Miles marchan contra Esencia: el pueblo enfrenta al capital

La movilización contra el megaproyecto Esencia en Cabo Rojo marca un punto de inflexión: lo que comenzó como defensa ambiental se consolida como una lucha de clase contra el despojo, la privatización del territorio y un modelo de desarrollo impuesto al servicio del capital.

Por Isabelino Montes

Miles de personas en San Juan, Puerto Rico, tomaron las calles para marchar contra el megaproyecto Esencia en Cabo Rojo, en una demostración concreta de rechazo popular que sigue creciendo y articulándose desde distintos sectores del país. La movilización, convocada por organizaciones comunitarias, ambientales y científicas, convirtió la defensa de la zona marítimo-terrestre en una causa común que desborda lo ambiental para situarse como una lucha social más amplia.

En Cabo Rojo, donde se pretende imponer el proyecto, estos grupos han expresado el nivel de indignación acumulada frente a un modelo de desarrollo que amenaza con transformar el territorio en función del capital, mientras se desplaza a las comunidades.

La marcha, que salió desde el Escambrón en San Juan, se sumó a las jornadas de protesta que se han ido generando en Cabo Rojo, consolidando un proceso de organización del activismo que ya no se limita a la advertencia, sino que se manifiesta con fuerza en la calle. Estas organizaciones se han levantado contra la amenaza concreta que representa el megaproyecto Esencia en el pueblo de Cabo Rojo, convirtiendo la defensa de la zona marítimo-terrestre en un punto de convergencia para múltiples sectores que hoy reconocen que lo que está en juego no es solo un terreno, sino el futuro mismo del país.

La magnitud del proyecto se sostiene sobre 2,044 cuerdas en el barrio Boquerón, bordeando el Refugio Nacional de Vida Silvestre y amenazando directamente la Laguna Rincón, clave para la pesca local y rica en yacimientos arqueológicos. Esta realidad ha impulsado denuncias que no se limitan al impacto ecológico, aunque este es devastador, sino que apuntan al funcionamiento estructural de un sistema político que, una vez más, se pliega a los intereses del capital antes que a las necesidades del pueblo.

Esencia es la expresión concreta de una lógica histórica del modo de producción capitalista que busca apropiarse de la tierra, privatizar recursos y transformar espacios comunes en enclaves de acumulación de riqueza en manos de una minoría. Este enclave de lujo, compuesto por hoteles, campos de golf y atracciones exclusivas, no solo alterará irreversiblemente el entorno, sino que intensificará la desigualdad económica y social en un país donde amplios sectores ya enfrentan limitaciones en el acceso a necesidades básicas como el agua. A esto se suma la restricción del acceso a las playas y el desplazamiento de comunidades enteras.

Detrás de este megaproyecto se encuentran los magnates Simon y David Reuben, con un patrimonio combinado de 16,400 millones de dólares, quienes han acaparado 1,350 cuerdas valoradas en 127 millones, articulando una red de inversión junto a corporaciones transnacionales como Mandarin Oriental y Rosewood Residences.

Esencia se convierte así en un botín de gran escala para la redistribución de nuevas líneas de crédito que parten desde Wall Street y se insertan en circuitos globales de acumulación capitalista, donde los administradores de la colonia también aseguran su tajada a través de su propia casta privilegiada. No es casualidad que el bipartidismo vea en este proyecto una oportunidad para reforzar sus privilegios antes de que el deterioro estructural de la colonia se profundice aún más.

La representación local de estos intereses se materializa en figuras como Ricardo Álvarez Díaz y Cristina Villalón, propietarios de Álvarez-Díaz & Villalón, encargados del diseño y la gestión de permisos. A la vez, fortalecen vínculos políticos con la gobernadora Jenniffer González, evidenciando cómo el aparato gubernamental, particularmente bajo el PNP, se articula con el capital para viabilizar proyectos de esta naturaleza. La firma incluso ha fungido como anfitriona de eventos políticos, revelando la red de favores que sostiene el avance de Esencia.

El núcleo del proyecto radica en su función dentro del proceso de acumulación capitalista: atraer inversiones sin importar su origen nacional, utilizando capital que en última instancia proviene del trabajo acumulado de la clase trabajadora, para luego excluirla del acceso a la vivienda y a los recursos que ella misma produce. La participación de la empresa china Mandarin Oriental, con sede en Hong Kong y propiedad de Jardine Matheson Holding, evidencia que las supuestas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China se diluyen cuando se trata de negocios capitalistas y explotación de territorios como Puerto Rico.

El capital, una vez más, demuestra que no tiene patria. Se mueve allí donde puede garantizar la reproducción de la riqueza en manos de una minoría.

Las marchas y manifestaciones que se han desarrollado en Puerto Rico han logrado colocar en el centro una consigna clara: Esencia es desigualdad. Esta desigualdad se expresa de forma concreta en el acceso al agua, uno de los puntos más denunciados por activistas. El proyecto requeriría aproximadamente 1.25 millones de galones diarios de agua potable en una región que ya consume cerca de 4.45 millones, y donde la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha advertido que suplir esa demanda implicaría mejoras significativas en la infraestructura. En un municipio que aún funciona como destino de turismo local accesible para la clase trabajadora, especialmente en fines de semana largos y temporadas altas, la presión sobre el sistema ya es evidente, y Esencia solo promete agravarla tanto en condiciones normales como en momentos de alta congestión poblacional.

La desigualdad también se manifiesta con crudeza en el acceso a la vivienda. El Centro de Periodismo Investigativo documentó cómo el precio mediano de venta en Cabo Rojo aumentó de 129,500 a 200,000 dólares entre 2019 y 2024. Esta tendencia ha sido vinculada por residentes y agentes inmobiliarios a la expectativa generada por Esencia, así como al auge de compras especulativas y alquileres de corta duración. Este fenómeno acelera el desplazamiento de familias trabajadoras, subordinando el derecho a la vivienda al negocio privado inmobiliario, pieza clave en la reorganización del espacio en función del capital.

Incluso el argumento de la creación de empleos se revela como una media verdad que encubre una realidad más dura. Aunque se proyectan 950 empleos, estos estarían mayormente ligados a salarios mínimos, en contraste con el alto costo de vida que el propio proyecto impulsa. La contradicción es evidente: con un salario mínimo de 10.50 dólares, resulta imposible costear una vivienda de 200,000 dólares en Cabo Rojo. Esencia no está diseñado para sostener a la clase trabajadora, sino para servir a inversionistas y sectores de alto poder adquisitivo, reproduciendo así la desigualdad que dice combatir.

Frente a este panorama, la lucha contra Esencia no puede limitarse a la denuncia. Apunta hacia la necesidad de organización política de la clase trabajadora. Cabo Rojo cuenta con infraestructura existente, como el Balneario de Boquerón, que en otro momento fue un espacio accesible para el disfrute familiar de la clase trabajadora y que, en lugar de ser fortalecido para beneficio colectivo, ha sido progresivamente privatizado mediante alianzas público-privadas y entregado al capital turístico. La alternativa no está en nuevos enclaves de lujo, sino en el desarrollo de proyectos orientados a las necesidades reales de la población.

La movilización actual abre la posibilidad de transformar el activismo en organización política concreta, mediante la creación de comités de trabajadores y comunidades que no dependan de la representación del bipartidismo ni de otras fuerzas políticas tradicionales. Se trata de construir una autodeterminación política de clase capaz de articular un programa económico basado en inversiones estatales dirigidas por las propias comunidades obreras.

La propuesta de Dalmau y el PIP va dirigida a establecer una moratoria de construcción en zonas costeras y un Corredor Ecológico del Suroeste que proteja esta zona desde Ponce hasta Cabo Rojo. De por sí, esta es una propuesta efectiva. Si aspira a representar un verdadero avance, debe orientarse a proteger a las comunidades obreras tanto en la defensa de su entorno como en el desarrollo de una economía sostenible para quienes viven allí. Combinada con organización política, implicaría integrar a la clase trabajadora en comités que participen directamente en la fiscalización y el desarrollo económico del área protegida según sus propias necesidades, en contraposición a los intereses burgueses locales e internacionales.

Pescadores, carpinteros, maestros y otros trabajadores de comunidades como El Corozo, las parcelas de Boquerón, Puerto Real y el sector Guaniquilla pueden constituir estos comités para impulsar el corredor ecológico y desarrollar proyectos que generen empleo mediante industrias estatales dirigidas por trabajadores, así como cooperativas agrícolas y turísticas gestionadas por la propia clase trabajadora.

Solo así se puede dar un paso significativo como clase para enfrentar un modelo que entrega el entorno ambiental y los recursos colectivos al capital mientras una minoría se beneficia. Porque si algo deja claro Esencia es que no se trata de desarrollo, sino de la profundización de un modelo de desigualdad estructural que atraviesa toda la sociedad. No importa si el capital es local o transnacional: su lógica es la misma.

Y frente a eso, la consigna resuena con más fuerza en las calles:

¡Esencia no va, la esencia del capital es la desigualdad!