Controversia con New Fortress por la entrada de gas natural a Puerto Rico
Por Isabelino Montes
La controversia entre New Fortress Energy y el Gobierno de Puerto Rico vuelve a poner al descubierto una realidad que golpea directamente a la clase trabajadora: cuando los suministros indispensables para la producción quedan bajo el control de intereses privados, las necesidades de todo un pueblo pueden quedar subordinadas a la rentabilidad empresarial. La interrupción del suministro de gas natural para las centrales eléctricas de San Juan demuestra hasta qué punto el control privado de los recursos energéticos puede convertirse en un instrumento de presión contra el país.
NFEnergia LLC, subsidiaria de New Fortress Energy (NFE), podría haber incurrido en al menos seis posibles delitos federales, según un referido presentado por la Oficina de Adquisiciones de Terceros (3PPO) de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) ante las autoridades federales. La acción surge de la negativa de la empresa a entregar gas natural, principalmente para la operación de las unidades 5 y 6 de la Central San Juan.
La controversia comenzó con las interrupciones del suministro de gas natural de New Fortress Energy a las plantas de San Juan desde el 16 de septiembre. La empresa sostuvo que no comprometería más gas mientras no se aclararan los pagos de facturas y la orden del Negociado de Energía. Sin embargo, la 3PPO sostiene que el contrato vigente no permite condicionar de esa manera las entregas y que la disputa por los pagos no exime, por sí sola, a la empresa de cumplir con sus obligaciones contractuales.
El problema va mucho más allá de una disputa entre una compañía y el Gobierno. El sistema eléctrico puertorriqueño depende de la disponibilidad continua de gas natural para operar activos críticos de generación, mientras New Fortress controla el único terminal receptor de gas natural licuado (GNL) en el puerto de San Juan. Esta posición estratégica le permite influir directamente sobre el momento y las condiciones en que se recibe y entrega un combustible indispensable para producir electricidad.
Cuando una empresa controla un punto fundamental de entrada de combustible, sus decisiones tienen consecuencias inmediatas sobre la operación del sistema eléctrico. La población trabajadora queda expuesta a las contradicciones entre los intereses comerciales de una corporación y las necesidades de un país que requiere energía para sostener su vida económica y social. El referido a las autoridades federales evidencia la gravedad de una controversia en la que el cumplimiento contractual, el suministro energético y los intereses económicos chocan directamente.
Esta situación es una expresión de las contradicciones del modelo energético impuesto en Puerto Rico. Durante décadas, los gobiernos capitalistas presentaron la privatización como una necesidad para alcanzar el progreso, reducir costos, superar la ineficiencia y mejorar el servicio eléctrico. En Puerto Rico, el bipartidismo impulsó acuerdos que transfirieron áreas fundamentales del sistema energético a empresas privadas, mientras amplios sectores de la prensa reprodujeron el discurso favorable a la participación empresarial como solución a los problemas del país.
Hoy, las contradicciones de ese modelo quedan expuestas. Las mismas fuerzas políticas que promovieron la privatización ven cómo las empresas con las que negociaron controlan componentes indispensables del servicio eléctrico. Mientras tanto, los trabajadores y trabajadoras y los sectores más pobres continúan cargando con las consecuencias de las crisis, el deterioro de la infraestructura y la inestabilidad del sistema.
El caso de New Fortress también demuestra que la presión del capital privado no llegó al sector energético puertorriqueño con Genera PR y LUMA Energy. Su presencia precede por décadas a esos contratos y a la privatización de la operación de la generación y la red eléctrica. Puerto Rico lleva décadas dependiendo de combustibles importados. Para 2016, además del petróleo, el país dependía del carbón y del gas natural. El informe del Congressional Research Service describía a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como propietaria de la mayoría de las centrales, pero también identificaba a AES y EcoEléctrica como productores privados que vendían energía a la corporación pública. La generación pública coexistía, por tanto, con productores privados, contratos de largo plazo y proveedores externos de combustibles.
La AEE compraba directamente combustibles líquidos a suplidores privados y operaba dentro de una estructura energética vinculada al mercado capitalista. Aunque la generación pública permanecía bajo su administración, la producción dependía de recursos, proveedores y relaciones comerciales que no controlaban democráticamente los trabajadores ni las comunidades. Por eso, desde Nexo Revolucionario Media hemos señalado que el Caribe permanece sometido a las relaciones de poder del capital. La dependencia de combustibles importados coloca la producción energética de nuestros países bajo la influencia de corporaciones, proveedores y mercados externos. Quien controla los suministros indispensables para producir también dispone de una capacidad decisiva para condicionar la producción.
La privatización se presentó como remedio a problemas de costos, ineficiencia, dependencia de combustibles fósiles y deficiencias en el servicio que ya existían dentro de un sistema mixto. Sin embargo, la existencia de una corporación pública no significaba que la producción energética estuviera organizada al margen del capitalismo. La clase trabajadora ya soportaba las consecuencias de ese sistema, aunque la AEE administrara directamente buena parte de la generación. La corporación operaba dentro del mercado, bajo intermediarios políticos del bipartidismo y sujeta a relaciones económicas que respondían a los intereses del capital.
El dominio del capital financiero de Wall Street también condicionaba el margen de acción de la AEE. Su deuda y las exigencias de sus acreedores limitaban las decisiones que podía tomar sobre el sistema energético. Antes de privatizarse la gestión de la red, la presión financiera ya existía; la privatización convirtió parte de esa presión en una reorganización concreta de quién operaba y administraba la infraestructura. Cuando el Gobierno de Ricardo Rosselló privatizó áreas técnicas del sistema eléctrico, no lo hizo en un vacío histórico. Aquella transformación respondió a presiones acumuladas durante años dentro del mercado capitalista de la energía. La privatización fue una expresión concreta de una estructura económica que ya condicionaba el funcionamiento de la corporación pública.
La experiencia demuestra que el problema no se reduce a escoger entre una empresa privada y una corporación pública. Mientras la producción y distribución energética estén subordinadas a la acumulación de capital, la clase trabajadora continuará expuesta a las decisiones de quienes controlan los recursos, el financiamiento y la infraestructura. El capital lleva años asfixiando a Puerto Rico y al Caribe, subordinando la producción a relaciones económicas que privilegian la rentabilidad sobre las necesidades colectivas.
Por eso, la alternativa no puede limitarse a devolver la energía eléctrica al Estado y restablecer la AEE bajo las mismas relaciones de poder. Es necesario luchar por un sistema energético bajo el control democrático de la clase trabajadora y las comunidades, organizado de acuerdo con las necesidades sociales y no para garantizar la rentabilidad de monopolios energéticos estadounidenses ni las oportunidades de lucro de sectores de la burguesía local.
Esto requiere transformar tanto la administración como las relaciones de producción. Los trabajadores de la energía y los especialistas científicos y técnicos deben administrar directamente en la planificación, la gestión y las decisiones estratégicas del sistema. Su conocimiento de la infraestructura y de las necesidades operacionales constituye una base indispensable para construir una alternativa que rompa con la subordinación de la producción a los intereses empresariales.
También es necesario diversificar gradualmente las fuentes energéticas, reducir la dependencia de combustibles importados y desarrollar una transición hacia las energías renovables. Esa transformación debe responder a un plan de producción y distribución que priorice las necesidades de la población, la estabilidad del servicio y las condiciones de vida de quienes trabajamos. Esta lucha no puede limitarse a Puerto Rico. El fortalecimiento de la unidad política de los trabajadores de la energía en el Caribe permitiría compartir conocimientos, capacidades técnicas y experiencias de planificación. La cooperación política obrera y la produccción coordinada entre los pueblos caribeños abriría una vía distinta a la competencia entre países por atraer a los mismos capitales privados y ofrecerles nuevas oportunidades de explotación económica.
La crisis energética exige una respuesta política inmediata y permanente de la clase trabajadora. Esperar a que las próximas elecciones produzcan nuevos representantes, bajo las mismas estructuras políticas que han administrado la dependencia energética, significa mantener la iniciativa en manos de quienes han sostenido este modelo. Es necesario comenzar a construir una organización política propia de los trabajadores y trabajadoras, capaz de elaborar un programa político y luchar por transformaciones estructurales del sistema energético puertorriqueño.
Un primer paso concreto sería impulsar la creación de un Comité de Trabajadores y Trabajadoras Eléctricos de Puerto Rico. Este espacio debe reunir a trabajadores activos de LUMA Energy, Genera PR y EcoEléctrica, así como a trabajadores y extrabajadores de la AEE, sin convertir las diferencias entre patronos, contratos o lugares de empleo en obstáculos para la unidad de clase.
La tarea inmediata sería abrir un proceso de organización, discusión y elaboración de propuestas que permita construir un programa político desde las condiciones reales de quienes sostienen la producción y distribución de electricidad. Un programa que coloque en el centro el control democrático de la energía, la participación directa de los trabajadores y las comunidades, la transición energética y la ruptura con la subordinación del servicio a los intereses del capital.
La controversia con New Fortress Energy es una expresión de como una corporación privada puede condicionar el suministro de un combustible indispensable para producir electricidad, quedando al descubierto la vulnerabilidad de un país cuya infraestructura estratégica depende de intereses privados. La crisis del sistema eléctrico se desarrolla dentro de un sistema económico que coloca recursos esenciales bajo relaciones de propiedad privada y toma control por encima de las necesidades sociales.
Frente a esa realidad, la clase trabajadora necesita pasar de la indignación a la organización política. La construcción de un movimiento obrero energético, unido a las comunidades y con una perspectiva política caribeña, puede abrir el camino para disputar el control de los medios de producción y reorganizar la energía en función de las necesidades humanas. La electricidad es indispensable para la vida social. Su producción y distribución no deben quedar subordinadas a los intereses de quienes convierten el control de los recursos en poder económico para unos pocos. El desafío es construir una alternativa en la que quienes sostienen el sistema energético con nuestro trabajo tengamos también el poder democrático de decidir cómo debe funcionar y a quién debe servir.
