Ley 60: No es solo la colonia, es el capitalismo el que nos empobrece
Por Bianca Morales
La Ley 60, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico, ha regresado a la Cámara de Representantes con una propuesta de extensión hasta el año 2055. Esta legislación afecta profundamente la situación colonial de la isla. Sin embargo, reducir su análisis únicamente al estatus político es no entender el verdadero problema: el capitalismo. En su forma transnacional, sigue devorando naciones colonizadas y soberanas por igual.
Colonia y capital: una alianza inseparable
La subordinación colonial de Puerto Rico no ocurre en un vacío. Está íntimamente ligada al modelo capitalista global, cuyas raíces trascienden nuestra relación jurídica con Estados Unidos. La Ley 60 es un ejemplo claro de cómo la lógica del capital —la necesidad constante de expandirse, generar ganancia y explotar trabajo barato— opera más allá de fronteras y estatus políticos.
La trampa del nacionalismo sin lucha de clases
La clase trabajadora no puede darse el lujo de adoptar una postura centrada solo en una economía nacional. Ignorar las estructuras del capital global es caer en una trampa política. No basta con denunciar la colonia; necesitamos entender que el capitalismo también coloniza, y que la soberanía sin poder obrero es apenas una ilusión.
Un regalo a los ricos, una carga para el pueblo
Los partidos del régimen, PNP y PPD, han respondido al clamor de los inversionistas que temían el fin de los beneficios contributivos. El Proyecto de la Cámara 505 extiende los decretos hasta 2055 y permite que grandes capitalistas, sobre todo extranjeros, paguen solo 4% en impuestos sobre ganancias de capital, intereses y dividendos. Una empresa que genere un millón de dólares al año pagará apenas $40,000. Con solo crear cinco empleos mal pagos, podrá gozar de esta ganga fiscal.
Mientras tanto, el pueblo trabajador sufre una carga contributiva entre 20% y 30% de sus ingresos. En un país donde el 43% de la población vive bajo el nivel de pobreza y el índice de vivienda asequible se desplomó al 54% en 2024, los salarios no alcanzan. Miles han tenido que emigrar, desplazados por un modelo que convierte a Puerto Rico en paraíso fiscal para los del norte.
La redistribución al revés
Este proceso no es una anomalía. Es la forma en que el capitalismo funciona. La Ley 60 no fortalece comunidades, sino que alimenta el negocio inmobiliario especulativo. Mientras los trabajadores pierden sus hogares, el capital acumula propiedades. Los legisladores hablan de aumentar requisitos de salario y beneficios, pero ni siquiera tienen poder para exigir transparencia a las empresas ni para imponer condiciones laborales mínimas.
Los límites del soberanismo burgués
Incluso sectores soberanistas e independentistas, aunque bien intencionados, se detienen ante la lógica del capital. Denuncian que la Ley 60 favorece a capitalistas extranjeros por encima de los locales, pero no proponen romper con el sistema que los sostiene. El capital transnacional no respeta soberanías. Basta mirar a República Dominicana, donde la Ley 16-95 otorga a inversionistas extranjeros los mismos derechos que a los nacionales, especialmente en zonas francas controladas por capital chino. Allí también, los trabajadores enfrentan explotación brutal: sueldos ínfimos, jornadas agotadoras y condiciones infrahumanas.
La ilusión de un capitalismo soberano
La experiencia dominicana deja claro que ni la soberanía ni la regulación resuelven la desigualdad. El capital no es reformable. Vive del trabajo ajeno y destruye comunidades. Aunque tácticamente podamos coincidir con sectores del PIP o soberanistas en derogar la Ley 60, nuestras razones son más profundas. El PIP señala que la ley es irregular, desigual y costosa, pero propone un capitalismo más justo y soberano. Eso es una fantasía. El capital no responde a constituciones ni tratados. Ha destruido naciones enteras con títulos diplomáticos y legales. Imaginar que una nación soberana puertorriqueña podrá competir con República Dominicana, China o Vietnam sin explotar aún más al trabajador es aceptar la lógica neoliberal que nos empobrece.
Lo que necesitamos: poder obrero, no promesas
La clase trabajadora no puede seguir esperando representación. Debe construir su propio poder político desde los centros de trabajo y las comunidades. Solo desde allí es posible transformar verdaderamente el país. Por eso, urge organizarse en torno a las siguientes propuestas:
Derogación total de la Ley 60 y de toda política pública que incentive la acumulación a costa del trabajo ajeno.
Acción política directa de la clase trabajadora, reconociendo los incentivos como mecanismos de saqueo y subordinación.
Imposición de un impuesto del 30% a todas las empresas capitalistas, locales o extranjeras, basado en sus niveles reales de ganancia.
Redirección de incentivos hacia proyectos internacionales de clase trabajadora, incluyendo intercambios entre naciones caribeñas bajo control estatal.
Creación de comités de trabajadores y comunidades, con poder institucionalizado sobre la política fiscal del país.
No más delegar. La clase trabajadora debe tomar las riendas
La organización política de la clase trabajadora no puede seguir postergándose. Confiar en los mismos partidos de siempre, o en figuras como Eliezer Molina —quien se autoproclama senador del pueblo pero ya ha sido domesticado por los sectores más corruptos— es seguir repitiendo derrotas.
Y aunque en momentos podamos coincidir con sectores soberanistas o independentistas, no podemos perder de vista que su proyecto sigue atrapado en los márgenes del capitalismo. La clase trabajadora no necesita un gobierno que administre mejor la explotación. Necesita poder.
No tenemos que esperar a que nos representen. Ya somos mayoría. Somos quienes producimos todas las riquezas del país. También somos quienes tienen el deber y la capacidad de construir un nuevo orden económico y político, al servicio de nuestras propias necesidades como clase.
