No es el PNP: es el colapso de la colonia en la decadencia del imperio

El deterioro de la educación, la salud, la vivienda y la economía en Puerto Rico refleja el agotamiento del modelo colonial y la crisis histórica del imperialismo estadounidense.

Por Nexo Revolucionario Media

Puerto Rico enfrenta hoy un colapso social, económico y político que refleja no solo la crisis de la isla, sino también el agotamiento histórico del imperialismo estadounidense que la mantiene subordinada. Mientras Estados Unidos muestra signos cada vez más claros de crisis económica, política y social, la colonia puertorriqueña se desmorona junto a esa descomposición. Sin embargo, gran parte del debate político en la isla se mantiene en un nivel superficial: analistas, comentaristas y partidos discuten candidaturas, alianzas electorales y estrategias partidistas como si lo importante fuera quién ocupará el próximo turno administrativo.

Se habla del colapso del Partido Nuevo Progresista, de la ineptitud del gobierno de Jennifer González, de la descomposición del bipartidismo y de figuras como Pedro Pierluisi, Miguel Romero, Tomás Rivera Schatz, Pablo José Hernández o Juan Dalmau y el Movimiento Victoria Ciudadana. Mientras el comentario mediático se pierde en esa chismología politiquera, nadie llama a las cosas por su nombre. Lo que se derrumba no es simplemente un partido ni una administración particular, sino un modelo político y económico completo: la colonia capitalista sostenida durante más de un siglo por el poder imperial estadounidense.

Reducir la crisis a corrupción, ineptitud administrativa o luchas internas de los partidos ignora su origen estructural. Muchos analistas creen que reformas administrativas o nuevas alianzas electorales serán la solución, como si solo importara quién administra el aparato estatal. En realidad, el problema es más profundo: las instituciones coloniales han perdido la base material que les permitió funcionar durante décadas.

El agotamiento del modelo colonial

Durante gran parte del siglo XX, la economía de Puerto Rico se sostuvo mediante incentivos fiscales federales, industrialización dependiente y transferencias masivas desde Estados Unidos. Ese modelo comenzó a derrumbarse con la eliminación de la Sección 936 en los años noventa, que marcó el inicio de la desindustrialización sin que se sustituyera por una base productiva propia. Hoy la economía puertorriqueña depende cada vez más de transferencias federales para sostener su funcionamiento básico.

Actualmente entre el 43 y el 50 por ciento del presupuesto del gobierno proviene de fondos federales, una proporción extraordinariamente alta incluso en comparación con estados pobres de Estados Unidos. La propia Junta de Control Fiscal ha reconocido que esta dependencia es estructuralmente insostenible. Y aun así, gran parte de esos fondos regresan a Estados Unidos a través del consumo en corporaciones multinacionales que dominan el comercio, la distribución de alimentos, el sector farmacéutico y las cadenas de venta al detalle. Se reproduce así una economía basada en consumo externo, pero sin una base productiva propia capaz de generar riqueza interna.

Esta dependencia económica se vuelve aún más problemática si se observa el contexto del propio Estados Unidos. La deuda federal supera los 34 billones de dólares mientras Washington intenta mantener su influencia global mediante intervenciones militares, sanciones económicas y confrontaciones geopolíticas. La contradicción es evidente: Estados Unidos intenta proyectar estabilidad internacional mientras su propio sistema enfrenta tensiones económicas, políticas y sociales cada vez más profundas. Puerto Rico, como colonia dependiente de ese sistema, inevitablemente absorbe los efectos de esa crisis.

La crisis social de la colonia

Los efectos de esta descomposición se sienten en la vida cotidiana de la población. La vivienda se vuelve cada vez más inaccesible, provocando un éxodo constante de trabajadores que buscan sobrevivir fuera de la isla. Las personas mayores enfrentan contribuciones crecientes mientras los precios de medicamentos, energía y alimentos continúan aumentando. Muchos jubilados descubren que su seguro social o su retiro ya no alcanza para cubrir necesidades básicas.

A esta situación se suma ahora una nueva amenaza que evidencia la fragilidad del modelo colonial: más de 107 mil familias en Puerto Rico podrían verse directamente afectadas por cambios propuestos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), que impondrían requisitos de trabajo y límites de tiempo para beneficiarios de programas como vivienda pública y Sección 8. Si estas medidas entran en vigor, miles de hogares quedarían expuestos a perder la asistencia que hoy les permite sostener un techo sobre sus cabezas. Esto no es un simple ajuste administrativo, sino una manifestación concreta de la dependencia colonial y de la crisis económica estadounidense. Cuando Washington decide recortar programas sociales para proteger los intereses de los billonarios y de Wall Street, la vida de más de cien mil familias puertorriqueñas queda inmediatamente en riesgo.

Y mientras esto ocurre, a los políticos de turno en Puerto Rico no les queda más opción que viajar a Washington a suplicar fondos o excepciones, porque dentro de la colonia no existe poder real para decidir sobre estas políticas. La estabilidad social del país depende así de decisiones tomadas fuera de su propio control, confirmando una vez más los límites políticos y económicos del régimen colonial.

El deterioro también se manifiesta en el sistema educativo en todos sus niveles. En la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, la administración reconoce que todo se deteriora simultáneamente: el campus necesita más de doce millones de dólares anuales para mantenimiento crítico, pero el presupuesto asignado apenas cubre una fracción. Los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal redujeron aproximadamente a la mitad el presupuesto histórico de la universidad. El sistema educativo público en general muestra la misma tendencia: en apenas dos décadas se han cerrado cientos de escuelas y más de 190 planteles han sido catalogados en condiciones críticas, mientras por primera vez los estudiantes de colegios privados superan a los de escuelas públicas en las admisiones a la Universidad de Puerto Rico. Este deterioro no es accidental. Refleja cómo el modelo colonial reorganiza la educación para satisfacer las prioridades del capital: primero se paga la deuda a Wall Street, luego se ajusta el sistema educativo para producir mano de obra barata o expulsar trabajadores hacia la emigración, dejando atrás una infraestructura educativa incapaz de sostener las necesidades sociales del país.

El sistema de salud tampoco escapa a esta lógica. Más de la mitad de los hospitales del país operan con pérdidas económicas y cerca de veinte se encuentran al borde del cierre o de reducir servicios esenciales. Asociaciones médicas denuncian que las aseguradoras y los intermediarios farmacéuticos pagan tarifas por debajo del costo real de los servicios, generando retrasos diagnósticos, duplicación de pruebas y fragmentación del cuidado médico. Esta crisis se agrava por la desigualdad en la asignación de fondos federales: Puerto Rico no recibe paridad en programas como Medicaid y Medicare en comparación con los estados, lo que limita severamente la capacidad del gobierno territorial para sostener la red hospitalaria y retener profesionales de la salud.

Incluso a nivel municipal se manifiestan las mismas contradicciones. Decenas de proyectos locales han sido cancelados debido a la retención de fondos federales, incluyendo al menos treinta y tres iniciativas municipales que dependían de esos recursos para su ejecución. Esto refleja hasta qué punto la administración territorial depende de transferencias externas para sostener obras básicas.

Todos estos fenómenos —universidad deteriorada, escuelas cerradas, hospitales frágiles, dependencia fiscal extrema— son expresiones de un mismo proceso histórico: el agotamiento de la colonia capitalista.

¿Administrar la colonia o superarla?

Sin embargo, una parte importante de la oposición política continúa enfocando su crítica exclusivamente en el bipartidismo. Según esta narrativa, el problema sería simplemente la alternancia entre el PNP y el PPD. Bajo esa lógica se promete una administración más eficiente del mismo sistema, como si bastara con sustituir administradores para resolver una crisis estructural.

En ese escenario se colocan también las expectativas alrededor de figuras como Juan Dalmau y proyectos de alianzas electorales. Pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿qué cambia realmente si la estructura económica permanece intacta? Si la economía sigue organizada bajo las mismas relaciones de producción capitalistas, una nueva administración solo colocará a su propio equipo en posiciones de poder mientras la lógica de la ganancia privada continúa organizando la vida económica del país.

El propio funcionamiento del sistema político limita la participación a un grupo reducido de administradores mientras el capital continúa apropiándose de la fuerza de trabajo de la mayoría. Mientras esa base económica no cambie, los conflictos entre clases seguirán reproduciéndose. El capital buscará acelerar la producción para maximizar ganancias y la clase trabajadora continuará vendiendo su fuerza de trabajo para sobrevivir.

Por eso la lucha política no puede limitarse a sustituir partidos o reorganizar alianzas electorales. La clase trabajadora debe organizarse como fuerza política independiente, construir sus propios organismos de representación desde los centros de trabajo y las comunidades, y desarrollar un proyecto económico que rompa con la improductividad estructural de la colonia.

La autodeterminación solo tiene sentido si se construye sobre esa base organizativa independiente. De lo contrario, incluso la independencia podría convertirse en otra puerta para la especulación del capital internacional. Superar el modelo colonial requiere reorganizar la economía sobre nuevas bases productivas, fortalecer la capacidad del país para generar riqueza propia y explorar nuevas relaciones económicas internacionales que permitan diversificar la dependencia actual.

Frente a este escenario, la tarea política no es administrar mejor la colonia ni suplicar integración a una potencia en crisis. La tarea histórica es organizar a la clase trabajadora para superar el modelo colonial y abrir paso a una nueva forma de poder político y económico que permita reconstruir el país sobre bases productivas, sociales y democráticas verdaderamente nuevas. El proceso electoral puede utilizarse como herramienta de educación política para explicar el colapso estructural del modelo colonial y las transformaciones que exige la realidad histórica actual.

Pero más allá de cualquier coyuntura electoral, el desafío central es construir organización y conciencia de clase. Solo mediante la creación de comités de trabajadores en centros laborales y comunidades podrá el pueblo puertorriqueño preparar su propio proyecto histórico y presentarlo ante el mundo sin depender ni suplicar nada a las potencias que hoy atraviesan su propia crisis.