Propuesta energética del PIP: de la privatización a la administración por comités de trabajadores y trabajadoras
Por Isabelino Montes
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ha puesto sobre la mesa una propuesta energética que confirma lo que ya es una realidad innegable: el servicio eléctrico en Puerto Rico no funciona bajo la administración privada. LUMA Energy y Genera PR reciben cantidades exorbitantes de dinero público, pero el sistema no es ni eficiente ni económico para el pueblo.
El problema no es que LUMA o Genera quieran dejar al pueblo sin luz de manera intencional, sino que su interés real está en multiplicar ganancias. Para lograrlo, reducen nómina, limitan brigadas de mantenimiento y minimizan costos operativos. Esta contradicción entre capital y trabajo asalariado es clara: si contaran con la misma plantilla obrera de la AEE, sus esperadas ganancias privadas se estancarían.
Los límites de la propuesta energética del PIP
Ahí está lo que falta en la propuesta del PIP: decir sin rodeos que un servicio eléctrico es patrimonio común y no puede sostenerse bajo la lógica capitalista. Incluso en sociedades capitalistas avanzadas como Estados Unidos, con su mayor capacidad productiva, se ve la contradicción. En Florida o Texas, tras el paso de huracanes, el servicio eléctrico funciona de manera eficiente para sectores privilegiados mientras que para la mayoría obrera es intermitente y deficiente. La eficiencia no depende de la “buena fe” de LUMA ni de los deseos de que sea el pueblo quien controle la energía: depende de quién detenta el poder en la producción.
El PIP acierta al señalar que el pueblo está cansado de LUMA y Genera. Esa voz unánime se escucha en las denuncias masivas en las redes sociales. Pero la inconformidad con la privatización pronto será también inconformidad con la falsa democracia capitalista, tanto en la colonia como en países soberanos. Esa democracia, subordinada al dinero y a los intereses de la clase adinerada, es un callejón sin salida que ni el PIP se plantea superar.
La clase trabajadora debe estar clara: las propuestas del PIP están dirigidas a transitar por el rigor legislativo y electoral, no por el rigor de la autoorganización política de la clase obrera. Se hace un llamado democrático a la transformación energética, pero si de verdad se trata de que gobiernen las mayorías, entonces la mayoría, la clase trabajadora, debe tomar el control de la producción energética. Esa es la democracia real.
El PIP propone la política energética más avanzada dentro del marco actual, sin lugar a dudas. Y por eso la clase trabajadora debe insertarse en esas propuestas, no para hacer campaña electoral, sino para enmendarlas con puntos que eleven la democracia a un carácter de clase.
Comités de trabajadores y trabajadoras: la verdadera democracia energética
Con los proyectos PC-797 en la Cámara y PS-695 en el Senado, el PIP propone enmendar la Ley 83 de 1941 para:
Cancelar contratos de privatización con LUMA y Genera, y devolver el sistema eléctrico al control público. “Que sea el pueblo que tome control”, señaló Juan Dalmau en conferencia de prensa.
Reorganizar la AEE y su Junta de Gobierno bajo principios de mérito y transparencia.
Evitar prácticas del pasado: politización, nombramientos sin mérito, mala administración, falta de transparencia, mantenimiento deficiente y criminalización de sindicatos.
Reconocer la energía como derecho humano y garantizar un servicio confiable.
Sin embargo, hay un punto central que no puede quedarse en la ambigüedad: ¿qué significa “el pueblo”?
Este concepto hay que definirlo claramente, pues históricamente ha servido para encubrir a los mismos sectores que destruyeron la AEE. No basta con devolver el control al “pueblo” si eso incluye a políticos, burócratas o representantes de partidos burgueses que han sido cómplices del deterioro. Tampoco se puede reducir a una representación sindical subordinada al capital. La experiencia demuestra que figuras “representativas” en juntas de gobierno han sido neutralizadas por intereses privados. Por eso, solo comités de trabajadores energéticos, organizados desde la base, pueden garantizar una verdadera democracia energética con carácter de clase y no repetir el mismo engaño histórico.
Por eso, los trabajadores y trabajadoras de la UTIER no deben limitarse a aplaudir la propuesta del PIP, sino insertarse en ella de manera combativa, promoviendo una verdadera democracia energética: la AEE bajo control de comités de trabajadores energéticos. La UTIER, que aún cuenta con estructuras organizativas como su programa “Energizando” transmitido los miércoles, tiene la capacidad de entrar en este debate.
Conversaciones inmediatas que la clase trabajadora debe impulsar
Junto con las propuestas del PIP, la discusión obrera debe añadir:
La formación de Comités Políticos de Trabajadoras y Trabajadores Energéticos para liderar la transformación del sistema.
La cancelación del contrato con LUMA Energy, exigiendo la devolución del dinero público usado en su beneficio privado.
El restablecimiento de una corporación pública de energía, administrada por trabajadores y trabajadoras, con representación directa en la política del país.
La creación de alianzas con trabajadores energéticos del Caribe para una política energética común acorde a nuestra realidad regional.
Un plan de transición a energías renovables, en colaboración con otros países del Caribe y bajo control obrero.
El PIP ha abierto un camino. Pero la única garantía de que esa propuesta no se convierta en otra promesa muerta de la democracia burguesa es que la clase trabajadora, organizada en comités energéticos, tome el control de la AEE.
La verdadera transformación no vendrá de conferencias de prensa ni de legislaciones sujetas al capital, sino de la autoorganización de la clase obrera que, al calor de la lucha, pueda convertir la energía en lo que siempre debió ser: un patrimonio común bajo control directo de los trabajadores y trabajadoras.
