Niñez bajo fuego: colonia, austeridad y un futuro robado en Puerto Rico

Por Ángel Rodríguez

En la crisis de la colonia capitalista, la niñez no solo crece en pobreza, recortes y abandono: también la están matando. Pero esa violencia no se limita a los gatilleros y títeres en las calles; también se expresa en la pobreza, el hambre, el cierre de escuelas, la destrucción de la Universidad de Puerto Rico y en la incertidumbre de poder tener un futuro, una vida digna. Los asesinatos de menores estremecen, pero el Estado y el gobierno también son cómplices.

La violencia contra la niñez es estructural. Es un resultado de la crisis colonial que se agudiza ante la descomposición social del imperio en Estados Unidos. Es producto de las condiciones materiales impuestas por un modelo político y económico que precariza la vida. La violencia contra la niñez en Puerto Rico no proviene únicamente de la criminalidad, sino también del Estado, de los partidos corruptos, el Partido Nuevo Progresista PNP y el Partido Popular Democrático PPD, que se han alternado el poder colonial para administrar en favor de los intereses capitalistas, pagando la deuda a los bonistas de Wall Street comandados por la Junta de Control Fiscal, produciendo pobreza, abandono estatal y condiciones de vida que atentan contra el desarrollo y la supervivencia de nuestros niños, niñas y jóvenes.

La violencia a manos de los gatilleros visibiliza la descomposición social por la que atraviesa la colonia capitalista. Los casos recientes de la muerte violenta de las primas atletas en Loíza, asesinadas por gatilleros y aún sin esclarecer, así como el del joven de catorce años en la cancha bajo techo del residencial Zenón Díaz Valcárcel en Guaynabo, evidencian la inseguridad que sufren nuestras comunidades. Ya ningún espacio es seguro.

Estos no son casos aislados ni fallas casuales en la sociedad puertorriqueña. Son manifestaciones visibles de un país empujado a condiciones de vida en deterioro. Sin embargo, la violencia contra la niñez no se limita a estos eventos. También opera en la cotidianidad, en el día a día y muchas veces en silencio.

La pobreza infantil en Puerto Rico es estructural. Cerca del sesenta por ciento de los niños y niñas viven en condiciones de pobreza, una de las tasas más altas bajo jurisdicción de Estados Unidos. Las familias con menores enfrentan inseguridad alimentaria, precariedad de vivienda y dependencia de ayudas federales para sobrevivir.

El sistema educativo refleja esta crisis. Recientemente se reportó que el Departamento de Educación de Puerto Rico proyectó la pérdida de 33,462 estudiantes, con una matrícula en caída y una red de planteles reducida a 872 escuelas.

Es imposible olvidar que uno de los eventos de mayor violencia estatal contra la niñez ocurrió bajo la dirección de la convicta criminal Julia Keleher y la administración inconclusa de Ricardo Rosselló. Bajo esta administración se cerraron más de seiscientas escuelas, profundizando el abandono de comunidades ya golpeadas por la pobreza y la migración. A la vez, la Junta de Control Fiscal impulsó una política de austeridad que priorizó el pago a los bonistas, alrededor de trescientos millones de dólares en recortes al Departamento de Educación, sobre los servicios esenciales para la niñez.

En ese contexto, el cierre de escuelas no fue solo una decisión administrativa, sino una forma de violencia estructural contra la niñez. Le arrebató espacios de aprendizaje, estabilidad y desarrollo. Y quién sabe, tal vez algunos de esos niños que quedaron sin escuelas pudieron haber caído en las garras del narcotráfico que alimenta la violencia en las calles.

Dentro del Departamento de Educación, la malversación de fondos ha sido histórica. Este tipo de violencia en forma de corrupción bajo las administraciones de ambos partidos, PNP y PPD, y particularmente en casos como el de Julia Keleher y Víctor Fajardo en los años noventa, evidencia un patrón de saqueo institucional. No son casos aislados. Esta corrupción es sistémica, síntoma de la colonia en crisis.

A esto se suman compras sobrevaloradas, pagos indebidos y contrataciones cuestionables que demuestran cómo el sistema educativo ha sido utilizado como espacio de clientelismo político por los partidos de la burguesía, mientras la niñez se empobrece y otros se enriquecen. El resultado es un sistema educativo debilitado desde sus cimientos, sin una visión pedagógica clara de futuro. El Departamento de Educación se ha convertido en un botín de guerra para políticos corruptos.

Cuando se debilita la educación básica, se condiciona el futuro de toda una generación. Y ese futuro tampoco está garantizado luego de la escuela superior.

Para quienes logran sobrevivir dentro del sistema, la educación superior tampoco ofrece estabilidad. Hoy, una vez más, estudiantes, docentes y no docentes continúan en defensa de la Universidad de Puerto Rico, golpeada por recortes severos en nombre de Wall Street.

El presupuesto de la Universidad de Puerto Rico se ha reducido a casi la mitad en pocos años bajo la presión de la Junta, afectando el acceso, la calidad educativa y la permanencia estudiantil. Esto ha significado aumentos en costos, reducción de servicios y menos acceso para estudiantes de la clase trabajadora.

Pero incluso quienes logran graduarse enfrentan un panorama igualmente precario. El desempleo, el subempleo y los trabajos mal remunerados dominan el mercado laboral. Así se completa un ciclo. Una niñez en pobreza, una educación debilitada, una universidad en crisis y un mercado laboral sin futuro.

Sin embargo, hay un sector que siempre demanda mano de obra. El narcotráfico. Miles de jóvenes son empujados hacia ese mercado porque el sistema les niega otras alternativas. Esto no es un fallo. Es un resultado lógico dentro del capitalismo.

Puerto Rico enfrenta una crisis donde la violencia en las calles, la inseguridad, la pobreza infantil y el desempleo son expresiones de un mismo sistema. El Estado, lejos de resolver las condiciones materiales de nuestras comunidades, las administra en función de intereses capitalistas representados por la Junta de Wall Street.

En diez años, la Junta le ha costado a la clase trabajadora más de dos mil millones de dólares, provenientes del trabajo de la mayoría a través de impuestos. Estos fondos se han destinado a consultores, asesores, abogados y otros intermediarios, mientras se imponen recortes que han debilitado la educación pública, la Universidad de Puerto Rico y otros servicios esenciales.

Pero el problema no es solo el dinero gastado, sino lo que pudo haberse logrado con él. Con esos dos mil millones se pudieron reconstruir escuelas, modernizar infraestructuras, mejorar currículos, fortalecer la alimentación escolar, contratar psicólogos y trabajadores sociales en cada plantel, crear centros de cuido infantil en cada comunidad y fortalecer la Universidad de Puerto Rico. También se pudo invertir en vivienda, transporte escolar, espacios comunitarios y servicios de salud. Se pudo reducir la pobreza infantil de forma concreta.

En cambio, esos recursos se utilizaron para sostener un aparato de austeridad al servicio del capital financiero en Wall Street, con la complicidad de los partidos de la burguesía en Puerto Rico. No se puede olvidar que la Ley PROMESA fue impuesta bajo la presidencia de Barack Obama y un Congreso dominado por el Partido Demócrata, mientras tanto demócratas y republicanos han sostenido la Junta en favor de Wall Street. Ese es el verdadero costo. No solo lo que se ha gastado, sino todo lo que se le ha negado a la niñez.

Frente a esta realidad, es necesario romper con estrategias agotadas. En Puerto Rico, el Partido Independentista Puertorriqueño y la ya disuelta alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana han apostado por la vía electoral. Esa ruta no ha transformado ni detenido la crisis. Ha canalizado la indignación de la clase trabajadora hacia un callejón sin salida.

Ante este fracaso, es necesario construir poder organizativo desde las bases, en las escuelas, comunidades y centros de trabajo. Organizar comités de trabajadores en cada escuela y comunidad es la única vía para desarrollar una fuerza política independiente de los partidos de la burguesía y pequeña burguesía, capaz de asegurar un futuro para la niñez y la juventud.

La violencia contra la niñez no es solo criminal. Es estructural. ¿Qué futuro les espera a los jóvenes que se gradúan? No hay universidad accesible, no hay empleo digno, no hay seguridad ni estabilidad. El desempleo no solo empobrece. Condena a la niñez a la precariedad. Algunos serán absorbidos por la economía de la violencia. Otros emigrarán.

Niños y niñas que hoy no crecen jugando en sus barrios, que no nadarán en sus ríos, que no conocerán las playas como parte de su vida cotidiana. Un gobierno que expulsa a su niñez es un gobierno violento.

Las sociedades se juzgan por cómo tratan a los más vulnerables. Y a los políticos en Puerto Rico, al PNP, al PPD y a la Junta, no les interesa la niñez. Mientras tanto, se reorganizan para construir un “Dubái del Caribe”, donde la tierra se convierte en mercancía y proyectos como Esencia avanzan sobre lo que antes eran nuestras comunidades.

Menos país para quienes se quedan. Ningún país para quienes se van.

Romper con este ciclo de violencia requiere organización colectiva desde las bases. Hay que organizar.