El Proyecto 63 y la crisis de la democracia burguesa: un ataque directo al acceso a la información pública

Por Isabelino Montes

“…Así que votemos a favor del Proyecto 63, vamos a ponerlo a correr y sencillamente no nos intimidan los izquierdosos, los comunistas, los socialistas, los diminutos, los maduritos; nadie nos intimida a nosotros. Si tienen algo que hacer, que tiren pa’lante”

- Thomas Rivera Shatz

Con el mismo tono de confrontación acostumbrado, el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, y la delegación del PNP continúan poniendo límites a la ya debilitada democracia burguesa, dejando cada vez más al descubierto lo poco que esta funciona para las mayorías obreras del país. En la descomposición del sistema capitalista no solo se hacen visibles los aspectos concretos de cómo la clase trabajadora produce las riquezas de las cuales vive la burguesía, sino también cómo las ideas políticas de sus representantes están completamente desgastadas.

Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, lo único que les queda a los representantes del capitalismo es gobernar mediante la represión y el miedo. Ante el desgaste de su visión política obsoleta, los administradores coloniales sienten la necesidad de continuar limitando el acceso a la información. Con el Proyecto del Senado 63 (PS 63) buscan añadir nuevas restricciones a la Ley 141 de Transparencia, aprobada por mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado. La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes, no sin antes dejar una ola de reclamos del pueblo que han sido ignorados por completo por quienes se llenan la boca hablando de “dictaduras” en otros países.

Estas medidas no surgen de la cabeza de los administradores coloniales, sino que son imitaciones descaradas del gobierno de Donald Trump. En Estados Unidos, el Departamento de Defensa (DoD) estableció que los periodistas con credenciales deben firmar un compromiso de no divulgar información no aprobada por la agencia, incluso si es “no clasificada”. Las violaciones pueden llevar a la revocación de las credenciales, mostrando así un mecanismo de control de prensa que limita la supervisión pública. Rivera Schatz, por más que se haga el bravucón o el intelectual del Capitolio, no es más que un servidor adicional de la represión que lleva a cabo el gobierno de Trump, aplicada en Puerto Rico con el mismo carácter autoritario.

Desde el inicio de la administración Trump, la intención de controlar la información pública fue secuestrada directamente y sin tapujos por la burguesía. La creación o fortalecimiento de entidades como el Department of Government Efficiency (DOGE) llevó a situaciones en las que partes del gobierno operaban con menor transparencia, sin claridad sobre la aplicación de las leyes de registros públicos.

En Puerto Rico, Rivera Schatz y su cuadrilla autoritaria exponen sus límites democráticos al argumentar que buscan introducir “razonabilidad” y “balance” entre la información solicitada por un ciudadano o por la prensa. Esto es, en realidad, todo lo contrario de lo que deben buscar las mayorías obreras: más transparencia en los procesos democráticos.

Ya de por sí, como clase trabajadora, estamos limitados por el control absoluto que la burguesía ejerce sobre la información. Sin un acceso eficaz a la información pública, ¿cómo pueden las mayorías trabajadoras y el pueblo en general mantenerse al tanto de lo que sucede en sus trabajos y comunidades?

Nuestra aspiración como clase va en otro sentido: romper ese cerco informativo que el sistema capitalista impone desde el propio seno donde se produce el capital. La información está estructuralmente limitada entre las ganancias que obtiene el capitalista y el salario que recibe el obrero. La democracia burguesa, por tanto, es limitada para las mayorías obreras sin importar qué partido gobierne.

Solo basta observar la desigualdad informativa dentro de la misma democracia burguesa: las empresas reportan únicamente lo que conviene sobre sus ganancias e inversiones, brindando información detallada a inversionistas, no al público en general. De ahí parte la desinformación que reciben las mayorías trabajadoras. ¿Cómo construir una sociedad más justa si la información no está al servicio de quienes producimos las riquezas con nuestro trabajo?

Las ganancias capitalistas —su origen, composición y relación con la explotación del trabajo— se ocultan mediante estructuras contables, filiales, paraísos fiscales o manipulación de precios de transferencia. Y los gobiernos burgueses, con leyes represivas como el PS 63 de Rivera Schatz, buscan enterrar aún más la información, haciéndola menos accesible.

Estas realidades desiguales están bien establecidas: la fuerza de trabajo queda completamente expuesta mediante salarios, productividad, costo por hora, evaluaciones de desempeño e incluso métricas biométricas en los lugares de trabajo. La transparencia se invierte: el capital oculta su apropiación del valor, mientras los trabajadores y trabajadoras quedamos completamente visibles ante el patrón y el Estado capitalista.

El aparato burocrático con el que personajes como Rivera Schatz defienden la “razonabilidad” de la información no es más que la máscara que esconde la necesidad de las empresas de mantener la confidencialidad para sostener su carrera dentro de la competencia capitalista. Los gobiernos justifican la opacidad empresarial bajo el argumento de proteger la “competitividad” o los “secretos comerciales”, lo que significa que el público no tiene acceso a información esencial sobre márgenes de ganancia, costos de producción, gasto en cabildeo, corrupción, manipulación de precios o evasión contributiva.

Así quedamos a merced de una clase minoritaria. ¿Cómo pretendemos que la situación mejore bajo estas condiciones? Sin esos datos, la clase trabajadora no puede fundamentar reclamos salariales ni políticas de redistribución justas. El secreto económico se convierte entonces en un instrumento de dominación de clase. Y hacia ahí apunta la democracia capitalista: a dejarnos sin herramientas para reclamar una sociedad más justa.

Por eso, la lucha por el acceso a la información no puede quedarse en los límites del reclamo de la prensa burguesa. Debe elevarse hacia la organización y lucha directa por la transparencia económica, es decir, por el acceso a datos reales de producción, costos, ganancias y salarios. Convertir esta demanda en una lucha política de poder de la clase obrera. Solo con información completa puede la clase trabajadora planificar, exigir y construir alternativas democráticas más avanzadas.

Ante el camino represivo y autoritario hacia el que se dirigen los gobiernos capitalistas, el Proyecto Nexo Revolucionario Media (NRM) se une al reclamo de los medios independientes y las asociaciones de periodistas que denuncian estas limitaciones. Sin embargo, nuestra tarea como órgano mediático de la clase trabajadora y para la clase trabajadora va más allá: denunciamos la democracia burguesa como el reflejo de su propia debilidad estructural frente a las mayorías obreras.

En el NRM vemos una conexión inherente entre la lucha contra las mentiras y la corrupción del sistema capitalista y la necesidad de construir un poder mediático en manos de la clase trabajadora, precisamente para contrarrestar las ideas que emergen de una minoría burguesa.

En cada centro de trabajo y en cada barrio somos las y los trabajadores quienes tenemos la información concreta. Los números no los esconden, pero la apropiación capitalista de nuestro trabajo no la podrán encubrir. Desde esa realidad, el NRM impulsa que organizaciones sociales y políticas, periodistas, estudiantes y obreros y obreras —individualmente o en colectivo— juntemos esfuerzos para expandir comités de creación de contenido revolucionario en cada centro de trabajo y comunidad.

Aquellos periodistas o estudiantes de periodismo que deseen llevar la verdadera ética profesional al servicio de las mayorías obreras y del pueblo, y que se vean limitados por la prensa burguesa, pueden ver en el NRM un espacio para desarrollar su trabajo sin restricciones formales. Un espacio para aportar a la formación política de millones de trabajadores y trabajadoras, capaces de denunciar desde sus centros de trabajo y comunidades el avance necesario hacia un periodismo que luche por el acceso a la información, por una política y una democracia al servicio de la clase trabajadora y no de la minoría burguesa que nos gobierna.