Autoridad de Tierras: los bandos corruptos van por la tierra

Por Nexo Revolucionario Media

La disputa dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el control de la Autoridad de Tierras no puede entenderse como una simple pelea por nombramientos, posiciones administrativas o lealtades partidistas. Detrás de la confrontación entre los distintos bandos políticos existe una batalla mucho más profunda: quién tendrá el control sobre uno de los últimos grandes activos públicos de Puerto Rico, compuesto por más de 83,000 cuerdas de terrenos con valor agrícola.

La tierra es el centro de esta disputa. Después de décadas de endeudamiento público financiado con el dinero producido por la clase trabajadora, del desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la entrega de servicios esenciales al capital privado mediante la privatización de la transmisión y distribución de energía a LUMA Energy y la generación a Genera PR, las fuerzas políticas y económicas que administran el régimen colonial continúan avanzando hacia nuevos procesos de privatización y transferencia de activos públicos. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados aparece como uno de los próximos espacios donde podrían desarrollarse nuevas ofensivas del capital privado. Mientras tanto, dentro de la Autoridad de Tierras ya comienzan a moverse las piezas para decidir quién tendrá la capacidad de administrar y facilitar el acceso privado a miles de cuerdas de terrenos públicos.

En ese contexto, el despido de Javier Lugo Rullán, el alegado intento de remover a Helga Méndez Soto, las gestiones atribuidas a Mike McCloskey y los intereses relacionados con el desarrollador Federico Stubbe revelan una lucha por controlar una agencia que administra decenas de miles de cuerdas y que podría convertirse en una plataforma para nuevos negocios inmobiliarios, agrícolas y energéticos. Por eso, la disputa entre los sectores del PNP no gira alrededor de cómo proteger la tierra, garantizar la soberanía alimentaria o evitar el desplazamiento de las comunidades trabajadoras. La verdadera batalla consiste en determinar cuál facción tendrá la capacidad política para facilitar transferencias, arrendamientos, concentraciones y procesos de explotación de terrenos en beneficio de grandes empresas agrícolas, desarrolladores, inversionistas y capitalistas beneficiados por la Ley 60.

Para comprender la profundidad de esta confrontación es necesario partir del papel histórico de la tierra dentro de toda sociedad. Como medio de producción fundamental desde los orígenes de la humanidad, la tierra representa una de las principales fuentes de riqueza. En una sociedad organizada bajo la producción capitalista, no solo posee valor como espacio físico, sino también como base para la producción de mercancías, la acumulación de capital y la generación de ganancias privadas. Por eso, quien controla la tierra posee una herramienta de poder económico capaz de condicionar el futuro político de Puerto Rico, independientemente de quién ocupe el gobierno o cuál sea el estatus político formal del archipiélago.

La batalla dentro de la Autoridad de Tierras refleja precisamente ese interés de clase: dominar o representar políticamente a los sectores capitalistas que durante décadas han mantenido su poder económico en Puerto Rico. Las controversias recientes dentro de la agencia no deben analizarse de forma aislada, sino como expresiones concretas de una lucha más amplia por controlar los recursos que todavía permanecen bajo propiedad pública.

Javier Lugo Rullán fue removido de la dirección ejecutiva de la Corporación de Seguros Agrícolas por el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres. Lugo Rullán había dirigido la corporación durante aproximadamente diez años. Según fuentes citadas por Síntesis Noticiosa, su salida habría estado relacionada con un intento de crear una vacante que permitiera trasladar a Helga Méndez Soto y facilitar su salida de la Autoridad de Tierras. Lugo Rullán había rechazado anteriormente asumir la dirección de la agencia, obstaculizando así un intento previo de remover a Méndez Soto.

El conflicto ocurre, además, en medio de una reorganización de fuerzas dentro del PNP, donde distintos sectores comienzan a definir sus lealtades ante la confrontación política entre la gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Sin embargo, esta pugna no puede analizarse únicamente como una diferencia administrativa, una lucha de egos entre funcionarios o una batalla interna ante una posible primaria electoral. Reducirla a esos elementos oculta la verdadera naturaleza del conflicto y desvía la atención de los intereses económicos que se mueven detrás de las estructuras partidistas.

Lo que está en juego es mucho más profundo. Esta confrontación representa la crisis política de un régimen colonial y las contradicciones de una sociedad capitalista donde una minoría con poder económico mantiene mecanismos políticos que le permiten reproducir y ampliar sus riquezas privadas por encima de las necesidades de las mayorías trabajadoras. Los mismos sectores políticos que durante décadas han administrado la colonia se disputan ahora el control de los recursos que todavía permanecen bajo propiedad pública.

La disputa por la tierra: privatización, poder político y acumulación capitalista

La Autoridad de Tierras administra más de 83,000 cuerdas con valor agrícola. Controlar esta agencia significa tener influencia sobre contratos, arrendamientos, cánones de uso, ventas, transferencias, proyectos agrícolas, desarrollos inmobiliarios y futuros proyectos energéticos. Quienes se enfrentan por ese control son los mismos sectores que han administrado el modelo colonial y capitalista en Puerto Rico. Desde sus orígenes como partidos burgueses, tanto el PNP como el Partido Popular Democrático han funcionado como intermediarios políticos del capital, facilitando las condiciones para que empresas privadas, inversionistas y grandes corporaciones puedan apropiarse de los medios de producción disponibles.

De esta manera, la función histórica del bipartidismo ha sido garantizar el camino para la reproducción del capital dentro del marco colonial, ofreciendo los activos públicos como nuevas oportunidades de inversión para quienes buscan expandir sus ganancias. Los bandos políticos que hoy se enfrentan por la Autoridad de Tierras no están en una disputa para decidir cómo distribuir justamente la tierra, cómo proteger los terrenos agrícolas frente al avance inmobiliario o cómo garantizar que las comunidades trabajadoras tengan acceso a vivienda y espacios productivos. Tampoco es una batalla para desarrollar una verdadera política de soberanía alimentaria que coloque la producción agrícola al servicio de las necesidades del pueblo.

Por el contrario, la lucha que se desarrolla dentro del aparato colonial busca decidir quién tendrá el poder de administrar, repartir y facilitar el acceso del capital privado a uno de los recursos más estratégicos que todavía permanecen bajo control público. No importa si el capital que llega es local o extranjero. La lógica continúa siendo la misma: crear las condiciones para la reproducción del capital, ampliar los mercados de inversión y garantizar la acumulación de riqueza en manos de una minoría.

Sin embargo, en estas disputas tampoco existe una clase capitalista completamente uniforme. Los administradores coloniales tienen sus propios sectores económicos de apoyo, sus propios padrinos financieros y sus propias conexiones dentro de la clase empresarial. Son precisamente esos intereses particulares los que muchas veces aparecen personificados en figuras concretas, en los llamados “amigos del alma” que distintos sectores políticos han denunciado durante años.

Ahí se encuentra la verdadera batalla que no siempre aparece a simple vista: qué sector del capital tendrá mayor influencia sobre los recursos públicos y quiénes serán los beneficiarios del próximo ciclo de negocios que podría abrirse mediante la transferencia, el arrendamiento y la explotación privada de las tierras. Esta nueva confrontación dentro del PNP ocurre después de una larga historia de entrega de servicios y recursos públicos al capital privado. Es un patrón que Puerto Rico ya ha observado en otros escenarios: primero, la energía eléctrica; luego, otros servicios esenciales; y ahora, la presión creciente sobre la tierra.

Por eso, para la clase trabajadora consciente, esta disputa debe analizarse más allá de las diferencias entre funcionarios o partidos. Es necesario observar cómo se conecta con la defensa de los espacios comunes, con los incentivos otorgados a inversionistas millonarios y con mecanismos como la Ley 60, que se han convertido en herramientas fundamentales para atraer capital privado bajo la promesa del desarrollo económico.

La Ley 60 representa uno de los elementos centrales de esta discusión porque ofrece ventajas contributivas a sectores de alto patrimonio y facilita condiciones para que inversionistas con gran capacidad económica puedan adquirir propiedades, desarrollar proyectos y competir con agricultores y residentes locales. Los beneficiarios de estos incentivos poseen una ventaja económica significativa para comprar terrenos, financiar proyectos inmobiliarios y expandir sus negocios en un mercado donde la clase trabajadora enfrenta cada vez mayores dificultades para acceder a vivienda, tierra y recursos básicos. En ese escenario, la transferencia de terrenos públicos podría convertirse en una nueva oportunidad de acumulación para beneficiarios de la Ley 60, desarrolladores, fondos de inversión, grandes corporaciones y sectores de la oligarquía criolla.

El bipartidismo observa ese mercado. La oligarquía criolla, que históricamente ha servido como intermediaria entre el capital internacional y la economía puertorriqueña, identifica nuevas oportunidades de ganancias. Sus conexiones con empresas transnacionales, inversionistas extranjeros y grandes fondos de capital les permiten participar en la distribución de negocios mientras las comunidades trabajadoras enfrentan desplazamiento y pérdida de espacios.

Mientras algunos sectores defienden la Ley 60 bajo el discurso del crecimiento económico, detrás de esa defensa existe una visión ideológica del libre mercado capitalista donde la prioridad principal es la rentabilidad. Esa rentabilidad puede generar negocios millonarios para abogados, corredores de bienes raíces, consultores, desarrolladores, administradores y otros sectores profesionales vinculados a la expansión del capital extranjero.

La burguesía local cumple nuevamente su función histórica: facilitar la entrada del capital transnacional, negociar terrenos, administrar inversiones y obtener una parte de las ganancias generadas por esos procesos. Por lo tanto, la pelea que no siempre se observa públicamente consiste precisamente en determinar quiénes serán los sectores que se beneficiarán del reparto de tierras y de los nuevos negocios inmobiliarios, agrícolas y energéticos que podrían desarrollarse bajo el modelo de acumulación capitalista.

Es en ese contexto donde aparecen las denuncias relacionadas con Mike McCloskey y los intereses vinculados al desarrollador Federico Stubbe. Estos casos permiten observar cómo la concentración y el control de terrenos pueden avanzar mediante contratos, corporaciones, acuerdos privados y relaciones con agricultores. Según fuentes citadas por Síntesis Noticiosa, Mike McCloskey tendría bajo su control o uso más de 3,000 cuerdas de terreno, gran parte de las cuales serían fincas pertenecientes a la Autoridad de Tierras.

De acuerdo con las alegaciones recopiladas por Síntesis Noticiosa, McCloskey estaría evaluando utilizar parte de esas fincas para instalar grandes proyectos de placas fotovoltaicas vinculados a fondos asignados por el Departamento de Energía federal para promover las energías renovables. Estas alegaciones amplían la discusión más allá de la administración agrícola y obligan a examinar quién controlará los posibles proyectos energéticos desarrollados sobre terrenos públicos.

La controversia abre preguntas fundamentales: ¿se utilizarán terrenos agrícolas para proyectos privados de energía? ¿Quién recibirá los fondos destinados a esas inversiones? ¿Quién será propietario de la infraestructura construida? ¿Quién obtendrá las ganancias generadas? ¿Qué ocurrirá con la producción agrícola y con la seguridad alimentaria del país?

Responder estas preguntas no debe reducirse a un proceso burocrático sobre cuánto terreno público se vende o se arrienda. Los casos relacionados con McCloskey y otros sectores capitalistas interesados en controlar tierras demuestran que el dominio sobre la Autoridad de Tierras representa un poder económico mucho mayor que cualquier puesto administrativo. La discusión de fondo es sencilla, pero profunda: quien controle la tierra tendrá una capacidad decisiva para influir sobre el futuro del país.

Independencia, poder económico y control de los medios de producción

Mirar esta disputa con detenimiento permite comprender una realidad fundamental: quien controle la tierra tendrá una influencia determinante sobre quién controla el país. Si Puerto Rico aspira a construir un futuro político diferente, incluso dentro de un proceso de descolonización que aparece cada vez más como una necesidad presente e impostergable, no puede ignorarse que, mientras la tierra continúe organizada bajo la lógica del capital privado, cualquier fórmula de estatus político seguirá limitada por los intereses económicos de quienes controlan los medios de producción.

Una futura república no representaría una verdadera transformación social para las mayorías trabajadoras si mantiene la concentración de la tierra, la vivienda, la energía, los recursos naturales y la infraestructura en manos de grandes desarrolladores, fondos de inversión, corporaciones y sectores de la oligarquía criolla. El control territorial produce poder económico, y ese poder permite influir sobre gobiernos, leyes, elecciones, políticas públicas y las condiciones de vida de la población trabajadora.

Si la tierra permanece sometida a la misma lógica de producción capitalista, continuará beneficiando a los mismos sectores que históricamente han dominado la economía y utilizado las estructuras políticas para proteger sus intereses. Por eso, la discusión no puede limitarse a quién administrará los fondos federales, quién ocupará una dirección ejecutiva o cuál sector político tendrá mayor influencia dentro del gobierno colonial. La discusión fundamental recae en qué clase social continuará dominando los medios de producción: si será la misma clase capitalista que históricamente ha controlado la riqueza producida por el pueblo o si se abrirá un proceso para construir una organización económica donde la clase trabajadora tenga control colectivo sobre los recursos necesarios para la vida.

La tierra no es simplemente un terreno. De ella dependen los alimentos, la vivienda, la energía, los recursos naturales, la infraestructura y las posibilidades de desarrollo económico de una sociedad. Controlar la tierra significa controlar una parte esencial de la producción y, por lo tanto, una parte esencial del poder político.

Precisamente por esa razón, resulta necesario cuestionar cualquier proyecto político que plantee una transformación del estatus sin discutir quién controlará los medios de producción. La independencia formal, como la han planteado históricamente el Partido Independentista Puertorriqueño y otros sectores independentistas, no elimina automáticamente la concentración de la propiedad ni garantiza la desaparición del dominio económico de la oligarquía criolla y del capital transnacional.

Una independencia construida bajo las mismas relaciones de explotación capitalista podría convertirse solamente en un cambio jurídico del estatus político, manteniendo intactas las estructuras económicas que subordinan a la clase trabajadora. De la misma manera, una república donde la tierra permanezca concentrada en manos de grandes desarrolladores, fondos de inversión y sectores privilegiados de la sociedad no representaría una verdadera emancipación para quienes producen las riquezas con su trabajo.

La pregunta fundamental continúa siendo: ¿de qué sirve proclamar una república si los mismos sectores que se enriquecieron bajo el régimen colonial mantienen el control de la tierra, la energía, la vivienda y los principales medios de producción?

Los sectores que plantean que primero debe resolverse el estatus político y luego discutirse la organización económica dejan fuera una realidad histórica fundamental: quienes controlan los medios de producción poseen la capacidad de determinar el rumbo de una sociedad. La experiencia de múltiples repúblicas burguesas demuestra que un cambio de bandera o de estructura política no garantiza automáticamente mejores condiciones de vida para las mayorías. Sin una transformación de las relaciones económicas, las riquezas pueden continuar concentrándose mientras la pobreza permanece socializada entre la clase trabajadora y sus capas más empobrecidas.

Por eso, la lucha por la independencia debe estar vinculada a una transformación social profunda. No puede separarse de la necesidad de que la clase trabajadora tenga una dirección política propia y controle colectivamente los recursos que produce con su trabajo. La transformación necesaria implica cuestionar el régimen de propiedad privada sobre los principales medios de producción y avanzar hacia formas de propiedad social y común donde la riqueza producida responda a las necesidades de la mayoría.

Desde esta perspectiva, defender la Autoridad de Tierras frente a los intereses de los representantes del capital coloca a la clase trabajadora frente a una pregunta central que debe atravesar toda discusión política: ¿quién debe tener el poder sobre los recursos fundamentales del país?

Las alianzas de la clase trabajadora con otros sectores sociales no pueden sustituir la necesidad de construir una organización política independiente de los trabajadores. Ninguna alianza electoral puede convertirse en un reemplazo de la construcción de una fuerza propia capaz de defender los intereses de quienes producen la riqueza.

De igual manera, la defensa de la tierra no se encuentra únicamente en las elecciones ni en los espacios institucionales. Está en los centros de trabajo, donde cientos de manos transforman los productos provenientes de ella en bienes necesarios para la sociedad. Está también en las comunidades que protegen sus espacios, no solo para la recreación y el disfrute colectivo, sino como base material para desarrollar una economía planificada racionalmente de acuerdo con las necesidades reales de la población y de cada sector comunitario.

Desde esa realidad concreta debe comenzar una nueva discusión política: la organización de trabajadores y trabajadoras en sus centros laborales y comunidades para construir un programa propio de clase que defina cómo debe administrarse y utilizarse la tierra. Ese proceso debe partir de la participación democrática de quienes producen las riquezas, mediante la creación de comités de trabajadores, trabajadoras y comunidades capaces de discutir, organizar y establecer las prioridades económicas y sociales del país.

De ese proceso deben surgir los representantes políticos de la clase trabajadora, seleccionados democráticamente y comprometidos con un programa definido colectivamente. Deben ser representantes que respondan ante la mayoría trabajadora y que puedan ser removidos si abandonan los principios y acuerdos establecidos por quienes los eligieron.

La defensa de la tierra no puede quedar en manos de quienes históricamente la han convertido en mercancía. La tierra debe estar al servicio de quienes trabajamos y sostenemos la sociedad.

Por una Autoridad de Tierras administrada democráticamente por trabajadores y trabajadoras junto a sus comunidades.

Por la tierra en manos de la clase trabajadora.