Tragedia con la muerte de la enfermera: exige reflexión sobre el capitalismo y la organización obrera

Por Isabelino Montes

La insostenibilidad del sistema de salud en Puerto Rico cobró la vida de una enfermera en los últimos días. Joma Ferrer, enfermera que trabajaba en el hospital Unidad Dorada de MMM en el Bayamón Medical Center, falleció tras estar un mes hospitalizada a causa de un accidente de tránsito luego de salir de un turno extenuante.

Son muchos años los trabajadores/as de la salud, especialmente las enfermeras y enfermeros, señalando las largas jornadas laborales como causa del agotamiento extremo del personal de enfermería. En el caso particular del fallecimiento de Ferrer, sus compañeras dan fe de que la enfermera estaba cargada emocionalmente por las condiciones laborales expuestas y participó en un estudio doctoral que abordaba los efectos del estrés laboral en la salud mental y emocional de los profesionales de enfermería.

Las condiciones laborales de enfermeras y enfermeros ponen como principal sospecha la causa de un sinnúmero de accidentes y muertes:

Jesús Camacho, enfermero de 39 años, falleció el 4 de abril de 2018 en Ponce. Se presume que se quedó dormido al volante tras salir de su turno de trabajo, invadiendo el carril contrario e impactando otro vehículo.

Iris Joelis Crespo Cabrera, enfermera de 24 años, murió en diciembre de 2019 en San Juan. Tras un accidente en la avenida Jesús T. Piñero, se presume que se quedó dormida al volante luego de trabajar turnos de hasta 12 horas cuidando envejecientes. El accidente también resultó en la trágica pérdida de dos de sus tres hijos.

Mariel Ivelisse Pérez Valera, enfermera graduada de 27 años, falleció el 29 de mayo de 2020 en Mayagüez. Conducía por la carretera 102 cuando perdió el control de su vehículo, invadió el carril contrario e impactó otro automóvil. Se presume que el accidente fue causado por fatiga extrema tras extensos turnos laborales.

Flavio Feliciano Silva, paramédico y enfermero certificado de Vieques que trabajaba en el Hospital de Veteranos en San Juan, falleció en un accidente de tránsito en marzo de 2025 luego de salir de una jornada de trabajo larga

Cabe destacar que estas condiciones no existirían sin la precarización que ha formado el sistema capitalista ante su necesidad de convertir la salud en fuente de producción de mercancías. El modelo capitalista de la salud en Puerto Rico es el verdadero responsable de las condiciones de explotación laboral que viven las enfermeras. Condiciones que forman la base del riesgo que cobra la vida de las trabajadoras de la salud.

Como hemos señalado en escritos anteriores, los parásitos capitalistas han vivido de los fondos públicos y son los verdaderos mantenidos del gobierno. Mientras descaradamente a las enfermeras/os se les está prometiendo un salario de $17 por hora, insostenible para el alto costo de vida y desigual frente a la tasa de ganancias que se llevan los hospitales privados, el sistema de salud bajo el control directo de los capitalistas se apropia de los fondos públicos.

Por ejemplo, la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), que administra el Plan Vital, maneja un presupuesto anual de aproximadamente 3,000 millones de dólares, la mayoría provenientes de fondos federales de Medicaid y CHIP destinados a cubrir servicios de salud para cerca de 1.6 millones de beneficiarios en la isla.

Este presupuesto se distribuye entre las aseguradoras privadas contratadas (como Triple-S, MMM, First Medical y Menonita), que reciben pagos mensuales que pueden oscilar entre 500 y 700 millones de dólares anuales por aseguradora, dependiendo del número de afiliados.

En términos financieros, una empresa vinculada al Plan Vital, Vital Health, reportó ingresos de más de 600 millones de dólares en 2024, con un beneficio neto superior a 53 millones de dólares. ASES administra miles de millones de dólares anuales en fondos federales que redirige a los hospitales privados controlados por las aseguradoras.

Es insólita esta apropiación de dinero cuando antes el sistema de salud, que era lo más cercano a un servicio universal, costaba 1,000 millones para una población de alrededor de 2 millones de personas, mientras ahora cuesta 3,000 millones para beneficio de las compañías privadas. Lo que nos pone a preguntarnos: ¿para qué y para quiénes trabajamos? Definitivamente, el sistema capitalista de salud en Puerto Rico es contrario a un modelo de progreso y calidad de vida, cuando más se necesita ante la población envejecida que tiene la isla.

La pregunta que surge ante la retórica de que el sistema capitalista funciona es: ¿qué pasó entonces con el sistema de salud en Puerto Rico? Entre 1993 y 2000, el proceso de privatización de hospitales y servicios médicos impulsado por Pedro Rosselló encarnó una alianza público-privada entre el gobierno y las empresas capitalistas de la salud con el propósito de aumentar la eficiencia y reducir los costos. Es ya más que evidente que la voracidad capitalista va por encima de los servicios médicos del pueblo y demuestra todo lo contrario.

En este proceso poco a poco fueron transfiriéndose los servicios de salud a empresas privadas como Triple-S, MCS y otras. Se comenzaron a comprar hospitales y clínicas privadas con inversiones que salían de los fondos federales administrados por ASES. Se introdujo el managed care (cuidado médico), donde aseguradoras privadas gestionaban los servicios médicos que antes brindaba directamente el estado.

Cuando era administrado por el estado, antes del impulso de las compañías privadas de la salud y la ejecución privatizadora de Rosselló, el sistema de salud era uno diseñado para garantizar servicios accesibles y coordinados para toda la población. Un modelo donde en aquel entonces no se concebía el concepto de salud universal de manera tan profunda ante la realidad de aquellos tiempos, pero sí era una especie de sistema de salud universal.

En ese sentido, ese sistema de salud público en Puerto Rico, diseñado por el Dr. Guillermo Arbona en los años 1950, promovió la regionalización de los servicios de salud para hacerlo accesible a toda la población. Se dividía básicamente de la siguiente manera:

Primer Nivel (Atención Primaria)

Punto de primer contacto con el sistema.

Medicina general, prevención, promoción de la salud, vacunación, salud materno-infantil, farmacia, trabajo social y rayos X.

Aproximadamente el 85% de los problemas de salud se resolvían aquí.

Se brindaba en Centros de Salud o Centros de Diagnóstico y Tratamiento en cada municipio.

Garantizaba atención cercana, oportuna y eficaz; servía como filtro para derivar solo casos complejos a niveles superiores.

Segundo Nivel (Atención Secundaria)

Hospitales de área para casos no resueltos en el primer nivel.

Especialidades básicas: medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general, psiquiatría.

Junto al primer nivel, resolvía hasta el 95% de los problemas de salud.

Tercer Nivel (Atención Terciaria)

Hospitales regionales y el Centro Médico de Puerto Rico.

Subespecialidadas médicas, procedimientos avanzados, alta tecnología.

Atendía patologías complejas y poco prevalentes.

Este modelo era financiado con fondos del gobierno central de Puerto Rico y asignaciones federales (Título V y VI de la Ley de Seguridad Social de EE. UU.). Lo administraba el Departamento de Salud en su totalidad. Todos los empleados/as eran públicos y, aunque con fallas normales de trabajo, la plantilla laboral cubría distintas áreas y las enfermeras no experimentaban una exagerada sobrecarga de trabajo como ahora. El servicio era gratuito o de muy bajo costo.

Rosselló impulsó la privatización del sistema alegando que los hospitales y centros diagnósticos estatales sufrían de largas esperas, escasez de medicamentos y calidad inferior frente a las empresas privadas. En aquel entonces, las aseguradoras médicas privadas ya tenían distintos modelos de servicios para mercadear desarrollados en EE. UU. y esa fue la justificación que dio jaque mate al servicio público.

El 50% de la población no contaba con seguro médico. Aunque no lo necesitaban porque el servicio era gratis, se promovió su necesidad y se creó la llamada “tarjeta de salud”, administrada por aseguradoras privadas a través del gobierno.

Como todo lo que pasa en la isla y en el aparato económico, esto no ocurrió de forma aislada. Fue parte de la ola mundial de privatización de servicios de salud promovida por el Banco Mundial, el FMI y los Consensos de Washington en 1993. Puerto Rico sirvió como práctica de inversiones capitalistas de la salud en el Caribe. Fue pionero en esta zona, así como lo fue Chile (ISAPRE 1981) y Colombia (Ley 100 de 1993) en América Latina.

Ante este colapso que siempre los trabajadores/as de la salud señalaron, sus voces llevan años sin contar con representación política y una organización sindical que rompa con los límites de la negociación colectiva.

Ese vacío político y organizativo lo acaparan los medios de prensa burgueses, hipócritas y promotores de la privatización por el negocio que les generan los anuncios de las aseguradoras. Así, el programa Jugando Pelota Dura dejó espacio para el desahogo de la desesperación que sienten las enfermeras, expresada por Yasmín Ramos. Enfermera con dos maestrías, denunció que “la salud es un negocio y a nadie le importa”. Y añadió:

> “Si nadie me quiere escuchar después de años de lucha, prepárense para tener dinero para que contraten a una enfermera VIP”.

Esto en referencia a que comenzará a ofrecer sus servicios de manera privada.

Aunque sus expresiones reflejan valores individualistas generados por el capitalismo, no es culpa de ella ajustarse al sistema. Sabemos que esto no resuelve el problema de explotación, pero estas acciones aisladas y espontáneas son resultado de la falta de organización política de la clase trabajadora.

En artículos anteriores de Nexo Revolucionario Media abordamos las limitaciones sindicales bajo el capitalismo. Aquí tenemos un ejemplo concreto: los trabajadores y trabajadoras de la salud están organizados en sindicatos como SPT, UGT y ULEES. Durante el proceso de privatización, estos sindicatos protestaron pero luego negociaron individualmente con el gobierno beneficios como retención de empleos o traslado a empresas privadas.

La SPT y UGT negociaron para que trabajadores/as públicos fueran contratados por empresas privadas, perdiendo muchos derechos. Algunos líderes incluso promovieron organizar empleados en el sector privado para mantener sus cuotas. Uno de ellos, Roberto Pagán, dirigente de la SPT, participó de esas concesiones y hoy continúa activo en la burocracia sindical y fue uno de los fundadores del Movimiento Victoria Ciudadana.

Las expresiones de Ramos son el resultado de las políticas capitalistas y de una burocracia sindical que desvía el coraje obrero hacia estructuras electorales obsoletas.

Por eso, no podemos caer en el individualismo que define a los capitalistas y burócratas. Organicemos comités de trabajadores/as de la salud con un programa político propio, independiente de los partidos burgueses. No solo para devolver el sistema a lo público, sino para que esté bajo administración directa de las y los trabajadores. Superemos las limitaciones sindicales y avancemos hacia una organización política permanente en los centros de trabajo, con una amplitud de líderes que provengan desde las propias bases obreras.