EEUU: democracia burguesa, farsa al servicio del capital y giro autoritario

Por Nexo Revolucionario Media

Las disputas electorales, las restricciones al voto y los cambios en las reglas de ciudadanía no son hechos aislados, sino expresiones de un mismo proceso: la reorganización del poder político para asegurar el dominio de una minoría sobre la mayoría trabajadora.

Estados Unidos se presenta como el “faro de la democracia” y el autoproclamado “líder del mundo libre”. Se llena la boca hablando de libertad mientras interviene en otros países, impone sanciones, financia oposiciones y ejecuta operaciones militares en lugares como Venezuela e Irán, al mismo tiempo que mantiene el bloqueo contra Cuba, todo en nombre de la democracia. Pero esa narrativa encubre una práctica mucho más cruda: guerras e intervenciones que han sido señaladas como ilegales incluso bajo las propias leyes internas de Estados Unidos, al realizarse sin autorización del Congreso, el único órgano con poder para declarar la guerra. Esa doble moral revela el fondo del problema: la democracia que se exporta hacia afuera se restringe hacia adentro. Dentro de sus propias fronteras, el derecho al voto no se amplía, se administra. Se convierte en un filtro controlado desde las cúpulas burguesas que decide quién cuenta y quién sobra. En Estados Unidos, la democracia no se garantiza, se limita cuando es necesario para sostener el dominio del capital sobre la clase trabajadora.

Esa contradicción no es abstracta. Se expresa de forma concreta en la manera en que se organiza la participación política dentro de sus propias fronteras.

En esa línea, las medidas recientes no buscan fortalecer el sistema, sino delimitarlo aún más.

El llamado SAVE America Act es un ejemplo claro: se exige prueba de ciudadanía como pasaporte o certificado de nacimiento, identificación con foto y nuevas barreras al voto por correo, todo bajo la excusa de combatir un fraude que no existe de forma significativa. Mientras tanto, millones de personas de la clase trabajadora quedan atrapadas en ese sistema.

Estas restricciones no operan en el vacío. Tienen efectos concretos y diferenciados sobre sectores específicos de la población.

Las comunidades negras y latinas son las más afectadas. No por falta de ciudadanía, sino por las condiciones materiales: costos, burocracia, falta de acceso a documentos. Casi una cuarta parte de estas poblaciones carece de identificación estándar. Pero el golpe no se queda ahí. También alcanza a votantes republicanos de clase trabajadora, especialmente en zonas rurales, demostrando que el problema no es partidista, sino una necesidad estructural para redoblar el control de una minoría sobre la mayoría obrera.

A esto se suma otra dimensión del mismo problema: los mecanismos que limitan la participación incluso cuando el derecho formal existe.

El ataque al voto por correo sigue la misma lógica. Votos válidos pueden ser descartados por tecnicismos, excluyendo a quienes dependen de ese método para participar. El sistema judicial se convierte en una herramienta para reducir el electorado mientras se mantiene la apariencia de legalidad.

Pero el control no se detiene en cómo se vota, sino que avanza hacia una cuestión más profunda: quién tiene derecho a formar parte del cuerpo político.

El caso Trump v. CASA, Inc., ante la Corte Suprema, plantea precisamente la posibilidad de restringir la ciudadanía por nacimiento. No se trata solo de un debate legal, sino de definir quién puede llegar a ser sujeto de derechos políticos. Limitar la ciudadanía es también limitar, de forma anticipada, quién podrá participar en la vida democrática. Así, el control del voto se extiende hacia el control del propio pueblo.

Sobre esa base, el siguiente paso es moldear directamente los resultados.

En Texas, la manipulación de distritos electorales revela otra cara del mismo problema: las líneas se dibujan para asegurar poder político, diluyendo el voto de comunidades enteras. Las elecciones dejan de ser una expresión de la voluntad popular y se convierten en un mecanismo diseñado para producir resultados específicos.

A esto se suman las teorías conspirativas sobre fraude electoral en 2020. Tras su derrota, Donald J. Trump insistió en que la elección había sido robada, señalando a Venezuela, China o Cuba sin evidencia. No se trataba de probar un fraude, sino de construir una narrativa. Una narrativa que justificara la derrota y reforzara la lógica de enemigos externos. Esa fue la misma lógica que alimentó el Asalto al Capitolio del 6 de enero, donde se intentó revertir una elección.

La contradicción es total. El mismo Estado que interviene en otros países en nombre de la democracia limita, filtra y manipula la participación dentro de su propio país. No es una falla del sistema, es su diseño. La democracia, en este contexto, deja de ser un derecho colectivo y se convierte en una herramienta de poder, útil para legitimar el dominio interno y justificar la intervención externa. Cuando un país que habla de libertad al mundo y restringe el voto de su propia clase trabajadora, lo que queda no es democracia. Es una farsa.

Y entonces surge la pregunta: ¿por qué la clase obrera debe defender la democracia y no asimilar modelos abiertamente antidemocráticos? En esta etapa del colapso del imperialismo estadounidense y de la descomposición del capitalismo como modo de producción, el abandono de la democracia se convierte en la única salida del capital para sostenerse. Sin embargo, mirar hacia potencias como China, India o Rusia no resuelve el problema. Sus avances económicos conviven con estructuras políticas donde la clase rica mantiene el poder bajo formas distintas, pero igualmente ajenas a los intereses de la clase trabajadora.

Muchos trabajadores argumentan que China es comunista porque no responde a la democracia occidental. Pero su sistema político sigue teniendo un carácter de clase burgués. De igual forma, sectores de izquierda defienden regímenes antidemocráticos únicamente por su enfrentamiento con Estados Unidos, olvidando que la emancipación obrera no puede construirse sin participación política real.

La clase trabajadora no lucha por la democracia como un fin abstracto, sino como un terreno de lucha que ha permitido su organización y desarrollo político. Las libertades democráticas sufragio, organización, prensa, reunión han sido herramientas históricas para avanzar como clase independiente. Y es precisamente en sus límites donde la burguesía revela su necesidad de restringirlas, ya sea en Estados Unidos, Francia, China, India o Rusia.

El capital no puede permitir una expansión plena de derechos democráticos porque estos chocan con su necesidad de acumulación. Limitar el voto, restringir la información y criminalizar la protesta no son anomalías, son mecanismos de defensa del sistema. En Estados Unidos, esta realidad expresa la imposición del capital sobre el trabajo asalariado en el plano político.

Y sin embargo, en ese mismo proceso se abre una posibilidad: la necesidad de organización independiente de la clase trabajadora.

Sin oportunidades para avanzar políticamente, no solo se pierde democracia, se pierden las herramientas históricas de organización. A estas alturas, incluso el Partido Demócrata ha sido cómplice de esta debacle, conteniendo dentro de su lógica electoral cualquier intento de ruptura real, reduciendo la acción política a elegir entre distintas expresiones de la misma élite.

Por eso, la tarea no es “mejorar” una democracia burguesa agotada, como si fuera neutral, sino utilizar las conquistas democráticas para elevar a la clase trabajadora al poder político. Luchar por elecciones reales, libertad de organización, prensa y reunión no es un fin en sí mismo, sino un medio para organizar, educar y confrontar a la burguesía.

Llevar la democracia a su expresión real implica trasladar la toma de decisiones a los centros de trabajo y a las comunidades obreras. Que la clase trabajadora elija directamente a sus representantes, que pueda revocarlos en cualquier momento y que estos no tengan privilegios por encima de un trabajador promedio. Ahí comienza la construcción de un nuevo poder: uno que parta de lo conquistado, pero que supere los límites de la democracia burguesa para reorganizar la sociedad en función de los intereses de la mayoría.