener sus vidas.

El aumento, por tanto, no puede separarse de las condiciones que determinan cómo funciona el sistema energético puertorriqueño. Puerto Rico permanece atrapado dentro de una estructura dependiente de los combustibles fósiles y de los mercados internacionales que los controlan. Esa dependencia coloca a la población frente a una realidad en la que cualquier variación importante en el precio del petróleo, el gas natural o los costos de generación puede terminar convertida en un aumento de la factura. La electricidad es indispensable para la reproducción de la vida social y para el funcionamiento de la producción, pero su generación continúa organizada dentro de una economía donde el combustible constituye una mercancía y donde las decisiones sobre infraestructura, contratos, generación y distribución están atravesadas por intereses empresariales. La necesidad social de electricidad entra así en contradicción con una estructura económica que organiza su producción y distribución a partir de las relaciones de mercado y de la necesidad de mantener la rentabilidad de las operaciones.

Las instituciones gubernamentales actúan dentro de esas mismas condiciones. Su función termina siendo la de administrar un sistema donde es necesario garantizar que los costos de operación puedan recuperarse y donde las empresas que participan de la estructura energética puedan mantener sus contratos y operaciones. La necesidad social de electricidad queda así subordinada a una planificación económica que prioriza la continuidad financiera del sistema y de quienes participan en él. En Puerto Rico, la transmisión y distribución se encuentran en manos de LUMA Energy, consorcio encabezado por Quanta y ATCO, mientras la generación térmica está mayormente bajo Genera PR y la AEE conserva los activos dentro de su situación financiera y legal. Se configura de esta manera un esquema de operadores privados sobre infraestructura pública, con mecanismos que permiten recuperar costos operativos y de combustible.

Esta estructura mantiene incentivos para continuar operando sobre la infraestructura existente y recuperar los recursos necesarios para mantenerla funcionando. Mientras el sistema siga dependiendo de combustibles fósiles, una parte importante del dinero destinado al servicio eléctrico continúa dirigiéndose hacia la compra de combustible, su operación y los contratos relacionados con su suministro y generación. La dinámica puede observarse en las medidas adoptadas durante los últimos años. En 2025, Genera solicitó e instaló capacidad temporal, incluyendo barcazas y unidades usadas, para cubrir déficits del sistema. Estas medidas permiten responder a necesidades inmediatas de generación, pero al mismo tiempo mantienen una estructura que continúa utilizando combustibles importados en lugar de sustituirlos masivamente mediante renovables y almacenamiento. El resultado es un ciclo que se reproduce bajo las condiciones existentes: la infraestructura necesita reparación, la generación requiere capacidad adicional, la capacidad requiere combustible, el combustible genera costos y esos costos terminan incorporándose a la factura de los consumidores.

Mientras tanto, la transformación profunda del sistema queda desplazada por las necesidades inmediatas de mantener funcionando una infraestructura que fue abandonada durante décadas y que posteriormente se convirtió en terreno para la privatización y la contratación. Ahí se encuentra una de las expresiones más claras de la lógica económica que domina el sistema energético. Reparar y mantener la infraestructura existente requiere menos inversión que transformar completamente el sistema, mientras que la operación de los activos disponibles, la adquisición de contratos y la recuperación de costos pueden generar ingresos durante el tiempo en que esas estructuras permanezcan vigentes. Por eso vemos aumento tras aumento para reparar, operar y mantener un sistema que continúa dependiendo de los mismos combustibles. La arquitectura contractual de LUMA y Genera se desarrolla sobre una infraestructura pública deteriorada y permite canalizar recursos públicos hacia empresas privadas encargadas de distintas funciones del sistema, mientras la transformación profunda de la matriz energética queda sometida a las condiciones económicas existentes.

La cuestión adquiere todavía mayor importancia cuando se coloca a Puerto Rico dentro de las condiciones impuestas por el imperialismo estadounidense en el Caribe. La guerra imperialista y las disputas entre las principales potencias económicas por recursos, mercados y zonas estratégicas profundizan la competencia alrededor de la energía. Estados Unidos busca preservar su posición como potencia imperialista mientras otras potencias disputan espacios dentro del mercado mundial. Los conflictos internacionales terminan repercutiendo sobre los precios, las rutas comerciales, el suministro de combustibles y las decisiones de inversión energética. Puerto Rico se encuentra dentro de esas relaciones desde una posición colonial. La dependencia económica y política de Estados Unidos limita la capacidad de la población puertorriqueña para determinar de manera independiente cómo organizar sus recursos y su infraestructura energética. El problema energético aparece así conectado directamente con la posición de Puerto Rico dentro del sistema imperialista estadounidense.

En esa dependencia cabe destacar que, al cambiar la administración política en Washington, también cambia la orientación de determinadas políticas según los intereses que predominan en ese momento. Durante la administración de Biden se impulsaron políticas vinculadas a los mercados de energía renovable y a la transición energética. Con la administración Trump se fortalece nuevamente una orientación favorable al petróleo y al gas natural. Sin embargo, la diferencia entre una administración y otra no elimina la relación fundamental de subordinación. Una puede ampliar determinadas áreas del mercado renovable mientras otra fortalece la explotación y utilización de combustibles fósiles, pero ambas desarrollan sus políticas dentro de las necesidades generales de la economía estadounidense y de sus mercados energéticos. La economía puertorriqueña permanece integrada a esas decisiones sin controlar las condiciones generales en las que se producen, distribuyen y comercializan los recursos energéticos.

Es precisamente aquí donde el aumento de la factura eléctrica deja de ser un asunto exclusivamente puertorriqueño y comienza a mostrar su dimensión caribeña. Más del 70% del suministro energético primario del Caribe proviene de derivados del petróleo importados y, en algunos países, más del 90% de la electricidad continúa generándose con combustibles fósiles. Las familias y empresas caribeñas enfrentan, además, tarifas eléctricas que pueden alcanzar aproximadamente el doble de las existentes en Estados Unidos, con promedios cercanos a $0.25 por kilovatio hora y casos que superan los $0.40. Esta dependencia mantiene a las economías caribeñas expuestas a las fluctuaciones internacionales de los precios y a las tensiones geopolíticas. Una guerra, una interrupción de las rutas comerciales, un aumento del petróleo o una alteración en los mercados internacionales puede convertirse rápidamente en mayores costos para los hogares, las empresas y los gobiernos de la región.

La región queda así sometida a una planificación energética que responde a intereses externos y a la competencia entre grandes empresas y potencias económicas. En lugar de desarrollar una producción energética coordinada de acuerdo con las condiciones materiales de las islas del Caribe, cada territorio permanece obligado a negociar dentro de un mercado internacional dominado por actores con mayor capacidad económica y política. El problema adquiere una dimensión todavía mayor porque el Caribe posee condiciones particulares para desarrollar otras fuentes de energía. Una región compuesta por islas, con abundante exposición solar, recursos eólicos y posibilidades de cooperación regional podría desarrollar una planificación energética adaptada a sus propias necesidades. Pero mientras la producción energética continúe organizada fundamentalmente como una mercancía, esas posibilidades quedan subordinadas a las condiciones de rentabilidad y a las decisiones de quienes controlan los recursos. De esta manera, la dependencia de los combustibles fósiles puede mantenerse incluso cuando existen posibilidades materiales para desarrollar una transformación progresiva del sistema.

Esta realidad también permite observar los límites de las experiencias que han intentado enfrentar el dominio energético estadounidense desde una perspectiva nacionalista. Petrocaribe, creado por Hugo Chávez en 2005, permitió a distintos países caribeños adquirir petróleo venezolano en condiciones preferenciales. El mecanismo redujo determinadas presiones económicas sobre los países participantes y constituyó una contraparte al dominio energético estadounidense en la región. Sin embargo, Petrocaribe continuó funcionando dentro de las relaciones económicas existentes. El petróleo siguió siendo una mercancía y los Estados continuaron administrando los recursos y los fondos generados por el programa dentro de estructuras políticas y económicas donde permanecían los capitalistas nacionales. En varios países, esa estructura facilitó prácticas de corrupción, manejo discrecional de fondos y captura de recursos por sectores económicos vinculados al poder. Petrocaribe terminó reproduciendo, en distintos lugares, formas de dependencia y captura rentista asociadas al capitalismo extractivo.

La experiencia demuestra los límites de una política que sustituye el control extranjero por el control nacional sin transformar las relaciones sociales que determinan la producción. La idea de que un recurso debe ser explotado por capitalistas nacionales en lugar de capitalistas extranjeros puede modificar quién recibe una parte de la riqueza, pero mantiene la producción organizada alrededor de la acumulación privada. El problema energético requiere entonces una perspectiva que vaya más allá del nacionalismo burgués. La cuestión fundamental es qué clase social controla los recursos y los medios de producción, quién determina su utilización y hacia qué necesidades se orienta la riqueza producida. Mientras esos medios permanezcan bajo el control de propietarios privados, sean estadounidenses o nacionales, la producción energética continuará sometida a la búsqueda de rentabilidad. Cambiar la nacionalidad de quienes controlan los recursos no significa necesariamente transformar la relación económica que mantiene subordinadas a las masas trabajadoras.

Todas estas experiencias muestran la necesidad de que la clase trabajadora del Caribe pueda desarrollar una organización política propia a escala regional. Mientras cada país enfrente individualmente la dependencia energética, las condiciones seguirán reproduciéndose de manera similar. Hablar de Puerto Rico sin plantear la creación de una organización política de trabajadores y trabajadoras energéticos del Caribe significa mantener la discusión dentro de los límites nacionales que ya han demostrado sus contradicciones. La dimensión regional del problema exige también una respuesta regional: la coordinación de quienes trabajan en la producción, generación, transmisión y distribución de energía con las comunidades que dependen de esos servicios puede convertirse en una base material para desarrollar una política energética distinta.

En Puerto Rico, mientras tanto, el debate continúa concentrándose en las elecciones. Se espera por la Alianza entre el PIP y el MVC, se discute la posibilidad de que distintas figuras políticas lleguen al gobierno y sectores de la izquierda vuelven a preguntarse por qué el pueblo no sale a la calle frente a los aumentos y las condiciones económicas. La respuesta política dominante continúa colocando buena parte de las expectativas en el ciclo electoral. Se habla de la calle y de las urnas, pero la acción en la calle aparece frecuentemente desligada de una organización política permanente desde los centros de trabajo y las comunidades. La movilización termina reducida a la capacidad de reagrupar personas alrededor de una determinada coyuntura electoral. Las elecciones pueden reorganizar la representación política, pero no crean por sí mismas los organismos políticos de la clase trabajadora. Esos organismos pueden comenzar a construirse en cualquier momento, precisamente desde las condiciones concretas que enfrenta la población.

El aumento de la electricidad ofrece una de esas condiciones. La lucha contra los aumentos puede convertirse en un punto de partida para la organización política de trabajadores y comunidades alrededor de una discusión permanente sobre el sistema energético. Desde los centros de trabajo pueden desarrollarse comités que conecten a quienes producen, mantienen y distribuyen la energía con las comunidades que sufren directamente el costo de su funcionamiento. Esos organismos pueden extenderse de Puerto Rico hacia otros territorios caribeños y comenzar a construir una estructura política regional de trabajadores energéticos. Desde allí podrían discutirse políticas internacionales dirigidas a desarrollar las fuerzas productivas energéticas del Caribe, reducir la dependencia de combustibles importados y establecer una planificación económica orientada por las necesidades de la población. La cuestión energética dejaría entonces de estar exclusivamente en manos de gobiernos, corporaciones y organismos financieros y pasaría a formar parte de una lucha política organizada por quienes producen diariamente la riqueza que mantiene funcionando nuestras sociedades.

El nuevo aumento de la factura eléctrica demuestra una vez más el costo que las masas trabajadoras pagan por permanecer sometidas a una estructura energética dependiente de intereses privados. Cada aumento representa una nueva transferencia de recursos desde los ingresos de quienes viven de su trabajo hacia el mantenimiento de una estructura que continúa reproduciendo las mismas condiciones que generan la dependencia. Por eso, oponerse al aumento debe convertirse en algo más que una reacción ante la próxima factura. Debe abrir una discusión sobre el control de los medios de producción energéticos, sobre la dependencia colonial de Puerto Rico, sobre el dominio imperialista estadounidense en el Caribe y sobre la necesidad de construir una organización política obrera que trascienda las fronteras nacionales.

La energía del Caribe no puede continuar organizada según los intereses de los monopolios que disputan su rentabilidad dentro de la región. Las masas trabajadoras producen la riqueza, sostienen la infraestructura y mantienen funcionando los sistemas de los que depende la vida social. La tarea histórica consiste en transformar esa realidad mediante la organización política de quienes producen.

No más aumentos de tarifas para garantizar la rentabilidad de los capitalistas. Por la organización política de la clase trabajadora caribeña y por la transformación de los medios de producción energéticos bajo su dirección.