Redadas de ICE: Terror fascista y estrategia capitalista en marcha
Por Manuel Colón
La intensificación de los raids migratorios, las deportaciones ilegales y la represión estatal bajo la administración Trump constituyen una estrategia deliberada para amedrentar, dividir y violentar a las comunidades inmigrantes. Pero representa también una movida económica capitalista de desplazamiento de fuerza de trabajo para entrar al marco de la producción automatizada. Violenta así derechos humanos fundamentales y desaparece cualquier elemento democrático que quedaba en esta sociedad dividida en clases sociales.
Los Ángeles se ha convertido en el epicentro de una ofensiva sin precedentes contra las comunidades inmigrantes. Durante esta semana pasada, agentes federales de ICE, apoyados por fuerzas armadas y vehículos blindados, realizaron redadas masivas en zonas de alta concentración de trabajadores y familias migrantes, incluyendo el centro, el sur de la ciudad y áreas comerciales. Estas acciones resultaron en decenas de arrestos, el uso de granadas aturdidoras y gases lacrimógenos, y la detención de líderes obreros como David Huerta del SEIU California, quien fue herido mientras documentaba una redada.
La respuesta comunitaria fue inmediata: cientos de personas se movilizaron en protestas masivas, enfrentándose a la policía y a agentes federales, quienes restringieron el acceso de abogados y congresistas a los detenidos y utilizaron tácticas de represión propias de un entorno militar. La alcaldesa Karen Bass y el gobernador Gavin Newsom condenaron la brutalidad y el carácter paramilitar de los operativos, mientras la administración Trump anunció el posible despliegue de la Guardia Nacional para reforzar la represión y el control en la ciudad.
Este contexto marca un punto crítico en la escalada de políticas antiinmigrantes y en la respuesta organizada de las comunidades, que enfrentan no solo la amenaza de la deportación, sino también la militarización de la vida cotidiana y la criminalización de la protesta.
Las tácticas de miedo de las redadas no solo representan una escalada de la visión de superioridad racial exclusiva de los blancos ultraconservadores y anticonstitucionalistas que hoy controlan la Casa Blanca. Esa visión se relaciona directamente con la base económica capitalista que sostiene los intereses de la minoría burguesa que domina la economía. Los arrestos de trabajadores y trabajadoras inmigrantes no son pura casualidad, sino movidas específicas impulsadas por la lógica de acumulación capitalista para reducir la fuerza de trabajo y girar hacia la producción automatizada.
Recordemos que Estados Unidos está en una posición atrasada con respecto a su posición imperialista frente a China en la producción de mercancías. Para sostenerse como nación dominante tiene que competir dentro de la producción automatizada, lo que implica aumentar la cantidad de mercancías y las tasas de ganancias privadas más exorbitantes para ciertos sectores capitalistas.
La fuerza de trabajo de personas sin papeles ha aumentado significativamente en los últimos años. Esto ha sido una necesidad histórica para que los capitalistas logren bajar el valor de la fuerza de trabajo, es decir, pagar menos a los trabajadores, obtener más productividad y mayores tasas de acumulación de capital. Sin embargo, en este contexto histórico, la situación comienza a transformarse con los cambios en las fuerzas productivas tecnologizadas. La necesidad del trabajo simple —trabajadores en masa en líneas productivas, fábricas, fincas, construcción— comienza a ser un excedente que estorba para reducir los costos de producción y tener mayores ganancias.
Los datos indican que esa fuerza de trabajo inmigrante entre 2019 y 2024 tuvo parte significativa en el crecimiento de la fuerza laboral en Estados Unidos. Este crecimiento se reflejó en un 88 % de fuerza de trabajo que provino de la inmigración, según la Fundación Nacional para la Política Estadounidense (NFAP). Por lo tanto, las políticas agresivas de migración pueden reducir significativamente esa fuerza de trabajo excedente que estorba la avenida de la producción automatizada y las ganancias privadas.
Estas políticas migratorias, además de redadas y deportaciones, también endurecen el acceso a visas de trabajo como la H-1B, que restringen la entrada de trabajadores de otras partes del mundo. Se añade también el recorte de fondos para organizaciones dedicadas a los asuntos de trabajadores inmigrantes. Estos fondos pueden ser redirigidos no para atender la situación de los inmigrantes, sino para acelerar la producción automatizada y reducir costos en la producción capitalista.
Las políticas agresivas migratorias de los ultraconservadores no están exentas de la necesidad económica de la reproducción capitalista. Son un conglomerado de tácticas que buscan deportar ese éxodo de fuerza de trabajo, justificándolo con la criminalidad que existe no por los inmigrantes, sino por las propias condiciones de desigualdad social que se viven en Estados Unidos.
Estas tácticas van desde operativos masivos en lugares de trabajo, con un impacto en los trabajadores y en la economía local, hasta su efecto en las comunidades, provocando un clima de miedo. También ocurren en los centros judiciales, con detenciones en juzgados y tribunales que obstaculizan el acceso a la justicia y al debido proceso. Cada redada genera caos: separaciones familiares, detención de menores, y deportación de latinos con ciudadanía estadounidense, sin que se sepa dónde están. Esto provoca consecuencias emocionales, legales y sociales devastadoras.
Incluso es hasta ilegal y anticonstitucional. El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a cientos de venezolanos a un tercer país, ignorando órdenes judiciales y poniendo en riesgo sus vidas, son medidas ilegales, cuyas consecuencias tienden a la desprotección y deportación de beneficiarios de TPS y parole humanitario. Una pérdida abrupta de estatus y la expulsión de miles de personas con protección legal, sin oportunidad real de defensa. Expulsan masivamente a mexicanos, colombianos y centroamericanos, incluso cuando sus países de origen se niegan a recibirlos.
Trump y su gobierno están ignorando órdenes judiciales y el debido proceso. Llevan a cabo deportaciones a pesar de prohibiciones judiciales, afectando a personas con casos de asilo o protección vigente. Las deportaciones en lugares de trabajo y centros judiciales continúan. La agresiva operación de deportación de su cuatrienio anterior sigue sus efectos en las deportaciones de niños y niñas migrantes. Cientos han sido sacados de sus hogares y puestos bajo custodia del gobierno, separados de sus familias, con procesos de reunificación bloqueados por nuevas políticas que dificultan la entrega a patrocinadores, la mayoría familiares indocumentados.
La administración Trump ha lanzado una ofensiva para deportar a menores no acompañados, acelerando procedimientos y negando asistencia legal, lo que los hace más vulnerables a la explotación y la trata humana. Se han documentado casos de deportación de niños ciudadanos estadounidenses junto a sus madres indocumentadas, a pesar de que legalmente podrían quedarse con familiares en el país. Esto es completamente inhumano y contrario a cómo se proyecta este país a nivel mundial.
A pesar del miedo que provocan estas arremetidas fascistas, la movilización, las protestas, las redes de apoyo legal y la defensa comunitaria se repliegan por todo Estados Unidos. Han surgido de manera espontánea, pero representan un respiro de esperanza que se ejemplifica en la solidaridad en fábricas, barrios y centros de detención. Se manifiestan muchas formas de protesta, incluso dentro de los mismos centros de detención.
Como en Florida, donde personas detenidas en el Baker County Detention Center y otros centros han iniciado huelgas de hambre para denunciar las condiciones inhumanas, las porciones de comida insuficientes y las represalias por exigir sus derechos. Estas acciones han sido documentadas por organizaciones como la ACLU de Florida, que exige investigaciones federales y denuncia la represión dentro de los centros, incluyendo amenazas de aislamiento y castigos adicionales.
Las huelgas de hambre se suman a la resistencia colectiva y visibilizan la crisis humanitaria que se vive en los centros de detención migratoria. Esto ocurre mientras en las calles las manifestaciones son reprimidas con el uso de fuerza excesiva, gas lacrimógeno, arrestos y tácticas de intimidación.
La amenaza a ciudades santuario y la persecución de líderes comunitarios también se integran a la represión fascista. Aunque estados santuario están colaborando con ICE, una traición a la lucha del pueblo, los gobernadores de estados como Illinois y Nueva York han tenido que declarar ante órganos políticos para defenderse.
Si los demócratas realmente defendieran a la clase trabajadora y al pueblo, asumirían el mismo riesgo que enfrentan las personas en las calles. Mientras, en cada protesta, en cada red de apoyo legal, en cada acto de solidaridad en fábricas, barrios y espacios públicos, se revela la capacidad colectiva y el sacrificio frente a la violencia institucional, los demócratas se escudan en la legalidad cuando claramente la democracia se fue al piso con los fascistas que gobiernan. Lo que se revela hoy es el carácter obsoleto de la democracia burguesa.
Las trabajadoras y trabajadores debemos seguir nuestro propio camino organizativo. No podemos ser víctimas pasivas de un régimen capitalista que nos reprime y nos engaña con la democracia obsoleta cada cuatro años. La resistencia a la represión de ICE y la Guardia Nacional es, en sí misma, un primer paso hacia la organización y defensa de la democracia en manos de la clase trabajadora, la mayoría social, sin importar raza, nacionalidad, género ni categoría social.
Como clase trabajadora somos diversos, con nuestros rasgos históricos y culturales particulares, pero esa espontaneidad de las protestas muestra la potencialidad de las comunidades migrantes y obreras para convertirse en un espacio de lucha permanente contra la embestida capitalista, superando la división histórica por razas y nacionalidades impuesta por las instituciones capitalistas.
Frente al intento de dividir y debilitar, la respuesta ha sido la solidaridad, la defensa mutua y la construcción de alternativas colectivas. El proceso ahora requiere elevar esa lucha hacia la unidad obrera en organismos políticos propios, con comités de trabajadores y trabajadoras independientes de los partidos burgueses.
La defensa de los derechos humanos y laborales de las personas migrantes es inseparable de la lucha por justicia social y económica para todos y todas. La resistencia de hoy es la semilla de un movimiento político obrero capaz de desafiar la represión y la división impuesta por los capitalistas entre afroamericanos, latinos, blancos, asiáticos, árabes, entre otros, y abrir caminos hacia una sociedad más justa, dirigida por lo que somos: trabajadores y trabajadoras. Donde la producción económica sea planificada en base a nuestras necesidades como clase y el trasladarse a otros países a trabajar se determine según esas necesidades y sea un derecho de cualquier trabajador y trabajadora en cualquier parte del mundo.
