El bloqueo a Cuba y la batalla energética en el Caribe: agenda urgente de la clase trabajadora
El bloqueo a Cuba no es un acto aislado. Es parte de una estrategia de control energético en el Caribe. No buscan “democracia”, buscan dominio sobre recursos, rutas y mercados estratégicos.
Por Isabelino Montes
El bloqueo a Cuba no es un hecho aislado ni una política meramente diplomática. Es una pieza central dentro de la batalla energética que atraviesa el Caribe. Lo que está en juego no es solo la economía cubana, sino el control estructural de la matriz energética regional. En ese contexto, la burguesía actúa mediante su poder político para reorganizar territorios, mercados y recursos según sus intereses, sin límites ni escrúpulos.
Se habla de “llevar democracia” a Cuba. Pero, ¿puede sostenerse hoy que Estados Unidos es un referente democrático? La administración de Donald Trump ha mostrado rasgos cada vez más autoritarios: persecución de inmigrantes, restricciones al derecho a la información, manipulación de archivos vinculados al caso Epstein que involucran a políticos y empresarios, recortes a sectores necesitados, respaldo abierto a operaciones militares cuestionadas internacionalmente, invasión a Venezuela basada en argumentos luego desmentidos por sus propias instituciones, contratación de grupos vinculados al supremacismo para funciones migratorias, intentos de extender el término presidencial, discursos racistas y xenófobos, promoción de prisiones donde se denuncian violaciones de derechos humanos y una exhibición simbólica de su figura en el Departamento de Justicia que tensiona la separación de poderes.
Todo ello evidencia una contradicción profunda entre el discurso democrático y la práctica política. Con esa justificación se mantiene el bloqueo contra Cuba. Si realmente se tratara de ayudar económicamente a la isla, la demanda histórica del pueblo cubano —respaldada reiteradamente por la Organización de las Naciones Unidas— ha sido clara: el fin del bloqueo.
El caso de Haití refuerza esa contradicción. Uno de los países más empobrecidos del mundo permanece sumido en una crisis prolongada sin que exista un verdadero programa estructural de desarrollo impulsado por Washington. Si la política exterior estadounidense respondiera a criterios humanitarios, la situación haitiana sería distinta. Su colapso revela que la ayuda no es el eje real de su política regional.
En este marco debe entenderse el reforzamiento del bloqueo contra Cuba, particularmente en lo que respecta a insumos esenciales para la generación de energía eléctrica, un servicio básico para la vida social. No se trata solo de una medida política, sino de una acción dirigida al corazón material de la economía cubana.
Este movimiento responde a una lógica estructural más amplia. El modo de producción capitalista organiza el reparto del mundo según intereses del capital. China y Rusia consolidan áreas de influencia; Medio Oriente continúa siendo escenario de guerras por recursos y rutas estratégicas; África se encuentra dividida entre inversiones europeas y chinas. En el hemisferio occidental, Estados Unidos reafirma su predominio y orienta su presión específicamente hacia la producción energética cubana.
La cuestión energética, por tanto, no es secundaria. Constituye un elemento central del control regional. La condición insular de gran parte del Caribe obliga a importar derivados energéticos. Muchas economías dependen del gas natural y del Gas Natural Licuado. Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica y Barbados han incorporado el LNG en sus matrices energéticas, consolidando un patrón que no impulsa el desarrollo autónomo, sino que perpetúa la dependencia del flujo internacional de petróleo y gas.
Aunque Cuba no represente para Estados Unidos una oportunidad inmediata de inversión rentable, Washington busca impedir que China o Rusia impulsen su desarrollo energético. Ese dominio no se ejerce únicamente mediante propiedad directa de activos. Se expresa también a través de empresas transnacionales como ExxonMobil y Chevron, el control de reservas estratégicas como las de Guyana y mecanismos regulatorios como sanciones económicas, licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y permisos de exportación de LNG que determinan qué proyectos pueden operar y con qué socios.
La República Dominicana se perfila como epicentro de ese esquema. En 2020 Estados Unidos exportó 26,051 millones de pies cúbicos de LNG a ese país. En febrero de 2025 fue el segundo destino en América Latina y el Caribe, con 7.15 mil millones de pies cúbicos en un solo mes, acumulando 27 meses consecutivos de recepción. Panamá, por su parte, recibió en ese mismo mes 3.33 bcf en su terminal Costa Norte, dependiendo totalmente de LNG importado para su generación eléctrica.
Puerto Rico depende completamente de importaciones de gas, sin producción doméstica ni gasoductos internacionales. Las leyes coloniales limitan su capacidad de importar LNG directamente desde Estados Unidos. Parte del gas llega indirectamente a través de proyectos como Altamira en México, que utiliza gas estadounidense licuado fuera del territorio para sortear restricciones. El control estadounidense, en consecuencia, es tanto directo como indirecto, y busca mantener su posición frente a mercados emergentes como Brasil y México.
Cuba queda inserta dentro de este esquema más amplio. Puede que a Washington no le interese invertir directamente en la isla, pero sí le interesa controlar el flujo comercial y garantizar que cualquier actor externo opere bajo su supervisión regulatoria.
No obstante, la capacidad imperial estadounidense muestra signos de desgaste económico, base material de su poder militar. En ese contexto, hablar de Cuba únicamente desde el romanticismo de la resistencia resulta insuficiente. La cuestión central es la producción y distribución energética como patrimonio común de la clase trabajadora.
La cuenca caribeña ampliada —México, Venezuela, Colombia, Trinidad y Tobago, Guyana y el Golfo de México estadounidense— funciona de hecho como un polo energético de relevancia mundial. Las reservas venezolanas, la producción mexicana y la infraestructura de refinación, petroquímica y LNG en Trinidad y el Golfo configuran una base material significativa. El Caribe posee condiciones objetivas para constituirse en centro energético regional. Lo que impide su articulación no es la falta de recursos, sino la fragmentación impuesta por el capitalismo y la subordinación a la acumulación privada.
En este escenario emerge la disputa con China, que financia proyectos de energías renovables en Cuba dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La meta cubana de alcanzar 24 por ciento de generación renovable en 2030 ha impulsado la firma de acuerdos para parques solares y la ampliación de capacidad instalada. Sin embargo, estos procesos aún dependen del petróleo y el gas para su consolidación plena, sectores donde Estados Unidos conserva mayor capacidad de influencia estructural.
En República Dominicana, China se ha convertido en segundo socio comercial, aunque enfrenta presiones estadounidenses que limitan su entrada plena en sectores estratégicos como telecomunicaciones. El panorama regional continúa, por tanto, fuertemente atado al mercado estadounidense, incluso con la presencia creciente de capital chino.
Puerto Rico, por su condición colonial, permanece inserto en esa estructura. Sectores políticos locales han optado por alinearse con la administración federal en la gestión de fondos, evitando abrir un debate profundo sobre una transformación estructural del modelo energético.
Frente a esta configuración, la propuesta de la clase trabajadora no puede limitarse a la denuncia. Es necesario comenzar a construir una organización política independiente de los partidos burgueses a nivel regional. Cuba podría aportar dirección, pero no exclusivamente desde el discurso de la resistencia heroica, sino señalando la necesidad de construir el Caribe y las Antillas bajo control de la clase trabajadora.
Aprovechar el potencial energético regional implica señalar con claridad al capitalismo como ancla de la descomposición social y del imperialismo. No puede ser una discusión ajena a Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití o Jamaica.
La clase trabajadora es la única completamente subordinada bajo este sistema. Por ello, no puede seguir romantizando la resistencia como único horizonte, sino asumirla como punto de partida hacia la organización consciente.
Desde este análisis surgen propuestas concretas: creación de Comités de Trabajadores Eléctricos del Caribe; impulso de una unidad energética regional bajo control obrero; constitución de fondos de inversión progresivos que fortalezcan las fuerzas productivas y aceleren la transición hacia energías renovables con empleo masivo y salarios dignos; promoción del control obrero sobre reservas petroleras en Venezuela y México para una planificación racional; y elaboración de inventarios regionales de necesidades productivas según la realidad energética de cada país.
El Caribe es hoy escenario de disputa entre potencias capitalistas que anticipan el mercado energético del futuro. Pero también posee las condiciones materiales para convertirse en un bloque productivo articulado en función de los intereses de la clase trabajadora. No basta resistir. Es necesario organizar, planificar y transformar la base material de nuestra existencia energética.
