El viraje a la derecha en América Latina: EE.UU., Israel y el negocio de la seguridad
Por Bianca Morales
El giro hacia la derecha en América Latina y la expansión de las políticas de mano dura están abriendo nuevos mercados para el capital israelí y estadounidense. Bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la inseguridad, los gobiernos amplían sus aparatos represivos y destinan recursos públicos a tecnologías y servicios de seguridad que benefician a empresas privadas. La inseguridad no es solamente un problema político y social: también se ha convertido en un negocio. Israel aporta tecnologías desarrolladas y comercializadas a partir de su experiencia militar y de control territorial; Estados Unidos facilita su expansión mediante contratos, financiamiento y cooperación estratégica; y América Latina se convierte en un mercado donde las necesidades reales de la población sirven para justificar nuevas oportunidades de acumulación capitalista.
En Colombia, Abelardo de la Espriella representa esta orientación política. En Brasil, Flávio Bolsonaro disputa el poder con un discurso que coloca la seguridad y la lucha contra el crimen entre sus principales banderas. En otros países, figuras como Nayib Bukele, Daniel Noboa y Keiko Fujimori han promovido distintas versiones de la llamada política de mano dura. Aunque sus propuestas responden a contextos nacionales diferentes, comparten la promesa de recuperar el orden mediante el endurecimiento penal y la expansión de las facultades del Estado en materia de seguridad.
En este escenario, la relación entre Israel y Estados Unidos resulta fundamental. Las tecnologías de control fronterizo, los drones y los sistemas de análisis de datos se presentan como herramientas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, detrás de esta oferta existe una estructura económica y geopolítica que convierte las políticas de seguridad en mecanismos para abrir mercados, asegurar contratos y transferir recursos públicos hacia empresas privadas.
Israel se ha consolidado como una plataforma para el desarrollo, la experimentación y la comercialización de tecnologías avanzadas de seguridad. En colaboración con Estados Unidos, sus empresas han extendido sus operaciones hacia América Latina mediante la venta de equipos y sistemas que incluyen inteligencia artificial y herramientas automatizadas para recopilar y analizar información.
Muchas de estas tecnologías están relacionadas con prácticas de vigilancia y control utilizadas en los territorios palestinos ocupados. La experiencia acumulada en ese contexto se convierte en un argumento comercial para presentar estos sistemas como herramientas eficaces ante otros gobiernos. Así, las prácticas de control militar no permanecen circunscritas a los territorios ocupados, sino que pueden transformarse en productos exportables para otros Estados.
La relación entre Israel y Estados Unidos fortalece esta expansión. Mientras las empresas israelíes desarrollan y comercializan sus productos, el gobierno estadounidense contribuye mediante contratos públicos, financiamiento, cooperación militar y políticas que promueven su adquisición. Esta alianza articula intereses empresariales y estatales, y permite que la industria de seguridad amplíe su presencia internacional.
Entre las compañías que participan en este sector se encuentran Elbit Systems, Magal y Cognyte, anteriormente vinculada al nombre Verint. Sus productos incluyen sensores capaces de detectar movimiento, vibraciones, temperatura y sonidos; cercas inteligentes; torres de control; cámaras de alta definición, visión nocturna y detección térmica; radares y programas para procesar grandes cantidades de información.
La mercancía no termina en la frontera. La mercancía es el propio sistema de control.
Cada nueva crisis puede justificar la compra de equipos, programas informáticos, centros de mando, servicios de análisis de datos y capacitación. Cuanto más se presenta la inseguridad como una amenaza permanente, mayor es la presión para ampliar los presupuestos destinados a esta industria. El negocio no depende únicamente de vender un producto, sino de mantener una demanda constante de nuevas capacidades, actualizaciones y servicios.
Los territorios palestinos ocupados constituyen un contexto central para comprender la relación entre control militar y comercialización tecnológica. Las experiencias de ocupación y control poblacional forman parte de la promoción de sistemas que luego se ofrecen a otros gobiernos como soluciones para sus propios problemas de seguridad. Esta trayectoria plantea una cuestión política fundamental: qué tipo de prácticas se normalizan cuando tecnologías asociadas al control de una población bajo ocupación se comercializan como respuestas a problemas sociales en otros países.
La expansión comercial también cuenta con el respaldo directo de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha contratado sistemas de torres de vigilancia desarrollados por la subsidiaria estadounidense de Elbit Systems para sectores de la frontera con México, particularmente en Arizona.
La construcción del muro fronterizo durante la primera administración de Donald Trump abrió nuevas oportunidades comerciales para las empresas dedicadas al control fronterizo. De esta manera, las políticas migratorias y de seguridad se convierten en mecanismos para ampliar el mercado y canalizar fondos públicos hacia contratistas privados.
En el Caribe y el sur de Estados Unidos también existen operaciones que combinan tecnología y control territorial. Sistemas como FalcoNet, en Florida, forman parte de un entorno más amplio de control asociado a operaciones fronterizas y marítimas, como Operation Vigilant Sentry.
Al mismo tiempo, agencias como ICE y el Departamento de Seguridad Nacional utilizan plataformas de datos y herramientas tecnológicas desarrolladas por compañías privadas, entre ellas Palantir, junto con servicios de infraestructura digital y computación en la nube. Estas relaciones muestran hasta qué punto las funciones estatales de seguridad dependen de empresas privadas y cómo la gestión de información se ha convertido en otro espacio de contratación y acumulación.
La estructura comercial es clara: Israel desarrolla y comercializa tecnologías; Estados Unidos financia, contrata y promueve políticas que facilitan su expansión; los gobiernos latinoamericanos adquieren estos sistemas o reciben cooperación; y las empresas privadas obtienen beneficios procedentes de fondos públicos. La seguridad se convierte así en un punto de encuentro entre los intereses del Estado, las estrategias geopolíticas y la rentabilidad empresarial.
Esta dinámica también ayuda a comprender el lugar que ocupa la política antidrogas de Donald Trump en la región. La lucha contra el narcotráfico no se limita a perseguir organizaciones criminales. También puede servir para justificar la ampliación de la cooperación militar, la intervención política y la apertura de nuevos mercados para la industria de seguridad. El discurso de la amenaza permanente facilita la expansión de estas políticas, incluso cuando sus resultados sobre las causas del crimen son limitados o inciertos.
Adquirir equipos más sofisticados no elimina automáticamente las redes criminales ni transforma las condiciones económicas y políticas que permiten su reproducción. La tecnología puede convertirse en una respuesta costosa que deja intactas las causas profundas del problema. En lugar de examinar las relaciones económicas, la corrupción, la desigualdad y los vínculos entre sectores del poder político y las redes criminales, se promueve la idea de que la inseguridad puede resolverse principalmente mediante más recursos tecnológicos y represivos.
El narcotráfico no surgió del socialismo ni del comunismo. Su reproducción está vinculada a relaciones económicas y políticas concretas, a la acumulación de riqueza, a los mercados ilegales y a redes de poder que operan dentro de sociedades capitalistas. Presentar la represión como solución definitiva oculta las condiciones que permiten que estas actividades continúen y evita cuestionar los intereses que se benefician de su existencia.
La inseguridad es una preocupación real para amplios sectores de la clase trabajadora. Las comunidades que enfrentan la violencia, la extorsión y el control territorial de organizaciones criminales necesitan respuestas concretas. Reconocer esa realidad no significa aceptar que la única alternativa sea ampliar indefinidamente el poder de las fuerzas represivas. Tampoco significa culpar a quienes, ante la falta de soluciones, buscan una respuesta inmediata a una situación que afecta sus vidas.
La derecha ha logrado capitalizar esta preocupación mediante consignas como “mano dura”, “guerra contra el narco” y “narcoterrorismo”. Con ellas, promete resultados inmediatos y presenta la concentración del poder y el endurecimiento de los castigos como condiciones indispensables para recuperar la seguridad. Este discurso también contribuye a legitimar la expansión de los aparatos represivos y los presupuestos que sostienen a la industria privada que les provee tecnología y servicios.
El modelo de Nayib Bukele en El Salvador se ha convertido en una referencia regional para quienes defienden estas políticas. En otros países, figuras como Daniel Noboa en Ecuador, Abelardo de la Espriella en Colombia, Keiko Fujimori en Perú y Flávio Bolsonaro en Brasil han promovido distintas medidas de endurecimiento penal, militarización o ampliación de las facultades de los aparatos de seguridad. Aunque las condiciones de cada país son diferentes, estas propuestas comparten la centralidad que otorgan al control y al castigo.
Este giro político crea condiciones favorables para la industria de seguridad. Cuando el delito se presenta como una amenaza permanente que exige respuestas cada vez más costosas, se amplía el espacio para nuevos contratos. Las empresas privadas pueden beneficiarse de una crisis que sirve para justificar inversiones públicas sucesivas, aunque sus causas permanezcan sin resolver. De esta forma, la inseguridad puede convertirse en una fuente recurrente de rentabilidad sin que la industria tenga un interés directo en transformar las condiciones sociales que la alimentan.
Los acuerdos de cooperación entre Israel y los gobiernos latinoamericanos también deben examinarse en este contexto. La colaboración en materia de seguridad, tecnología, terrorismo y narcotráfico puede facilitar nuevas relaciones comerciales y estratégicas. Sin embargo, es necesario distinguir entre los acuerdos políticos anunciados, los mecanismos de cooperación existentes y los contratos concretos, sin asumir que todos implican necesariamente la compra de un sistema determinado.
La cuestión fundamental no es únicamente qué tecnología adquiere cada gobierno, sino qué intereses políticos y económicos orientan esas decisiones. Cuando el dinero público se destina a fortalecer los aparatos de seguridad, las empresas privadas reciben nuevas oportunidades de negocio mientras las causas estructurales de la inseguridad permanecen sin resolver. El problema no es solo la tecnología empleada, sino un modelo político que subordina las necesidades colectivas a los intereses de acumulación del capital.
La crítica a este modelo también exige examinar los límites del reformismo. Los partidos que se presentan como alternativas progresistas o de izquierda no siempre han logrado responder de manera efectiva a las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas por el crimen. En ocasiones, sus respuestas institucionales resultan insuficientes frente a problemas que forman parte de la experiencia cotidiana de la población.
El reformismo liberal parte de la posibilidad de conciliar los intereses de las clases sociales dentro del orden capitalista. Busca corregir sus consecuencias mediante programas sociales, políticas públicas y mecanismos institucionales, sin transformar necesariamente las relaciones de producción organizadas alrededor de la contradicción entre el capital y el trabajo.
Los programas sociales, la ampliación de derechos y las reformas pueden aliviar condiciones concretas de desigualdad. Sin embargo, por sí solos no garantizan la transformación de las estructuras que reproducen el desempleo, las economías ilegales, la debilidad institucional y la subordinación del Estado a los intereses del capital. Además, las reformas pueden ser revertidas cuando cambian las relaciones políticas o cuando los sectores dominantes consideran amenazados sus intereses. La administración de las necesidades sociales no equivale necesariamente a la emancipación de la clase trabajadora.
Una parte de la izquierda también ha tenido dificultades para reconocer la inseguridad como una experiencia concreta que afecta la vida cotidiana de las comunidades. Cuando el análisis se mantiene alejado de esa realidad, la derecha encuentra espacio para imponer una explicación sencilla y políticamente eficaz: la izquierda fue blanda con el delito; nosotros vamos a imponer el orden; nosotros vamos a aplicar mano dura.
La respuesta revolucionaria no puede consistir en copiar la política represiva de la derecha ni en ignorar las necesidades inmediatas de seguridad. Se necesita una orientación capaz de atender los problemas concretos de las comunidades y, al mismo tiempo, enfrentar las condiciones económicas y políticas que permiten la reproducción de la violencia y las redes criminales.
Esto exige construir una organización independiente de la clase trabajadora, arraigada en los centros de trabajo y las comunidades, capaz de desarrollar respuestas colectivas, disputar la orientación de las políticas públicas y enfrentar los intereses económicos que convierten la inseguridad en un negocio. La clase trabajadora debe poder intervenir sobre los problemas que enfrenta sin subordinarse a los intereses de las empresas privadas ni limitarse a administrar el orden capitalista.
La clase trabajadora no puede limitarse a escoger entre la expansión del aparato represivo promovida por el capital y las promesas de un reformismo que no transforma las estructuras fundamentales de la sociedad. Necesita desarrollar su propia capacidad de organización y acción política para intervenir sobre las causas inmediatas y estructurales de los problemas que enfrenta.
La expansión de esta industria demuestra que la seguridad se ha convertido en un mercado internacional donde confluyen intereses empresariales, políticas estatales y estrategias geopolíticas. Israel desarrolla y comercializa sistemas, Estados Unidos contribuye a expandir su alcance y los gobiernos latinoamericanos se convierten en compradores y socios de un sector que encuentra nuevas oportunidades en cada crisis.
La pregunta no es solamente quién controla estas tecnologías, sino quién se beneficia económicamente de su expansión, qué intereses determinan su utilización y qué sectores de la sociedad cargan con sus consecuencias. Mientras la seguridad se organice alrededor de la rentabilidad privada y la expansión del poder represivo, las necesidades de la clase trabajadora seguirán subordinadas a intereses ajenos.
La seguridad de nuestros pueblos no puede ser un negocio del capital. La clase trabajadora debe organizarse para conquistar su propia emancipación política y construir una alternativa que responda a las necesidades de las mayorías, en lugar de convertirlas en oportunidades de acumulación para las empresas de seguridad y represión.
