La Copa Mundial frente a Delaney Hall: el espectáculo de la unidad, el negocio capitalista de la detención migratoria
Por Ángel Rodríguez
Mientras miles de personas de todo el mundo gastan sobre $30,000 por taquilla para asistir a la final de la Copa Mundial que se celebrará en el MetLife Stadium, en New Jersey, a menos de 20 millas del estadio cientos de inmigrantes, hombres, mujeres embarazadas y envejecientes llevan a cabo una huelga de hambre en el centro de detención Delaney Hall para denunciar el maltrato, las condiciones inhumanas en las que los mantienen y la detención ilegal de inmigrantes. El torneo de la FIFA, que se mercadea como una celebración mundial de unidad y diversidad, convive con una de las expresiones más visibles de la represión migratoria en Estados Unidos, donde la detención de inmigrantes se ha convertido en un lucrativo negocio para los capitalistas del complejo industrial migratorio.
A solo unas millas de este evento deportivo, más de 300 detenidos mantienen una huelga de hambre desde el 22 de mayo. Mientras tanto, en las afueras de Delaney Hall se realizan protestas desde hace casi cinco semanas, las cuales han sido brutalmente reprimidas.
Los detenidos, que ponen sus cuerpos como forma de resistencia, exigen su liberación inmediata, dando prioridad a adultos mayores, embarazadas, jóvenes y personas con enfermedades graves. También reclaman una revisión justa de sus casos migratorios, ya que muchos fueron detenidos ilegalmente, y el fin de las presiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para firmar deportaciones o salidas voluntarias.
Esta táctica ha sido utilizada por el DHS: someter a los detenidos a condiciones inhumanas mientras sus casos avanzan lentamente para empujarlos a aceptar la auto deportación. Es la evidencia de un sistema migratorio que prioriza el castigo sobre la dignidad humana, precisamente mientras el país proyecta al mundo una imagen de inclusión mediante la Copa Mundial.
Entre las condiciones denunciadas se encuentran comida insuficiente, alimentos vencidos, gusanos en la comida, negligencia médica sistemática, agresiones verbales y físicas, hacinamiento, temperaturas extremas agravadas por la falta de aire acondicionado y escasez de suministros básicos de higiene.
Hay que recalcar que estas personas no son prisioneros. Fueron detenidas por ICE mientras se revisa su estatus migratorio. Muchos llevan meses encerrados bajo estas condiciones y algunos incluso poseen visas válidas o ciudadanía estadounidense.
A estas condiciones se suma otra denuncia: los detenidos han sido obligados a realizar trabajo forzado por apenas $1 al día. Esta práctica es común en centros administrados por compañías privadas, que reducen costos sustituyendo trabajadores asalariados por mano de obra prácticamente gratuita. Quienes se niegan a obedecer son castigados con gas pimienta, agresiones físicas, traslados a centros lejanos de sus familias o confinamiento solitario.
Mientras esto ocurre dentro de Delaney Hall, afuera activistas anti-ICE, organizaciones comunitarias, organizaciones políticas y ciudadanos llevan semanas movilizándose para denunciar los abusos. Más de 90 personas han sido arrestadas y el DHS ha respondido desplegando grupos antimotines, gases lacrimógenos y otras tácticas represivas para contener las manifestaciones.
Por su parte, el DHS niega las acusaciones e incluso afirma que no existe una huelga de hambre. GEO Group, empresa privada que administra la mayoría de los centros de detención migratoria en Estados Unidos, también rechaza los señalamientos sobre abusos.
La represión y la negación oficial de la huelga de hambre buscan proteger un negocio multimillonario que convierte la detención migratoria en una fuente permanente de ganancias para los capitalistas que se lucra con el sufrimiento de las personas migrantes.
GEO Group, empresa que lidera la administración de los centros de detención migratoria, mantiene contratos con la administración de Donald Trump y el DHS. Detrás de la crisis humanitaria en Delaney Hall existe un negocio multimillonario construido sobre la detención de inmigrantes.
Esta empresa es el mayor contratista privado del DHS y de ICE. Tiene su sede en Boca Raton, Florida, no muy lejos de la residencia de Trump en Mar-a-Lago. La mayor parte de sus ingresos proviene de contratos financiados con los impuestos de la clase trabajadora para sostener el sistema de detención migratoria. En 2024 la empresa obtuvo ganancias de $32 millones y, en lo que va de 2025, estas aumentaron a $254 millones, un crecimiento cercano al 700 %. Se estima que sus ingresos alcancen los $3 mil millones gracias a nuevos contratos para expandir centros de detención en todo Estados Unidos.
Mientras la administración Trump impulsa una política de arrestos y detenciones masivas, GEO Group multiplica sus ganancias. El encarcelamiento de inmigrantes deja de ser únicamente una política pública para convertirse en un negocio donde la explotación laboral, la reducción de costos y el deterioro de las condiciones de vida generan mayores beneficios para los accionistas.
Pero el problema no termina ahí. Detrás de GEO Group existe un evidente conflicto de interés entre la empresa, ICE y el DHS, producto de la conocida puerta giratoria entre el gobierno y las corporaciones privadas.
David Venturella, ex vicepresidente de GEO Group, ocupa actualmente el cargo de director interino de ICE. Antes supervisó contratos entre GEO e ICE, incluyendo acuerdos relacionados con Delaney Hall, y recibió una exención ética para asumir la dirección de la agencia.
Tom Homan, actual zar fronterizo de Trump, también trabajó como consultor para GEO Group. A ellos se suman Daniel Bible, Daniel Ragsdale y Matthew Albence, funcionarios que han alternado cargos entre ICE y la empresa privada. Diez de los trece principales cabilderos de GEO fueron anteriormente funcionarios públicos.
El esquema es claro: la línea entre el Estado y los capitalistas desaparece. Los mismos funcionarios diseñan la política migratoria, adjudican contratos públicos y luego administran las empresas que se benefician de ellos. Los impuestos de la clase trabajadora terminan financiando un modelo que convierte el sufrimiento humano en una fuente permanente de ganancias.
Las condiciones denunciadas en Delaney Hall no representan un accidente administrativo. Forman parte de un sistema donde hombres, mujeres, envejecientes, jóvenes, niños y niñas son tratados como mercancías. Mientras más personas permanezcan detenidas y por más tiempo, mayores son los ingresos para las empresas que administran estos centros.
Este modelo se reproduce en todo Estados Unidos mediante nuevos contratos y la expansión de centros de detención. En Florida se anunció con gran cobertura mediática el campo de concentración Alligator Alcatraz, donde inmigrantes fueron sometidos a condiciones de miseria. Tras una asignación cercana a los $500 millones financiada con fondos públicos, el centro terminó cerrando, dejando otro ejemplo del traslado de recursos públicos hacia intereses privados.
La expansión de ICE y el aumento de arrestos, recientemente fuera de la atención mediática, responden a la lógica del complejo industrial migratorio. Mientras más personas ingresan a los centros de detención, mayores son los ingresos de las empresas privadas. El sistema migratorio termina operando como una industria financiada con dinero público para enriquecer a los aliados políticos y económicos de la administración Trump.
Esta realidad contrasta con el mensaje de unidad promovido por la Copa Mundial de la FIFA.
El torneo, dirigido por Gianni Infantino, también ha permanecido en silencio frente a múltiples restricciones migratorias que han afectado a atletas, dirigentes y aficionados. El equipo de Irán enfrenta limitaciones migratorias particulares; el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue excluido del torneo y aficionados de Senegal y Costa de Marfil también han enfrentado restricciones.
Infantino sostiene que la FIFA no puede intervenir, pero su cercanía con Donald Trump ha sido evidente. Ha participado en actividades oficiales junto al presidente estadounidense, lo ha defendido públicamente y llegó incluso a otorgarle un denominado FIFA Peace Prize. La FIFA deja así de proyectarse únicamente como una organización deportiva para convertirse en un actor que legitima relaciones de poder. Mientras promueve un discurso de inclusión, guarda silencio ante políticas que excluyen y criminalizan a comunidades enteras.
La contradicción resulta evidente. Mientras la FIFA proyecta ingresos récord de entre 10.9 y 14 mil millones de dólares y grandes corporaciones obtienen enormes beneficios económicos con la Copa Mundial, a solo millas del MetLife Stadium cientos de personas detenidas en Delaney Hall enfrentan hambre, negligencia médica y condiciones inhumanas. El mismo espectáculo que genera fortunas multimillonarias convive con un sistema que obtiene ganancias del sufrimiento de las personas migrantes.
Las huelgas de hambre dentro de Delaney Hall y las protestas en sus afueras demuestran que existe una resistencia organizada. Sin embargo, la solidaridad de la clase trabajadora debe ir más allá del espectáculo deportivo. Solo la organización política de la clase trabajadora tiene la capacidad de enfrentar un sistema que convierte la migración y la pobreza en oportunidades de negocio.
La organización de la clase trabajadora debe exigir:
cierre de los centros de detención;
fin de la privatización de la detención migratoria;
eliminación de los contratos con GEO Group;
eliminación de ICE;
respeto pleno a los derechos humanos de las personas migrantes.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 expone una contradicción imposible de ocultar entre el discurso de unidad y un sistema que lucra con la detención de inmigrantes. No se trata únicamente de Donald Trump, la FIFA o GEO Group, sino de un modelo donde el capital convierte el deporte, la migración y la vida humana en mercancías. La estrecha relación entre Gianni Infantino y Donald Trump simboliza la convergencia entre poder político, intereses capitalistas y espectáculo deportivo. Frente a esta realidad, la solidaridad no puede limitarse a los estadios: es necesario apoyar la lucha de las personas detenidas, denunciar la privatización de la detención migratoria y fortalecer la organización política de la clase trabajadora como respuesta a un sistema que antepone las ganancias a la dignidad humana.
