UPR en lucha: austeridad, deuda y el proyecto de desmantelamiento de la educación pública

Por Manuel Colón

La marcha ya pasó. Pero lo que dejó claro es que la crisis de la Universidad de Puerto Rico no se esconde más. Desde la Plaza Colón hasta La Fortaleza, miles de estudiantes, trabajadores y sectores organizados caminaron juntos no solo para protestar, sino para señalar algo más profundo: la universidad pública está siendo desmantelada frente a nuestros ojos, mientras se le pide al pueblo paciencia y silencio.

Lo que estamos viendo hoy en la UPR, con paros en múltiples recintos, huelgas en desarrollo y movilización multisectorial, suele presentarse como una crisis administrativa. Se habla de conflictos internos, de gobernanza, de diferencias con la administración encabezada por Zayira Jordán Conde. Pero esa lectura es insuficiente. Reduce un problema estructural a un asunto de nombres y decisiones individuales.

La realidad es otra. La lucha actual en la UPR es una confrontación directa contra un proyecto de reestructuración neoliberal. Un proyecto que ha utilizado la crisis fiscal para justificar recortes, debilitar la institución y reconfigurarla según las necesidades del mercado. Un proyecto donde el pago a los bonistas y los intereses del capital financiero han estado por encima del derecho del pueblo a la educación. Mientras Wall Street cobra, la universidad se cae.

Las demandas del movimiento estudiantil reflejan ese choque. La exigencia de la renuncia de la presidenta, el reclamo por más presupuesto, la defensa de la autonomía universitaria, la lucha por condiciones dignas de estudio. En Río Piedras, estas demandas se concretan en propuestas más amplias como restaurar el presupuesto al 9.6 por ciento del PIB, impulsar reformas de gobernanza, atender la crisis de infraestructura, detener aumentos abusivos en residencias estudiantiles y exigir transparencia en el uso de fondos.

Todo esto parte de una realidad material evidente. La universidad no funciona como debería. Hay apagones, edificios deteriorados y sistemas colapsando. Pero estas condiciones no surgieron por casualidad.

Desde la administración de Luis Fortuño hasta el presente, todos los gobiernos han sido responsables del deterioro progresivo de la UPR. No es una política de un solo partido, es una política de Estado.

Con Fortuño comenzó la ofensiva abierta con la Ley 7, recortes millonarios y la intervención contra la huelga estudiantil del 2010, sentando las bases del modelo de austeridad. Bajo Alejandro García Padilla, la crisis de deuda se profundizó, se mantuvieron recortes y se preparó el terreno para la imposición de PROMESA, acelerando la pérdida de recursos y la emigración de profesores.

Luego, con Ricardo Rosselló, se consolidó el ataque con aumentos en matrícula, la eliminación de la fórmula del 9.6 por ciento y la huelga del 2017 como respuesta a los recortes impulsados por la Junta de Control Fiscal. La universidad entró en una fase de contracción acelerada.

La administración de Wanda Vázquez Garced continuó esa línea, profundizando la austeridad en medio de la crisis post huracanes y la pandemia, mientras la infraestructura universitaria seguía deteriorándose. Finalmente, bajo Pedro Pierluisi, el proceso se consolida con presupuestos reducidos a niveles históricos, nuevos planes fiscales restrictivos y el estallido de la crisis actual en forma de paros, huelgas y colapso institucional.

El patrón es claro. PNP y PPD han administrado el mismo proyecto. Han priorizado el pago de la deuda sobre la educación pública, cediendo a las exigencias de la Junta de Control Fiscal y ejecutando una austeridad selectiva que ha recortado cerca de la mitad del presupuesto de la UPR en menos de una década.

Ese dinero no desapareció. Se redirigió.

Los recortes a la universidad responden a una prioridad concreta. Garantizar el pago de la deuda y las ganancias de los bonistas. Es una transferencia directa de riqueza desde el pueblo hacia el capital financiero. De la educación pública hacia Wall Street.

Por eso, cuando la administración habla de sostenibilidad, lo que realmente plantea es que la universidad deje de ser un derecho y se convierta en una empresa. Que genere ingresos, que elimine lo que no es rentable, que se adapte al mercado. No es salvar la UPR. Es transformarla.

Aquí es donde la lucha actual entra en una contradicción importante. El movimiento estudiantil ha logrado activar una respuesta real, sostenida y con capacidad de movilización. Pero muchas de sus demandas siguen atrapadas en el marco institucional que produjo la crisis.

Pedir una renuncia no cambia el modelo. Aumentar el presupuesto sin cuestionar la lógica fiscal tampoco lo transforma. La lucha ha avanzado, pero el terreno en el que se mueve sigue siendo limitado.

Por eso es necesario decirlo con claridad. La crisis de la UPR no es solo universitaria. Es una expresión del modelo económico y político que domina a Puerto Rico. Un modelo donde el bipartidismo ha administrado la subordinación al capital, y donde incluso sectores reformistas han canalizado las luchas hacia salidas que no alteran esa estructura.

La respuesta no puede quedarse en la protesta.

Desde esta coyuntura, se abre una tarea concreta. Que las asambleas en los recintos dejen de ser espacios cerrados y se conviertan en procesos reales de organización ampliada. Que en los once recintos se convoquen asambleas abiertas donde participen estudiantes, trabajadores y comunidades. Que se discutan no solo las condiciones internas de la universidad, sino su relación con el país que la rodea.

Que estos espacios sirvan para construir lazos de solidaridad entre luchas que enfrentan el mismo problema, el desmantelamiento del país bajo un modelo económico que prioriza el capital sobre la vida.

Que de estas asambleas surjan comités permanentes coordinados entre recintos, capaces de sostener la lucha más allá de la coyuntura. Que la discusión sobre el futuro de la universidad se traslade también a los barrios, a los centros de trabajo y a las comunidades donde la UPR tiene presencia.

Y más importante aún, que de este proceso surja una propuesta concreta para una verdadera universidad de Puerto Rico. Una universidad al servicio de la clase trabajadora, conectada con las necesidades reales del país y no con los intereses del mercado.

Para eso, la organización tiene que ser independiente. No subordinada a proyectos político electorales que terminan absorbiendo las luchas en dinámicas institucionales que no transforman nada. La fuerza de este momento está en su capacidad de construirse desde abajo.

Recuperar también una consigna histórica que hoy cobra nueva vigencia. La unidad de obreros y estudiantes. Aunque dentro de la universidad estos sectores puedan entrar en contradicciones en momentos específicos, su lucha es una sola cuando se trata de defender la UPR. No como una consigna vacía o simbólica, sino como una unidad superior, consciente y organizada, dirigida por la articulación entre la clase trabajadora universitaria y el movimiento estudiantil.

Porque al final, esto no es solo una lucha por la universidad.

Es una lucha por el país.

Una lucha entre un proyecto que privatiza, recorta y endeuda, y otro que todavía está en construcción, el de una sociedad organizada desde la clase trabajadora.

La marcha terminó. Pero la lucha apenas comienza.

Si la deuda manda y la universidad cae, la única respuesta posible es clara, organización desde abajo, poder colectivo y lucha sostenida.