La Asociación de Industriales: cómplice de la crisis colonial

Por Isabelino Montes

En lo último que queda de la descomposición colonial en Puerto Rico, las presas más hambrientas por continuar guisando libran una nueva batalla interna. De ese pantano emerge ahora el caso del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, señalado por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), por tráfico de influencias, obstrucción de investigaciones internas y presiones indebidas para favorecer intereses privados.

Negrón Reichard denunció que Domenech presionó desde La Fortaleza para beneficiar con decretos de incentivos contributivos al proyecto de vivienda Opus Miramar, vinculado a Politank, la antigua firma de cabildeo y consultoría del propio Domenech. También señaló intervenciones para que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) otorgara un contrato de publicidad financiado con fondos federales a la empresa JJ.

El conglomerado de casos de corrupción que hemos visto durante años en Puerto Rico no se aparta del aparato ni del modelo económico sobre el cual descansa la isla. Son parte de la misma estructura. Por eso, la reacción de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) no es casual. Ante la controversia, la organización empresarial ha emitido un comunicado intentando lavarse las manos y distanciarse de una nueva disputa entre administradores coloniales.

Pero la AIPR entra de lleno en esta controversia porque el DDEC es precisamente la agencia que procesa y aprueba los decretos contributivos, incentivos económicos y permisos de manufactura del país.

Cuando se revela que esos incentivos industriales y comerciales pudieron haber estado condicionados por cabildeo político y presiones desde Fortaleza, la Asociación levanta una alerta urgente no por indignación ética, sino para desvincularse del desmadre y proteger el flujo de inversiones capitalistas.

Más allá de su preocupación por la “estabilidad” de la inversión, la Asociación ha sido parte integral del mismo desbarajuste gubernamental. El gobierno colonial es su servidor inmediato.

Antes de consultar a las masas trabajadoras sobre cualquier asunto político o económico, el gobierno le consulta primero a este ente empresarial. Esto pasa por que los organismos empresariales como la Asociación son ejes centrales del motor que mueve el orden social y político en una sociedad donde quienes dictan e impulsan las políticas son los empresarios. Es dentro de esos espacios donde se tejen puentes para crear leyes que favorecen a ese pequeño puñado de ricos que domina el país.

Hoy la Asociación pretende proclamarse fuera de la pelea entre los administradores coloniales que compiten por seguir guisando. Pero lo que realmente hacen es zafarse del naufragio de esta administración, olvidando convenientemente su historial reciente. Hace apenas meses empresarios enviaban cartas a trabajadores de sus compañías sembrando miedo contra el comunismo si votaban por Juan Dalmau y la Alianza. La Asociación no dijo nada al respecto. Su historial va mucho más lejos.

No podemos olvidar aquellas consultas del gobierno de Fortuño con la AIPR. La Asociación fue actor principal en la formulación de la Ley 7, exigiendo “estabilidad”, “disciplina fiscal” y un “marco favorable a la inversión”; exactamente la orientación que abrió paso a la reducción de la fuerza laboral y al desmantelamiento de servicios esenciales para favorecer la rentabilidad del capital.

Históricamente, la AIPR ha actuado como una bisagra entre el Estado colonial y la burguesía local, convirtiendo la crisis fiscal en una oportunidad para redistribuir poder hacia los capitalistas. Exige “certeza jurídica”, agilidad de permisos y cambios tributarios, empujando siempre políticas favorables al patrono.

La Asociación de Industriales se atribuye la sostenibilidad de gran parte de la economía de Puerto Rico. Pero lo que sostiene realmente es la reproducción del capital y su lógica antagónica, donde emana una contradicción interna: mientras aumenta el capital, se presionan los salarios; y cuando suben los salarios, se reduce la tasa de ganancia. Esa contradicción es la raíz de esté sistema capitalista y la intervención actual en la crisis de corrupción que salpica al PNP lo que busca la Asociación es desvincularse y evitar más desorden para que no se trastoque esa lógica.

Cuando la Asociación habla de su “aportación” al PIB, habla desde la perspectiva de la contabilidad nacional y del capital industrial, no desde la explotación de la clase obrera que hace posible esa producción. Su llamada aportación económica descansa sobre la compra de fuerza de trabajo, la disciplina salarial y la apropiación privada del excedente generado por la clase obrera.

Para muestra, un botón.

En 2024, mientras la clase trabajadora se veía cada vez más asfixiada para garantizar sus medios de subsistencia, la Asociación se unió a una demanda de grupos privados para intentar detener la entrada en vigor del salario mínimo de $10.50 la hora. Y ahora, en 2026, representantes del sector privado con participación de Industriales se opusieron nuevamente a que la Legislatura retomara la fijación del salario mínimo, alegando que aumentarlo presiona salarios, eleva costos y afecta la creación de empleos.

Su costura es visible.Y esa costura está cosida contra los intereses de la clase trabajadora y sus sectores más empobrecidos.

Desde esta realidad, donde una mayoría de la población vive subordinada a una minoría privilegiada, hay que decirlo con claridad: la Asociación de Industriales es un organismo opuesto a los intereses de la clase trabajadora. Su vínculo orgánico con el gobierno y su cabildeo permanente para imponer políticas antiobreras la convierten en cómplice de toda la debacle económica del país y de los administradores corruptos del bipartidismo.

Los trabajadores y trabajadoras que aspiramos a un mundo más justo debemos comenzar a mirar de frente a estos organismos que representan intereses contrarios a los nuestros. No hay regalos dentro del sistema capitalista; hay acuerdos que sistemáticamente nos desfavorecen. Debemos desconfiar de su lógica de “desarrollo económico” y de organismos como la Asociación de Industriales, dirigidos por empresarios que pretenden sostener un sistema económico que no sirve a las mayorías obreras.

La planificación de un verdadero desarrollo industrial para Puerto Rico no puede estar en manos de quienes entienden el futuro dentro de la lógica de explotación del trabajo asalariado para reproducir capital. Eso no traerá empleo pleno ni trabajo digno, ni garantizará una vida digna para quienes producimos la riqueza con nuestro trabajo.

La Asociación de Industriales, en un futuro distinto, podría transformarse en una asociación de comités de trabajadores y trabajadoras, capaces de levantar un programa político basado en una planificación industrial dirigida a satisfacer las necesidades de la sociedad y no las del capital.

Porque esté organismo empresarial no puede lavarse las manos del desmadre de corrupción que vive la isla cuando el robo principal surge precisamente de la misma lógica capitalista: la extracción del excedente producido por la clase obrera para reinvertirlo en la reproducción del capital, y no en mejorar la calidad de vida del pueblo.