La Junta no caerá sola: organización y poder político de la clase trabajadora

Por Nexo Revolucionario Media

Diez años después de la imposición de la Junta de Control Fiscal, Puerto Rico continúa atrapado en una crisis que supuestamente venía a resolver. Mientras los bonistas recuperan miles de millones de dólares y siguen buscando hasta el último centavo, la clase trabajadora enfrenta apagones, salarios insuficientes, servicios públicos deteriorados, emigración masiva y una incertidumbre cada vez más profunda sobre el futuro del país. Durante todo este tiempo, múltiples sectores han levantado resistencia contra la Junta mediante manifestaciones, demandas en tribunales, propuestas legislativas y gestiones dirigidas al bipartidismo. Sin embargo, Wall Street se ha impuesto una y otra vez, manteniendo intacto su organismo de control para garantizar los intereses de la banca y del capital financiero.

Sin duda, este fenómeno tiene un claro carácter colonial. Pero reducirlo únicamente a esa dimensión sería insuficiente. La Junta también representa una expresión concreta del orden capitalista, de un sistema que organiza toda la producción social para apropiarse del excedente generado por la clase trabajadora y convertirlo en capital.

En 2016, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley PROMESA e impuso la Junta como respuesta a una deuda pública cercana a los $73 mil millones, acumulada durante décadas bajo administraciones del PNP y del PPD. Se presentó como una medida extraordinaria para restaurar la estabilidad fiscal y encaminar la recuperación económica. Diez años después, la Junta sigue operando, la deuda continúa condicionando las decisiones económicas del país y los sacrificios exigidos a la población trabajadora parecen no tener fin.

En esta década, más de $2 mil millones han sido destinados a abogados, consultores y litigios vinculados a la reestructuración de la deuda, mientras miles de millones adicionales han sido comprometidos para garantizar pagos a los acreedores. Todo este aparato deja claro que no estamos ante un simple problema administrativo ni exclusivamente colonial, sino frente a otro método mediante el cual el capital se apropia del trabajo acumulado de la clase obrera. La lógica no es exclusiva de Puerto Rico.

Desde naciones soberanas como Venezuela hasta la propia economía estadounidense, las deudas públicas reflejan la misma dinámica: el excedente producido por millones de trabajadores termina concentrado en un pequeño sector que vive precisamente de ese trabajo ajeno. Esto confirma que, aunque la lucha contra la Junta tiene una dimensión inmediata y colonial, sus raíces están insertas en la estructura mundial del capital.

A diez años de la Junta, se impone un balance político serio. La principal lección de esta década es clara: ni la austeridad, ni los cambios de administración, ni las estrategias centradas exclusivamente en elecciones han logrado detener el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora. La tarea de esta etapa es otra. Consiste en construir organizaciones permanentes capaces de desarrollar un programa político independiente, enfrentar el colapso del modelo colonial y abrir la discusión sobre una nueva sociedad organizada alrededor de los intereses de la mayoría trabajadora.

Ese deber ha sido postergado una y otra vez. Aunque han surgido ensayos espontáneos de organización, cada ciclo electoral termina absorbiendo o desinflando ese impulso. Año tras año, cuando trabajadores y trabajadoras intentan levantar estructuras permanentes de organización política, aparecen los aparatos ideológicos del Estado para desviarnos de esa tarea histórica. Y no se trata únicamente de los partidos tradicionales. También debemos mirar críticamente hacia aquellas organizaciones políticas que continúan insistiendo en hacernos creer que la vía electoral, por sí sola, transformará la sociedad, sin antes construir una base política independiente y permanente de la clase trabajadora.

Nos tienen acorralados. Y también acorralan las fuerzas organizativas más inmediatas que posee nuestra clase: los sindicatos. Cuando no sirven a las cúpulas del bipartidismo, terminan subordinados a proyectos de coexistencia de clase impulsados por sectores alternos. En lugar de imponer un programa político propio y poner contra la pared a todos los partidos, la tendencia ha sido esperar que otros “acoja nuestras propuestas”. Ese error ha costado caro.

La Junta no fue diseñada para resolver los problemas del la clase trabajadora y eso a estas alturas ya lo tenemos claro. Su función ha sido garantizar el cobro de deudas y reorganizar la economía sobre la base de nuevos sacrificios para quienes vivimos de un salario. Y ese proceso no terminará con la salida formal de la Junta. Vendrán nuevos organismos, nuevas reestructuraciones y nuevas formas de extracción.

La automatización creciente de la producción, el desplazamiento de trabajadores/as y la formación de enormes reservas de fuerza laboral sobrante harán aún más aguda esta contradicción.

¿Qué haremos cuando llegue ese momento?

¿Seguiremos suplicando representación en las mismas estructuras burguesas? ¿O comenzaremos a construir fuerza política propia desde los centros de trabajo que todavía siguen activos?

No se trata solamente de un Puerto Rico sin puertorriqueños. Se trata de un Puerto Rico y de un mundo donde la clase trabajadora corre el riesgo de ser desplazada, precarizada y fragmentada mientras el capital se reorganiza para sobrevivir.

La deuda pública puertorriqueña creció bajo administraciones del PNP y del PPD mediante emisiones de bonos, refinanciamientos y préstamos que no sirvieron para elevar la calidad de vida del pueblo, sino para cubrir déficits operacionales, gastos corrientes y enriquecer a una burguesía local subordinada al capital transnacional. Parte de ese enriquecimiento se dio precisamente a través de consultorías. Mientras esa burguesía nacional levantaba negocios legales y financieros, la Junta también “guisaba”: más de $2 mil millones en consultores, abogados y litigios. Y lo peor es que esos mismos sectores se preparan para nuevas rondas de reestructuración mientras continúan los recortes a la Universidad de Puerto Rico, a los municipios, a la educación, la salud y otros servicios esenciales.

La Junta representa una expresión moderna del dominio colonial y del poder del capital financiero. Pero la austeridad no ha sido un error. Ha sido la consecuencia lógica de un sistema donde las necesidades humanas están subordinadas al pago de la deuda y a la acumulación de capital.

Las movilizaciones convocadas para este próximo 30 de junio de 2026 acumulan diez años de experiencia, frustraciones y lecciones. Pueden convertirse en algo más que una protesta. Pueden convertirse en el punto de partida para elevar la lucha hacia un plano político superior. La experiencia de la UTIER, las luchas estudiantiles en la Universidad, las Asambleas de Pueblo, el FASyL, las Asambleas de Trabajadores del 2015 y el levantamiento del verano de 2019 forman parte de esa experiencia acumulada.

Todas válidas. Todas necesarias. Pero insuficientes. Porque ninguna logró consolidar una estructura política permanente capaz de alterar la correlación de fuerzas entre clases.Esa ha sido la principal debilidad. No ha sido falta de voluntad de lucha. Ha sido incapacidad de construir organismos permanentes de coordinación, dirección y acumulación política. Y esa tarea ya no puede seguir posponiéndose.

Puerto Rico necesita abrir una discusión que vaya más allá del estatus colonial. No basta con discutir estadidad, independencia o libre asociación como fórmulas jurídicas. La verdadera pregunta es otra: ¿qué clase social dirigirá la transformación del país? ¿Quién controlará los recursos estratégicos? ¿Quién organizará la producción? ¿Quién decidirá el futuro económico del país?

Incluso una república independiente sería insuficiente si mantiene intactas las relaciones sociales que hoy producen explotación.

Por eso la discusión sobre una República Obrera debe colocarse sobre la mesa. No como una consigna abstracta, sino como un horizonte político concreto: una sociedad donde la producción, los recursos estratégicos y las instituciones fundamentales estén bajo control democrático de quienes producimos la riqueza con nuestro trabajo.

La tarea inmediata puede impulsar Comités de Trabajadores y Trabajadoras en centros de trabajo, comunidades, municipios y regiones. Espacios permanentes que integren sindicatos, organizaciones comunitarias, estudiantes, jubilados, sectores ambientales y demás fuerzas afectadas por la crisis.

Su objetivo puede contemplar comenzar a construir un programa político propio de la clase trabajadora, un programa que atienda empleo, vivienda, energía, salud, educación, infraestructura y protección ambiental, pero que también abra una discusión estratégica sobre el futuro político del país.

No hay que esperar otra elección. No hay que esperar otro candidato. No hay que esperar otro salvador.

La clase trabajadora puede comenzar desde ahora a reconstruir su capacidad organizativa, desarrollar una agenda política propia y abrir un proceso nacional de discusión sobre el futuro de Puerto Rico. Solo una clase trabajadora organizada en sus centros de trabajo y comunidades podrá desarrollar la fuerza necesaria para intervenir en el rumbo del país, construir alternativas reales y decidir democráticamente qué tipo de sociedad levantar sobre las ruinas del actual orden colonial.

¡De la resistencia a la organización permanente de la clase trabajadora!

¡La crisis no la creamos los trabajadores y trabajadoras; que la paguen quienes la crearon!

¡Comités de trabajadores, trabajadoras y comunidades en cada rincón del país!

¡Por un programa político de la clase trabajadora y para la clase trabajadora!

¡Por la construcción de una República Obrera!