La mafia del Capitolio: Domenech, Schatz y el negocio del poder colonial

Mientras se disputan contratos millonarios y el control del dinero público, el Estado colonial funciona como un negocio para el capital privado. En esa lucha por el botín, la clase trabajadora queda relegada, cargando con la crisis en vivienda, salud y educación.

Por Bianca Morales

En las butacas del Senado en el Capitolio de Puerto Rico se despliega, sin pudor, el espectáculo colonial de la llamada fiscalización: bandos corruptos fiscalizando a otros bandos corruptos. El PNP dividido en facciones enfrentadas; el PPD velando la güira para acomodarse donde mejor le convenga; el legislador independiente Eliezer Molina actuando como marioneta de uno de esos bandos; y las y los legisladores del PIP apostando a una fiscalización “efectiva” que les rinda escaños en el próximo ciclo electoral.

Así se configura el panorama político en torno a la citación del chief of staff, ayudante especial en la oficina de la gobernadora Jenniffer González, Francisco Domenech, esta semana ante el Senado de Puerto Rico. Domenech fue citado por Thomas Rivera Schatz para responder preguntas sobre posibles vínculos de Politank con contratos gubernamentales, mientras la gobernadora Jenniffer González denuncia que todo responde a un “ataque político”. Pero lo que se abre paso ante los ojos del país no es una disputa por principios ni por el futuro del pueblo, sino una lucha descarnada por el control del botín: reuniones de emergencia, jefes de agencia alineándose, acusaciones cruzadas.

Todo apunta a un mismo centro: quién controla los contratos y quién mete las manos en el dinero público, mientras la población enfrenta una crisis real en vivienda, salud y educación.

El absurdo y el atraso político es que esta pugna no responde a diferencias ideológicas, sino a una guerra abierta entre facciones por seguir guisando. De un lado, Rivera Schatz, Pierluisi y su círculo. Del otro, Jenniffer González y Domenech. Ambos bloques, intermediarios históricos del capital, disputándose lo que queda de un modelo colonial en colapso. No es casualidad que un millonario como Domenech, cabildero sin tapujos de intereses empresariales, ocupe uno de los puestos más importantes del aparato gubernamental como guardateniente de los intereses de la gobernadora.

En el centro del escándalo está Politank. ¿Qué es Politank? En términos simples, una empresa privada que conecta negocios con el gobierno para influir en decisiones públicas. Un “think tank” que produce ideas, estudios y propuestas en áreas como economía y administración pública, pero cuya función real queda al descubierto: servir de puente entre capital privado y el aparato estatal. Domenech fue su fundador y dirigente desde 2010. Su presencia directa en el gobierno no hace más que evidenciar el carácter de clase del Estado: un instrumento al servicio de la empresa privada y su burguesía

Los vínculos de Politank con contratos millonarios revelan con claridad el poder del capital sobre la colonia. Ahí están los contratos de seguridad escolar con GM Sectec, valorados en unos $122 millones con el Departamento de Educación; en el sector salud, MMM Holdings con acuerdos que suman $246 millones; en tecnología, Intervoice Communications con $14.1 millones en el Departamento de Salud; y en infraestructura de peajes, Professional Account Management (PAM) / Duncan Solutions en el sistema de AutoExpreso, entre otros.

Las vistas senatoriales destaparon aún más la podredumbre. El exsecretario de Salud, Carlos Mellado, declaró bajo juramento que Domenech y McClintock, de Politank, intentaron persuadirlo en noviembre de 2024 para revocar una subasta relacionada a un sistema informático, tras la elección de Jenniffer González. A esto se suma la venta de Politank por más de $4 millones a Manuel Torres Nieves, figura cercana a Rivera Schatz, quien previamente se desempeñó como Secretario del Senado y Contralor Electoral con salarios que alcanzaron los $126,000 anuales. De ahí el interés de Schatz en arrastrar a Domenech al hemiciclo.

Que quede claro: aunque estas revelaciones permiten ver los intereses reales del Estado, no responden a una cruzada ética por el bien del país. El presidente del Senado actúa en función de su propio bando. Al hacerlo, coloca en riesgo a toda la administración de Jenniffer González. El puesto de chief of staff o ayudante especial en la oficina de la gobernadora no es una posición constitucional como Justicia o Educación, sino un cargo de confianza, un favor político pagado. Llevar a Domenech al banquillo es, en efecto, someter a juicio público a todo el gobierno.

Se trata de una guerra política interna por el control de los restos del aparato colonial. Desde inicios de año ya se perfilaba un bloque dispuesto a desplazar a la gobernadora. Aún no está claro si figuras como Pierluisi o Romero retarán su liderato, pero lo evidente es el rol de Rivera Schatz como “king maker”: pone y quita figuras a su antojo, sin oposición real dentro de su partido. Incluso ha logrado domesticar a quienes antes se proyectaban como desafiantes, como Eliezer Molina.

Pero más allá de este episodio concreto, lo que se revela es un fenómeno mayor. Estas disputas son el reflejo de un modelo en descomposición, donde las instituciones han dejado de responder al pueblo y funcionan como arenas de lucha entre facciones por repartirse los últimos recursos. En un contexto de debilitamiento del imperialismo estadounidense, se hace cada vez más evidente el carácter de clase del Estado. Lo que ocurre en la colonia no es distinto: una democracia debilitada donde la corrupción se discute abiertamente, al tiempo que se restringe el acceso a información pública.

La fiscalización administrativa es necesaria, sí, pero solo tiene sentido si abre paso a alternativas que rompan con estas estructuras obsoletas. De lo contrario, la clase trabajadora queda atrapada en un ciclo donde aspira únicamente a ser representada para fiscalizar, nunca para gobernar. Cada figura que se presenta como “alternativa” lo hace dentro de los límites de ese mismo sistema.

La tarea es otra. No se trata de esperar por representantes, sino de organizarnos. Construir una democracia basada en los intereses de la clase trabajadora implica la capacidad de elegir y destituir a cualquier representante en el momento en que deje de responder a esos intereses. La fiscalización no puede seguir siendo un mecanismo para decidir quién guisa con el dinero público, como pretende el bando de Rivera Schatz. Debe ser un proceso para debatir propuestas y tomar decisiones que beneficien a la mayoría que produce la riqueza social.

No basta con observar la fiscalización burguesa en la colonia. Es momento de superarla. La organización de comités de trabajadores y trabajadoras en centros laborales y comunidades se plantea como una necesidad urgente: espacios desde donde fiscalizar directamente y remover, sin dilación, a quienes traicionen los intereses de nuestra clase. Solo así podrá abrirse paso una verdadera democracia, no al servicio del capital, sino de quienes sostienen con su trabajo la vida misma del país.