Ley 82 y el Dubái del Caribe: el pueblo toma las calles contra el andamiaje legal del despojo
Por Nexo Revolucionario Media
Puerto Rico vuelve a las calles porque el despojo continúa. Mientras estudiantes mantienen un paro en la Universidad de Puerto Rico y comunidades en distintos puntos del país enfrentan el avance de megaproyectos, privatizaciones y desplazamiento, nuevas manifestaciones han sido convocadas frente a La Fortaleza contra la Ley 82. Lo que para el gobierno se presenta como una reforma administrativa, para amplios sectores del pueblo trabajador representa una nueva ofensiva contra las comunidades y un nuevo privilegio para quienes viven de la explotación, la especulación y la acumulación de riqueza.
La Ley 82 ha generado oposición por limitar la capacidad de ciudadanos, comunidades y organizaciones para impugnar proyectos de construcción y desarrollo. La medida exige una fianza mínima equivalente al 10% del valor del proyecto para solicitar su paralización y flexibiliza diversos mecanismos que antes permitían cuestionar permisos otorgados por el Estado.
Los intereses de inversionistas, desarrolladores y políticos que impulsan esta legislación la presentan como una herramienta para agilizar proyectos e incentivar la inversión. La clase trabajadora y nuestras comunidades la vemos como lo que realmente es: una herramienta diseñada para silenciar al pueblo, obstaculizar la organización y reducir la capacidad de resistencia de quienes tendremos que vivir las consecuencias de esos proyectos.
La Ley 82 utiliza el aparato legal del Estado para sacar del juego a las comunidades obreras antes de que puedan organizarse eficazmente. El Estado, a través de sus administradores coloniales, deja todo listo para los saboteadores capitalistas.
Mientras los desarrolladores cuentan con capital, bufetes de abogados y acceso privilegiado a las instituciones gubernamentales, las comunidades enfrentan barreras económicas cada vez más altas para defender las playas, los bosques, las costas y los espacios que forman parte de su vida cotidiana. Lo que se presenta como seguridad jurídica para la inversión funciona, en realidad, como seguridad jurídica para el capital.
Queda claro una vez más el carácter de clase del gobierno, cuya conformidad está dirigida a proteger los intereses de una minoría capitalista y no a cubrir las necesidades de las masas trabajadoras. En esa unidad de clase entre los capitalistas y su Estado, lo que se pinta como eficiencia administrativa no es más que una fachada para despejar el camino a quienes buscan convertir la tierra en mercancía, las costas en propiedades exclusivas y los recursos naturales en nuevas fuentes de ganancia privada.
Por eso la Ley 82 no puede analizarse como una simple ley sobre permisos. Forma parte de una estructura legal diseñada para facilitar proyectos de gran escala y reducir obstáculos a la acumulación de capital. Todo esto acelera las contradicciones de un modelo económico incapaz de satisfacer las necesidades de la población y que cada vez impulsa más el desplazamiento de comunidades obreras para abrir espacio a inversionistas, especuladores y sectores privilegiados.
Como señalamos en análisis anteriores en Nexo Revolucionario Media, el llamado “Dubái del Caribe” representa la puesta en marcha de un territorio al servicio de la especulación financiera del capital parasitario, en su necesidad de poner a circular el dinero acumulado mientras rediseña a Puerto Rico como un espacio de consumo y residencia para inversiones capitalistas y élites globales.
Nada de esto equivale a desarrollo para el pueblo. La clase trabajadora tiene claro que en ese diseño somos tratados como mercancía para el capital y que el desplazamiento responde a la lógica de un sistema que considera sobrante a la fuerza de trabajo que ya no necesita. En síntesis, se trata de reemplazo social bajo la lógica del capital.
Los recursos naturales que durante generaciones sirvieron como espacios de recreación, encuentro y disfrute para la clase trabajadora están siendo transformados en activos económicos para una minoría capitalista parasitaria y sus valores más obscenos. Playas, costas, terrenos agrícolas y reservas naturales son vistos por el capital no como patrimonio común, sino como oportunidades de negocio. Lo que para nuestras comunidades representa vida, paz, cultura y pertenencia nacional, para los inversionistas representa rentabilidad.
Y en ese proceso el Estado colonial no actúa como árbitro neutral. Esa es una de las mentiras históricas más grandes del capitalismo. El Estado no es neutral. Actúa como facilitador. Utiliza sus leyes, agencias y estructuras de poder para abrir paso a los intereses económicos que buscan apropiarse del territorio.
Las comunidades por un lado, llaman a defender lo poco que nos queda, mientrás el aparato gubernamental flexibiliza permisos, debilita regulaciones y entrega recursos públicos al capital privado.
Por eso las manifestaciones contra la Ley 82 son mucho más que una protesta contra una legislación específica. Son una respuesta a un proyecto de clase impulsado desde un Estado que representa los intereses de una minoría capitalista contra las comunidades trabajadoras del país.
Donde su aspecto más controversial es lo ya mencionado en cuanto a la imposición de una fianza mínima equivalente al 10% del valor de un proyecto para solicitar su paralización mediante recursos judiciales. La medida también limita impugnaciones basadas en errores procesales, exige daños concretos para determinadas reclamaciones y amplía las condiciones bajo las cuales pueden mantenerse vigentes permisos cuestionados.
En términos sencillos, la Ley 82 significa que una comunidad podría verse obligada a reunir millones de dólares antes de que un tribunal siquiera considere sus reclamos. Por ejemplo, si una empresa propone un complejo turístico de lujo valorado en 20 millones de dólares sobre terrenos costeros utilizados históricamente por una comunidad, la Ley 82 podría exigir una fianza de al menos 2 millones de dólares para solicitar la paralización temporal del proyecto mientras se evalúa el caso. La pregunta es simple: ¿qué comunidad trabajadora tiene acceso a 2 millones de dólares para defender una playa pública?
Si el proyecto tiene un valor de 50 millones de dólares, la fianza podría ascender a 5 millones. Si se trata de un megaproyecto de 200 millones, la cantidad podría alcanzar 20 millones de dólares. Mientras más grande sea el proyecto, más costoso se vuelve para las comunidades intentar detenerlo.
La desigualdad es evidente. Un grupo de residentes que intenta proteger una playa, una reserva natural o una comunidad amenazada por el desplazamiento tendría que recaudar millones de dólares simplemente para obtener una oportunidad de ser escuchado en los tribunales.
Pero la Ley 82 no surge en el vacío. Forma parte de una ofensiva más amplia para reorganizar el territorio según las necesidades del capital. Durante años se han impulsado reformas de permisos, flexibilización ambiental, privilegios contributivos y medidas para acelerar proyectos de gran escala. Son políticas con objetivos más amplios en toda la zona del Caribe.
En Puerto Rico, uno de los ejemplos más recientes de este intento de acelerar el llamado Dubái del Caribe ha sido la ofensiva contra vendedores ambulantes.
El Departamento de Transportación y Obras Públicas ha removido vendedores de distintas carreteras del país. En municipios como Arecibo, Cabo Rojo y Lares, comerciantes han denunciado órdenes de cese de operaciones, remoción de estructuras y desmantelamiento de negocios que durante años han servido de sustento para familias trabajadoras.
Muchos de estos vendedores poseen permisos municipales, patentes y otros requisitos exigidos para operar, pero aun así enfrentan procesos de desplazamiento que amenazan directamente su supervivencia económica.
El mismo gobierno que en un pasado promovía el emprendimiento como alternativa de subsistencia es hoy el que intenta arrebatar pequeños negocios familiares levantados durante años en las carreteras del país.
La contradicción es imposible de ignorar.
Cuando se trata de un complejo turístico multimillonario, el Estado modifica leyes, flexibiliza permisos y crea mecanismos para limitar la capacidad de las comunidades de impugnar proyectos. Cuando se trata de vendedores ambulantes que dependen de un kiosco, una carpa o un pequeño negocio para alimentar a sus familias, el aparato gubernamental aparece con rapidez para fiscalizar, remover y desplazar.
Para el capital existen incentivos, flexibilización y protección jurídica. Para la clase trabajadora existen reglamentos, multas, desplazamiento y amenazas de remoción.
Por eso la lucha contra la Ley 82 no puede separarse de la defensa de los vendedores ambulantes, de las comunidades costeras amenazadas por el desplazamiento, de los residentes afectados por la especulación inmobiliaria ni de los trabajadores que enfrentan las consecuencias de este modelo económico.
Todos enfrentamos la misma ofensiva porque pertenecemos a la misma clase trabajadora.
No pueden estar los defensores del ambiente por un lado y otros sectores de la clase trabajadora por otro. Esa lucha debe unificarse porque somos los mismos que recibimos las mismas agresiones del Estado colonial.
La controversia alrededor del Proyecto Esencia en Cabo Rojo se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de este conflicto. Promovido como una inversión capaz de generar actividad económica, el proyecto ha despertado preocupaciones por su impacto sobre terrenos costeros, recursos naturales y comunidades cercanas.
Esencia representa mucho más que una construcción específica. Es el intento también de materializar el Dubai del Caribe. Es parte de ese modelo económico que transforma la tierra en mercancía y reorganiza el territorio para responder a las necesidades del capital.
La oposición a Esencia y la oposición a la Ley 82 son luchas conectadas. Ambas expresan una preocupación común ante la pérdida de capacidad de las comunidades para decidir sobre el futuro de los lugares donde viven.
Por eso el conflicto no puede reducirse a una discusión técnica sobre permisos. Lo que está en juego es quién tiene el poder de decidir sobre el territorio y quién tiene el poder de expulsar a quienes históricamente lo han habitado y levantado trabajando en el país.
Esto es una lucha política. La clase trabajadora y el pueblo en general se están autoconvocando sin insignias electorales. Defender las comunidades trabajadoras es una lucha política en su sentido más profundo: la defensa del país, de los recursos naturales y de los espacios de vida.
Las manifestaciones convocadas frente a La Fortaleza son una respuesta política legítima al avance de la Ley 82, al Proyecto Esencia y al conjunto de políticas que buscan profundizar el despojo del territorio.
Las consignas que se escucharán durante la protesta expresan una indignación acumulada por años de privatización, corrupción, desplazamiento y ataques contra las comunidades:
¡Puerto Rico no está en venta!
¡Basta de abusos, corrupción y mentiras!
¡El poder es del pueblo, ya basta!
¡Jenniffer, renuncia!
Estos momentos no pueden desaprovecharse y desde Nexo Revolucionario Media nos unimos a estas consignas y reconocemos la importancia de la movilización de la clase trabajadora y del pueblo en general contra la Ley 82 y el proyecto del llamado Dubái del Caribe.
Pero también debemos señalar que la experiencia histórica demuestra que la indignación por sí sola no detiene el despojo. Tampoco basta con sustituir un gobernante por otro mientras permanezcan intactas las estructuras económicas y políticas que producen estas condiciones.
El problema no es únicamente Jenniffer González. Ella representa la expresión actual del capital en la colonia.
Tampoco se limita al Partido Nuevo Progresista. El problema es un régimen político y económico administrado durante décadas tanto por el Partido Nuevo Progresista como por el Partido Popular Democrático, actuando como administradores de los intereses del capital y facilitadores del desplazamiento de nuestras comunidades.
De igual forma, la respuesta no puede quedar subordinada a proyectos electorales que reducen la lucha obrera al próximo ciclo electoral. La experiencia demuestra que las elecciones sustituyen la organización política permanente de la clase trabajadora.
Ninguna candidatura, ninguna figura individual y ningún proyecto electoral puede reemplazar la necesidad de avanzar hacia la organización política revolucionaria de la clase trabajadora.
La discusión sobre la Ley 82, el Proyecto Esencia, la privatización de los recursos naturales y el desplazamiento debe salir de las oficinas gubernamentales y llegar a los barrios, residenciales públicos, comunidades costeras, centros de trabajo, sindicatos, universidades y escuelas.
La autoconvocatoria puede convertirse en una verdadera cátedra democrática impulsando comités de barrio en cada comunidad amenazada por el desplazamiento y comités de trabajadores y trabajadoras en cada centro laboral como espacios de coordinación y discusión política entre las comunidades y su clase trabajadora capaces para desarrollar un programa político propio de lucha, independiente de los intereses de los partidos de la burguesía y de los ciclos electorales.
La defensa del territorio no puede quedar en manos de abogados, legisladores o candidatos exclusivamente. Tiene que convertirse en una tarea colectiva de las comunidades que viven sobre esas tierras y de la clase trabajadora que depende de ellas para sobrevivir.
Frente a un capital que se organiza para apropiarse del territorio, la respuesta tiene que ser una clase trabajadora organizada para defenderlo. Frente a los desarrolladores que coordinan inversiones multimillonarias, necesitamos comunidades capaces de coordinar resistencia, fiscalización y acción colectiva. Frente a un Estado colonial que administra el despojo, necesitamos construir organismos de lucha arraigados en las necesidades reales del pueblo trabajador.
La autoconvocatoria puede transformarse en organización política de la clase trabajadora. La protesta puede convertirse en el comienzo de una fuerza capaz de enfrentar no solo una ley, sino al sistema económico y político que la produce.
